| Por Esteban Bogani |

El trabajo humano y el empleo en nuestras sociedades 

El trabajo es “un proceso entre el hombre y la naturaleza, (donde se) ponen en movimiento las fuerzas que pertenecen a su corporeidad, brazos y piernas, cabeza y manos, a fin de apoderarse de los materiales de la naturaleza bajo una forma útil para su propia vida” (Marx, 1867). El empleo (en relación de dependencia e independiente) es la forma histórica que adquiere el trabajo (ese que transforma la naturaleza) al venderse en el marco de las relaciones capitalistas.

La importancia del empleo en sociedades como la nuestra está dada porque, además de proveer ingreso, un empleo brinda, al menos, cinco tipos de experiencias: a) permite la estructuración temporal personal y la posibilidad de proyectar; b) aporta recursos para la definición de la identidad y el estatus personal; c) proporciona relaciones extrafamiliares; d) favorece la participación en objetivos colectivos, y e) permite la participación en la producción de bienes y servicios. Estas experiencias hacen, entre otras, a la salud mental, según un estudio ya clásico de Marie Jahoda sobre los trabajadores desocupados de la ciudad sueca de Mariental (Jahoda, 1987).

Desde mediados de los setenta el empleo se viene transformando en calidad y también en cantidad. Se puede observar un proceso en que el empleo asalariado protegido y el modelo de pleno empleo vienen coexistiendo con otras formas de empleo, como el independiente, y con problemas como la informalidad y las altas tasas de desocupación.

En cualquier caso, y más allá de lo avanzado de este proceso, no pareciera ser que el empleo asalariado estuviera por desaparecer, ya hace 25 años Jeremy Rifkin publicó su libro sobre el fin del trabajo (Rifkin, 1996). En realidad el autor sostenía allí el fin del empleo asalariado y el pleno empleo tal como lo conocimos en la posguerra; es decir, da cuenta de la transformación antes mencionada. De hecho, ya adelantaba, entre otros tópicos, el impacto de la tecnología en el mundo del trabajo, la importancia de identificar nuevos nichos de empleo, en particular los asociados a instituciones de la sociedad civil, y el debate sobre la reducción de la jornada laboral, cuestión que hoy entró en la agenda pública argentina.

La problemática alrededor de los requerimientos de nuevas competencias laborales y el desempleo, pero también el nivel de los salarios y la alta informalidad laboral conllevan al interrogante sobre las políticas públicas para promover el empleo y de calidad.

La intervención pública estatal en materia de empleo

En principio, y sucintamente, resulta oportuno revisar distintas formas de conceptualizar las intervenciones públicas estatales en materia de empleo.

Hay aquí coincidencia en la bibliografía respecto de establecer, al menos, dos instancias en las que operan estas intervenciones estatales. Se observan, por una parte, las políticas para el empleo, las que son en un sentido amplio e integran un diverso conjunto de instrumentos de políticas económicas que repercuten en la cantidad y calidad del empleo; mientras que, por la otra, las políticas de empleo destinadas a mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo a partir de intervenciones específicas vinculadas a brindar atención a la situación de desocupación de determinados grupos de trabajadores/as, propiciar la orientación laboral cuando inician su búsqueda de empleo, alentar su formación para el trabajo y promover su participación en procesos de intermediación laboral para su posterior incorporación en un empleo (Freyssinet, 2006).

Este segundo grupo de acciones, también denominado políticas de mercado de trabajo, actúa no solo sobre la oferta de la fuerza de trabajo (mejorar la situación de los/as trabajadores/as) sino también en la demanda de trabajo, en particular, generando incentivos a la contratación de trabajadores/as en las empresas o brindando apoyo a la generación de iniciativas de autoempleo (Samaniego, 2002).

Esta distinción sobre los aspectos generales, es decir, sobre las condiciones necesarias para generar empleo y las cuestiones específicas como son los instrumentos para intervenir en el mercado de trabajo, se encuentran también en recomendaciones efectuadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En este orden de cosas, una primera actuación de la OIT fue la R122 – Recomendación sobre la política del empleo de 1964, en la que en particular se destaca la importancia de promover una política para el empleo donde incluso se hace referencia a los “problemas del empleo asociados al subdesarrollo económico”, mencionando allí aspectos como inversión, ingresos, empleo industrial y rural, entre otros.

La segunda acción fue la R169 – Recomendación sobre la política del empleo (disposiciones complementarias), de 1984 (Nº169), donde se destacan tanto la necesidad de medidas particulares sobre el mercado de trabajo como sobre los colectivos de trabajadores/as que merecen especial atención por parte de la política pública. Se lista allí un set de programas particulares (educación, formación profesional, orientación laboral, movilidad geográfica, etc.) y también se hace mención sobre quienes deberían ser prioritariamente sus destinatarios/as: “Jóvenes y grupos desfavorecidos, los inválidos, los trabajadores de edad, los desempleados por largos períodos y los trabajadores migrantes que se encuentren legalmente en su territorio”. Pero también en esta segunda recomendación se insiste en la importancia de las medidas socioeconómicas generales para promover el empleo.

Hay otras clasificaciones de las políticas en materia de empleo (activas-pasivas, institucionales, etc.). Se optó aquí por las que reconocen dos instancias, el de orden general de la intervención del Estado en la economía y la sociedad y el impacto de estas medidas en el empleo, y el particular enfocado en acciones destinadas a mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo.

Las políticas para y de empleo son subsidiarias –en todos los casos– del modelo de crecimiento económico (Cortes y Marshall, 1991). La intervención estatal suele asumir distintos objetivos y lograr disímiles resultados en materia laboral según sean los principios orientadores de las intervenciones en materia de empleo, en estas se define el lugar del trabajo en ese modelo de crecimiento (Danani, 2017).

Se observa al revisar series históricas del producto bruto interno y de la tasa de empleo que el crecimiento del producto guarda una relación de signo positivo, la mayoría de las veces, con el comportamiento del empleo. Ya en los sesenta se intentó dar cuenta de este fenómeno a través de la evidencia empírica. En particular, dentro del campo de la economía para el desarrollo se encuentra la Ley de Okun, en la que se observa este fenómeno por primera vez y se busca regularidades, patrones en esa relación producto-empleo.

Hay que revisitar la Ley Okun, volver a leerla para conocer más sobre la tasa de elasticidad producto-empleo, observar cómo esta tasa varía en distintos momentos y estudiar los factores que explican el mayor o menor impacto en el crecimiento del empleo; hay aquí múltiples factores que explican estos “diferenciales”. Solo por nombrar algunos, productividad, inversión, salarios, comportamiento sectorial de la economía y demanda agregada. Todos estos son instrumentos de política pública para el empleo, en otras palabras, hay maneras de crecimiento económico más favorables a la creación de empleo.

Las políticas para el empleo

De acuerdo a lo planteado anteriormente, se puede sostener que hay un conjunto de medidas amplias donde se ordenan y adquieren sentido las distintas intervenciones estatales en pos de lograr un objetivo de empleo.

Establecer objetivos respecto del empleo, promoviendo su cantidad y cuidando su calidad, supone delinear una vía hacia el desarrollo del país y, vale aclararlo, este se construye desde el Ministerio de Trabajo pero, y sobre todo, en la articulación con la política implementada desde las dependencias de Economía, Producción, Obras Públicas y Desarrollo Social, entre otras.

Las afirmaciones que venimos sosteniendo implican que existen distintos modelos de crecimiento con diferentes impactos en el empleo. Por lo tanto, adoptar un modelo de crecimiento económico con inclusión laboral implica, al menos, los siguientes órdenes de intervención:

• Las medidas referidas a promover la inversión pública, principalmente en infraestructura, pero también en la capitalización de empresas de capital mixto o estatales, y la inversión privada a través de incentivos fiscales, marcos legales específicos, etc.

• Medidas cuyo objetivo es fortalecer la producción nacional y exportaciones con valor agregado, que incluyen desde instrumentos arancelarios hasta el tipo de cambio de nuestra moneda.

• Las destinadas a incentivar el consumo de las personas y los hogares a través de subsidios a la financiación de créditos personales pero sobre todo la política de ingresos, como son las asignaciones familiares –contributivas y no contributivas–, apoyos dinerarios vinculados a la compra de alimentos, asignaciones monetarias de programas sociales y, por supuesto, pensiones y jubilaciones.

Hay que alentar la discusión sobre la generación de empleo y la naturaleza de las intervenciones públicas para promoverlo. Solo así, por ejemplo, se podrá entender que el valor del dólar estadounidense respecto del peso argentino también forma parte de las políticas para el empleo. Evaluar el impacto en el empleo de cada medida de política pública permite lograr un objetivo de empleo.

Las políticas de empleo

Luego de establecido el anterior marco institucional y socioeconómico, tiene lugar y sentido aplicar políticas particulares para el sostenimiento, recuperación y promoción del empleo destinadas a determinados grupos de colectivos de trabajadores/as, aquellos/as con mayores dificultades de participar en el mercado de trabajo.

Políticas de sostenimiento del empleo

Durante el inicio de la pandemia y con el propósito del cuidado de la salud, se dictó el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) y se dispuso un set de medidas para atenuar el impacto de esta en el ámbito laboral.

Estas medidas fueron destinadas a distintos colectivos de trabajadores/as:

1. Trabajadores privados y públicos
Dispensa de asistir a los lugares de trabajo para los/as trabajadores/as alcanzados/as por el ASPO: se otorgaron licencias a los/as trabajadores/as con hijos/as menores escolarizados/as. En este caso, la licencia se otorga a uno de los padres, madres y/o tutores del/la niño/a. En el caso de las mujeres embarazadas, personas mayores de 60 años (con excepción de aquellas que cumplan servicios esenciales) y grupos de riesgo, quedaron dispensados/as de concurrir a su lugar de trabajo.

2. Trabajadores asalariados privados registrados
Programa de asistencia a la producción y el trabajo (ATP): este programa consistió en: a) postergación o reducción del pago de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino; b) asignación compensatoria equivalente hasta el 50% del salario neto destinada a todos los/as trabajadores/as en relación de dependencia del sector privado.

Prohibición de despidos y suspensiones: se prohibieron los despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor. Quedaron exceptuadas de esta prohibición las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.

Seguro por desempleo: se aumentó el monto del seguro y se prorrogaron los vencimientos de sus prestaciones.

Enfermedad profesional: se consideró el Covid-19 presuntivamente una enfermedad de carácter profesional –no listada– en los términos del apartado 2 inciso b) del artículo 6º de la ley 24.557, respecto de las y los trabajadores/as cuyas actividades fueron declaradas esenciales, por lo que asistieron a sus lugares de trabajo.

3. Trabajadores independientes registrados
Programa de asistencia a la producción y el trabajo (ATP): se estableció al Estado como garante para que los/as trabajadores/as monotributistas pudieran acceder a créditos a tasa cero contando con un período de gracia de 6 meses y un plan de pago de, como mínimo, 12 cuotas fijas sin interés.

Programa de trabajo autogestionado: en el caso de los/as trabajadores/as asociados/as en cooperativas se estableció desde el Ministerio de Trabajo una asignación dineraria de emergencia para el sostenimiento de sus ingresos.

4. Trabajadores desocupados, asalariados no registrados, trabajadoras de casas particulares e independientes registrados en las categorías contributivas más bajas
Ingreso Familiar de Emergencia (IFE): se estableció una prestación dineraria no contributiva de $10.000 destinada a compensar la disminución o pérdida de los ingresos de las familias.

Se presenta a continuación información sobre parte de las políticas descriptas anteriormente dando cuenta de su magnitud y alcance en la coyuntura actual, pero también en la perspectiva histórica reciente de nuestro país.

En agosto de 2020, el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) realizó su tercer pago, para un total de 8.839.044 de receptores.¹

En términos de cobertura y alcance de la población, esta cifra es inaudita, sus precedentes pueden buscarse en el Plan Jefes y Jefas de Hogar, allá por el año 2002, y la Asignación Universal por Hijo creada en 2009.

En el caso del componente de la asignación complementaria al salario del Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción en el tercer pago se llegó a un total de 310.000 empresas y a 2,8 millones de asalariados/as. Durante su implementación el ATP fue modificado mejorando criterios de implementación.

En términos de política pública su predecesor fue el primer Programa de Recuperación Productiva (Repro) de una escala y alcances mucho más limitados.

[*] http://www.trabajo.gob.ar/estadisticas/Bel/programas.asp.
[**] https://www.argentina.gob.ar/atp/empresas/numeros.

En lo que respecta al componente vinculado a préstamos para trabajadores/as independientes se otorgaron créditos a 427.000 cuentapropistas.²

En la medida en que los efectos de la pandemia fueron retrocediendo, producto de la vacunación y de una política de cuidados, y se dio lugar a la apertura de más actividades económicas, se puso en marcha una nueva edición del Programa de Recuperación Productiva, el Repro II. Este tuvo una participación máxima de 33.000 empresas en mayo de 2021 y 518.000 trabajadores/as en junio de 2021³.

Políticas de formación profesional y promoción del empleo

Las políticas particulares de empleo son las que hacen foco en generar y mejorar las competencias laborales de los/as trabajadores/as y en apoyar su incorporación a empleos.

Los distintos instrumentos que forman parte de las políticas de empleo se articulan de manera concreta en la elaboración de los trayectos formativos ocupacionales para los/as trabajadores/as. En este dispositivo se conjugan, por una parte, el perfil de los/as trabajadores/as (sus antecedentes y experiencia laboral junto con sus intereses laborales) y, por la otra, las oportunidades existentes de empleo en relación de dependencia o independiente.

Un trayecto formativo ocupacional supone construir un itinerario entre el perfil y el empleo, allí entran acciones de orientación laboral, formación profesional y apoyos para la contratación en una empresa o al inicio de una actividad laboral de manera independiente. Los trayectos formativos ocupacionales permiten ajustar el “traje” de la política pública a cada trabajador/a, donde “el sastre” es la Oficina de Empleo.

La elaboración de un proyecto formativo ocupacional inicia, como se comentó anteriormente, con un proceso de orientación laboral, el que está a cargo de las Oficinas de Empleo, y se lleva adelante sobre la base de las directrices aportadas por el Ministerio de Trabajo.

La instancia de la orientación laboral se compone de entrevistas, talleres y demás actividades que buscan delinear el perfil del/la trabajador/a y entonces sus posibilidades de inserción laboral para luego derivarlo a cursos de formación para el trabajo, acompañarlo en su búsqueda de un empleo en una empresa o apoyar el inicio de una actividad laboral independiente.

La formación profesional cuenta con un acervo importante en materia de políticas públicas en nuestro país, que data de la creación de la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional (1946), pasando por el Consejo Nacional de Educación Técnica (1959), hasta llegar a la reciente creación de la Comisión Tripartita de Formación Profesional y Continua, en el marco del Plan Nacional de Formación Continua (2011, 2020).

Este Plan Nacional de Formación Continua, que al principio se denominó Sistema, se consolidó a partir del desarrollo territorial con el surgimiento de Centros de Formación Profesional gestionados principalmente por organizaciones sindicales pero también por gremiales empresarias y gobiernos subnacionales.

Esta historia supuso también transformaciones recientes, al menos, en tres órdenes de la formación profesional.

En primera instancia se dio un cambio respecto de la propia definición del lugar de la formación para el trabajo cuando se adoptó el criterio de que la formación debía ser continua y a lo largo de la vida, para preparar de un mejor modo a los/as trabajadores/as respecto de los cambios en el mundo del trabajo.

Por otro lado, la agenda de la formación profesional en nuestro país se fue enriqueciendo con nuevos contenidos, y este es el segundo de los cambios. Recientemente se incorporaron temáticas como las vinculadas a la economía del conocimiento, los servicios de cuidado a las personas, los empleos verdes, etcétera.

En tercer lugar aparecen las transformaciones y adaptaciones en las estrategias de enseñanza y aprendizaje producto de la incorporación y masividad que ofrece la virtualidad de la formación para el trabajo.

Desde el Ministerio de Trabajo se incorporó hace ya varios años la perspectiva comentada en los tres puntos anteriores; se acordaron acciones con instituciones de formación profesional para el dictado de cursos y certificación de competencias respecto de la nueva agenda de contenidos y hoy parte de la oferta de cursos es virtual y se encuentra disponible en el Portal de Empleo de dicho ministerio.

Los instrumentos de la promoción del empleo están definidos por la naturaleza del empleo que intentan generar y aquí hay solo dos posibilidades: el empleo en relación de dependencia y el independiente.

Los apoyos a las nuevas contrataciones laborales, como instrumento de incentivo a la demanda, son de larga data y asumen dos mecanismos: el pago de una parte del salario neto o una reducción de las contribuciones a la seguridad social que debe hacer el empleador sobre ese salario. En la actualidad se están implementando acciones a partir de estas dos posibilidades, la primera reglada por el Ministerio de Trabajo y la segunda, al ser de orden fiscal y contributiva, está normada a través de decretos presidenciales.

En lo que respecta al empleo independiente existen apoyos para iniciar la actividad con un aporte de capital, sea esta individual o asociativa, como otros vinculados al sostenimiento y mejora de la producción o prestación del servicio, con impactos en la calidad o cantidad del empleo. Estos apoyos son capacitación, asistencia técnica y tutorías para la mejora de procesos y productos, comercialización, inclusión financiera, seguridad e higiene, etcétera.

Estas experiencias y novedades confluyen en el recientemente puesto en marcha Programa Fomentar Empleo del Ministerio de Trabajo. Este programa tiene como principal población destinataria a jóvenes desocupados de 18 a 24 años, sin secundario completo o con secundario completo e hijos/as a cargo, mujeres desocupadas de 25 a 59 años con hijos/as a cargo y hombres desocupados mayores de 45 años con hijos/as a cargo.

En el marco del Programa Fomentar Empleo, los/as participantes cuentan con la posibilidad de recibir orientación laboral, hacer cursos de formación para el trabajo, postularse a ofertas laborales y contar con apoyos para su contratación por parte de empresas a través de aportes al salario que hace el Ministerio de Trabajo y de reducciones a las contribuciones patronales establecidas por decretos presidenciales.

Las personas se adhieren al programa a través del Portal Empleo del Ministerio de Trabajo y cuentan con el apoyo de las Oficinas de Empleo a lo largo de su participación en las distintas actividades para la formación y el empleo.

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Hasta aquí, y dentro de las que dimos en llamar políticas de empleo, se hizo una sucinta descripción de las actuales políticas activas de empleo. Cabe ahora mencionar aquellas que la literatura encuadra dentro de las políticas pasivas de empleo. Quizá sea más correcto hablar de componentes activos (orientación laboral, búsqueda de empleo, formación, inserción laboral) y componentes pasivos (prestación dineraria, asignaciones familiares, cómputo del tiempo para la jubilación).

En cualquier caso, resulta menester hacer referencia a los seguros por desempleo existentes en nuestro país. Hay seguros por desempleo cuyo financiamiento es contributivo, a partir de un descuento al salario que se hace al trabajador registrado, y no contributivo, el que es financiado por el Tesoro Nacional. Este último abarca a unos/as pocos/as trabajadores/as actualmente.

Los/as trabajadores/as registrados/as comprendidos/as en las leyes 24.013, 25.371 y 26.727 tienen acceso a las prestaciones comprendidas en sus respectivos seguros y todos/as pueden participar de acciones de orientación y formación laboral y cuentan también con los incentivos de apoyo al empleo. Por esto mismo, la distinción es más por los componentes de una política que por ser políticas activas o pasivas.

La institucionalidad de la política de empleo

Hoy el mercado de trabajo es un espacio donde existen y se producen desigualdades. Existe un proceso de individualización de las desigualdades, ya no basta la clase para explicar qué tan distintos somos; se multiplican las categorías, jóvenes, migrantes, mujeres, diversidades sexuales, pueblos originarios, mayores de 45 años (Doubet, 2015).

Esos/as individuos desiguales requieren de distintos tipos de apoyo en su proceso de inserción laboral. Abordar esta heterogeneidad para transformarla supone poner en funcionamiento las capacidades del Estado en materia de políticas de empleo.

Las políticas públicas de empleo particulares se enfocan en estas poblaciones y observan, al mismo tiempo, la dinámica de los sectores de actividades económicas y su expresión en los territorios del país. En esta instancia, el rol de la política de empleo implica promover el encuentro entre los/as trabajadores/as y esas oportunidades a través de la construcción de trayectos formativos-ocupacionales.

En este marco, las Oficinas de Empleo Municipales y los espacios multiactorales locales tienen un rol protagónico en el territorio. Esta institucionalidad conjuga acciones de orientación laboral, formación profesional y dispositivos de promoción del empleo, observando el perfil de los trabajadores/as y los requerimientos de las empresas y/o posibilidades del empleo independiente en la localidad.

Hoy existen aproximadamente 600 Oficinas de Empleo Municipales que integran la Red y cubren algo más del 80% de la población económicamente activa. El trabajo de constituir la Red se inició en el 2006 y consiste en brindar orientación a los jóvenes que están ingresando al mundo del trabajo, pero también en acompañar a distintos colectivos de trabajadores/as con dificultades para participar en el mercado de trabajo (mayores de 45, mujeres, diversidades sexuales, etc.), y por supuesto, a los/as trabajadores y trabajadoras en general.

En esta materia, recientemente se puso en marcha el Portal de Empleo del Ministerio de Trabajo de la Nación, que suma instrumentos y amplía el servicio público de empleo, pudiendo trabajadores/as y empresas contar allí con un espacio para la intermediación laboral.

A través de este Portal de Empleo los/as trabajadores/as también pueden contar con apoyo a la orientación laboral, formarse haciendo cursos virtuales, informarse sobre sus derechos, conocer más sobre seguridad e higiene, sobre organización colectiva, etcétera.

Los/as empleadores/as a través de este Portal acceden a importantes incentivos a la contratación de trabajadores/as, los que incluyen reducciones a las contribuciones patronales de hasta el 95% por un período de hasta doce meses.

Los desafíos de las intervenciones públicas en materia de empleo

De manera concurrente a lo construido en estos años en materia de intervención estatal, hay al menos dos desafíos a trabajar en materia de políticas públicas de empleo: 1) ampliar el diálogo social y 2) extender las evaluaciones de impacto.

En relación al diálogo social, los Consejos Sectoriales de Formación Profesional y la Certificación de Competencias (creados en 2011) y la Comisión Tripartita para la Formación Profesional y Continua (creada en 2020) deben ampliarse aprovechando la reciente creación del Consejo Económico y Social, extendiéndose a nuevos actores, como son las organizaciones sociales, y entrelazarse con otras acciones como las implementadas por el Ministerio de Desarrollo Productivo, agencia del gobierno nacional que hoy lleva adelante varias mesas sectoriales con un importante protagonismo de empresarios/as y trabajadores/as.

De esta revisión de las políticas de empleo surge un último –pero no por ello menos importante– desafío, que es evaluar el impacto de las políticas públicas en la cantidad y calidad del empleo. Hay evaluaciones, pero se debe trabajar más, hay conocimiento y capacidades. También aquí hay antecedentes legislativos a recuperar, además de la Agencia Nacional de Evaluación de Políticas Públicas, a crearse conforme a las metas del Consejo Económico y Social. Esto supone incorporar el uso de información para llevar a cabo evaluaciones basadas en evidencia y, al mismo tiempo, disponer el resultado de esas evaluaciones en el marco de un entramado institucional que permita rendir cuentas de un mejor modo a la sociedad sobre el quehacer del Estado.

Dentro de muy poco se llevará a cabo la 110ª Conferencia Internacional del Trabajo donde se abordará la discusión recurrente sobre el objetivo estratégico del empleo. Resulta imprescindible traducir ese debate y acuerdos en más y mejores políticas públicas de empleo.

Referencias bibliográficas

Cortes, R. & Marshall, A. (1991): “Estrategias económicas, intervención social del Estado y regulación de la fuerza de trabajo”, en la revista Estudios del Trabajo (Buenos Aires), número 1
Danani, C. (2009): “La gestión de la política social: un intento de aportar a su problematización”, en Gestión de la política social. Conceptos y herramientas. Chiara, M. y Di Virgilio, M. Buenos Aires: Prometeo.
Dubet, F. (2015): ¿Por qué preferimos la desigualdad? (aunque digamos lo contrario). Madrid, Siglo Veintiuno.
Freyssinet, J. (2006): El desafío de las políticas del empleo en el siglo XXI: la experiencia reciente de los países de Europa occidental. Buenos Aires: Editorial Miño y Dávila Editores.
Jahoda, M. (1987): Empleo y desempleo: un análisis socio-psicológico. Madrid, Editorial Morata.
Marx, C. (1867): El capital. Tomo I. Madrid, Siglo XXI.
Rifkin, J. (1996): El fin del trabajo: Nuevas tecnologías contra puestos de trabajo: el nacimiento de una nueva era. Buenos Aires, Editorial Paidós.
Samaniego, N. (2002): “Las políticas de mercado de trabajo y su evaluación en América Latina”. Santiago de Chile; CEPAL, División de Desarrollo Económico.

Notas:
1) https://datos.gob.ar/dataset/jgm-ingreso-familiar-emergencia. ⇑
2) https://www.argentina.gob.ar/atp/monotributistas-y-autonomos/numeros. ⇑
3) https://www.argentina.gob.ar/trabajo/repro2/estadisticas. ⇑