| Por Graciela Landriscini |

A partir de la crisis de 2001 emergieron en la Patagonia norte múltiples iniciativas de economía social que agruparon a hombres y mujeres afectados por el desempleo o la precariedad laboral, y que lograron generar modalidades de autoproducción y subsistencia. Esto fue posible también gracias a las políticas de promoción e institucionalización, y de asistencia financiera, técnica y comercial emanadas por los distintos niveles del Estado.

Se presentan a continuación referencias de investigación sobre experiencias de economía social y solidaria desarrolladas y en desarrollo en zonas urbanas y rurales de la provincia de Río Negro, guiadas por el objetivo de la organización y la reproducción ampliada de la vida. Ellas permiten efectuar señalamientos sobre los desafíos organizativos que esta modalidad de economía supone, y la incidencia del entorno socio institucional y productivo, las políticas públicas y la gestión gubernamental en su desenvolvimiento. Involucran la cooperación en la producción y distribución de bienes en unidades de subsistencia y capitalizadas surgidas a lo largo del tiempo, producto de iniciativas propias o promovidas desde las políticas públicas, y desde el accionar de organizaciones no gubernamentales de diverso perfil en etapas más recientes. En función de la restricción planteada por el número de páginas disponible, se abordan casos que expresan rasgos particulares de las actividades, comunidades y culturas que han marcado la historia regional.

En la Patagonia norte, en paralelo a la ampliación de la esfera estatal y la privada, emergieron múltiples iniciativas de economía social “de primera generación” en el campo y las ciudades, agrupando productores para el acceso a la tierra y el agua, la construcción de mejoras prediales y de infraestructura de uso público, la comercialización de materias primas, el transporte y la gestión financiera. Junto a ellas, se abrió un abanico diverso de experiencias urbanas, individuales y colectivas para la producción de bienes básicos, la construcción de viviendas, y la prestación de servicios públicos esenciales, a las que se agregaron las generadas a partir de programas estatales de promoción productiva y de protección ambiental. En tiempos recientes, nuevos movimientos sociales brindan impulso al desarrollo de emprendimientos autogestionados, o producto de políticas públicas, que sostienen la utopía de un desarrollo económico alternativo al del mercado capitalista, y cubren un amplio espectro. Estas experiencias se agrupan bajo la denominación de “iniciativas de economía social, del trabajo, o de economía popular de segunda generación”, en la cual los hombres y mujeres afectados por el desempleo o la precariedad laboral despliegan estrategias de creación de valor y de intercambio para alcanzar sus expectativas medias de calidad de vida. En Río Negro resulta trascendente retomar el legado de algunas iniciativas de economía social gestadas a principios del siglo XX en los valles de los ríos Negro y Colorado por inmigrantes europeos devenidos en regantes y pequeños productores frutícolas, en empacadores y bodegueros; para –a continuación– reconocer la gestión de las cooperativas de consumo, servicios, ahorro y vivienda, y analizar algunas experiencias actuales de economía social, autogestionarias o producto de redes institucionales y políticas activas, en respuesta a la crisis de fin del siglo XX. Es el caso de las cooperativas de crianceros y artesanas de origen mapuche, desarrolladas en espacios rurales y urbano-rurales caracterizados por la aridez y la gran extensión de la meseta centro sur, hasta el área cordillerana de San Carlos de Bariloche, conformadas como Mercado Asociativo en el marco de la lógica del desarrollo sustentable en lo social y ambiental; las de recuperación de empresas quebradas por los trabajadores organizados en cooperativas de trabajo, y aquellas producto de planes oficiales que promueven el trabajo asociado a partir del microcrédito, la producción de alimentos, la incorporación de tecnologías en línea con la agroecología, el desarrollo del trabajo autogestionado como alternativa y la articulación de organizaciones para el desarrollo local. En su emergencia y desenvolvimiento, cabe considerar el papel de promoción que cumplen el Instituto Nacional de Economía Social, los municipios, el Programa Social Agropecuario, el INTA y el INTI, el Ministerio de Trabajo de la Nación, diversas ONGs, las universidades y los organismos provinciales.

La base teórica y documental para esta elaboración es el resultado de una rigurosa revisión y análisis de extensa cantidad de material bibliográfico referido a las condiciones materiales de desarrollo de los casos expuestos, a los postulados de la Economía Social, Solidaria y del Trabajo, y a enfoques heterodoxos de la dinámica económica.

Iniciativas asociativas de primera generación en los valles rionegrinos

Los valles irrigados de Río Negro han albergado múltiples experiencias asociativas. Entre ellas cabe destacar las generadas por los agricultores familiares para la transformación de la naturaleza y la reproducción ampliada de la vida. A partir del emplazamiento ferroviario en el Alto Valle, del fraccionamiento de tierras, y de la construcción de las obras de riego, se fue conformando un conjunto de colonias que conjugaron las culturas diversas de inmigrantes europeos. Desde entonces, la confluencia de decisiones públicas y privadas generó un sistema de asentamientos humanos que amalgamaron naturaleza, capital físico, socioeconómico y simbólico, traducido en saberes, valores, instituciones y prácticas de cooperación y competencia. En ese contexto, emergieron organizaciones de regantes, de trueque y comercialización, gestándose progresivamente sistemas locales de economías familiares y empresariales y una organización institucional privado-pública, que posicionó al Alto Valle de Río Negro como la cuna del cooperativismo rionegrino, y con el tiempo en la más importante trama de agricultura intensiva de la Patagonia. También en los valles medios de los ríos Negro y Colorado, los colonos europeos pusieron en marcha emprendimientos individuales y asociativos centrados en la gestión del agua, la horticultura, la vid y los frutales, y junto a ellos dieron vida a organizaciones solidarias como colectividades, mutuales y cooperativas. El denso tejido social e institucional se tradujo en la creación formal de cooperativas de irrigación, de empaque, de comercialización y transformación industrial, y de servicios públicos, a las que se sumaron otras para la provisión de viviendas e infraestructura social. En un contexto de carencias materiales e institucionales, la cooperación local marcó desde su origen el desarrollo territorial. Fertilizaron múltiples iniciativas que combinaron modalidades de autoproducción y subsistencia. Avanzaron progresivamente hasta convertirse en unidades capitalizadas sostenidas por el aumento de la productividad del trabajo de los socios y sus familias, el capital social, el mejoramiento de la eficiencia en la gestión, la trasmisión de saberes de padres a hijos, y la incorporación de conocimiento técnico.

Respondieron, por un lado, a las trayectorias de los productores familiares, y por otro, a los cambios económicos e institucionales generales. En el escenario incierto de la formación del Estado nacional, las familias de distinto origen se convirtieron en chacareros asociados para la agricultura, el comercio, el transporte, y la gestión local. En la génesis y el desarrollo, darían cuenta de experiencias previas, de rasgos culturales arraigados y de la acumulación de capacidades técnicas y de gestión, puestas a prueba en la instrumentación de acuerdos, y en las redes locales y extralocales. De este modo, la tradición frutivitivinícola sedimentada en la reciprocidad y el intercambio mercantil aportó a la identidad local. En ese marco, a lo largo del tiempo, la vida en las ciudades y pueblos hilvana numerosas experiencias asociativas, que enfrentaron la volatilidad macroeconómica, la falta de financiamiento e información oportuna, las marañas burocráticas, las adversidades políticas, y las asimetrías de poder de la economía de mercado. Ellas se han visibilizado en los intercambios materiales e inmateriales, en la vida social y cultural, y en la construcción del poder local y regional. Cien años después, emergen emprendimientos cooperativos que articulan la acción pública y privada con el fin de compartir experiencias de reconversión productiva y comercial, orientados al desarrollo de buenas prácticas agrícolas y comerciales internas y externas.

Puede decirse que el espíritu emprendedor de los pioneros en la agricultura, la industria y los servicios, su experiencia de gestión, el conocimiento acumulado, la disponibilidad de recursos y su capacidad de organización y cooperación, se conjugaron para dar vida a un proceso agrícola innovador, que involucró definiciones públicas y el saber hacer privado y social reflejado en la producción e intercambio. De este modo, la cooperación operó como un recurso genético y forjó las bases de lo que sería una de las tramas productivas y socio institucionales más importantes de la Patagonia.

El Mercado de la Estepa: génesis e institucionalización de la cooperación

Los pequeños crianceros y artesanos de las localidades y parajes rurales de la Línea Sur rionegrina han enfrentado a lo largo del tiempo múltiples dificultades en la evolución productiva, comercial y en la reproducción de la vida individual y colectiva. Sus iniciativas cooperativas gestadas alrededor de la actividad ganadera lanar desde las décadas de 1960 y ’70, consolidadas con la creación de la Federación de Cooperativas de la Región Sur (FECORSUR) en 1994, han sabido del retroceso en los precios de la lana, y de la pérdida de majadas por razones de la macroeconomía y el mercado externo, la concentración en la propiedad de la tierra, la tenencia precaria de parcelas, la degradación de suelos y la lógica de la economía de escala, agregado ello a los frecuentes infortunios climáticos. En la búsqueda de alternativas conformaron espacios cooperativos de provisión de servicios públicos, y de comercialización de artesanías y productos locales. Tal el caso reciente conocido como Mercado de la Estepa Quimey Piuké. El mismo constituye una asociación civil sin fines de lucro, integrada por artesanos y pequeños productores rurales que comercializan sus productos conforme a los valores del Comercio Justo. El núcleo de gestión del Mercado está emplazado en Dina Huapi, a unos 20 kilómetros de San Carlos de Bariloche. La organización se propone mejorar la calidad de vida de sus socios y rescatar sus valores culturales a través del ejercicio del comercio solidario y directo de sus productos al consumidor. Son unas 350 familias en las que el socio activo es la mujer en más del 90% de los casos, En este espacio social de intercambio y aprendizaje se integran familias de parajes rurales y centros urbanos. Por la reducida escala de producción y los limitados niveles de productividad individuales enfrentan las barreras de los canales comerciales tradicionales, y otras con relación a los servicios financieros, de energía eléctrica, comunicaciones y transporte. En su mayoría se desenvuelven en la economía informal con base en el trabajo familiar, produciendo fundamentalmente para el autoconsumo y sin acumulación de capital. El Mercado se conformó a instancias de la ONG Surcos Patagónicos de modo articulado con los crianceros y artesanas, y en 2008 adoptó la forma de asociación civil. Cuenta con una comisión directiva integrada por los mismos socios/as. Los productos que se comercializan a través de la organización no pueden ser de reventa ni industrializados, y en el caso de los alimentos deben cumplimentar la habilitación oficial. De cada venta, el Mercado se reserva el 10% del total del precio para hacer frente a los gastos fijos y a los eventuales de mantenimiento y funcionamiento del edificio. Las artesanas y productoras participan en forma asociativa, y suman como invitados a miembros de otras cooperativas de la región. Todos participan de la cadena de producción y comercialización, dándose cada comunidad o paraje su propia modalidad de organización acorde con lo que la división del trabajo asociado supone. El proceso de institucionalización como asociación civil es el resultado de un trabajo integrado de los socios, en el que se acordó tomar esa forma jurídica por ser más simple que la figura cooperativa, dado que facilita la autogestión por sus miembros, la integración de grupos formales o de hecho, y respeta, en gran medida, el reglamento interno original que se dieron. A partir de experiencias de comercialización en conjunto y en ferias, surgió la primera forma organizativa. En 2001 la Comisión de Fomento de Dina Huapi entregó el terreno donde actualmente se emplaza el Mercado en comodato por diez años, y ese mismo año comenzó la construcción del edificio. Asimismo se firmaron convenios entre Surcos Patagónicos, el Programa Social Agropecuario y el INTA para la formación de grupos de productores y artesanos, y para la promoción de la comercialización asociada y la participación en ferias y exposiciones comerciales. De este modo, el Mercado ha ido logrando reconocimiento social y económico y repercusión regional y nacional. Consolidada la gestión interna y externa, se puso en marcha un proceso de iniciativa popular previsto en la Constitución rionegrina para la institucionalización de los mercados asociativos. Con un trabajo público y social se arribó en 2009 a la sanción de la ley provincial de Promoción de Mercados Productivos Asociativos. Ellos son concebidos como espacios colectivos de comercialización que concentran prácticas de la Economía Social y Solidaria. De este modo, se buscó regular un conjunto de prácticas de economía social y avanzar en la resolución progresiva de problemas como los altos costos de insumos y el transporte, la dificultad de comunicación, los escasos excedentes de producción comercializable, la necesidad de diversificación, y la escasa o nula acumulación de capital. La ley constituye una herramienta de promoción que se articula con otras surgidas de programas públicos que brindan apoyo técnico, económico y financiero a cooperativas.

Autogestión y políticas públicas en la nueva economía social en Río Negro

La crisis de fin de siglo marcó múltiples puntos de quiebre en la economía y sociedad argentina, y dejó huellas indelebles en la memoria colectiva y en las instituciones. En ese marco, desde 2003 la economía social se convirtió en un ámbito de acción privilegiado por las decisiones gubernamentales para superar el asistencialismo y promover la capacitación, la producción asociativa y el empleo. El Instituto Nacional de Economía Social, junto a los municipios y a numerosas organizaciones sociales, se transformaron en ámbitos de gestión imprescindibles para garantizar la más amplia cobertura territorial de los programas orientados al trabajo cooperativo en la producción, la construcción habitacional y de infraestructura social, el microcrédito, el trueque, las ferias francas y el comercio justo, la recuperación de empresas quebradas y la conformación de redes solidarias de producción, comercialización y consumo. Río Negro se integró a la nueva dinámica. Con el accionar público, y el aporte solidario de distintos actores sociales colectivos, germinaron numerosas iniciativas asociativas. Las mismas se pusieron en marcha en el marco del Plan Manos a la Obra, y de los programas de Microcrédito, Agricultura Familiar, Trabajo Autogestionario y Empresas Recuperadas, al tiempo que se consolidaron otras que se llevaban adelante por autogestión comunitaria con apoyo de distintas organizaciones. En ese marco, cabe destacar la recuperación por los trabajadores de la ex empresa Fricader Patagonia S.A., del rubro faenamiento y conservación de carnes, configurada como Cooperativa de Trabajo J.J. Gómez Ltda. en 2001, ubicada en las proximidades de la ciudad de General Roca, y que agrupa a 30 socios. Funcionó como empresa desde 1958, y llegó a convertirse en el frigorífico más importante en la provincia.

Múltiples problemas afectaron su funcionamiento y rentabilidad provocando el cierre en 1999. La convicción y el esfuerzo del grupo de trabajadores lograron la reapertura en 2002. A partir de ese momento, dio inicio la gestión colectiva en procura de la declaración de utilidad pública al ex frigorífico y la cesión a la cooperativa de trabajo, lo que implicó una ardua labor a lo largo de diez años, y cuya concreción en 2012 permitió realizar las inversiones y adecuaciones tendientes a lograr la habilitación con tránsito federal. En 2004 fue otorgada a la cooperativa una habilitación parcial de las instalaciones, y desde diciembre de 2012 la habilitación plena como matadero y frigorífico con faena de bovinos, porcinos y ovinos, y la autorización para comercializar más allá de los límites provinciales. La experiencia es destacable por el esfuerzo desplegado en la capacitación para la autogestión, y por los avances logrados en organización y cooperación interna, y en la articulación con otras empresas sociales dentro y fuera del sector de actividad. Una iniciativa similar de recuperación se desarrolla en Contralmirante Cordero, en el oeste del Alto Valle, sobre el río Neuquén, por parte de la cooperativa de trabajo Los Manzanares. Su logro ha sido recuperar puestos de trabajo del empaque de frutas perdidos por la inestabilidad del sector frutícola. La autogestión responsable y las políticas públicas de estimulación de experiencias asociativas locales abren oportunidades de empleo y fortalecen el empoderamiento del sector del trabajo.

La búsqueda de institucionalización de las cooperativas abre posibilidades concretas de fortalecimiento de la Economía Social y Solidaria. Hacia ello apunta la decisión provincial de creación de la Secretaría de Economía Social y Agricultura Familiar. Retoma la dinámica de trabajo de los proyectos centrados en huertas familiares, generados por el INTA y el Programa Social Agropecuario, articulando tres niveles de intervención: el familiar, el escolar y el comunitario/institucional. Complementa el componente productivo con el organizativo, para la gestión de la tenencia de la tierra, la construcción de infraestructura comunitaria y el desarrollo local. Asociado a ello, promueve la agricultura familiar, en procura de poner en marcha una experiencia de comercio justo y soberanía alimentaria. La institucionalización de esas experiencias, y el trabajo compartido con organizaciones del sector, se encamina a la sanción de la ley de Ferias Francas, y la de Agricultura Familiar Rionegrina, que contemple las necesidades de los agricultores de pequeña escala, aporte a su reproducción y a la consolidación en el tiempo de su participación en la comercialización, y coopere a garantizar el abastecimiento accesible de alimentos a la población. En paralelo estimula la organización de movimientos de agricultores como forma de empoderamiento y construcción de un capital socioeconómico.

Las experiencias descriptas pueden complementarse con casos de emprendedores urbanos, resultado del esfuerzo propio y la articulación con los espacios públicos locales de la promoción de políticas en materia de economía social. Pueden citarse los emprendimientos puestos en marcha a partir del Plan Manos a la Obra en distintas localidades rionegrinas. Tal el caso de las del Valle Medio del río Negro; los numerosos proyectos generados en los últimos años en el municipio de Cipolletti a través de su Unidad de Desarrollo Económico en convenio con el Ministerio de Trabajo de la Nación, traducidos en unidades productoras asociativas, y en capacitaciones múltiples; y la organización de emprendimientos asociativos en parajes y localidades de la Línea Sur en conjunto con distintas jurisdicciones, para la producción y comercialización de bienes derivados del trabajo artesanal de procesamiento de lana, cuero y pelo, y para la organización y el fortalecimiento de las comunidades y las instancias locales de la economía social.

Un sendero abierto de economía popular y del trabajo

Los casos analizados son el producto de múltiples voluntades amalgamadas a través de prácticas de reciprocidad. Han respondido y responden a las relaciones de cooperación gestadas entre agentes locales y extralocales. Las políticas recientes de promoción e institucionalización, y de asistencia financiera, técnica y comercial, son un aporte ineludible. Su consolidación y el empoderamiento de los protagonistas son condición sine qua non para que una economía popular y del trabajo prospere en el país y en Río Negro. Un nuevo sendero se abre con la convicción de que la Economía Social y Solidaria dé sus frutos.