| Por Adriana Puiggrós |

Es conveniente empezar por una síntesis de la política universitaria de los últimos doce años, tratando de informar de manera equilibrada entre cifras en ocasiones disímiles (Ministerio de Educación de la Nación, organismos de Educación de provincias, Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina –ODSA, UCA–, Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina –CTERA–, entre otras). La educación universitaria pasó a definirse como un derecho universal y el gobierno desarrolló políticas tendientes a hacerlo efectivo. En 2003 el presupuesto universitario representaba 0,33% del PBI; en 2014 superó el 1%; el incremento fue de 1.489%. Uno de los mayores aciertos consistió en afectar la distribución territorial de la enseñanza universitaria, aunque careció de una planificación estratégica que dirigiera el crecimiento y la distribución de la educación superior. No obstante, la intención fue llevar la universidad a los sectores estructuralmente marginados de sus recintos, lo que motivó la creación de diez nuevas casas de altos estudios: UN “Arturo Jauretche” de Florencio Varela, UN de Avellaneda, UN de Chaco Austral, UN de José C. Paz, UN de Moreno, UN de Río Negro, UN de Villa Mercedes, UN del Oeste, UN de Almirante Brown y se nacionalizó la Universidad Pedagógica de la Provincia de Buenos Aires (UNIPE), la mayor parte de ellas muy exitosas desde el punto de vista académico y de su impacto social. En 2001 el país tenía 1.412.999 estudiantes universitarios; en 2013 alcanzó a 1.912406, o sea que se incrementó la población universitaria en un 35%. Aunque no haya sido la intención, la fundación de universidades en el conurbano bonaerense comenzó a solucionar el problema de superpoblación que afecta a la Universidad de Buenos Aires. La discriminación encubierta que realiza el CBC de la UBA es una pobre propuesta a un problema que, como quedó demostrado, tiene otras soluciones posibles. Hay más de 499.000 nuevos estudiantes universitarios en la Argentina de los cuales el 78% estudia en universidades públicas y el 22% en privadas. En 2001 se graduaron 65.104 estudiantes, y 175.374 en 2013, es decir que se registró un incremento porcentual interanual entre 2001 y 2013 del 80% de graduados por año. En 2003 la transferencia a las universidades nacionales fue de 2 mil millones de pesos, en 2014 de 31.781 millones de pesos. Durante 2003 se otorgaron 2.726 becas; en 2013, 47.296. En 2003 se asignaron 6.810.000 pesos a becas; en 2013 se superaron los 260 millones para ese destino. El programa de infraestructura universitaria constituyó una de las novedades más fuertes en un país donde las instalaciones y el equipamiento de las casas de altos estudios estaban abandonados desde décadas atrás. Se realizaron 222 obras y 33 se encuentran en ejecución, con una inversión de 1.130 millones; fueron 695.000.000 en obras terminadas y 435.000.000 en obras en ejecución. El programa de repatriación de investigadores fue un éxito que comenzó a aportar conocimiento en diversas actividades. Los planes estratégicos Agroalimentario y agroindustrial, Industrial y de Ciencia y Tecnología, cuyo desarrollo está mutilando el actual gobierno, requerían miles de técnicos y universitarios, así como el conjunto de la industria y el comercio privados, los programas culturales, deportivos y también el Estado. Este último requiere incorporar, con criterios razonables, cuadros estables, con diversos grados de especialización y múltiples oficios, salvo que se lo conciba solamente como un instrumento de coerción a favor de las corporaciones financieras. El establecimiento de las universidades como consultoras privilegiadas del Estado durante el gobierno de Néstor Kirchner fue una medida acertada, precisamente para dotar al Estado de los mejores cuadros del nivel educativo superior. El presidente Mauricio Macri la derogó mediante el decreto 336/2016. En cuanto al gobierno de las universidades, las gestiones del Frente para la Victoria respetaron el artículo 75, inc. 19, que establece la autonomía y autarquía de las universidades nacionales, así como los principios de libertad de cátedra y cogobierno, con más consecuencia incluso que los gobiernos en la llamada “Edad de Oro” (1955-1966) de la universidad argentina, período en el cual estuvieron excluidos docentes e investigadores de filiación peronista. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) funcionó a pleno, emitiendo numerosos documentos político educativos de acuerdo entre los distintos sectores que lo componen, radicalismo, peronismo e independientes. La distribución del presupuesto universitario entre las casas de altos estudios se hizo durante más de una década por acuerdos del CIN.

Un breve recorrido retrospectivo

A meses de haber asumido Arturo Frondizi como presidente de la Nación, debió resolver una de las controversias que delinearon uno de los aspectos más importantes de la educación superior de cara al futuro, como fue la reglamentación del decreto 6.403/55 de la Revolución Libertadora, que autorizaba a las universidades privadas a otorgar títulos profesionales habilitantes. La disputa entre educación pública o estatal o privada o particular terminó en el sentido instalado desde la década de 1880, aunque los sectores más reaccionarios siguieron acusando al liberalismo universitario, y mucho más al nacionalismo popular de aspirar al monopolio estatal de la educación superior. Lo que estos últimos pretendían era que el Estado fuera el principal responsable del conjunto de la actividad de las universidades, públicas y privadas, como quedó demostrado en la ley 13.031/47, la reforma constitucional de 1949 (que sustituyó a la ley 157/1885 o Ley Avellaneda) y estableció la autonomía universitaria, y en el decreto 29.337/1949 que suprimió por primera vez en el país el arancelamiento universitario. La ley 20.654/1974, cuya aplicación se vio interrumpida por la intervención de las universidades por parte del gobierno de Isabel Perón, iba en el mismo sentido: los profesionales e investigadores lo son para el conjunto de la sociedad y no para parcelas o secciones territoriales o de clase, por lo cual el Estado debe ser quien, en última instancia, garantice su idoneidad, así como los fondos públicos destinados.

Durante medio siglo las universidades privadas mantuvieron un ritmo de crecimiento lento, constituyendo una proporción mucho menor que las públicas y estas últimas conservaron mayor prestigio nacional e internacional. Desde la década de 1980 la clase media comenzó a elegir las universidades privadas con más asiduidad. El investigador de la Universidad Di Tella M. Rabossi, en declaraciones al diario Clarín el 9 de abril de 2015, ha señalado “el crecimiento en el poder de compra de los salarios desde la salida de la crisis: ahora las familias pueden ‘comprar’ más educación”. Reconoció “buena calidad general de las privadas, dado el estricto control que se ejerce desde el Estado a través de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU)”, lo que evita la proliferación de universidades de muy baja calidad, como ocurre en otros países de América latina. Informó, asimismo, que “de hecho la CONEAU ha rechazado, desde su creación hasta 2012, más del 80% de los pedidos de autorización de apertura de nuevas privadas”, y resalta el papel que juega aquel organismo estatal en garantizar la calidad universitaria. En los doce años que ejerció el gobierno el Frente para la Victoria, el crecimiento de las universidades fue significativamente mayor que en toda la historia del país, tanto de las públicas como de las privadas. Aunque proporcionalmente estas últimas se multiplicaron más, su número sigue siendo mucho menor al de las estatales y siguen siendo muy deficitarias en materia de investigación, según información, entre otros, de la CONEAU.

Al mismo tiempo se fue produciendo un fenómeno preocupante como es la mayor correspondencia entre el sector económico, social y cultural de proveniencia y la universidad elegida. Los sectores medios que accedieron a mejores ingresos resultaron influidos fuertemente por la publicidad de las universidades privadas, así como por el clima de descalificación de las grandes universidades públicas. A ello contribuyó la mala administración de la Universidad de Buenos Aires y su cuasi disgregación en unidades facultativas con escasa o nula vinculación de su vida académica. La irresolución del pasaje entre la educación media y la superior ha sido otro de los factores negativos, así como la falta de acuerdos al respecto entre las universidades y de una política por parte del gobierno nacional, temas sobre los cuales volveré más abajo. En cuanto a las universidades nuevas, su ubicación territorial permite que se inscriban millares de jóvenes hijos de trabajadores, en tanto que los núcleos más ricos del conurbano estudian en las universidades privadas. En ese cuadro hay que agregar a quienes, especialmente en el interior del país, asisten a subsedes que las universidades instalan aleatoriamente en cualquier lugar del país; a ellas concurren jóvenes que no tienen el nivel económico y social necesario para trasladarse a la sede central de la casa de altos estudios y, en varias, se les cobra un arancel encubierto o directo, en tanto en la sede principal se defiende la gratuidad (este ha sido uno de los varios motivos de la ley 27.204/2015).

También las universidades privadas se dividen en varios estratos. Las de mayor categoría y más altos aranceles son rutas que llevan directamente a posgrados en el exterior y preparan una carrera profesional o empresarial de alto nivel económico y compromiso con el pensamiento neoliberal; hoy asistimos a su aterrizaje directo en los más altos puestos del Estado. También hay universidades privadas tradicionales, vinculadas o sostenidas por distintos cultos, que transmiten ideas conservadoras e incluso antidemocráticas. Luego existen las cada vez más numerosas universidades privadas destinadas a obtener un título de la manera más rápida posible, con aranceles adecuados a las posibilidades de los sectores medios.

Las distintas valoraciones de las universidades son otro fenómeno que se ha de tener en cuenta, dado el incremento del uso de técnicas de evaluación de la calidad de la educación superior por parte de empresas privadas y organismos internacionales orientados hacia políticas de mercado, así como en el otro extremo, la opinión de los trabajadores y sus hijos que tienen posibilidad de acceder a la educación universitaria, cuando antes podían hacerlo muy excepcionalmente. La competencia del mercado presenta exigencias en la formación de los universitarios que el discurso neoliberal exhibe como méritos que solamente pertenecen a algunos privilegiados.

La iniciativa educativa privada (con finalidades religiosas, sociales u otras) siempre consideró que el Estado debía ocuparse de impartir la educación que le resultaba onerosa o no redituable, y que debería contribuir económicamente a la educación privada, sin entrometerse en el proceso educativo que allí se lleva a cabo. Desde hace pocas décadas el mercado reconoció a la educación como un espacio más que apto para sus negocios, lo cual no es lo mismo que reclamar el derecho a la “libertad de enseñanza” por motivos ideológicos. La discusión “laica o libre” del siglo XX llegó a un impasse (ninguna ley argentina incluyó o incluye el término “laica”, aunque con frecuencia se crea equivocadamente que lo hace la 1420) a favor de cierta neutralidad en las escuelas e institutos de educación superior públicos de una parte del país, en tanto en varias provincias la educación estatal sigue siendo religiosa desde la Colonia. Todos los poderes del gobierno de Salta lo confirmaron hace dos años, Catamarca no se ha conmovido y Santa Fe, con gobierno socialista, sigue teniendo una Constitución que habilita la educación religiosa. En las universidades públicas el laicismo se instaló de hecho, lo cual enerva profundamente a los sectores más reaccionarios que actuaron durante la última dictadura militar. Al mismo tiempo el contexto laico permitió la existencia de cátedras donde se enseña historia y corrientes de las religiones, lo cual enriquece la cultura de los alumnos sin forzar sus opciones personales.

Con la entrada directa del mercado en la educación lo que ocurre es mucho más grave, agresivo y difícil de solucionar. Nunca, en toda la historia de Occidente, la educación había sido definida como un bien transable, tal como lo ha hecho la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Uno de los primeros antecedentes está contenido en el Apartado IV del Acuerdo General de Comercio de Servicios de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que introduce la recomendación de emprender una liberalización progresiva de la educación mediante sucesivas rondas de negociaciones. La OMC incorporó a la educación superior en la lista de bienes transables y puso como plazo el 1º de enero de 2005 para que los países ratificaran o denunciaran el acuerdo. La Argentina, siendo presidente Néstor Kirchner, firmó un acuerdo con Brasil para denunciar el tratado. A lo largo de la última década hubo numerosos congresos internacionales y en particular iberoamericanos en los cuales las autoridades de miles de universidades pronunciaron tibiamente su preocupación por aquella política, a la vez que muchos de esos encuentros son espacios para concertar negocios y contratar servicios entre universidades públicas y privadas y empresas. No obstante la política educativa del kirchnerismo, proteccionista del carácter nacional de las universidades públicas, estas han sido penetradas por poderosas transnacionales. Otrora se discutía la legitimidad de que las universidades públicas acordaran con empresas privadas investigaciones, formación de recursos humanos o desarrollos tecnológicos; estaba en juego la prioridad de unas u otras entidades, lo cual era determinante en relación a la finalidad pedagógica o bien al aprovechamiento de mano de obra, laboratorios y saberes financiados por el Estado. Pero era una disputa limitada a determinados proyectos. Esa situación ha cambiado mucho. En la década menemista muchas universidades debieron recurrir a fondos provenientes de trabajos que realizaban para el sector privado, dado el ahogo al cual se vieron sometidas por el bajo presupuesto y los lamentables salarios de los investigadores. Pero esas acciones realizadas en momentos de extrema necesidad se fueron convirtiendo en una modalidad de gestión. A cambio de un puñado de becas, o algunos fondos para investigación, corporaciones cada vez más importantes fueron estableciéndose de manera permanente dentro de las universidades públicas. El mecanismo de la tercerización de funciones se instaló en las universidades. El avance explosivo de las nuevas tecnologías de la información, y su monopolio por parte de las entidades del mercado, puso a las universidades nacionales en inferioridad de condiciones respecto de sus pares de otros países, inclusive algunos latinoamericanos como Brasil o México, donde la modernización de la gestión universitaria ha sido tenida en cuenta mucho antes. De todas maneras, el avance de las corporaciones financieras sobre diversos rubros de la educación ha sido monumental en toda América latina. Si bien el Banco Santander está a la cabeza con varios programas que incluyen casi dos mil universidades públicas y privadas de la región, puede decirse que casi no hay entidad bancaria de peso que no avance con programas destinados a llevar productos al interior de las universidades públicas. No se quedan atrás las empresas telefónicas, ni Google, ni Microsoft, por dar solamente algunos ejemplos de presencias en las aulas informáticas, los campus y la administración de las cuentas sueldo de nuestras universidades. Por su parte, el presidente Macri se ocupa personalmente (en la reciente reunión de Davos, por ejemplo) de acordar la penetración de nuestro sistema educativo por parte de aquellos consorcios y con proveedores internacionales de contenidos y tecnología educativa.

Qué faltó (para fortalecer los objetivos alcanzados)

Haciendo un balance de la política universitaria durante el gobierno del Frente para la Victoria, es lamentable que no hayamos dictado una nueva Ley de Educación Superior, dejando vigente la 24.521/05, aunque, afortunadamente, se alcanzó a sancionar la ley 27.204, que modifica la anterior, bajo el título “Ley de Implementación Efectiva de la Responsabilidad del Estado en el Nivel de Educación Superior”. La nueva norma reafirma la responsabilidad principal del Estado, establece la gratuidad de la educación superior de grado, el ingreso irrestricto y la obligación de las universidades de rendir todos los recursos (presupuestarios y originados por el propio producido) ante la Auditoría General de la Nación. Una idea que subyace a los criterios de esta Modificatoria es que se debe una reforma profunda de la enseñanza media de modo que los alumnos egresen en condiciones de cursar carreras de nivel superior. Esta modificatoria respeta las decisiones académicas de cada universidad acerca de los cursos de nivelación que considere necesario proporcionar a los jóvenes, pero veta la posibilidad del examen de ingreso selectivo, con criterios meritocráticos, colocado como barrera entre la educación media y la superior.

Los artículos modificados deben ser reglamentados, y ya comenzaron las presiones para que se anule el sentido original de la ley. El argumento principal que se esgrime es la incompatibilidad entre calidad y cantidad, dando vueltas siempre a una misma rígida solución, cual es disminuir radicalmente el número de alumnos, a favor de aquellos que han recibido una educación secundaria privilegiada. En cambio, considero que hay que tener en cuenta variables prospectivas sobre la demanda actual y futura de graduados en distintas especialidades para alentar de múltiples maneras la motivación y orientación de los estudiantes, además de escuchar atentamente sus preferencias, que son sintomáticas de cambios culturales. La pedagogía y las nuevas tecnologías ofrecen la posibilidad de combinar la enseñanza virtual con la presencial, de manera que el número de alumnos no afecte la enseñanza y el aprendizaje, pero, en lugar de lamentar la acumulación de jóvenes en una clase, un hospital o un laboratorio, debemos planificar la multiplicación de esos lugares, y del personal docente, antes que la reducción de los alumnos. La inversión en educación siempre debe ser creciente, pero además el compromiso de las universidades con el entorno social proporciona múltiples posibilidades creativas desde el punto de vista pedagógico y efectivas para la solución de problemas sociales.

La política del gobierno de la coalición Cambiemos nos retrotrae a la discusión acerca de las fuentes presupuestarias poniendo en un lugar destacado el tema del arancelamiento. El cobro de aranceles siempre está en relación inversa a la cantidad de estudiantes y futuros técnicos, profesionales e investigadores. Como demuestra el caso chileno, el arancelamiento es un enorme negocio de los bancos que ofrecen préstamos usurarios por los cuales las familias quedan endeudadas para toda la vida. Hemos visto de qué manera pesó la deuda educativa privada en la caída del gobierno del chileno Sebastián Piñera y el regreso de Michelle Bachelet al poder. Sin embargo, desde el neoliberalismo se sigue denostando a la universidad gratuita por razones ideológicas; es un deseo, además de un cálculo, que solamente quienes puedan pagar y cumplan con requisitos del mercado estudien en la universidad. Atacar la gratuidad universitaria es el primer paso, de acuerdo a la experiencia de muchos países; luego se avanza sobre la educación obligatoria. Y, en el extremo, se discute la obligatoriedad, como lo hacía Von Hayek.

Es probable que este sea el momento de defender la universidad pública, autónoma y las modificaciones producidas en 2015. Es necesario trabajar para que en el Congreso de la Nación existan los acuerdos suficientes para votar a favor de proseguir con los cambios iniciados en la última década, respetar la autonomía poniendo límites a su perversión mercantil y articulando las instituciones de educación superior (universidades, sedes, subsedes, institutos, colegios universitarios) constituyendo un verdadero sistema. Se trataría de aunar voluntades para que las instituciones de educación superior se orienten hacia un proyecto nacional, popular y democrático, que apunte a proseguir la integración del país en el mundo globalizado con fuerza, proyectos y decisiones propias. La discusión se ha desarrollado en varias oportunidades e instancias en los últimos años; la opinión ampliamente mayoritaria de la población es favorable a sostener, mejorar y aun superar el modelo de universidad elegido por la Argentina desde hace casi un siglo. Ojalá triunfe, frente a la avidez de las corporaciones y al egoísmo meritocrático.