| Por Paola Bolados |

Introducción

En las últimas cuatro décadas, la mercantilización progresiva e intensiva de la naturaleza ha traído consigo un agobio sin precedentes en diversas comunidades y territorios de la región latinoamericana. En Chile, esta situación cobró dramatismo a fines de la década de los años ’90, cuando comenzó a decretarse como agotadas las aguas superficiales y subterráneas, y se declararon zonas saturadas en varias regiones, producto del extractivismo minero y agroexportador. En ese contexto, las organizaciones y movimientos sociales y ambientales fueron desplegando una lucha progresiva e insistente por recuperar el agua como un bien público y un derecho humano, y por defender el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Estos conflictos revelaron no sólo una lucha de definiciones entre significados promocionados por el Estado y sus aliados internacionales en tanto recursos naturales, sino también la construcción de una nueva racionalidad eco-socio-ambiental impulsada por las organizaciones socioambientales ligadas a los bienes comunes.

El caso de Chile es interesante no sólo porque es el primer país en que se implementó el neoliberalismo hacia la mitad de la década de los años ’70, sino porque su larga tradición liberal marcada por el extractivismo minero salitrero desde fines del siglo XIX configuró esta actividad como un elemento identitario significativo dentro del imaginario nacional. Esta historia minera, operará como un componente central en la tardía desnaturalización del neoliberalismo en Chile y en un habitus clave para comprender las complejidades y las tensiones producidas por la economía extractivista, tanto minera como agrícola.

Estos desarrollos desiguales derivaron en una nueva cartografía transnacional a partir de los cambios jurídicos e institucionales impuestos en la dictadura (1973-1989), la cual transformó la economía chilena en una exitosa economía exportadora de materias primas como el cobre, el agua, la palta, el litio, los salmones, la celulosa, etc. La nueva cartografía transnacional impuesta por la dictadura se fundó en la ley de inversión extranjera del año 1976, que facilitó el ingreso de capitales globales; la Constitución nacional del año 1980, que consagró la propiedad privada, y los códigos de aguas (1981) y minero (1982), que facilitaron el otorgamiento de derechos y concesiones mineras a empresas transnacionales para la explotación de minerales y agua. En particular, el código de aguas separó la tierra del agua, generando el mercado de aguas más privatizado del mundo.

El país quedó reorganizado geográficamente en tres grandes regiones: el norte minero, el centro-sur agrícola y el sur forestal-pesquero (salmonero). Esta cartografía impuesta por la dictadura funcionó relativamente bien, producto de los resultados macroeconómicos que revelaron un crecimiento sostenido de la economía durante el ciclo 1987-1997, así como también por la serie de tratados internacionales de libre comercio firmados al alero del retorno a la democracia en ese período.

No obstante, el crecimiento macroeconómico de Chile no detuvo el aumento progresivo de conflictos socioambientales/territoriales que se desencadenaron a fines de los años ’90 cuando, a propósito de la construcción de la hidroeléctrica Ralco, se observaron las contradicciones entre la política indígena y medioambiental y la política energética. Estos conflictos adquirieron una generalizada visibilización pública en torno a los años 2011 y 2012, luego de que se produjera una de las movilizaciones estudiantiles más largas ocurridas en el sistema de educación superior y secundaria, la cual se expandió a otros sectores y organizaciones sociales y ambientales del país. En ese contexto, Chile experimentó una serie de protestas regionalistas, ambientalistas e indígenas, dirigidas a cuestionar los alcances y las limitaciones de la legislación ambiental e indígena de los años ’90, así como los impactos sociales y ambientales de la economía exportadora impuesta con la dictadura militar y profundizada por los gobiernos de centroizquierda. Diversos sectores sociales y organizaciones ambientales comenzaron a criticar las supuestas regalías del cobre y los impactos de la industria del agronegocio, forestal y salmonero.

Estos conflictos, distribuidos a lo largo del territorio, generaron un clima incierto para los sectores exportador e inversionista, que se vieron desafiados y desconcertados por las múltiples protestas y oposiciones de comunidades indígenas, grupos ambientalistas y otras organizaciones sociales. Ellos, a nuestro entender, dieron cuenta de las fricciones de un neoliberalismo que comenzó a ser desnaturalizado, no sólo por sus efectos depredatorios en términos ambientales, sino también en cuanto a sus formas de gestionar la participación y la democracia.

Como sucedió en otras regiones de Latinoamérica, el escenario de conflictos socioambientales en Chile planteó dos elementos centrales: el primero da cuenta del retorno al territorio en clave ambiental para explicar las acciones y demandas de las organizaciones y los movimientos actuales. En este sentido, los conflictos socioambientales se tornaron eminentemente conflictos territoriales, en tanto que gran parte de ellos replantearon los antiguamente denominados problemas de la tierra bajo los actuales lenguajes de la ecología y el medioambiente. Asimismo, intentaron rearticular sus luchas en torno a la construcción de nuevas formas de ejercer ciudadanía, tanto por fuera del campo legal ambiental establecido, como a través de las estructuras internas del modelo ambiental capitalista (en particular a través del Sistema de Evaluación Impacto Ambiental –SEIA–, encargado de autorizar o no los proyectos de inversión).

En paralelo, el segundo aspecto novedoso que plantearon las luchas socioambientales contemporáneas se relaciona con las nuevas comprensiones de ciudadanía y democracia que se impusieron a lo largo de estas últimas dos décadas. En particular, formulando una crítica directa a la democracia representativa/delegativa y defendiendo estructuras democráticas y participativas más directas. En consecuencia, estos conflictos apelaron a demandas de autonomía y participación bajo una lógica democrática reclamando derechos políticos como la participación vinculante en el desarrollo local y a derechos territoriales-ambientales.

Ambos procesos convergieron, a nuestro entender, en lo que hemos definido como narrativas y prácticas identitarias post neoliberales, en cuanto se presentan como una crítica a la (i)racionalidad del modelo neoliberal impuesto en Chile y una propuesta de una nueva racionalidad eco-socio-ambiental construida desde los movimientos y las organizaciones. En estas ecologías comunitarias y colectivas convergen variadas perspectivas que van desde las agrupaciones de carácter más ambientalista-conservacionista, así como otras asociadas a luchas y movimientos indígenas, campesinos y feministas, quienes ponen en crisis el discurso y el modelo capitalista al alero de sus prácticas comunitarias del buen vivir y la ética del cuidado. Aunque parte importante de la crítica al neoliberalismo en sus inicios tuvo un origen en los problemas de distribución o redistribución de los beneficios de un capitalismo que no se derramó, esta luego se desplazó a aspectos medulares del sistema de mercado, señalando las consecuencias identitarias del despojo y la destrucción de las relaciones entre naturaleza y cultura. La crítica entonces apuntó cada vez más al modelo económico y político exportador y las formas de propiedad y derechos privatizados/consagrados en el régimen neoliberal impuesto en la dictadura de Augusto Pinochet.

Entre el despojo y el trauma ambiental: los casos de Petorca y Puchuncaví-Quintero

Durante las últimas décadas, en el caso de la región de Valparaíso-centro de Chile, las pretensiones de patrimonializar la ciudad en compatibilidad con un turismo transnacional creciente entraron en contradicción con el extractivismo minero y agroexportador. Los hechos asociados a la contaminación del complejo industrial Ventanas, así como la usurpación de aguas en la provincia de Petorca, reflejan una parte de los múltiples agobios socioambientales de la región. Se visualiza la construcción de una zona de sacrificio, entregada a la desregulación de los mercados y a una actividad depredadora incentivada por las instituciones del Estado y sus aliadas internacionales. Se rentabilizan la naturaleza y la cultura, y con ella la historia, a costa de la negación de otras memorias e identidades: campesina y pesquera principalmente, que están destinadas a la pobreza y la exclusión.

En este caso, la provincia de Petorca –límite norte de la región de Valparaíso– experimenta desde los años ’90 conflictos por la usurpación de aguas en una zona agrícola donde un 90% de su superficie cultivable se ocupa para la producción de palta. Petorca fue decretada zona de escasez hídrica en 1994, y en 1997 y 2004 los acuíferos del Valle del Río Petorca y de la Ligua, respectivamente, fueron decretados como Área de Restricción para la obtención de aguas subterráneas. En el caso de Petorca, estos conflictos irrumpieron a la luz pública en el año 2012, cuando el Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y el Medio Ambiente (MODATIMA), denunció la usurpación de aguas producto de drenes ilegales construidos por empresarios y reconocidos políticos vinculados a los gobiernos de la Concertación. Denuncias que fueron en su momento acogidas y seguidas por la Dirección General de Aguas (ente estatal encargado de administrar el agua a nivel nacional desde el año 1981, fecha en que entró en vigencia el código de aguas) y por la comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados del Congreso Nacional, y ratificadas por los informes de derechos humanos tanto del Instituto Nacional de Derechos Humanos como de la Universidad Diego Portales en 2014.

En paralelo con este escenario precordillerano, en el borde costero de Puchuncaví-Quintero, durante 2011 y 2012 tuvieron amplia cobertura en los medios de prensa las intoxicaciones de los alumnos de la escuela la Greda como resultado de la emisión de poluciones contaminantes (SO2 y arsénico principalmente). Sin embargo, estos hechos forman parte de una larga historia ambiental producto de la instalación de un complejo industrial que funciona desde 1960 y que hoy alberga a diversas empresas: cuatro termoeléctricas a carbón; tres empresas petroleras; dos empresas químicas; una refinería y una fundición de cobre; una empresa de asfalto y una empresa de cemento, en un radio de menos de 5 kilómetros, entre otras (cabe aclarar que, mientras el Estado y las empresas reconocen sólo 14, las comunidades señalan 22, ya que dentro de una pueden funcionar varias, como en el caso de Codelco, que reúne cuatro termoeléctricas, una refinería y una fundición). En ese contexto, aparecen tempranamente el caso silenciado de los “hombres verdes” (llamados así por los niveles de cobre y otros metales pesados encontrados en sus cuerpos luego de las exhumaciones) y las denuncias sobre muertes por contaminación de trabajadores que, desde1989, vienen haciéndose contra la entonces empresa ENAMI (Empresa Nacional de Minería, que en 2004 pasó a ser de Codelco-Ventanas). Tal historia de contaminación y sufrimiento ambiental se agudizó en el último período, producto de los tres derrames de petróleo ocurridos entre 2014 y 2016 en el borde costero y que significaron la destrucción casi total de la pesca artesanal. En ese marco surgió un número importante de organizaciones asociadas a esta actividad, como Salvemos Quintero y Sindicato de Pescadores S24; Chinchimen y Dunas de Ritoque, dirigidas a proteger sitios prioritarios de conservación; así como agrupaciones tales como Mujeres de Zonas de Sacrificio en Resistencia y la Asociación Regional de Ex Funcionarios de ENAMI (ASOREFEN), las cuales intentan relevar la afectación de la salud de la población como eje prioritario de sus luchas.

A modo de cierre

El vaciamiento territorial producido por las transformaciones económicas y políticas con impactos directos en la cultura y las identidades de las poblaciones de tradición campesina y minera de Petorca, así como las campesinas y mariscadoras en Puchuncaví-Quintero, da cuenta de una nueva cartografía exportadora, pero también de una nueva cartografía de las resistencias socioambientales. Estas luchas abogan por democratizar el acceso a los bienes comunes como el agua en tanto derecho humano fundamental, así como también el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación que asegure la vida y salud de las personas, de la flora y fauna marina de la Bahía y de sectores ricos en biodiversidad.

Campesinos, pequeños mineros, pescadores y activistas ven el actual abandono por parte del Estado como la confirmación de que su territorio está destinado a ser una zona de sacrificio y como una estrategia para privatizar las últimas empresas estatales. Asimismo, como un avance del sistema capitalista centrado en la privatización de los bienes comunes, que es a su vez confrontado y resistido. Se trata de una nueva racionalidad eco-socio-ambiental, fundada en sistemas comunitarios y colectivos que buscan recuperar la reciprocidad e interdependencia de las nociones de naturaleza y cultura.

Lo cierto es que hoy los extractivismos de derecha y de izquierda han llegado a un consenso con respecto a su manejo de los recursos naturales y a la obstaculización de toda posibilidad de que estos se transformen en bienes comunes dentro de una lógica democrática. El mito del eterno retorno del desarrollo intenta siempre seducirnos con la idea de que la redistribución algún día se concretará. En ese contexto, el neoliberalismo avanza en términos de consolidar la reestructuración de clases hacia la cual apunta, y en la cual las clases dominantes tienden a condensarse cada vez más en el punto más alto de la pirámide.

En tales circunstancias, los esfuerzos de reconstruir una identidad post neoliberal asociada al buen vivir y a la ética del cuidado en las organizaciones socioambientales/territoriales que están actualmente dando la lucha en la región, son una propuesta política y utópica de emancipación que se alimenta de algunos ríos que no lograron secarse ni por la contaminación ni por la usurpación. En particular, varios de ellos nacen en las colaboraciones con otras organizaciones populares, indígenas y latinoamericanas que están en luchas similares, mostrando una articulación a escalas transnacionales pero que cuando intentan avanzar al interior chocan, siendo expulsadas al ámbito de la judicialización y criminalización progresiva. Mientras tanto, otras organizaciones insisten en dar la pelea desde dentro, friccionando en los intersticios de las legislaciones neoliberales flexibles que permiten grados de contestación, retrasos y complicaciones a las autoridades y los órganos ambientales encargados de las autorizaciones a los megaproyectos.

Las luchas desde los territorios y las ecologías que emanan de ellas intentan mostrar que la relación identidad y territorio funciona con autonomía suficiente para generar movilización y articulación. Esto es lo que explica finalmente que tanto los habitantes de Petorca como los de Puchuncaví-Quintero no hayan decidido desplazarse a otros lugares. El territorio, junto al conjunto de relaciones sociales, culturales y políticas desplegadas en él, forma parte de las razones centrales por las cuales se oponen al neoliberalismo ambiental. Lo post neoliberal de las identidades propuesto aquí, sin embargo, no significa en sí mismo una superación del neoliberalismo, sino los inicios de su fricción interna y su desnaturalización paulatina. Las organizaciones socioambientales/territoriales aún son parte de un lento y duro proceso de desnaturalizar la naturaleza y deconstruir el mercantilizado tejido social que se construyó en estas cuatro décadas. Su capacidad crítica y su reflexividad, en un contexto de privatización del conocimiento ambiental, las han convertido en poderosas y efectivas productoras de un conocimiento experto alternativo en el campo socioambiental, dando señales claras de la emergencia de un nuevo escenario sociohistórico que tiene en el centro la dimensión ambiental/territorial. Es en este sentido al que me he referido respecto de las identidades post neoliberales y su importancia en el marco de los procesos de democratización socioambiental que experimenta la región latinoamericana en su lucha por transformar los recursos naturales en bienes comunes.