| Por Abraham Leonardo Gak |

Desde tiempos remotos, la humanidad ha avanzado en un proceso de ampliación de derechos que no estuvo exento de dificultades ni retrocesos. Derechos políticos, sociales –basta remitirnos a las tremendas condiciones de trabajo durante la Revolución Industrial–, culturales, libertades civiles individuales, pero también derechos de los colectivos, como los de soberanía y autodeterminación de los pueblos y naciones afectados por los imperialismos.

Progresivamente, se han conquistado derechos de los que deben gozar las personas como tales, pero también por su condición de trabajadores, mujeres, niños, etc. Esto ha sido exclusivo resultado de las luchas y las resistencias populares, en la búsqueda de una vida con mayor dignidad.

Muchas vulneraciones e injusticias se revirtieron; otras persisten y quedaron pendientes. El proceso de ampliación de derechos se fue logrando parcialmente y en forma continua, pero, al mismo tiempo, nuevos requerimientos evidenciaban aquello que faltaba y otras problemáticas aparecieron.

En algunos aspectos, la Argentina ha recorrido un camino similar al de otros países de occidente y, como parte de la región latinoamericana, ha tenido que superar los resabios de una cultura colonialista que persiste. Sin embargo, nuestro país ha sido precursor en la extensión y defensa de esos derechos.

La dictadura impuesta en 1976 constituye un punto de inflexión. El trabajo minucioso, comprometido, valiente y sin pausa de diversas organizaciones defensoras de derechos humanos ayudó a visibilizar las gravísimas violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad en el marco del terrorismo de Estado.

El Juicio a las Juntas, durante el gobierno de Alfonsín –con los retrocesos de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final– y la posterior extensión de los juicios a los genocidas con el kirchnerismo, constituyeron una experiencia novedosa en el mapa latinoamericano y aun mundial.

Poco a poco se fue generalizando el reclamo de memoria, verdad y justicia que fue impulsado por los organismos defensores de derechos humanos y que, podemos decir, hoy se halla incorporado al sentido común de buena parte de la sociedad argentina. La tarea de llevar a la Justicia a los responsables de las torturas, robos de bebés y asesinatos cometidos por los genocidas pasó así a formar parte de las tradiciones de lucha.

Hoy, los derechos humanos adquieren nuevas dimensiones: a la salud, a la educación –en todos sus niveles–, a la libertad de expresión, al acceso a la información, a vivir de acuerdo con el género autopercibido, al aborto legal, seguro y gratuito (aún en lucha), entre otros.

La consecución de nuevos derechos es, entonces, una asignatura pendiente y el desafío es defender los que ya tenemos, en un contexto político y social en el que muchos de ellos son puestos en riesgo.

Tal y como venimos señalando, las actuales políticas económicas no solo son contrarias a un verdadero proceso de desarrollo nacional, sino que además hacen peligrar toda una serie de derechos económicos, laborales y sociales que creíamos conquistados.

El efecto inmediato de las políticas de ajuste provoca el debilitamiento de los derechos más elementales y el empeoramiento de las condiciones de vida de los sectores más vulnerables.

En un país con tradición de lucha como el nuestro, semejante retroceso no puede menos que generar inquietud social y movilización política, a través de numerosos canales de expresión.

Es allí donde otro peligro se cierne: las recientes declaraciones de funcionarios públicos, incluido el Presidente, nos hacen presuponer una nueva orientación en materia de lo que vulgarmente se denomina como “seguridad” y que no es otra cosa que el avasallamiento, por parte del Estado –a través de sus fuerzas operativas–, de muchos derechos que nos pertenecen.

Mucho es lo que se ha hecho ya, pero el camino no está concluido. Antes bien, el esfuerzo de los que nos precedieron nos obliga a estar alertas y a involucrarnos.