| Por Abraham Leonardo Gak |

La relación ente el Estado y el sector privado fue históricamente compleja, y lo sigue siendo. Esta complejidad se traslada a todos los ámbitos, y por lo tanto, las economías regionales no quedan exentas de la disputa por la apropiación de la rentabilidad de la producción.

A mediados de la década de los ’70 del siglo pasado nuestra economía comenzó un proceso de reprimarización, profundizado en la década de los ’90 y caracterizado por una fuerte disminución de valor agregado en nuestras producciones exportables, lo que afectó de manera muy negativa la economía de las distintas regiones de nuestro país, provocando numerosas inequidades.

Este modelo se concentró en favorecer al capital financiero y a los intereses vinculados a empresas transnacionales, redundando, entre otros aspectos, en una concentración de la tierra en pocas manos, y muchas de ellas extranjeras.

Variados son los elementos que quedaron como testimonio de este proceso. Entre ellos, y por entender que indican dos de los principales problemas que actualmente aquejan a las economías regionales, destacamos la incorporación de las nuevas tecnologías y herramientas de producción agraria (con su consecuente expulsión de mano de obra “del campo a la ciudad”) y la vulneración de los derechos de los pueblos originarios (fruto de la expansión de la frontera agraria que los va empujando, al igual que al resto de los campesinos, minifundistas y chacareros –factores esenciales para la producción agroalimentaria de la población–, a zonas menos productivas).

Esta realidad no puede ser paliada sólo con una oferta de nuevos servicios. Un principio de solución lo encontraremos en la instalación de nuevas industrias que requieran a esa mano de obra desplazada del campo y que vuelva a otorgarles valor agregado a las producciones locales y regionales. La generación desde el Estado de una importante oferta de capacitación del personal requerido, a la vez que una política de promoción que produzca una radicación importante de empresas, asoma como una necesidad de urgente atención.

Como se desprende de lo anterior, revertir este escenario implica una planificación de mediano y largo plazo, sin mengua de resolver candentes problemas inmediatos. Una vez más, es responsabilidad del Estado, en sus distintas dimensiones (nacional, provincial, municipal), ordenar la actividad económica a través, por ejemplo, de la regulación del uso del suelo, y direccionarla hacia la consolidación de un país federal, con verdadera integración nacional.

También es necesario que el sistema educativo contemple la diversidad regional y esté preparado para dar respuestas acordes con los cambios y necesidades que demandan renovadas intervenciones y de esta manera evitar el éxodo de jóvenes emprendedores hacia los centros urbanos de estudio alejándolos de su ambiente natural. La política de creación de universidades nacionales a lo largo de todo el territorio argentino, centradas en temáticas de una importancia específica en la región, es un primer paso muy auspicioso.

Por último, pero no menos importante, el desarrollo de un vigoroso movimiento cooperativista puede generar, tal como lo hizo en décadas pasadas, un proceso solidario que ha demostrado particular eficacia. La economía social y solidaria también debe tener un rol central. Si bien se la presenta como factor de resistencia a la presencia omnipotente de grupos concentrados que tienen su mirada dirigida a la exportación, es necesario fortalecerla, ya que al mismo tiempo ayuda a garantizar la soberanía alimentaria en base a la agricultura familiar y diversificada.

En resumen, la defensa del medio ambiente, y el uso, regulado en todas sus facetas, del suelo, son los escenarios principales de una disputa que, si se pierde, puede ser letal para un proyecto de desarrollo con equidad.