| Por Abraham Leonardo Gak |

La producción, el tráfico y el consumo de drogas acompañaron el desarrollo de la humanidad prácticamente desde sus inicios. Durante la fase de expansión del colonialismo y el comercio internacional, la producción representaba una parte significativa de los ingresos de los países de Oriente con su tráfico hacia Occidente. Este proceso de raíz económica ha ido derivando y creciendo hasta la actualidad, donde se ha consolidado como un negocio extremadamente importante y lucrativo.

El origen de la proliferación y la creciente importancia del negocio de las sustancias psicoactivas en la economía mundial puede situarse en el momento del levantamiento de la Ley Seca en los Estados Unidos, que dejó inmensos capitales sin posibilidad de aplicación. Así, quienes estaban al frente de tamaña actividad ilegal, se vieron obligados a buscar otros “negocios”. Esto dio lugar a la aparición de centros de recepción de fondos alejados de los controles vigentes en materia de regulación financiera.

En este contexto, el desarrollo de las comunicaciones facilitó enormemente la ampliación de escenarios y un creciente poder dentro del sistema financiero y político internacional.

Sumado a esto, el proceso de producción de drogas también se ha visto notoriamente afectado en virtud de los nuevos conocimientos científicos –en especial los derivados de la química y la farmacología– que permiten generar mayores niveles de independencia y reducir los riesgos que supone el traslado de las sustancias a través de grandes distancias, que es, tal vez, el eslabón más débil y vulnerable de su cadena de producción.

Por su parte, influidos por la política desarrollada en la materia por Estados Unidos, la mayoría de los gobiernos a nivel internacional eligieron sumarse a la “guerra contra las drogas”, basada en la persecución y represión de los últimos eslabones de la cadena (vendedores minoristas y consumidores), dejando muchas dudas sobre el accionar respecto de las organizaciones criminales que manejan hoy en día la parte más concentrada del negocio. Ahora bien, esta “guerra” ha fracasado a nivel mundial, dejando tras de sí mayores niveles de desigualdad, vulnerabilidad, desestabilización política y social, y muerte.

Frente a esto, las comunidades intentan diversos mecanismos para reducir los efectos perniciosos del consumo y evitar la criminalización de los consumidores. Por ello, aparecen nuevos proyectos y propuestas de políticas destinadas a hacer eje en la reducción de la demanda y, al mismo tiempo, en la reducción de las penalidades de quienes las consumen, considerando a los usuarios como víctimas. Políticas como la reducción de daños, la despenalización de la tenencia para el consumo personal y el autocultivo fueron ganando espacio en los últimos años, generando un nuevo consenso en la materia, aunque lejos está todavía de afianzarse con la aplicación de una reforma integral.

En esta línea, aparece una nueva mirada, que es la que tiende a trabajar sobre las causales que llevan a los individuos a requerir su uso. Esta nueva mirada se vincula directamente con la ampliación de los derechos humanos. De esta manera, se piensa en reducir el consumo mejorando las condiciones de vida y convivencia de los seres humanos, llegar al problema a partir de conocer las limitaciones que surgen en el propio territorio de reproducción de la vida.

Mientras tanto, el negocio sigue floreciendo, y cada vez más se constituye en un socio oculto –pero en buena parte decisor– del sistema financiero internacional.

Tarde o temprano, si queremos evitar alcanzar un punto sin retorno, deberá atacarse el tráfico de esos ingentes recursos que gozan de impunidad, amparados en los paraísos fiscales que les ofrecen la protección de un sistema que privilegia la rentabilidad de las inversiones financieras por encima de la vida de las personas.