| Por Graciela Touzé |

En los últimos años se viene experimentando en el mundo todo un intenso proceso de debate sobre el problema de las drogas. Quizá por primera vez desde que se instalara el actual sistema de fiscalización internacional, voces diversas se suman para reclamar que se revise su matriz prohibicionista y la histórica prioridad dada a las respuestas punitivas.

Y es desde América latina desde donde esas voces se alzan con particular energía, denunciando la insensatez de una “guerra contra las drogas” que ha sumado víctimas a lo largo y ancho del continente. Una “guerra contra las drogas” cuyo impacto en la reducción, tanto de la oferta como de la demanda de sustancias psicoactivas, ha sido mínimo, y que en cambio ha generado inestabilidad social y política y ha contribuido a flagrantes violaciones de derechos humanos.

Es desde América latina desde donde no sólo se revelan las desdichadas consecuencias de la “guerra contra las drogas” sino que se exploran nuevos enfoques y se delinean políticas alternativas. Este movimiento de reforma –del que participan actores políticos, académicos y de la sociedad civil– está impulsando propuestas de transformación de los viejos paradigmas punitivos que han generado padecimiento subjetivo y colectivo así como mayor exclusión social.

Este número de Voces en el Fénix reúne un conjunto de textos que representan posiciones frente al fenómeno de las drogas que ciertamente no han sido las hegemónicas en su definición como problema. Los autores ponen en cuestión los sentidos construidos alrededor del tema, los discursos y las prácticas dominantes, para abarcar desde una diversidad de perspectivas la complejidad del fenómeno. Discuten las posibilidades de intervención y los límites de los actores e instituciones comprometidos en la problemática e integran la mirada de sujetos tradicionalmente marginados del debate para comprender sus lógicas.

Un primer grupo de artículos nos interpela desde el campo de la salud pública subrayando la necesidad de respuestas integrales y de ponderar al sujeto como eje de las intervenciones. Carlos Damín nos trae su extensa experiencia en la clínica toxicológica para ampliar el universo de sustancias a las que habitualmente denominamos “drogas”; nos llama la atención sobre las distintas formas de consumo y sobre la necesidad de trabajar en promoción de la salud, señalando que “la articulación estrecha de conocimientos con otras ciencias y saberes es el camino adecuado”.

No podíamos dejar de incluir en este número la referencia a la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 y sus implicancias para la atención de los problemas asociados con las drogas. María Pía Pawlowicz analiza esta norma a la que define como un hito al concebir a las personas que usan drogas como sujetos de derecho y favorecer “abordajes interdisciplinarios e intersectoriales, de base comunitaria, que permiten un mayor acceso a las instituciones y una perspectiva integral de la cuestión”.

La compleja relación entre adolescentes y adultos es abordada por Jorgelina Di Iorio, que revisa las intervenciones preventivas y nos propone superar las estrategias basadas en el discurso del miedo para avanzar hacia “regulaciones en clave de evitar riesgos, reducir daños y aumentar cuidados”.

Desde Brasil, Dênis Roberto da Silva Petuco y Rafael Gil Medeiros profundizan la perspectiva de reducción de daños, describiendo el recorrido que tuvo en el vecino país desde su conflictivo inicio en 1989 hasta la actualidad. En coincidencia con debates que tienen lugar en nuestro medio, destacan a la reducción de daños no como “una mera técnica” sino como una visión del mundo que implica una postura ética y política.

El abordaje territorial de los problemas de drogas aparece como una constante en las propuestas actuales de intervención. Paula Goltzman desmenuza esta categoría y la relaciona con dos variables: las respuestas tradicionales en el campo de la atención y la reorientación del Estado en la implementación de las políticas sociales. A partir de esto, sugiere algunas claves para pensar las intervenciones.

Un segundo grupo de artículos aborda diferentes dinámicas ligadas a la condición de ilegalidad del mercado de sustancias ilícitas y al tipo de políticas aplicadas al control de la oferta de drogas. El filósofo mexicano Fernando Buen Abad Domínguez nos alerta acerca de la naturalización de lo que denomina “Narco-Cultura” y denuncia la funcionalidad de la relación entre crimen organizado y sistema capitalista.

Por su parte, Brígida Renoldi nos invita a repensar el modo en que significamos términos como narcotráfico, crimen organizado, droga, seguridad, y concluye con una observación desafiante: “Gran parte del problema de la seguridad con relación a las drogas está en la frontera establecida por el Estado entre lo legal y lo ilegal, y en sus naturalizaciones morales”.

La aplicación represiva de la política de drogas y sus impactos en las fuerzas policiales en América latina son analizados por el colombiano Juan Carlos Garzón Vergara, quien indica que la “guerra contra las drogas” ha distorsionado las responsabilidades de la institución policial, “influido negativamente en su relación con la ciudadanía, dispersado los limitados recursos del Estado y generado incentivos perversos”. A partir de este análisis, formula una serie de recomendaciones para contribuir a producir cambios en las fuerzas policiales.

A su vez, José Alberto Sbattella aborda la problemática del lavado de activos y describe el marco jurídico e institucional con el que la Argentina responde ante este delito. Señala que en la actualidad la Unidad de Información Financiera colabora en 700 causas por narcotráfico y enumera algunos de los casos más resonantes.

Los tres artículos siguientes ponen el foco en los sujetos que son el blanco de las políticas de control. Alejandro Corda resume la historia de las respuestas estatales sobre drogas en la Argentina y muestra que en gran medida estas se centraron en la criminalización de los consumidores. Advierte que, pese al creciente consenso para terminar con esta criminalización, “la reforma no se termina de concretar, las resistencias persisten, y ciertas alternativas que se proponen parecen reproducir las mismas concepciones que alimentaron las respuestas estatales respecto de los usuarios de drogas durante el siglo XX”.

Corina Giacomello introduce la perspectiva de género y señala que en las últimas décadas “el número de mujeres en prisión por delitos relacionados con drogas ha aumentado exponencialmente”. Al analizar el impacto de las políticas de drogas sobre las mujeres encarceladas, identifica tres puntos: la desproporcionalidad de las penas, la falta de alternativas al encarcelamiento y la prisión preventiva, y la situación de los niños y niñas con referentes adultos encarcelados.

Por su parte, el texto de Florencia Corbelle nos presenta el proceso de organización y creciente visibilidad de un colectivo al que caracteriza como nuevo actor social y político: los activistas cannábicos. Como señala la autora, este proceso implicó el pasaje de la clandestinidad al protagonismo en el debate parlamentario e incorporó el concepto de “usuario responsable”, como estrategia clave para desmontar el estereotipo estigmatizante del “adicto”.

Dejamos para el final el artículo de Julio Calzada Mazzei sobre la transición de las políticas de drogas en Uruguay. Calzada –que condujo la política uruguaya de drogas durante el gobierno de José Mujica– explica los condicionantes que llevaron a la propuesta de regulación estatal de la cadena de plantación, producción, distribución y dispensación del cannabis, actualmente en ejecución en el Uruguay, en lo que constituye la apuesta más fuerte realizada hasta la fecha para revertir las nefastas consecuencias del régimen prohibicionista.

Estamos en un momento clave para profundizar el debate. En abril de 2016 tendrá lugar la Sesión Especial sobre Drogas de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Será la oportunidad para que la comunidad internacional asuma el fracaso de las políticas vigentes y plantee un cambio profundo en el régimen internacional de drogas. Esperamos que este número de Voces en el Fénix sume su aporte para que el debate se extienda a todo el entramado social.