| Por Alberto Gandulfo |

La Economía Social y Solidaria (ESS) es una construcción política, económica y social que establece formas colectivas de producción y comercialización promoviendo una práctica social integradora basada en el protagonismo de los trabajadores organizados de manera autogestiva. El desarrollo de la ESS requiere de políticas de transformación profundas, estructurales y culturales, tanto en la conducción y administración del Estado como en la democratización del mercado, en el fortalecimiento de la organización social y fundamentalmente, en la creación de mayor poder popular.

Por la distribución de la riqueza y la integración latinoamericana

América latina sigue siendo el continente con mayor desigualdad social, pero el problema no son los pobres sino la riqueza concentrada. La crisis internacional repercute en las condiciones económicas y consolida las matrices productivas basadas en la exportación de commodities sujetas al poder global concentrado; por eso el gran desafío que atraviesan los gobiernos populares de la región sigue siendo la distribución de la riqueza y la integración latinoamericana. Resulta imperioso implementar una política nacional transformadora en el marco de la estrategia continental, tal como aconteció con el rechazo del ALCA.

Al igual que en Brasil, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Uruguay, en la Argentina otra economía es posible porque desde el 2003 existen políticas públicas de promoción de la ESS que posibilitan la creación y consolidación de más de un millón de puestos de trabajo, con gran impulso al cooperativismo de trabajo y apoyo a los diferentes formas asociativas en que se manifiesta el trabajo solidario; de aquí se desprende que los nuevos desafíos para el desarrollo de la ESS están comprometidos de manera directa con la profundización del Proyecto Nacional y Popular.

Desde sus comienzos en 2003, el gobierno nacional impulsó el desarrollo de la ESS reconociendo políticamente a las organizaciones sociales como artífices de la resistencia popular al neoliberalismo de los años ’90 y las ponderó en términos políticos y económicos como sustento a su dinámica en la generación de nuevas fuentes de trabajo: cooperativas de trabajo, fábricas recuperadas, organizaciones campesinas y de la agricultura familiar, asociaciones de emprendedores solidarios.

En diez años de promoción de la ESS se dictaron leyes nacionales como las del monotributo social, microcrédito y marcas colectivas; ley de quiebras y de extranjerización de la tierra. Se crearon áreas específicas del Estado nacional: Secretaría de Economía Social, CONAMI, Subsecretaría de Agricultura Familiar, IPAF-INTA. La decisión política se materializó con un fuerte aporte presupuestario que permite una mayor visibilidad a las distintas experiencias organizativas de trabajo y producción, ampliando la clásica y restringida noción de empleo, organizar en forma solidaria los procesos productivos y de comercialización, difundir los valores del asociativismo y la cooperación apoyando al trabajador autogestivo como sujeto de cambio, garante del sustento familiar y el desarrollo comunitario.

La apuesta del Gobierno al ampliar el consumo popular posibilita la expansión del mercado interno con una fuerte combinación heterodoxa de regulación estatal (como Aerolíneas Argentinas e YPF), control de precios y sostenimiento del tipo de cambio competitivo para la industria nacional que se complementan con el mayor presupuesto asignado a la educación pública, las políticas distributivas de seguridad social (AUH, las pensiones asistenciales y el constante aumento de las jubilaciones) y el incremento salarial acordado en más de mil convenios colectivos de trabajo. Políticas públicas que permiten una dinámica en la economía nacional de crecimiento con inclusión social, que definitivamente genera las condiciones necesarias para las prácticas integradoras que posibilitan el desarrollo de la ESS.

Cambio sustantivo en la concepción de las políticas públicas

Se concibe al trabajador solidario como sujeto de derecho, en contraposición del término beneficiario (propio de las políticas compensatorias), apoyado por políticas integrales de desarrollo territorial que priorizan la organización comunitaria, la educación popular y la economía solidaria. Se trata de una visión que supera aquellas prácticas neoliberales vinculadas al emprendedor/microempresario. Hablamos de trabajadores, en muchos casos expulsados del mercado de trabajo formal, que se organizan para desarrollar empresas productivas autogestivas en contextos territoriales que les resultan desfavorables. Se promueve a trabajadores que se organizan de forma solidaria, de cooperación, que superan la lógica de la salida individual y de la competencia mercantilista.

Desde el Ministerio de Desarrollo Social se promociona la ESS con una serie de leyes nacionales y procedimientos administrativos que permiten generar la institucionalidad necesaria para apoyar técnica y financieramente las diferentes formas organizativas que contemplan las unidades productivas de la ESS. El Estado juega un rol preponderante en la subsidiaridad para la promoción a través de una combinatoria de subsidio y crédito enmarcada en la concepción de las Finanzas Solidarias: el Monotributo Social es una categoría tributaria subsidiada que permite la integración al mercado de los trabajadores con la facturación de sus ventas, el acceso a la seguridad social y el compre estatal de los productos de la economía solidaria. La ley de Microcréditos donde las organizaciones sociales administran fondos públicos que llegan a los trabajadores al 6% de interés anual; la ley de Marcas Colectivas que facilitan de forma gratuita la utilización de tecnologías productivas y de comercialización. Políticas públicas que permiten rediscutir la relación entre el Estado, el mercado y las organizaciones sociales, que a partir de la subsidiariedad facilitan el acceso a diferentes herramientas que promueven la integración social de los trabajadores de la ESS.

La Comisión Nacional de Microcréditos (CONAMI)

La política de microcréditos se implementa bajo los principios y valores de la ESS, de cooperación y reciprocidad, desarrollo integral y territorial, a través del fortalecimiento de la organización popular. Se trata de una visión superadora a la lógica conservadora de Yunus (Banco de los Pobres) y a la lógica neoliberal de las microfinanzas con la condición subordinante de la microempresa. Las Finanzas Solidarias promueven un proceso transformador, integrador de las diferentes unidades productivas, con una metodología de fácil acceso en la utilización por los mismos trabajadores, pero fundamentalmente generando y promoviendo organización social, desarrollo productivo y concientización política.

Se concibe al microcrédito como una herramienta de gestión, no como un fin en sí mismo, ni con la finalidad de que los fondos sean rentables o que las entidades sean sustentables para sostener las operatorias. Se asume la herramienta con su metodología de acompañamiento y vinculación territorial, centrando la sustentabilidad en el bienestar de los prestatarios, los trabajadores organizados solidariamente. La subsidiaridad del Estado como inversión pública instrumentada a través de organizaciones sociales de base territorial permite sostener el costo de funcionamiento de las operatorias de microcrédito y garantiza los procesos de integración social y desarrollo de los emprendimientos productivos de la economía solidaria.

La Ley Nacional de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social (ley 26.117) se elaboró con las mismas organizaciones que ya implementaban el microcrédito en la Argentina (existían unas 60 instituciones de microfinanzas con pequeñas operatorias en algunas barriadas de los grandes centros urbanos). Se unificaron criterios y se elaboró un proyecto de ley que fue presentado en forma conjunta por, en ese entonces, la senadora Alicia Kirchner y el diputado Mariano West. Se sometió a discusión en el Congreso de la Nación y rápidamente se aprobó por unanimidad en julio del 2006.

La ley creó la Comisión Nacional de Microcréditos (CONAMI), que es un organismo desconcentrado del Ministerio de Desarrollo Social. Las organizaciones sociales se involucran como ejecutoras de fondos de microcrédito y participan en las instancias de diseño y elaboración de la estrategia del Programa Nacional de Microcréditos. Destina un fondo de 100 millones de pesos anuales (sobreejecutado en los seis años de gestión), promueve un fuerte sentido federal al involucrar al Estado local y fortalecer la organización popular en todo el país. Hoy existen 22 leyes provinciales de adhesión a la Ley Nacional de Microcrédito (sólo la CABA y la provincia de San Luis no han adherido), que en sí mismo constituye un indicador de éxito en la implementación de la política pública.

Desarrolla una modalidad de gestión asociada que plantea una nueva institucionalidad en la relación entre lo público y lo privado. La operatoria se subsidia desde la CONAMI y la administran las organizaciones de base, comunitarias, cooperativas de trabajo, parroquias, asociaciones de emprendedores, pequeños productores. Los que otorgan los créditos, los que administran los fondos, los que reciben subsidios y conforman un fondo rotatorio, son las organizaciones sociales de la ESS y ellas transfieren el microcrédito hasta el 6% de interés anual (tasa negativa). Esta política va en contra de la lógica del negocio financiero y se diferencia de la lógica caritativa de la pobreza porque pondera organizaciones sociales que administran fondos públicos, disputan el territorio, discuten y conforman la política local. En mano de las organizaciones sociales el microcrédito es una herramienta que se complementa, y se debe complementar, con otros programas y acciones promocionales.

El modelo de gestión asociada posibilita que las organizaciones sociales trabajen articuladas en forma de red y/o con el Estado local, en redes barriales o sectoriales, o bien consorcios regionales, según las particularidades de cada territorio, respetando los diferentes procesos organizativos. Cada red de organizaciones coadministra un fondo público y cada organización local otorga los microcréditos en función de un proyecto aprobado por la CONAMI, que ejerce el control sobre la utilización de los fondos y acompaña la operatoria de las organizaciones para fortalecer los procesos de desarrollo de las unidades productivas y promover nuevas situaciones de vinculación territorial.

El protagonismo de las organizaciones tiene su basamento en el trabajo de los promotores del microcrédito (integrantes de las organizaciones ejecutoras), quienes están en permanente contacto con los emprendedores, pequeños productores, con los trabajadores que son en definitiva quienes asumen el compromiso de organizarse en grupos solidarios para tomar un crédito, devolverlo y crecer juntos en producción y organización. Aquí está lo importante: la inversión del Estado en la organización de los propios trabajadores. La CONAMI subsidia la operatoria para que las organizaciones puedan dar respuesta a sus trabajadores, acompañar los procesos de desarrollo productivo, ganar con presencia en la expansión del mercado y fortalecer la organización popular en los territorios.

Resultados alcanzados, a mayo del 2013:
Existen 1.500 organizaciones de base en todo el país que administran fondos públicos (promedio de $ 150.000 cada una) y entregan microcréditos hasta el 6% de interés anual.

Con la intervención del Estado se ha democratizado el uso de esta herramienta instrumentada por organizaciones sociales que facilitan el acceso al crédito a más de 220 mil unidades productivas, que representan cerca de 400.000 puestos de trabajo apoyados con los microcréditos.

Participan más de 8.300 promotores de las organizaciones sociales que trabajan en el territorio.

En seis años de gestión, la CONAMI ha invertido más de 750 millones de pesos y otorgado más de 350 mil microcréditos ($ 2.500 promedio), además de las acciones de promoción, asistencia técnica y el acompañamiento correspondiente.

Desarrollo territorial para profundizar el proyecto nacional

En la Argentina de hoy se vuelve a discutir el desarrollo. Reaparecen antiguas voces con planteos voluntaristas, de corte productivista, que hablan en términos de volumen y producción pero no reconocen particularidades regionales ni complejidades sectoriales, no identifican sujetos/trabajadores, muchos menos las formas de organización de la ESS. Fundamentalmente, no se plantean la integración social ni el desarrollo local. Pareciera que desconocen las prácticas de la economía concentrada, del poder financiero y el poder de los grandes grupos globales. Por eso es necesario discutir el desarrollo en el territorio, tanto en las organizaciones sociales como al interior del Estado, en los actores de la producción y el mercado, y también en los partidos políticos; sin ninguna duda la economía solidaria tiene que jugar un rol preponderante en promover esa discusión: en los aspectos que hacen al acceso y uso social de la tierra, en la producción de alimentos saludables y por la soberanía alimentaria, en el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales; en la generación de trabajo y de valor agregado. Reafirmamos: el desarrollo territorial es la clave para la profundización del Proyecto Nacional.

Fortalecer identidades locales, promover valores de solidaridad y cooperación, pensar nuevas formas organizativas en la relación entre el Estado, mercado y la sociedad civil. Transformar sobre lo transformado. Abrir los canales de comercialización, superar las barreras de la concentración, facilitar las condiciones de producción, regular la intermediación y promover la comercialización de los productos de la ESS. Transformar el Estado es democratizar el mercado, en definitiva: transformar las relaciones de poder en el territorio. Es una disputa que se expresa en distintos planos, de manera conjunta, a veces contradictoria, en permanente tensión y con intereses enfrentados que complejizan la forma de relacionarse.

La ESS debe crecer, ser más visible, popularizarse. Superar la dificultad de la escala productiva, incorporar tecnologías adecuadas, ganar en volumen y en calidad de producción y desarrollar formas organizativas más complejas (empresas sociales), articular encadenamientos productivos y avanzar en la organización del consumo popular. Implementar sistemas regionales de mercados solidarios con precios populares, el compre local, en la producción social del hábitat y en la producción de alimentos saludables. En definitiva, constituir las múltiples experiencias de la ESS en un sujeto económico que contribuya en la regulación de precios, en la política antiinflacionaria, y fundamentalmente: generar trabajo, producir valor y distribuir riqueza.

Avanzar con las organizaciones de los trabajadores de la ESS en la construcción de un sujeto político que se exprese con autonomía en proyectos locales, incidir en el desarrollo productivo, capaz de establecer alianzas sectoriales, y demostrar capacidad en la construcción de poder popular. Se requiere mayor organización y representación territorial de las organizaciones de la ESS.

Promover la construcción del sujeto de la ESS en su integralidad. Pensar conjuntamente lo económico, lo político, lo social en perspectiva a la complejidad de los territorios, que es el lugar donde aparece la heterogeneidad, la diversidad y la construcción cotidiana, donde acontece la potencialidad de la ESS con sus aspectos positivos y también los negativos.

Empoderar al sujeto de la ESS en una construcción política de más amplio espectro con las pymes, el movimiento obrero y los movimientos sociales para recuperar y volver a constituir al sujeto Pueblo en el centro de la transformación política. Significa entablar alianzas locales de mayor organización popular, con más y mejor Estado para la democratización del mercado.

Nuevos desafíos para la Economía Social y Solidaria

La AUH alcanza una cobertura que supera los 3.600.000 hijos de las familias más carenciadas del país, que los sitúa en igualdad de condiciones básicas en relación a la asignación familiar que perciben los trabajadores de la economía formal; destacando la subsidiariedad del Estado en la aplicación de políticas de la seguridad social. A la vez, la AUH permite sostener el consumo popular como motor de la economía local generando una dinámica territorial que posibilita un mejor funcionamiento en el comercio barrial y también en los emprendimientos de la ESS. Lo mismo podemos decir de los aportes de las pensiones asistenciales, el aumento de las jubilaciones y el crecimiento con inclusión social sostenido en los últimos diez años.

Sin embargo, la decisión política del gobierno nacional se diluye en los canales comerciales (formales/informales) de alcance masivo: hipermercados, supermercados, mercaditos “chinos” y almacenes barriales, ante el fluir de intermediaciones que elevan los precios al consumidor final perjudicando la economía doméstica, principalmente “el bolsillo” de los hogares más necesitados, y cierran el circuito comercial acumulando en la lógica del poder concentrado debido a que grandes y “segundas” marcas predominan de manera oligopólica con sus productos en el consumo popular (aceites, harinas, leche, yerbas, alimentos elaborados, indumentaria, equipamiento del hogar y mejora habitacional).

Es hora de considerar el potencial de compra de los sectores populares y desde el Estado generar condiciones que regulen la intermediación comercial (control de precios) y facilitar los procesos organizativos socioproductivos de la ESS como factor de generación de valor, empleo y producción, regulación de precios y fundamentalmente un plan de abaratamiento del consumo popular. Lograr canalizar un 20% del consumo popular a través de las redes y circuitos comerciales de la ESS permitiría profundizar el Proyecto Nacional, avanzar en mayores condiciones de igualdad y concretar el desarrollo con integración social.

Deberán crearse nuevos instrumentos de Finanzas Solidarias, de alcance masivo, que permitan fortalecer la ESS, como se hizo con la Ley Nacional de Microcréditos, que posibiliten promover acciones de:
a) Soberanía alimentaria para el consumo popular; fomento del uso y acceso a la tierra productiva, mejora en los canales de riego, pasturas y producción ganadera, mayor capacidad productiva para la agricultura familiar y las organizaciones del campesinado y comunidades de los pueblos originarios.
b) Producción Social del Hábitat para el consumo popular: mejoramiento de viviendas, acceso a lotes con servicios, tendido y conexión de redes públicas: agua potable, electricidad y gas natural.
c) Sistemas Locales de Servicios de Comunicación y Audiovisuales (las cooperativas de servicio público lo están haciendo) que se necesita acompañar con financiamiento para incorporar el creciente y desafiante desarrollo tecnológico del sector.
d) Crear una gran red de almacenes, ferias y mercados populares que promuevan la organización del consumo popular, disminuyan la intermediación comercial, actúen como factor de regulación de precios y sirvan a un plan nacional de abaratamiento con los productos de la ESS.

También se deberá plantear una reforma impositiva socialmente selectiva, que desgrave con un menor nivel del IVA los productos de la canasta básica de los sectores populares. Promover el compre local, la generación de valor agregado en origen, los encadenamientos productivos (como el sector textil, gráfico o de turismo solidario) y el fomento a la generación de empleo y el trabajo autogestivo.

Hacia los circuitos locales de producción y organización del consumo popular

La potencialidad del movimiento de la ESS requiere de mayor complejidad organizativa, incorporación de tecnología apropiada en forma constante y transformadora, encadenamiento de redes de productores e intervenir con acciones concretas en la organización del consumo popular: la conformación de circuitos locales de producción y consumo solidarios, según los procesos organizativos de cada territorio, acompañados por la subsidiariedad del Estado, involucrando los gobiernos locales, y principalmente los agentes productivos para el desarrollo local.

Esta dinámica se demuestra en múltiples experiencias como las más de 50 Ferias Francas en Misiones y Corrientes, en la red de comercialización de cooperativas como CAUQUEVA en la quebrada de Humahuaca; en el Mercado de la Estepa de la línea Sur del río Negro; con Fecoagro en San Juan, el Arca en Mendoza, en los mercados y ferias populares de las grandes ciudades como el Galpón de Chacarita y el Mercado Bonpland de Palermo; el Banco Social y la Marca Colectiva HEM de la Municipalidad de Moreno, en la Cooperativa de Mimbreros del Tigre y el Mercado Madre Tierra de Tres Arroyos (Buenos Aires); en experiencias como la FOPAL y en las más de 300 fábricas recuperadas en todo el país, y con mayor nivel organizativo y desarrollo económico, en la Cooperativa Obrera en la Patagonia, las cooperativas de servicios públicos, las cooperativas agropecuarias vinculadas a los pequeños productores, entre muchos otros.

El mayor desafío es avanzar en el desarrollo territorial de la ESS. Fortalecer la identidad de las organizaciones solidarias, reconocer la conflictividad en el territorio donde se materializan las desigualdades, donde se dan los problemas de la comercialización, donde se concretan las situaciones de exclusión y sobreexplotación. Desde la experiencia de la ESS alcanzada, el gran desafío es organizar y multiplicar las capacidades desplegadas con más prácticas colectivas y solidarias. Es una construcción de base territorial, de abajo hacia arriba, que se suma al Proyecto Nacional y Popular para enfrentar la concentración económica y poder avanzar en términos de desarrollo con mayor integración social.