| Por Natalia Vinelli |

Históricamente la alternatividad se constituyó contra el autoritarismo y el cercenamiento de la libertad de expresión. Por ejemplo, en las dictaduras militares o las democracias formales y excluyentes; también contra el mercado como forma de recuperar la palabra negada, contra la transnacionalización y la concentración de medios. Entendida tanto como “medio de” los sin voz o como vehículo de expresión “al servicio” de aquellos, la comunicación alternativa y popular recorrió un largo camino zanjado por la desigualdad, acompañando los procesos gestados por las clases y grupos subalternos. Esta politicidad y organicidad ubicó a los medios alternativos en un lugar de enfrentamiento a lo dominante, que se expresó en su inserción en proyectos más amplios de transformación y en un discurso de contrainformación.

Pero esto no significa una cristalización del fenómeno. Al tratarse de experiencias sociales, los cambios en los contextos fueron modelando y reorientando las prácticas, la definición de sus tareas y los modos de entenderlas. Por ejemplo, en los ’60 y ’70 el financiamiento de los medios de comunicación populares estaba en buena medida garantizado por las organizaciones de militancia. No importaba tanto la forma sino sobre todo los objetivos políticos que expresaban, en sintonía con el impulso de los proyectos emancipatorios. Las experiencias se construían enfrentadas contra el Estado, como herramienta para su transformación.

Más tarde la derrota y la posterior transición democrática ubicaron la alternatividad como punto de encuentro para quienes habían visto diluirse la cuestión del poder. Se la asoció más al trabajo territorial y a la expresividad popular, haciendo énfasis en la dimensión comunitaria: el barrio, sus intercambios, las ferias, las fiestas populares como afirmación cultural y construcción de sentidos. Más que medios, procesos. Más que intervenciones macro, como las derivadas de los debates y propuestas en torno a las políticas nacionales de comunicación, construcciones micro. Resistencias.

Pasados esos años, durante la década de los ’90 la alternatividad fue perdiendo estatuto de “objeto interesante” para la investigación científica, más enfocada en los consumos culturales, y los pocos trabajos publicados, salvo excepciones, pertenecen a las propias redes que organizan al sector o a reflexiones realizadas por las mismas experiencias. Fueron tiempos marcados por una agenda centrada en los problemas de la estética y la ética, el cuestionamiento al discurso único neoliberal, el Consenso de Washington y el “fin de la Historia”; la gestión, los proyectos político culturales, la pluralidad de voces y la cooperación internacional.

El cambio de milenio trajo aparejados nuevos problemas, y la reedición de parte de los viejos. Los escenarios legal y tecnológico atravesaron modificaciones sustanciales, imprimiendo desafíos novedosos en algunos casos –y no tanto en otros– a este heterogéneo universo de medios de comunicación. Los estándares internacionales en materia de libertad de expresión destacaron en declaraciones y recomendaciones la importancia de los medios alternativos y comunitarios, y promovieron la diversidad de actores. Esto favoreció –dos décadas después del informe McBride– el reconocimiento de las emisoras de radio y televisión comunitarias en las legislaciones de una docena de países latinoamericanos, aunque su estatuto varía de una norma a otra y en algunos casos la regulación sigue siendo restrictiva, afectando su sostenibilidad.

Por otra parte, la extensión de las tecnologías de la comunicación y la información abrieron posibilidades de uso y apropiación, aunque esto no significa per se democratización. Tecnologías digitales –Internet, redes sociales, telefonía celular– tuvieron un desarrollo acelerado durante los últimos 15 años. La televisión, para tomar el caso, pasó de operar con una tecnología de registro y transmisión analógica a otra digital, proceso que en la Argentina se encuentra prácticamente a término (el apagón analógico está fijado para 2019), aunque su futuro en relación a las pautas de consumo y a las políticas públicas es incierto, debido a la desfinanciación que vienen padeciendo el sistema de la televisión digital abierta y la producción de contenidos digitales en los últimos dos años.

En estas líneas nos ocuparemos de manera sucinta de algunas de estas variaciones en el campo de la alternatividad, que hoy parece revitalizado, aunque no se trate de la tendencia predominante en la investigación académica (y todavía sufra cierta subestimación). Nos vamos a referir particularmente a los medios, dejando de lado las perspectivas centradas en la comunicación no mediada por dispositivos técnicos –que requieren otro estado del arte–. Nos detendremos en aspectos contextuales en relación con la base social, legales y tecnológicos, y en las líneas de investigación y conceptualización del fenómeno.

Política y comunicación en el cambio de milenio

Redes, experiencias y espacios de investigación suelen ubicar dos momentos clave que revitalizaron el campo teórico y práctico de la comunicación alternativa, y que reorganizaron su agenda de intervención. Estos momentos coinciden con el inicio de las dos décadas del siglo. El primero arranca con el cambio de milenio, y se expresa en la coronación de las luchas contra la hegemonía neoliberal, con énfasis en las jornadas de diciembre de 2001 en la Argentina y en la resistencia al intento de golpe de Estado en Venezuela en 2002. El segundo tiene como punto de partida el debate y la sanción de la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, prologada por las discusiones generadas en torno a las patronales del agro.

En nuestro país, la crisis de representatividad política de 2001 abonó el terreno para la influencia de las corrientes autonomistas –de larga data en Europa–, que cuestionaron la idea de poder y de “delegación”, y las formas tradicionales de organización de la clase trabajadora y el pueblo, como los partidos y los sindicatos, desechados por ser parte de “lo viejo”. Estas perspectivas tuvieron un fuerte impulso previo con los ecos del levantamiento zapatista en Chiapas, México, con la utilización pionera de una estrategia de comunicación basada en las redes, rizomática y de tono expresivo/performativo, haciendo de los márgenes el eje de la construcción política comunicativa.

Pero estas corrientes convivieron con otras: las clásicas de la izquierda y otras que progresivamente se nutrieron de las propuestas de la Revolución Bolivariana y de las nociones de poder popular, que recuperaron la tradición del nacionalismo y la Revolución Cubana, y permitieron conectar con los progresismos de la región leyendo la historia de las décadas pasadas. La conflictividad social y el cuestionamiento del papel de los medios de comunicación sobre la subjetividad alimentaron la creación de medios populares; las redes comenzaron a trabajar sobre propuestas de incidencia y se generaron nuevos intercambios y préstamos conceptuales entre militantes y activistas latinoamericanos, estadounidenses y europeos. Estos últimos venían experimentando con tecnologías digitales que en el Sur todavía eran incipientes, y se habían acercado a conocer de primera mano el fenómeno de las organizaciones piqueteras, las fábricas recuperadas y las asambleas populares.

En 1999 se creó el primer Indymedia Center durante las protestas realizadas en Seattle contra la cumbre de la OMC; en la Argentina, este sitio que permitía la publicación abierta antes de la existencia de las redes sociales se abrió en Buenos Aires en 2001 y luego en La Plata, Córdoba y Rosario. La rebelión del 19 y 20 de diciembre alumbró a toda una generación de videastas, periodistas populares y colectivos de fotografía que confluyeron en la asamblea Argentina Arde y en ADOC (hoy DOCA, Documentalistas de Argentina). Servidores solidarios como Austistici Inventati (Italia) y Nodo50 (España) comenzaron a alojar algunos portales de organizaciones piqueteras, transfiriendo conocimientos sobre el uso de las plataformas web.

Los medios alternativos que se multiplicaron en esos primeros años de los 2000 en nuestro país tuvieron en común un reconocimiento de sí mismos como espacios de organización político cultural. Es decir que la movilización popular, el reclamo de hacerse ver y escuchar y las expresiones de la conflictividad social, sumadas al debate sobre el tratamiento mediático de la protesta social también abonaron el terreno para la reemergencia de la temática. Contrainformación, intervención política, poder popular, mediactivismo, ciudadanía comunicativa, proyectos político comunicacionales son algunas de las palabras clave que hacen a la paleta de matices con que la comunicación alternativa se desarrolló durante la primera década del siglo.

Además, las experiencias alternativas venezolanas rápidamente se constituyeron en un faro, particularmente en el caso de la televisión, con la participación destacada del canal Catia TV en la denuncia y enfrentamiento al golpe de Estado contra Hugo Chávez en 2002. Un año después, la tercera edición del Foro Social Mundial realizado en Porto Alegre ya ubicaba la comunicación, la cultura y las nuevas tecnologías como temas estratégicos. Durante el cuarto encuentro, realizado en Bombay, se da un paso más y se utiliza software libre como soporte de todo el evento. En el Foro de 2005, Chávez habló por primera vez en público del “Socialismo del Siglo XXI”. Desde la primera edición de este encuentro, Internet se utilizó como una herramienta de comunicación entre los colectivos y las organizaciones.

Las políticas públicas y la profesionalización de las prácticas

El segundo momento que revitalizó el campo de la alternatividad puede leerse como una consecuencia del primero: ambos están vinculados con el ciclo progresista (como punto de partida o como marco), y por los avances tecnológicos que impactaron en las formas organizativas del movimiento social, y que ayudaron a integrar la comunicación en sus plataformas programáticas. Este segundo período, organizado en torno a los cambios regulatorios en materia de comunicación en la región, es producto de una pelea de largo aliento en foros nacionales e internacionales por la democratización y contra la concentración de la propiedad de los medios.

En nuestro país, el debate y posterior sanción de la ley audiovisual en 2009 facilitó una profunda discusión social acerca del papel de las corporaciones mediáticas, y promovió la articulación entre comunicación alternativa y economía política de la comunicación, tema sobre el que volveremos enseguida. Se trata de un período durante el cual la comunicación desbordó el espacio de los y las especialistas y adquirió estatuto de debate de masas. La alternatividad fue revisitada –como respuesta a la concentración, como vehículo de expresión, como pluralidad de voces– y comenzó a adquirir protagonismo de la mano de la búsqueda de incidencia en la definición de políticas públicas, y del trabajo de largo plazo de redes nacionales y regionales como AMARC-ALC, ALAI, ALER y FARCO, entre otras.

En 2004 intelectuales, organizaciones sociales, sindicales y políticas, trabajadores de prensa y medios comunitarios argentinos habían conformado la Coalición por una Radiodifusión Democrática, y dado a conocer los “21 puntos básicos por el derecho a la comunicación”, que más tarde sirvieron de inspiración para la elaboración de la ley 26.522. Con la convicción de que “si unos pocos controlan la información no es posible la democracia”, y llamando a adoptar “políticas efectivas para evitar la concentración de la propiedad de los medios de comunicación”, los 21 puntos planteaban la reserva del 33 por ciento del espectro para los medios sin fines de lucro y reconocían a los “medios comunitarios de organizaciones de la sociedad civil” como prestadores diferenciados del Estado y del mercado.

Este escenario, marcado por el dinamismo y la experimentación, fue paulatinamente levantado por la academia, tanto desde la investigación como desde la participación en la elaboración de la norma, en el diseño de las estrategias de las redes y/o en el impulso de medios de comunicación comunitarios. Esto permitió que maduraran los debates acerca de la democratización de la comunicación, que habían estado presentes en el momento fundacional del campo comunicacional latinoamericano y que ahora retornaban como deuda pendiente desde la transición democrática.

La segunda década del siglo abría prologada por el debate legislativo pero sobre todo social en torno a la ley audiovisual, potenciando –como señalamos más arriba– el diálogo entre la alternatividad y la economía política de la comunicación. Así se viene extendiendo toda una zona de estudios sobre las políticas públicas vinculadas o destinadas al sector, las “barreras invisibles” para el ingreso de los actores no lucrativos al sistema de medios y la sostenibilidad de las experiencias. Esta articulación entre economía política, derecho y alternatividad –revisitada respecto de los años del NOMIC–, tecnologías, movimientos sociales y sociología de la cultura, va dibujando los nuevos contornos del campo.

Desde el punto de vista de los trayectos académicos, la segunda década del siglo muestra la multiplicación de orientaciones, especializaciones y tecnicaturas en comunicación popular y comunitaria, tanto dependientes de universidades nacionales como de institutos terciarios. Programas de posgrado incluyeron la temática, sobre todo en relación con el desarrollo de políticas públicas orientadas al respeto de los estándares internacionales en materia de derecho a la comunicación y la información. Redes y equipos de investigación interuniversitarios profundizaron líneas de trabajo en torno a las audiencias de los medios comunitarios y su sostenibilidad; se defendieron algunas tesis de maestría y doctorado y se publicaron nuevos libros y artículos en dossiers de contenidos dedicados con miradas a veces sintetizadoras, a veces novedosas, acerca de los problemas de la alternatividad.

Viejos y nuevos desafíos

Desde el punto de vista de las experiencias, la pelea por la legalización y el fomento dio como resultado un escenario ambivalente, débil en términos de licencias pero fortalecido en relación a la capitalización y profesionalización de las emisoras, y consecuentemente a la calidad de sus contenidos. La aplicación de la ley audiovisual en la Argentina estuvo lejos de cumplir con la promesa de poblar con nuevas voces el 33 por ciento del espectro; en Chile recién se han entregado las primeras concesiones en televisión digital comunitaria y en Ecuador los concursos fueron anulados, por tomar algunos ejemplos que amplían el escenario.

Sin embargo, las políticas de fomento lanzaron a las emisoras a soñar con otras escalas posibles. Sin ellas, la migración de la tecnología analógica a la alta definición hubiese sido difícilmente transitable, como lo demuestran los casos argentino y venezolano –aun con todas sus debilidades– en comparación con otros países de la región, donde el fomento fue menor o inexistente. Los altos costos de la tecnología digital, tanto para el registro pero sobre todo para la transmisión, sumados a la escasa cantidad de proveedores y al desconocimiento general acerca de su funcionamiento, hacen de las políticas públicas una conquista fundamental del movimiento social para que sus canales y radios puedan transitar la reconversión con relativo éxito.

Pero en cualquier caso, el fomento es crecimiento cuando hay una base social movilizada, capaz de sostener a fuerza de inserción sus propios medios de comunicación. La sustentabilidad no es únicamente económica, aunque esta es una de las dimensiones más complicadas. El apoyo de las organizaciones, los objetivos de las emisoras, sus historias, la relación con proyectos más amplios, la socialización de los saberes, la transferencia tecnológica entre los medios y la articulación en redes (de medios, con universidades e instituciones) siguen siendo claves, como en décadas anteriores, tanto para el mantenimiento de los medios como para conquistar nuevas demandas, como la promulgación de leyes que democraticen y transparenten la pauta oficial, y también privada.

Las emisoras alternativas, populares, comunitarias hoy son un actor reconocido, aun cuando el contexto desde fines de 2015 es de regresión en materia de derechos, y dentro de estos, del derecho a la comunicación. La legalización es una demanda permanente; el sector será más fuerte cuantos más canales y más radios logren arrancar esta deuda al Estado, cuando logren superar –aun en desigualdad de condiciones– las barreras de entrada para producir más y mejor, para encontrarse y ampliar audiencias, es decir, para disputar sentido. Porque la producción no puede escindirse de la circulación y el encuentro con el público: la construcción de contrahegemonía –aun en sus flujos y reflujos– es de masas o no es. De otro modo la práctica es ahogada, aislada en lo micro o, nuevamente, marginalizada.

Finalmente, pese a que el peso real de estos medios en el mapa comunicacional de nuestros países siga siendo débil (¿cuánto pueden incidir estas voces en escenarios altamente concentrados, a pesar de los cambios regulatorios que buscaron ponerles límites?), también es cierto que sin experiencias como estas no hay democratización posible. Por eso, al examinar estas casi dos décadas de comunicación alternativa en este siglo, hay temas que se reeditan: ese volver a la agenda marca el ritmo de la urgencia para que, esta vez, la oleada llegue más lejos.