Una comparación de los elementos característicos de los modelos de acumulación fordista y neoliberal. El rol del Estado en cada uno de ellos y los cambios al interior del sistema de producción.

| Por Eugenio Hugo Biafore* |

«Excluí deliberadamente de la lista aquello que pudiera ser ante todo redistributivo […] porque sentí que en el Washington de los ochenta había un desprecio por preocupaciones sobre equidad.»
John Williamson, autor de los diez enunciados del “Consenso de Washington”

Existe acuerdo en que los primeros síntomas del agotamiento del modelo de acumulación generado alrededor del paradigma fordista en las economías de los países industrializados centrales eran notorios en los primeros años de la década de los setenta. El estancamiento creciente de las tasas de productividad y ganancias eran significativas a fines de los años ’60, por lo que la crisis del petróleo de 1973 y su impacto definitivo en el alza de los costos de la energía vinieron a poner en cuestión la viabilidad misma del arreglo productivo, social, económico, político e institucional modelizado en los “treinta años gloriosos”. El desempleo y los procesos inflacionarios crecientes se exponen como resultados necesarios de la inviabilidad e incoherencia del modelo respecto de las nuevas condiciones sociales, culturales, económicas y políticas que el mundo occidental planteaba en el último cuarto del siglo XX. Se indicaba que ese arreglo institucional era además endógenamente incapaz de dar respuestas integradoras y coherentes a la irrupción de la informática en los procesos cotidianos, productivos y de las comunicaciones. Por fin, el perfil institucional de escala nacional del paradigma fordista resultaba contradictorio con el proceso de mundialización o globalización de los mercados productivos y comerciales que se manifestaba como tendencia definitiva hacia los años ’80. Desde esta perspectiva, la caída del Muro de Berlín y del bloque de países socialistas europeos no hizo sino allanar y potenciar tal tendencia.

El creciente desprestigio social adquirido por los organismos gubernamentales y las instituciones representativas de los trabajadores debilitó su rol en el entramado macroeconómico fordista y potenció los idearios individualistas, conservadores y neoliberales que propugnaban su cambio.

Resulta interesante repasar los calificativos y expresiones de carácter simbólico con los que se describió tanto las características del paradigma, como sus componentes y funcionamiento: dureza, rigidez, inflexibilidad, pesadez. Consecuentemente, el nuevo sistema de relaciones industriales que fuere capaz de permitir la construcción de un nuevo modelo de acumulación superador del anterior, debía tener como cualidades su ductilidad, elasticidad, plasticidad, maleabilidad, adaptabilidad, lenidad y, por supuesto, flexibilidad.

Me interesa entonces hacer un repaso de las características más importantes y generales del paradigma fordista, con el solo fin de observar sus puntos más claros y vínculos internos más destacables y que por cierto han resultado merecedores de los calificativos enunciados. Seguimos para ello –libre y pobremente– al doctor Julio Cesar Neffa en Los paradigmas productivos tayloristas y fordista y su crisis. Una contribución a su estudio, desde el enfoque de la “Teoría de la Regulación”.

El objetivo de maximizar ganancias y beneficios –motor del proceso de acumulación capitalista– depende para su logro de la mejora constante de la productividad y la eficiencia de sus procesos. La gestión adecuada de los tiempos de la producción es de fundamental importancia para aquella maximización y el taylorismo primero, y el fordismo después, se han diseñado inicialmente (y no únicamente) como sistemas de gestión eficiente del tiempo del proceso productivo.

Así a nivel de “taller”, el fordismo aprovecha y exacerba el concepto instrumentado por Taylor de la división social y técnica del trabajo (que separa en forma tajante el pensamiento, gestión y decisión del proceso de trabajo de su ejecución) integrándole tracción –la cadena de Ford– a la línea de producción masiva de productos homogéneos en serie. De esta forma, el ritmo de la misma depende ahora de la velocidad y cadencia que el empresario impone según su voluntad. Ese ritmo “encadena” y modeliza el proceso de trabajo logrando la intensificación de la división social y técnica del trabajo; la mecanización de todo el trabajo manual, y la homogenización de máquinas, herramientas, piezas, las etapas del proceso y productos elaborados, con el objetivo de producir masivamente.

A nivel de las empresas propone fundamentalmente la concentración de todos los procesos productivos y sus etapas dentro de la misma, fenómeno descripto como gigantismo, con una línea gerencial única y centralizada cuyo norte respecto de las decisiones es fundamentalmente la oferta. Agregamos entonces que la calidad y la variedad del los productos, o la atención al cliente (orientación hacia la demanda) juegan sólo un papel secundario. Consecuentemente, los productos logrados son homogéneos y de consumo durable. La producción de los mismos desdeña la incorporación de formas de integración empresarial vía subcontrataciones y/o tercerizaciones, integrando la totalidad de los subprocesos necesarios para la producción central, con funcionamiento constante y permanente. Los procesos de trabajo se caracterizan por ser rígidos, con puestos y funciones fijas, preestablecidas y estandarizadas, que determinan a su vez la categoría profesional. Esta es central en la construcción y conformación de las escalas saláriales de los convenios colectivos de actividad.

El fordismo se describe también por sus características macroeconómicas. En este sentido requiere y promueve empleos estables de largo plazo, basados en contratación laboral de tipo dependiente y subordinación altamente regulada (en el sentido de protegida legal y convencionalmente).

Tal estándar de protección legalmente asegurada se despliega en todos los tramos de la relación laboral: a su inicio mediante la consagración de un sistema de contratación de tiempo indeterminado como regla y de tiempo determinado como menú de excepción. En relación a los elementos constitutivos del vínculo o su interior, se destacan en general los sistemas de jornadas máximas rígidas, descansos diarios, semanales y anuales, protección de períodos de suspensión por enfermedad o licencias, y un régimen salarial fijado en relación a la ubicación del trabajador en una categoría profesional determinada del escalafón, con indexación permanente vía sistemas de negociación colectiva, o formas estatales de intervención y relacionada directamente con el costo de vida de los propios asalariados. El salario resulta así relativamente alto, incorporando además en forma indirecta los beneficios de la seguridad social. La lógica de asignación de esos y otros beneficios indirectos como sindicales o mutuales es justamente la existencia de un salario. El poder adquisitivo de los asalariados los hace protagonistas fundamentales en la demanda de bienes de consumo, y los ubica en el doble rol de productores-consumidores.

No se nos escapa que el fordismo es un sistema de intensificación del trabajo y disciplinamiento de la clase trabajadora, creadora de alienación y enfermedad. A cambio instrumenta un concepto de empleo entendido como bien durable y de largo plazo, llave para asegurar el goce de los beneficios directos de su trabajo y de los derivados de la seguridad social, tales como jubilaciones y pensiones, acceso a la salud, asignaciones familiares, subsidios por desempleo, etc. Por otra parte, ese “lugar” otorga el derecho a la afiliación al sindicato respectivo del oficio o actividad y a la vez permite dialécticamente a esas organizaciones la representación legal del trabajador.

Es evidente que el fordismo exhibe una serie de inflexibilidades tanto en orden a sus manifestaciones en el seno del taller y la empresa, cuanto más en las implicancias macroeconómicas propias de su misma definición.

La revolución cibernética e informática vino a cuestionar profundamente la rigidez del proceso productivo fordista, ya que este obstaculiza por definición la incorporación de las innovaciones tecnológicas. Mucho más cuando esa incorporación se exhibe como el nuevo horizonte de productividad del sistema que ahora se apoya en la incorporación de tecnología al proceso de trabajo, sus máquinas, herramientas y los productos, con altas tasas de reinversión de ganancias en esa dirección.

La dureza de su línea de producción con sus productos homogéneos no parecía preparada para enfrentar el hecho cultural de que los propios asalariados hubieran cambiado sus hábitos de consumo, prefiriendo ahora diversidad, heterogeneidad y calidad en los productos. A nivel de empresas, el gigantismo es reemplazado por fenómenos crecientes de desmembramiento de las unidades fabriles, acompañando y favoreciendo las tercerizaciones y subcontratación, incluso en escala regional o internacional, para aprovechar las ventajas de costos diferenciales de mano de obra, financieros, impositivos y aduaneros entre países, en especial los del tercer mundo.

Las más diversas corrientes de pensamiento e investigación económica, política, jurídica, administrativa, etc., propusieron explicaciones descriptivas a ese agotamiento. Consecuentemente, elaboraron orientaciones para avanzar en las aguas embravecidas de la crisis hacia un nuevo paradigma de acumulación capitalista superador del moribundo. Es claro que, a la luz de las experiencias de los países periféricos en los años ’90 y los centrales en este siglo, las visiones y versiones neoliberales lograron hegemonizar la dinámica explicativa del “problema” y sus “soluciones” superadoras. Lo que ha sido más grave y doloroso: lograron directa e indirectamente instrumentar políticamente esas visiones. En efecto, sobre el cierre de los años ochenta, la astucia neoliberal desplegó en forma hegemónica su influencia a nivel mundial para imponer e instrumentar políticamente el decálogo denominado “El Consenso de Washington”, cuya primera formulación se debe a John Williamson. Sus enunciados se dirigían a encauzar la acción política de los organismos internacionales tales como el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo (FMI, BM y BID), especialmente con los países latinoamericanos atenazados por la deuda externa y procesos inflacionarios o hiperinflacionarios.

La implementación en nuestra patria de la política neoliberal a través de las directivas de los organismos internacionales de crédito se estableció plenamente en el periodo de la convertibilidad (períodos presidenciales de 1989-99 y 1999-2001, especialmente en este último). Fue establecido como un plan general de retiro del Estado y expansión sincronizada a esos espacios de las fuerzas económicas del capital privado nacional e internacional. El plan fue posibilitado mediante una política comunicacional (y que la unía ideológicamente con la propia de la dictadura militar) que ensalzaba las “potencias del capital privado y los idearios individualistas”. A su vez, demonizaba al Estado y las corporaciones intermedias (sindicatos en particular), en los que depositaba la idea de atraso, pesadez y vetustez.

En este sentido se promovió un desprecio por el rol del Estado en todas sus manifestaciones, que permitieron visualizar y luego instrumentar una ola privatizadora general de empresas públicas y un achicamiento del sector público gubernamental; junto al desmantelamiento de los sistemas de controles políticos internos y fronterizos, en especial en lo relativo a las aduanas físicas y financieras. Se desreguló el funcionamiento de los mercados de bienes y servicios, y se envileció la moneda nacional anclada en monedas extranjeras, etc. Pero el ideario neoliberal tuvo obviamente particular ensañamiento respecto de los extremos que conformaban la relación salarial en la Argentina y que con sus distancias y determinaciones históricas y culturales específicas se ajustaban a grandes rasgos a las características fordistas descriptas.

La impronta neoliberal puso especial énfasis en marcar la necesidad de implementar y dotar al capital privado de flexibilidad interna que le permitieran realizar, fácil y ágilmente, cambios al interior de sus sistemas de producción, pudiendo incorporar en forma permanente innovaciones tecnológicas, así como también dividir y achicar las unidades productivas, integrando empresas mediante sistemas de tercerización, intermediación y subcontratación empresarial, permitiendo además adoptar formas de polivalencia funcional de los trabajadores respecto del puesto de tareas y sus funciones, de tal forma que la producción fuere sensible y funcional a los cambios impredecibles y móviles de la demanda.

Tal flexibilidad, como es obvio, requiere para su instrumentación de otra flexibilidad que, en síntesis, propugna el desmantelamiento peyorativo de la normativa protectoria laboral individual y colectiva, tanto de naturaleza estatal (ley) como de naturaleza convencional (convenio colectivo). También se dirige a ganar para sí la visión e interpretación de los operadores jurídicos (jueces laborales; secretarios y ministros de Trabajo, miembros paritarios y comisiones directivas sindicales) y políticos. Esa ligereza y maleabilidad normativa esperada lleva el eufemismo de flexibilidad externa. Excede el espacio de la nota el detalle de los cambios normativos operados en el marco de la desarticulación de la relación laboral argentina. Fue exitosa a la hora de provocar la reducción de los costos laborales al inicio y final de la relación laboral, la intensificación del trabajo y la instrumentación de formas de disciplinamiento y control de los asalariados, vía la precarización laboral y el achicamiento de los sistemas de cobertura de la seguridad social.

En el concepto de flexibilidad interna es posible encontrar dimensiones técnicas y económicas no creadas por la argumentación política.

Por el contrario, la denominada flexibilidad normativa es exclusivamente un dispositivo ideológico y político por el cual se pretende instrumentar peyorativamente la desregulación de las relaciones laborales de un país y una región en un momento dado. El contenido y desenvolvimiento de tal dispositivo estará directamente relacionado con el grado de solidez alcanzado por el sistema normativo protectorio, y por el nivel de resistencia y grado de correlación de fuerzas de los trabajadores y sus organizaciones frente al cuerpo de cuadros políticos e instituciones que llevan adelante tal implementación.

No sólo esta flexibilidad es eminentemente un dispositivo político-ideológico sino que también lo es la afirmación respecto de que la incorporación de la flexibilidad interna al sistema productivo –que lo haga coherente con las demandas variables en el marco de una economía global– requiere necesariamente desmontar el sistema de protecciones laborales de orden público.

El mundo industrializado discute en marco a sus recurrentes crisis económicas y financieras la necesidad de ser maleables y flexibles. Paradójicamente, en nuestro país, algunos nuevamente también. Para esa discusión, sirvan estas incompletas notas.

* Abogado. Especialista en Derecho del Trabajo. Asesor de sindicatos nacionales y provinciales (Córdoba).