| Por Cynthia Ottaviano |

La invitación a indagar en el campo comunicacional de las últimas cuatro décadas, tomando como punto de partida la recuperación democrática en la Argentina, supone la observación de por lo menos tres enfoques y perspectivas posibles. 

Por un lado, la necesidad de reconocer el actual paradigma tecnológico cultural, desregulado en el uso de la inteligencia artificial –más allá del mundo digital– y sus impactos en la vida cotidiana.

Por otro, determinar cuál fue la génesis del andamiaje jurídico, y qué avances y retrocesos evidencia en cuanto a regulación o corregulación se refiere, ante las brechas tecnológicas, educativas, económicas y por géneros en los medios de comunicación.

Y por último, examinar la arquitectura socio político cultural, con miradas sobre la ética periodística y comunicacional, en pos de una visión geopolítica global, camino a la soberanía comunicacional nacional.

El presente artículo indagará primero sobre el ideario comunicacional de la recuperación democrática, plasmado en el Consejo para la Consolidación de la Democracia (COCODE), creado por el presidente Raúl Alfonsín para apuntalar la propia democracia, comprendida esta como un sistema político cimentado en la soberanía del pueblo, considerado por la primera gestión posdictatorial como un bien institucional a cuidar superior al destino de un gobierno.

Luego abordará la relación entre los ámbitos político, jurídico, económico y mediático, conjugados en el histórico binomio “comunicación y poder”, en el marco de los cuarenta años de la recuperación democrática que signan este 2023.

¿Cuáles fueron las ideas motoras de la democratización de la comunicación y en qué consensos las basaron? ¿Quiénes las promovieron? ¿Cómo pensaron la inclusión? ¿Qué tan cerca o lejos se está de las estructuraciones de hace 40 años? ¿Cómo impactan las dificultades actuales en aquel ideario democrático?

Se propone aquí que las respuestas a estas indagaciones tracen una cartografía contemporánea con el objetivo de identificar los mecanismos necesarios para consolidar la democracia, desde el ámbito comunicacional, reconociendo la tarea inconclusa de entonces, así como por las complejidades de este tiempo, entre ellas, la desinformación automatizada, la Infodemia y los discursos de odio, que jaquean a las democracias.

Un paradigma epocal sin perspectiva de género

Si bien en todos los tiempos se avalaron diversas teorías comunicacionales, a mediados de los ochenta, quienes integraron la mesa de debate sobre la democratización de la comunicación en la Argentina convocados por el presidente Alfonsín, no tenían demasiadas dudas. El texto en el que argumentan sus decisiones sobre el poder de los medios comienza con una frase fáctica: “Hoy nadie discute…”.

¿Sobre qué había tanto consenso? Sobre que la ecuación matemática de “conocimiento de hechos” para “la toma de decisiones”, más “acceso a propuestas alternativas”, daba como resultado la “participación popular” y, por ende, una “verdadera democracia”¹.

Afirmaban que “en las sociedades complejas el único modo de conocer aquellos hechos relevantes, de coordinar el comportamiento colectivo y de intervenir en el debate público es mediante los medios de comunicación masivos”².

Y su acceso “constituye uno de los instrumentos más dominantes del poder social, político y económico”. La certeza era tal que concluyeron que “la regulación normativa de la radiodifusión debe quedar exclusivamente en manos del Estado” (pág. 41, Exposición de motivos).

Estas premisas comunicacionales fueron redactadas por un grupo de 33 personas, convocadas por el decreto presidencial número 2446 que Alfonsín firmó el 24 de diciembre de 1985, mientras la mayoría del pueblo argentino celebraba la Nochebuena.

La preocupación presidencial radicaba en fortalecer la democracia. Como consecuencia propuso crear el Consejo para la Consolidación de la Democracia (COCODE) para lograr “la superación definitiva de etapas del pasado signadas por agudos desencuentros y consecuentes quiebras del orden institucional, determinantes de una progresiva decadencia en diversos órdenes de la vida del país, resulta necesario y perentorio encarar un vasto proyecto de consolidación de nuestro régimen republicano y democrático, tendiente a la modernización de la sociedad argentina, fundado en la ética de la solidaridad y de la amplia participación ciudadana”³.

Estaría integrado por “personalidades de destacada actuación en ámbitos de la vida nacional”, con rango de “Secretarios de Estado”, con carácter “ad honorem” (art. 4) y la obligación de tomar “sus decisiones por consenso, sin perjuicio de las iniciativas o propuestas particulares de sus miembros” (art. 6). Fueron 33 personas, en su gran mayoría abogados, especializados en Derecho Administrativo, Comercial y Constitucional, y entre ellos solo hubo dos mujeres, la escritora María Elena Walsh y la física Emma V. Pérez Ferreira⁴.

Al contrario de lo que suele argumentarse, la disparidad en materia de géneros en la integración no se justifica por factores de época. Para entonces, las mujeres hacía décadas que habían conquistado los derechos civiles y políticos durante el gobierno de Juan Domingo Perón y Eva Duarte, no solo por la posibilidad del sufragio, sino también por la participación efectiva en el Congreso de la Nación Argentina, donde asumieron como diputadas y senadoras.

Es cierto que el daño causado por las dictaduras de 1955 y 1976, y por el gobierno elegido por “voto popular”, con proscripción política del peronismo, como el de Arturo Frondizi, barrió con los sueños de inclusión. En 1958 el número de senadoras electas fue cero. Y las diputadas, cinco.

En 1983, en las elecciones democráticas de mayor relevancia luego de la dictadura cívico militar eclesiástica jurídica mediática y patriarcal, las diputadas que accedieron a una banca fueron 11 y las senadoras, apenas tres. La reparación a tanto daño no fue propuesta por la democracia alfonsinista, ni en el campo político ni en el comunicacional (Ottaviano, 2023).

Aun así, nada les hubiera impedido escuchar a una de las dos mujeres que integraron el Consejo. María Elena Walsh pidió incluir en el proyecto de ley “prohibir específicamente textos e imágenes destinados a la degradación de la mujer”. Pero no fue tenida en cuenta.

El 16 de noviembre de 1987, la poetisa lo dejó dicho por carta. Consideraba su propuesta “indispensable, para elevar el nivel de los medios”. Paradojas del destino. La mujer más escuchada por sus canciones fue la más desoída en su diseño de políticas públicas⁵.

El COCODE carecía de equidad y perspectiva de géneros, como se mencionó, incluso en su ingeniería legislativa.

Tuvieron que pasar dos décadas, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, para que se consagraran normas igualitarias como la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres, la Ley de Identidad de Género, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual –con la creación de la Defensoría del Público imaginada por el COCODE–, la ley 27.176 que designa el 11 de marzo como el Día Nacional de la Lucha contra la violencia de Géneros en los medios y, más cercano en el tiempo, la Ley Micaela y la Ley de Equidad en la representación de los Géneros en los Servicios de Comunicación (de los gobiernos de Cristina Kirchner y Alberto Fernández).

Diagnóstico y ¿propuestas?

Puede que el Informe MacBride, Un solo mundo voces múltiples, impulsado por UNESCO y presentado en el seno de las Naciones Unidas a principios de 1980 (es decir media década antes de estos debates nacionales) influyera el pensamiento de “los padres de la democracia”.

No en cuanto a la denuncia de exclusión de los grupos históricamente vulnerados, con reclamos por parte de movimientos feministas, migrantes y otros, pero sí sobre el diagnóstico general del déficit que causa la concentración comunicacional para la vida democrática, teniendo en cuenta la primacía de los intereses sectoriales, sobre la participación del Estado.

Así es como en “la filosofía” del proyecto de Ley de Radiodifusión que elaboraron, precisaron que “la regulación de los medios tiene el efecto de distribuir el poder” y por ello resulta “objeto de casi tantas expectativas, tensiones, presiones como el establecimiento de una estructura constitucional” (pág. 13). Entendían que “la libertad de expresión no solo implica la no interferencia del Estado y de los particulares y la prohibición de censura previa, sino también la acción del Estado orientada a una distribución igualitaria de los espacios y las ondas” (pág. 27).

Esta preocupación sobre cómo desde los medios se puede manipular y afectar de manera directa la opinión pública, sobre todo ante el “riesgo de concentraciones monopólicas y oligopólicas”, es la que lleva al grupo del COCODE a dejar evidenciado que “el Estado debe asumir su responsabilidad dirigida a maximizar la autonomía de cada individuo y la búsqueda de una situación ideal”.

De hecho, concluyeron que para consolidar la democracia debían primero democratizar los medios de comunicación, multiplicando la cantidad de medios existentes, limitando la concentración, creando la Defensoría del Público y restringiendo la publicidad, para evitar la mercantilización. Perspectiva casi idéntica que, treinta años después, condensaría la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un fallo histórico. Recordemos.

En octubre de 2013, luego de una Audiencia Pública para determinar la plena constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, judicializada por el grupo empresario más concentrado de la Argentina –el Grupo Clarín–, los integrantes del máximo tribunal dejaron por escrito los mismos argumentos utilizados antaño en el ámbito del COCODE.

Plasmaron en su sentencia favorable a la norma que el “enfrentamiento de ideas, debate, discusión” es la base de la democracia, y que “cuando este debate no existe o está debilitado, debido a que las fuentes de información son limitadas, se ataca directamente el pilar principal del funcionamiento democrático” y se pasa a una “democracia desmedrada o puramente nominal”.

No deja de ser significativa la cantidad de veces que en la historia de un mismo país se sostienen los mismos argumentos, y como consecuencia, se reiteran las mismas presiones de los mismos actores o similares, en procura de impedir la democratización de la comunicación, en detrimento de la propia democracia y en favor de privilegios sectoriales.

La peor concentración de la historia

Entrada la segunda década del siglo XXI, la Argentina vive la peor concentración de su historia. Los decretos de necesidad y urgencia y decretos adoptados por el presidente Mauricio Macri⁶ desarticularon y gubernamentalizaron el andamiaje institucional creado por la LSCA y pulverizaron los mecanismos de control antimonopólico que garantizaban la pluralidad informativa y la diversidad cultural.

Macri derogó los mismos artículos declarados constitucionales por la Corte Suprema de Justicia de la Nación dos años antes, el 29 de octubre de 2013 (art. 45 sobre límites a las licencias; 48 sobre “prácticas indebidas”, y 41 sobre “transferencia de licencias”) y modificó el artículo 40, extendiendo las prórrogas a las licencias, y el 44, sobre delegación de explotación.

Como consecuencia, se produjo la “mayor concentración comunicacional de la historia”, “inédita también en el resto de América Latina”, con la fusión habilitada entre el Grupo Clarín y Telecom, para dar servicios de internet y telefonía celular, periodismo, radio, televisión, por aire y cable, sitios digitales, imprentas, librerías, producción de papel para periódicos, entre otros. “No hay en la región un grupo que detente posición de dominio en todos los eslabones de la cadena productiva en información, comunicación y datos”, apuntó el docente Martín Becerra⁷.

Esta situación se vio agravada por vulneraciones al derecho humano a la comunicación con incautación de equipos en radios comunitarias, persecución ideológica y sindical, espionaje, concentración de la pauta oficial, inversiones desproporcionadas en corporaciones trasnacionales con manejo de redes sociales, cierre de medios de comunicación, precarización laboral, represión a periodistas en protestas sociales e intento de vaciamiento de los medios públicos, denunciado por universidades, sindicatos, organizaciones sociales, profesionales, culturales y de derechos humanos, desoído por la concentración (Ottaviano, 2022).

Concluido el gobierno de Mauricio Macri, y sin que la presidencia de Alberto Fernández y Cristina Kirchner tomara las medidas necesarias para contrarrestar los daños causados, la pandemia por Covid-19 profundizó las desigualdades comunicacionales.

Por un lado, se evidenció la necesidad poblacional de acceder a información confiable, clara y precisa para salvar vidas o protegerlas, a la vez que cristalizó las brechas en el acceso a esa información, a internet de calidad, a los dispositivos, al conocimiento y a través de ellos, a partir del derecho humano a la comunicación, a la consagración de otros derechos humanos, como la educación, la salud y el trabajo, que requirieron de la virtualidad para hacerse efectivos (Ottaviano, 2022).

“En esa inteligencia, ponderar el rol de los medios en el proceso de acumulación del capital simbólico es clave, así como la participación en la estructura económica, las consecuencias en las condiciones de producción, distribución y acceso a los bienes sociales, en relación con el diseño del Estado y las políticas públicas que implementa” (Ottaviano, Rus, 2022: 52-53).

Puede que esa haya sido la intención del propio presidente Fernández al inaugurar el período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación 141º. Consciente de no haber podido implementar el decreto 690, de declaración de internet como servicio en competencia, en el marco del derecho humano a la comunicación, impedido por el Poder Judicial ante requerimiento del Grupo Clarín/Telecom, reconoció las consecuencias de la concentración comunicacional.

“Hemos soportado una sistemática acción de desinformación de las políticas que se llevaron adelante desde el gobierno nacional –aseguró el 1º de marzo de este año–. Esta suerte de cerco informativo fue muy difícil de eludir dados los niveles de concentración que existen en nuestro sistema de medios de comunicación. Además, muchos de esos medios expresan intereses económicos y políticos opositores al gobierno que ocultan o tergiversan información a sus lectores, oyentes o televidentes. Se busca generar desánimo y malestar. Los argentinos y argentinas tienen derecho a saber qué hicimos, por qué lo hicimos y qué proponemos hacer”.

El Presidente guarda conciencia de las consecuencias, aunque no señaló medida alguna para revertirlo. Incluso cuando esta radiografía sobre las consecuencias de la concentración, la propagación de discursos de odio y la falta de acceso a la información básica para la toma de decisiones, como se especificó, no son un descubrimiento actual.

Discursos de odio y violencias que agreden la democracia

Para demostrar de qué manera se margina en los medios tradicionales a los grupos históricamente vulnerados o a quienes viven lejos de la Capital Federal, basta con repasar el estudio realizado por la Defensoría del Público, sobre qué es noticia en los noticieros de la televisión abierta de la ciudad de Buenos Aires⁸.

Previo a la pandemia, en 2019, solo el 0,4% de las noticias se centraron en la educación, el 0,2% en la discapacidad, el 0,3% en la niñez y adolescencia, el 0,1% en los derechos humanos y el 0,5% en los géneros.

El interés social relevante y el carácter federal que deberían tener los medios no existen. Ese mismo año, el 0,01% se refirieron a pueblos indígenas, el 0,02% a migrantes y la gran mayoría de las provincias no fueron noticia, con excepción de alguna catástrofe, desastre natural o hecho policial, lo que “demuestra la perseverancia de la espectacularización, policialización y lógicas de caos que imperan para la determinación de los criterios y jerarquizaciones periodísticas” (Ottaviano, 2022: 56).

La pandemia por Covid-19 no mejoró la situación. Como se detalló con anterioridad, durante ese período se profundizaron las brechas existentes, incluida la de géneros. El Observatorio de Medios de la Universidad Nacional de Cuyo relevó diez portales digitales, entre el 25 de marzo y el 7 de junio de 2020, y concluyó que el 100% de los editoriales fueron escritos por varones y que, mientras la mitad de la fuerza laboral sanitaria son mujeres, solo el 20% de las fuentes de información lo fueron. Y sobre ellas, solo dos de cada diez mujeres consultadas fueron de carácter testimonial u opinativo, no científico ni informativo⁹.

No solo se trata de discriminación hacia las mujeres, sino de estigmatización y ejercicio de violencias, “con carácter disciplinador”. El Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará de la Organización de Estados Americanos (OEA), de visita oficial en la Argentina, concluyó que “subyace un clima de hostigamiento, ataques e impunidad contra las mujeres que participan en la vida pública y política (…) se trata de una práctica ampliamente tolerada”¹⁰.

Las expertas no dudaron a la hora de interpretar los daños causados desde los medios de comunicación: “Los actos de violencia son facilitados y exacerbados por algunos medios de comunicación y el uso de redes sociales, a través de mensajes y comentarios sexistas, símbolos, amenazas de violencia (…) son un ataque directo a la visibilidad de las mujeres (…) y causan daños y sufrimientos graves, incluyendo daños psicológicos, físicos, sexuales, laborales y perjuicios económicos”.

Y con la claridad de casi nadie en el plano local, dejaron dicho que “el discurso de odio contra las mujeres políticas, especialmente las máximas figuras como la vicepresidenta –víctima de un intento de magnicidio el 1º de septiembre de 2022-, la presidenta de la Cámara de Diputados, o las líderes sociales y políticas de las provincias como en los casos de Milagro Sala en Jujuy y las Ramonas en Catamarca, genera un desorden informativo de características violentas que busca mermar su influencia pública”, hechos que “se agravan por una evidente tolerancia de parte de los órganos del Estado que parece ser sistemática”.

Por ello, antes de realizar recomendaciones al Estado argentino, al Poder Ejecutivo, al órgano electoral, al Poder Legislativo, al Poder Judicial y Ministerio Público, así como a los medios de comunicación, concluyeron en caracterizar el escenario como de “gravedad”, ante “los hechos de violencia política y simbólica contra las mujeres políticas y periodistas” que “hace necesario la implementación de medidas urgentes”, ya que “la impunidad tiene un enorme impacto en las mujeres y en las instituciones democráticas, en tanto la violencia política no solo agrede a las mujeres, sino que agrede a la democracia y a sus instituciones”.

Sin embargo, no se ha tenido en cuenta. La labor ha sido silenciada como ellas mismas denunciaron que ocurre con las violencias y discursos de odio contra las mujeres, lo que profundiza el daño a la democracia.

Propusieron que los medios y las empresas de redes generen “políticas internas”, “códigos de autorregulación”, y consideran necesario eliminar toda expresión que desprestigie a las mujeres, no solo en los medios y las redes, para el personal interno, sino también “destinadas a quienes habitan hoy el espacio digital, como niños, niñas y jóvenes que lo harán en el futuro”.

Solo la Televisión Pública y la Radio Pública de la Argentina cuentan con Código de Ética y carta compromiso, donde se proponen cursos de acción ante la problemática, con enunciación de lineamientos éticos ante los discursos de odio, las fake news, la Infodemia y las campañas de desprestigio y desinformación.

A impulso de esta autora, en cumplimiento del mandato de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que obliga a su creación, fueron concretados de manera colectiva y participativa por primera vez en la historia de los medios nacionales¹¹.

Nuevas problemáticas de la era digital y la inteligencia artificial

Por último, resulta necesario considerar que a los problemas detallados hasta aquí, sin resolución aunque daten del siglo pasado, se les han sumado conflictividades aparejadas en el marco del desarrollo del capitalismo de plataformas y vigilancias, en el sistema comunicacional ampliado, entre ellos, la “gubernamentalidad algorítmica”.

Es que el surgimiento de corporaciones globales, y su empoderamiento en el marco de la pandemia por Covid-19, en la segunda década del siglo XXI, frente a Estados nación debilitados, produjo “cierto tipo de racionalidad normativa o política que descansa en la recolección, la agregación y el análisis automatizado de datos en cantidad masiva de manera de modelizar, anticipar y afectar de antemano comportamientos posibles” (Rouvroy y Berns, 2013).

En esta “gubernamentalidad algorítmica”, en la que los Estados no arbitraron aún los mecanismos suficientes para impedir el estudio de la conducta humana segundo a segundo, “entendiéndola como una materia prima gratuita que se puede traducir en datos de comportamiento”, existe “un excedente conductual que se usa como insumo de procesos avanzados de producción con los que se fabrican productos predictivos que prevén lo que cualquiera de ustedes hará ahora, en breve y más adelante” (Zuboff, 2021: 21).

Es así como puede notarse, entonces, que “la redefinición de los límites del poder en el nuevo paradigma de acumulación y concentración de capital ha implicado la pérdida de soberanía nacional, científico-técnica, económica, política y comunicacional” (Ottaviano, 2022: 65).

Los desafíos, a cuarenta años de la recuperación democrática, siguen siendo “constituir una soberanía nacional sólida”, como consecuencia, se requiere mayor nivel de transparencia en el uso de inteligencia artificial, algoritmos y big data, trolls y bots. Se deben garantizar los derechos digitales, promover la erradicación de violencias contra las mujeres y grupos históricamente vulnerados, legislar y diseñar políticas públicas de alfabetización comunicacional para construir un nuevo pacto social comunicacional que constituya la base de la democracia.

La guía para este nuevo mapa comunicacional debe ser la accesibilidad con justicia social y equidad, promover y acceder a información y comunicación plural, diversa, precisa, intercultural, decolonial y despatriarcal para garantizar la libertad en la producción y circulación de ideas.

A cuarenta años de recuperación democrática se trata de volver a las fuentes, y desde esa génesis corregular y promover la política del encuentro y la solidaridad, hacia la soberanía nacional, que si no es primero comunicacional, posiblemente no será nada. O será poco e insuficiente, como en la actualidad.

Bibliografía de referencia

Castells, M. (2009), Comunicación y poder. Siglo XXI, Madrid.
Durand, C. (2021), Tecnofeudalismo: Crítica de la economía digital, La Cebra, Adrogué.
Comunicado del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará de la Organización de Estados Americanos (OEA), ver en https://belemdopara.org/wp-content/uploads/2023/03/Comunicado-Conclusiones-Visita-ARG.pdf
Consejo para la Consolidación de la Democracia (1988), Radiodifusión: Proyecto y Dictamen del Consejo para la Consolidación de la Democracia, Eudeba, Buenos Aires.
—– (1986) Reforma Constitucional: Dictamen preliminar del Consejo para la Consolidación de la Democracia, Eudeba, Buenos Aires.
Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual (2019), ¿Qué es noticia en los noticieros de la televisión abierta”, en https://defensadelpublico.gob.ar/lineas-de-accion/monitoreos/
Fallo Corte Suprema de Justicia de la Nación, Buenos Aires, 29 de octubre de 2013, vistos los autos “Grupo Clarín SA y otros c/ Poder Ejecutivo nacional y otros/ acción meramente declarativa”.
Fletcher, L. (1988), “El sexismo lingüístico y su uso acerca de la mujer”, en Feminaria, julio de 1988, pp. 29 a 32.
Ottaviano, Cynthia (2018), Señal de Ajuste: vigilancia y control en la nueva era de la comunicación, Edulp, La Plata.
—– (2020), Derecho humano a la comunicación, desconcentración, diversidad e inclusión: los desafíos comunicacionales del siglo XXI, desde las perspectivas de las Defensorías de las Audiencias, UNDAV y Punto de Encuentro, Buenos Aires.
—– y Rus, G. (2022) “Monopolios de ayer y de hoy. Aportes para afrontar la agenda de soberanía comunicacional en el siglo XXI”, en Varela, A. y Bily, P. (comps.), Matriz Soberana. Aportes de la universidad pública a una agenda estratégica, pp. 51-89.
Ottaviano, C. (dir.) (2022), Los jueves a las 10: así se hizo el primer Código de Ética de la Televisión Argentina, prefacio de Alfredo Alfonso, prólogo de Rosario Lufrano y Osvaldo Santoro, UNQ, Bernal.
—– (2023), “De Walsh a Cristina, una ucronía posible”, en Contraeditorial, 11 de marzo: https://contraeditorial.com/de-walsh-a-cristina-una-ucronia-traumatica/
Zuboff, S. (2021), La era del capitalismo de la vigilancia. La lucha por un futuro humano frente a las nuevas fronteras del poder. Paidós, Buenos Aires.

Notas:
1) Prólogo (pág.7) del libro Radiodifusión. Proyecto y Dictamen del Consejo para la Consolidación de la Democracia. (1988) Eudeba. ⇑
2) Prólogo del libro Radiodifusión, que incluye lo que su bajada identifica con claridad: Proyecto y Dictamen del Consejo para la Consolidación de la Democracia.⇑
3) Vistos y considerandos del decreto 2446.⇑
4) Ver páginas 11 y 12 del libro Radiodifusión. Proyecto y Dictamen del Consejo para la Consolidación de la Democracia.⇑
5) Para más información, se recomienda “De Walsh a Cristina, una ucronía posible”, texto de la autora para Contraeditorial https://contraeditorial.com/de-walsh-a-cristina-una-ucronia-traumatica/⇑
6) Decreto de Necesidad y Urgencia número 13, del 10 de diciembre de 2015; Decreto número 236, del 22 de diciembre de 2015 y Decreto de Necesidad y Urgencia número 267 del 29 de diciembre de 2015. Ver Resolución número 21, del 18 de febrero de 2016, tomada por esta autora como Defensora del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, ante reclamos de diversas organizaciones sindicales, profesionales, universidades y audiencias, recuperada en línea de https://archivo.defensadelpublico.gob.ar/es/resolucion-ndeg-212016⇑
7) Ver https://www.letrap.com.ar/nota/2016-12-1-el-gobierno-avala-mayor-concentracion-comunicacional ⇑
8) Ver https://defensadelpublico.gob.ar/wp-content/uploads/2022/03/documento-metodologico-2021.pdf ⇑
9) Ver más información en https://www.unidiversidad.com.ar/segun-un-estudio-las-mujeres-no-escriben-editoriales-en-diarios-argentinos ⇑
10) Entre el 1 y el 3 de marzo de 2023, la delegación estuvo encabezada por Marcela Huaita Alegre, de Perú. Ver https://www.pagina12.com.ar/528673-la-violencia-politica-contra-mujeres-una-practica-ampliament ⇑
11) Se realizaron entre los años 2021, 2022 y 2023. Ver https://new.tvpublica.com.ar/wp-content/uploads/2021/12/C%C3%B3digo-de-%C3%89tica-versi%C3%B3n-final-1.pdf Presentado de manera pública en el programa “Televisión con Códigos”, que puede verse en https://www.tvpublica.com.ar/post/la-television-publica-tiene-su-primer-codigo-de-etica ⇑