| Por María Cristina Cravino |

Es necesario resaltar la centralidad de las formas populares de resolución de hábitat en el marco de la economía de las ciudades. Esto implica superar la mirada por la negativa de estas prácticas que primó en el mundo académico durante las últimas décadas, las que eran consideradas “por fuera de la planificación”, “que expresaban el caos urbano”, y más recientemente “informales”, es decir que no cumplían con las normas de la ciudad deseable, etc. Por el contrario, tenemos que sopesar sus características y adentrarnos en distinguir actores, procesos y resultados para proponer caminos de fortalecimiento, intercambio entre experiencias y políticas públicas. Las prácticas populares de construcción de ciudad son las formas que encontraron estos grupos de resolver su hábitat frente a un mercado inmobiliario que los excluye y un Estado que ofrece respuestas insuficientes en relación al déficit y no siempre de calidad (tanto habitacional como urbana).

Por otra parte, es necesario distinguir entre procesos de autoproducción individual, asociativos, caritativos y gestionados por el Estado bajo formas que corresponden aparentemente a la asociatividad pero no lo son, así como formas de autoorganización que son financiadas por programas sociales con capacidad de decisión de los participantes. Estas distintas modalidades generan, reproducen o modifican formas de hacer sociedad. Las relaciones sociales y las formas de producir hábitat urbano están íntimamente relacionadas e incrustadas.

La producción de ciudad siempre es construcción y reproducción de sociedad. No hay ciudad que no esté internamente jerarquizada o en otras palabras contenga una división social del espacio y dentro de ella, la distinción “formal” e “informal” es una clasificación dicotómica que marca dos formas de construcción del espacio urbano con estatus diferenciados. Al mismo, tiempo, proponemos desnaturalizar la construcción de legitimidades o deslegitimidades sociales sobre el espacio urbano. En el contexto actual se observa una fuerte estigmatización de las formas populares de construcción de ciudad, que son deslegitimados como lugares creados para la vida urbana y eso hace que el Estado intervenga en muchos casos punitivamente en lugar de dar apoyo a estas prácticas. Debemos, a su vez, discutir esas jerarquías y la distribución desigual de servicios urbanos dentro de ellas, que no es resultado del azar, sino de las pujas de los distintos sectores sociales por estos bienes.

Dicotomía formal-informal en la economía popular de la vivienda y construcción de la ciudad

Respecto de la definición de “mercado informal del suelo o vivienda” (y análogamente su metodología de estudio) sucede algo similar a la del “sector informal” de la economía: debido a que es una definición por la negativa, esto es lo “no formal”, deja a un conjunto de fenómenos heterogéneos bajo la misma etiqueta. En la medida en que pretende abarcar fenómenos tan disímiles pierde su poder explicativo inicial. Existe consenso en que este modelo no expresa la complejidad de la cuestión, que requiere de matices entre ambos extremos, sin que todavía encontremos conceptos que los superen. Parece más pertinente caracterizar cada caso en particular antes que el englobamiento de todos los fenómenos bajo la etiqueta de la “informalidad urbana”.

Así podemos plantear que los asentamientos populares (también llamados “informales”) son fragmentos de ciudad sin estatus de ciudad. En la concepción dual se desnuda que la taxonomía formal-informal está expresando una jerarquía, donde el lugar legitimado lo ocupa la llamada “ciudad formal” y por debajo, en una situación de no legitimidad, las ocupaciones de suelo y otras formas tales como las viviendas ocupadas, que constituyen lo que se suele llamar “informalidad urbana” del hábitat. Esta situación de legitimidad y deslegitimidad está construida históricamente y en permanente disputa. La deslegitimación de este tipo de barrios proviene de diferentes cuestiones o capas de significación: el orden urbano, la mayor valorización de la naturaleza cuando están en juego áreas verdes o reservas naturales y estigmatización de las personas que los habitan. Los procesos de legitimación provienen de la acción colectiva y los discursos que portan los habitantes, quienes apelan al derecho a la ciudad o a la “necesidad”, a la normativa que parcialmente los ampara y el tiempo de permanencia en el lugar.

Muchas veces se pone el acento en las relaciones legales. Es decir, pareciera que el derecho ajusta nuestras vidas, cuando la práctica es mucho más dinámica ya que el marco normativo se va transformando junto a la realidad. Se puede ampliar los derechos, se puede recrudecer las penalidades por la violación a las reglas o diferentes situaciones intermedias o las dos cosas al mismo tiempo. También puede suceder que el derecho sea una estructura formal muy alejada de las prácticas cotidianas o por el contrario, establecer fuertes condicionamientos a las transacciones de los sectores populares o formas “adaptativas” a las normas legales, otorgándoles un contenido diverso a lo que se supone o puja por modificar el marco normativo.

Lo que hay que subrayar entonces es que existen normas sociales legitimadas y no es el espacio del “caos” como suele presuponerse en la opinión pública escrita, en muchas oficinas estatales o inclusive en el ámbito académico.

En síntesis, es difícil reemplazar el término “informal” por la tradición que ya se construyó en el mundo académico, aun cuando hay consenso en que existen diferentes modalidades de “informalidad”, con lógicas, condiciones y prácticas muy disímiles. Por lo tanto es todavía una categoría “eficaz”, pero se debe advertir que junto a su “eficacia” esta taxonomía contribuye a reproducir la hegemonía del mercado capitalista, al considerar la economía de las transacciones del hábitat popular como “ilegal”, “no registrada”, “evasora” de las obligaciones tributarias, etc. Muchas de las políticas urbanas de los países latinoamericanos hacen esfuerzos por “formalizar” lo “informal” sin comprender las lógicas del hábitat popular. Por su parte, al colocar las prácticas populares dentro de la “bolsa” de la evasión fiscal, se está confundiendo la estrategia de penalizar a quienes evaden impuestos con quienes han autourbanizado porciones de ciudad, prácticamente sin apoyo del Estado. Estamos en deuda en cuanto a la clarificación de las prácticas populares y sacarlas de las dicotomías jerárquicas, elitistas y economicistas en las que el mundo académico las colocó. Queda pendiente también la pregunta de cómo se construyen las legitimidades sociales en las prácticas económicas, las que son evaluadas con diferentes varas de acuerdo al sector social que las realice.

Informalidad y pobreza

No se debe asociar vis a vis pobreza e “informalidad urbana”, ya que las personas que ocupan o habitan asentamientos populares lo hacen porque encuentran barreras para acceder a lo que se suele llamar “ciudad formal”. Estas no son sólo económicas sino institucionales o sociales. Por ejemplo, en el caso de la Argentina, migrantes de países limítrofes no pueden alquilar una vivienda si no tienen la documentación nacional o papeles de un empleo “formal”, pero aun teniéndolos, al no contar con una garantía de otro propietario en la ciudad se les niega el acceso a la locación. No obstante, existe una mirada sesgada por la clase social: el no cumplimiento de las leyes o situaciones de irregularidad está presente en buena parte de las urbanizaciones para elite, como barrios cerrados y countries, que abundan en Buenos Aires, como también en todas las ciudades latinoamericanas; sin embargo estas prácticas son invisibilizadas o legitimadas. La cuestión de la legitimidad-ilegitimidad de las prácticas urbanas es otro elemento central que opera de manera diferenciada en las políticas urbanas de nuestra región y en la penalización del no cumplimiento de las normas. A su vez, entonces, hay que poner el acento en cómo el tipo de hábitat puede constituirse en una barrera de entrada al mercado de trabajo pero también al ejercicio de muchos derechos. Hemos escuchado en numerosas entrevistas que los habitantes de estos barrios populares no pueden ejercer su derecho a la seguridad porque las fuerzas públicas les responden que su condición de ocupantes no les da derechos a reclamo. También receptamos relatos de negación a la atención de la salud o incluso niños que no pudieron ser abanderados en su colegio por la misma razón. Lo mismo sucede en numerosas ciudades de América latina, que, por carecer de títulos de propiedad, niegan a los habitantes de este tipo de barrio la posibilidad de recibir en sus viviendas servicios públicos urbanos, empeorando de esta forma su calidad de vida. Es decir, la forma de habitar la ciudad trae consecuencias para el ejercicio de la ciudadanía urbana.

Para comprender la forma de construcción de la ciudad autoconstruida hay que tener en cuenta la dinámica económica de toda la ciudad, incluyendo la de la construcción de la ciudad. Estudiar las relaciones entre lo que usualmente se llama ciudad “informal” y la “formal” es otra de las tareas necesarias para desmitificar ambas y ver los cruces y gradientes entre lo que se constituye como una taxonomía excluyente.

Construcción del hábitat popular

Las viviendas se construyen intentando responder a las necesidades habitacionales y de actividades productivas y reproductivas ajustadas a las capacidades económicas y las normas de un urbanismo tácito propio de estos barrios. Existe una importante tendencia a una transformación dinámica de los inmuebles, a diferencia de una relativa “estabilidad” constructiva de los inmuebles del mercado “formal”. Una dinámica similar se puede observar en cuanto a la infraestructura, que suele estar ausente o provista parcialmente o con fuerte déficit de calidad. Es importante remarcar la flexibilidad de los espacios domésticos que se adaptan rápidamente tanto a las necesidades habitacionales como productivas. Así por ejemplo se puede organizar dentro de la vivienda un taller o un comercio donde antes había un comedor o una habitación o viceversa.

Asociatividad y prácticas de construcción del hábitat popular

Centrándonos en formas de asociatividad relacionadas con la producción del hábitat en el Área Metropolitana de Buenos Aires podemos encontrar experiencias donde la autogestión se desarrolla por fuera del Estado, como las Cooperativas de Quilmes, hasta formas financiadas por el Estado en su totalidad como fueron en la ciudad de Buenos Aires las cooperativas surgidas a partir de la implementación de la ley 341 y sus modificatorias, que recuperaban y potenciaban experiencias previas. Cabe remarcar que esta ley fue impulsada por un conjunto de organizaciones de defensa del derecho a la vivienda que propugnaban formas asociativas de resolución del problema, en particular para aquellos que se encontraban viviendo en casas o edificios ocupados, inquilinatos u hoteles pensión. También surgieron cooperativas de grupos sociales sin organización previa como las nacidas del Programa de Emergencia Habitacional conocido también como “Techo y trabajo” o de grupos sociales que realizaban otras tareas productivas, tales como grupos de los movimientos piqueteros y que a partir de dicho programa incursionaron en la construcción de viviendas. Bajo las formas cooperativas pueden encontrarse también situaciones que comportan prácticas que remiten a cuadrillas de trabajo bajo la dirección del Estado, sin capacidad de decisión horizontal o con posibilidades limitadas de decisiones autónomas.

De esta forma, consideramos que lo más relevante del concepto es darle visibilidad a un conjunto de prácticas de los sectores populares vinculadas al hábitat que se encuentran por fuera del comercio y del mercado y aun cuando reciben financiamiento del Estado lo hacen con modalidades asociativas autogestivas. Sólo hay que tener cuidado con que bajo la forma “cooperativa” se pueden esconder otros sentidos de trabajo y participación, no vinculados a lo que se considera producción social del hábitat sino cuadrillas estatales de empleo bajo condiciones de precariedad laboral.

En este universo de prácticas asociativas dejaríamos afuera las organizaciones de caridad porque suelen no dejar lugar a las decisiones de los pobladores y no generan cambios progresivos en las relaciones sociales, sino por el contrario reproducen las desigualdades y las marcas de la estratificación social, lo mismo que las formas cooperativas que no contengan prácticas asociativas autónomas. Por otra parte, en algunos casos sólo se resuelve la vivienda pero no la ciudad, es decir, se genera un hábitat precario en cuanto a localización cuando debería resolver un derecho, que incluye el acceso a la centralidad o a las externalidades urbanas.

Palabras finales

Retomando la idea de la construcción social del hábitat, es necesario distinguir entre formas de autoproducción en el interior de las unidades domésticas y formas asociativas. Las dos formas actualmente están vigentes, las segundas a veces impulsadas por programas estatales o por organizaciones que lograron mecanismos de financiamiento estatal y las primeras continuando con las formas de reproducción de los sectores populares que buscaron individualmente resolver el acceso al hábitat por fuera del mercado pero no marcadas bajo las modalidades asociativas. También las formas caritativas están presentes actualmente, creemos que de forma creciente en la Argentina y en los países de la región, pero no dan herramientas para estrategias de autoproducción doméstica ni tampoco para formas asociativas.

Por su parte, queremos considerar las mutaciones de las relaciones de reciprocidad, en particular vinculadas a las relaciones de parentesco en cuanto a formas instituidas de acceso al hábitat. Estas son reemplazadas en muchos casos por formas mercantiles o de obtención de una renta. Lo mismo ocurre con otras prácticas que implicaban reciprocidad, como la de ceder una porción de suelo o dar en préstamo una vivienda o un cuarto, las que parecen estar en extinción.

Así, las reglas van cambiando, aunque la reciprocidad permanece y es visible por ejemplo en situaciones de extrema necesidad como la muerte de un vecino, donde aún persiste la costumbre de recaudar dinero para el funeral o para necesidades de algún familiar. También continúa para el mejoramiento barrial, mientras en las formas habitacionales las reglas se alejan de formas solidarias. Podemos decir entonces que hay una metamorfosis de la lógica de la reciprocidad, propia entre relaciones de parentesco o vecindad a la aplicación de la lógica del intercambio. Las causas quizá la podemos encontrar en las crisis económicas, en la brecha creciente entre ingresos de los grupos domésticos y costo de la vivienda o por la introyección de valores del mercado y del consumismo en las relaciones de reciprocidad. Es una tendencia que obviamente puede ser reversible, pero que si embargo vimos crecer a lo largo de las últimas décadas en los asentamientos populares del Área Metropolitana de Buenos Aires. Tradicionalmente, y en particular en procesos de migración, la reciprocidad como forma de resolución del acceso a la vivienda parecía ser la norma (implícita) vigente, es decir, era una prescripción que se cumplía como una pauta moral, como lo muestran los trabajos realizados antes de la década de los ’90. El mercado o la mercantilización influyeron en estas relaciones entre parientes o paisanos (personas de la misma nacionalidad o localidad), modificando las relaciones sociales mismas. Don y mercado entraron en tensión, viéndose mermados los lazos de reciprocidad y ganando terreno el mercado.

No obstante, en paralelo se desarrollaron formas cooperativas en muchos barrios, en su mayoría con financiamiento del Estado, las que constituyeron una contracorriente a lo observado en los asentamientos informales. Inclusive estas formas asociativas se dan dentro de este tipo de barrios y generan prácticas contrapuestas dentro de un mismo territorio, particularmente en la periferia.