| Por María Emilia Reiszer |

Para definir de qué se trata el acuerdo social nos limitaremos a afirmar que implica, tal como explican Cafiero y Sosa en este mismo número, una visión común hacia el futuro y su propia dinámica conlleva concesiones de todas las partes en pos de un objetivo colectivo y superador de los objetivos individuales. Este concepto que emergió en la arena pública con más vigor a partir de la presentación del libro Sinceramente por parte de la expresidenta de la Argentina, Cristina Fernández, implica, en sus palabras, “derechos pero también obligaciones”.

La columna vertebral de este escrito consiste en la idea de que no es posible contar de manera próspera y sostenible con algún tipo de acuerdo social entre las fuerzas políticas, sociales y económicas argentinas internas en el país, sin un contexto regional y geopolítico que acompañe y funcione de paraguas contenedor, protector y, cuando no, impulsor de los acuerdos y cesiones recíprocas. Es decir, un acuerdo social a nivel regional, de carácter progresista, que acompañe los procesos internos.

Quienes se perfilan como posibles impulsores de este proceso regional son en primer lugar el presidente electo de la Argentina, Alberto Fernández, y el actual mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador. El concepto de democracia será protagonista en los tiempos que comienzan, como condición necesaria para el establecimiento de cualquier tipo de acuerdo social interno, que busque el desarrollo de los países.

Los recientes acontecimientos parecen dar indicios de lo que podría comenzar en nuestra región en el 2020. La elección de México para presidir en el 2020 la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) representa un giro prometedor para los vínculos del país azteca con las naciones del sur, sumado al particular posicionamiento de Alberto Fernández ante los actuales y pasados presidentes de los países vecinos y, en consecuencia, su postura hacia el afuera de la región. El ejemplo paradigmático se ve en la decisión de visitar, en el primer viaje luego de su elección, el país presidido por Andrés Manuel López Obrador, cuando la tradición argentina indica que el primer destino sea el mayor socio en la región: Brasil. Las decisiones en política exterior que tomen tanto México como la Argentina serán centrales para la posibilidad o no de abordar procesos progresistas de profundización de derechos y respuesta a las demandas sociales.

Los desafíos de la región

El contexto global, regional e interno predominante exige formas renovadas del ejercicio de la integración y la cooperación. Aquel escenario que propició la fundación de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) en el año 2004 o el “No” al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) en 2005, hoy se presenta como un recuerdo evocado por muchos con melancolía. El nuevo contexto exige salidas novedosas, sin por ello dejar de ser progresistas si lo que se busca es la ampliación de derechos y garantías.

Podría pensarse que el mejor camino para adoptar es lo que en 1995 Carlos Escudé denominó el “realismo de los Estados débiles” o realismo periférico. Allí la prudencia resulta el valor rector de cualquier política exterior, donde debe primar la búsqueda del desarrollo económico más que la consolidación de poder político. Uno de los principios que promueve esta visión de las relaciones internacionales sostiene que los Estados periféricos deben abstenerse de confrontaciones riesgosas e improductivas con grandes potencias.

Siguiendo las premisas de esta teoría, la provocación a las potencias económicas y el cierre de las fronteras nacionales y regionales ya no son más alternativas viables en un mundo de creciente globalización y dinámicas nuevas de relaciones sociales. Se suma a esto el debilitamiento de las economías locales y su creciente dependencia de las posibilidades que el resto de los países del planeta les puedan brindar. Sin embargo, siguiendo a Escudé, la cooperación se vuelve más que nunca un activo a fomentar por parte de los Estados periféricos y, agregamos, doblemente en situaciones de decadencia de los desarrollos económicos.

¿Qué pasa con las democracias?

El politólogo argentino Guillermo O’Donnell elabora su teoría sobre las democracias en los países periféricos partiendo de la base de que no son, por su propia historia y dinámicas sociales, democracias representativas liberales tal como teorizaron autores como Przeworski y Dahl. Nuestras instituciones democráticas emergen luego de períodos signados por el autoritarismo, los cuales dejaron profundas crisis sociales y económicas que refuerzan prácticas y concepciones del ejercicio del poder que dan cuenta de regímenes delegativos más que representativos. Esa característica lleva a que cumplan los supuestos que Robert Dahl atribuyó a la poliarquía, pero con sesgos propios de ausencia de mecanismos de rendición de cuentas y equilibrio de poderes.

Los casos de prisiones efectivas sin condena firme, la persecución y en muchos casos el exilio de dirigentes políticos ante la falta de garantías para la seguridad e integridad físicas; la utilización de las fuerzas armadas de forma continuada como neutralización de la movilización y expresión de los ciudadanos y ciudadanas en las calles, así como la censura a medios de comunicación locales y extranjeros, dan cuenta de principios básicos del Estado de Derecho y la democracia que se encuentran frágiles y que hoy nuevamente atentan contra los derechos de las poblaciones.

El contexto latinoamericano al cierre de este artículo se presenta conflictivo y dinámico, por lo que el futuro que pueda imaginarse resulta imprevisible. Sin embargo, a la luz de los hechos, es posible detectar una realidad: las democracias en nuestra región están demostrando sus límites, cuando no, quebrándose, presentándose insuficientes y débiles frente a los acontecimientos internos y externos. En este sentido, cualquier proceso regional que pretenda profundizar la ampliación de derechos y garantías debe apostar, en primer lugar, a consensos básicos sobre la importancia de contar con bases sólidas de democracias que no se restrinjan al ejercicio electoral periódico.

En eso parece estar pensando el presidente electo de la Argentina, Alberto Fernández, cuando responde vía Twitter a las felicitaciones del actual mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro: “América latina debe trabajar unida para superar la pobreza y desigualdad que padece. La plena vigencia de la democracia es el camino para lograrlo”.

El Grupo de Puebla: reflexiones superestructurales necesarias pero no suficientes

El 2019 ha sido testigo de la emergencia de una nueva instancia de debate, pensamiento y posicionamiento sobre temas globales y regionales que busca poner en acto el nuevo paradigma progresista que los dirigentes de centroizquierda aspiran que se instale en la región: el Grupo de Puebla (GP). En la portada de su sitio web (www.grupodepuebla.org) se presenta como “un espacio de reflexión e intercambio político que trabaja por el desarrollo integral de los pueblos de Latinoamérica analizando sus desafíos comunes y trazando iniciativas conjuntas, siempre, desde el respeto de las preferencias partidarias de sus participantes”.

Los conceptos de “desarrollo integral” y “respeto de las preferencias partidarias” marcan la inclinación que busca adoptar el GP. La fuerte afinidad ideológica no se esgrime como una de sus aspiraciones, muy por el contrario, se jacta de contar en su interior con diversos representantes de una amplia gama de colores políticos: desde Pepe Mujica hasta Rodríguez Zapatero. Propone una integración para vivir dentro de las diferencias para alcanzar la vía del desarrollo sostenible con integración y cooperación entre América latina y el Caribe. Lejos está del sueño bolivariano de la “nación latinoamericana”, pero consciente quizá de su tiempo y las limitaciones de su contexto. Alejandro Frenkel, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de San Martín, explica esta característica en una entrevista con el medio digital Cenital, en la que habla del contexto regional expresando que “hay un intento por generar una nueva identidad del progresismo regional, lejos de Cuba y Venezuela. Se trata de un progresismo más liberal”.

El GP tampoco es ajeno a los cambios políticos en la región y reconoce una deuda histórica con las democracias y las instituciones. Tampoco hace oídos sordos a los cambios en el mundo en cuanto a la emergencia de nuevas subjetividades derivadas de novedosas lógicas laborales, así como tampoco a las demandas de la sociedad civil como el feminismo o los movimientos en pos del cuidado del medio ambiente. Es decir, entiende los cambios propios de la globalización del siglo XXI que se distancian de las lógicas populares del siglo pasado y exigen nuevas dinámicas para el consenso y convivencia armónicas. Siguiendo a Cafiero y Sosa, es “cruzar la frontera del tabú de que el progreso individual es contrario a todo proyecto popular”.

¿Por qué decimos que son reflexiones superestructurales pero no suficientes? En primer lugar, porque se trata de un colectivo de líderes políticos. Si se observa quiénes lo componen, en todos los casos se trata de referentes que ocupan u ocuparon cargos públicos y/o partidarios. Para ser exactos, 32 líderes que representan a 12 países del progresismo latinoamericano y español. No se encuentran entre sus integrantes representantes de movimientos sociales, sindicatos, colectivos de la sociedad civil o empresarios. No se trata de una carencia o desventaja, simplemente habla del carácter superestructural de los debates y consensos que se puedan llevar a cabo. Como expresó Alberto Fernández en la apertura del último encuentro del GP en la ciudad de Buenos Aires, el Grupo de Puebla se posiciona como la voz de América latina hacia el mundo, y será el lugar de donde posiblemente emerjan los nuevos líderes políticos progresistas de la región.

Un contrato social sustentable, que pretenda, como expresan Cafiero y Sosa, transformar “las minorías dispersas en una mayoría diversa”, debe contemplar a los sujetos sociales desposeídos, a los nuevos emergentes y representantes de los diversos sectores sociales y económicos con voluntad de ceder y negociar en pos de un crecimiento colectivo. En una reciente entrevista radial, Fernández afirmó que para enfrentar el proceso de globalización debemos unir el continente. Se trata de un proceso con una lógica de unión que excede lo ideológico y apunta al pragmatismo y la conveniencia conjunta, siempre basado en la necesidad de garantizar la institucionalidad democrática. Quizá sea este el lugar que comience a ocupar la CELAC a partir del 2020 bajo la nueva presidencia de México.

La CELAC, ¿promesa de marco institucional para el acuerdo social?

“No hay ideas o consenso mayoritarios. La polarización ideológica hace muy difícil pensar en consensos regionales; nadie ve a las instancias regionales como lugares válidos para coordinar políticas en tanto región”, explica Alejandro Frenkel. Su expresión refleja quizás el mayor desafío para los espacios de integración institucionalizados en la región.

La CELAC se presenta como un “mecanismo intergubernamental de diálogo y concertación política” integrado por los 33 países de América latina y el Caribe. A diferencia de lo que se mencionaba anteriormente sobre la carta de presentación del Grupo de Puebla, la CELAC se entiende como una instancia de diálogo e integración que contempla la diversidad política, económica, social y cultural de los países de la región.

Meses atrás, el organismo eligió a los representantes de México para ejercer la presidencia pro témpore en el 2020. Tal como explica el periodista y analista internacional Pedro Brieger, la aceptación para ocupar ese cargo, junto con otros gestos en relación a la conmemoración del aniversario del derrocamiento y asesinato de Salvador Allende en Chile el 11 de septiembre y del atentado a las Torres Gemelas; el rechazo a la implementación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) para justificar la intervención en Venezuela, a la vez que mantiene sin cuestionamientos el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), mejor conocido como NAFTA por su sigla en inglés, dan cuenta de un equilibrio en constante tensión que ha asumido la nueva gestión del país azteca con la presidencia de López Obrador. Un equilibrio que refleja por primera vez en mucho tiempo una mirada hacia el sur.

No es posible vaticinar los efectos que tendrá el ejercicio de esta presidencia, debemos esperar la asunción y sucesión de acontecimientos para conocer si aquello que se presume fue cumplido. Sin embargo, es posible afirmar con mayor certeza que la presencia de México será central en los meses que se vienen, con su giro novedoso hacia el sur y el intento de establecer un eje de gobiernos progresistas junto con la Argentina, en un contexto signado por quiebres democráticos y gobiernos de corte conservador y neoliberal.

El lugar de Alberto Fernández en el nuevo contexto regional

En un reciente artículo sobre la política exterior del Frente de Todos (alianza electa para gobernar por los próximos cuatro años la Argentina), Federico Merke analiza las variables que todo gobierno debe tener en cuenta a la hora de considerar la política exterior a adoptar:
1. La herencia recibida.
2. Las preferencias del propio gobierno.
3. Las restricciones y oportunidades que vienen del ambiente internacional, global y regional.

No interesa por el momento adentrarnos en los casos particulares de cada una de estas variables, sino divisar el margen de posibilidades que tendrá o no la nueva gestión para realizar giros en las políticas exteriores en relación a los países de la región y liderar un proceso progresista de consolidación democrática y generación de acuerdos sociales.

Esta enumeración es posible extrapolarla a la hora de liderar potencialmente las decisiones geopolíticas. Al ponerse al frente de un proceso de integración regional, los líderes se ven inmersos en un contexto determinado que les brinda ciertas oportunidades, a la vez que restringe otras, para llevar adelante su cometido.

En su escrito, Merke reconoce que el contexto que se le presenta a la gestión de Fernández será restrictivo para la adopción de medidas que signifiquen cambios drásticos en el rumbo actual. Por lo tanto, cualquier tipo de giro que quiera hacerse en materia de política exterior deberá estar basado y fundamentado por la herencia recibida o las preferencias del propio gobierno.

Para el autor, las preferencias están dadas por las identidades políticas, los valores y principios y su vinculación con los intereses económicos. El Frente de Todos presenta una amplia gama de organizaciones y graduaciones de colores políticos peronistas. Los valores que emerjan y tiñan la política exterior del próximo gobierno estarán determinados por cómo se dé la correlación de fuerzas en el reparto ministerial (no solamente para quien ocupe la Cancillería sino todas las carteras vinculadas a la exportación e importación), y el diálogo entre unos y otros para poder aunar intereses. Por lo tanto, al momento solo es posible leer la postura adoptada por el candidato electo, Alberto Fernández, única base sólida para estimar sus preferencias en el tema.

Basándonos en sus declaraciones, sus publicaciones en Twitter y respuestas en las sucesivas entrevistas que dio en el último tiempo el presidente electo, es posible comprender que la postura de la Argentina en materia de política exterior estará abocada a la profundización y estabilización institucional de las democracias y la subsiguiente profundización de los procesos que superen la pobreza y la desigualdad, pero manteniendo contacto y vínculos con las principales potencias mundiales.

Su discurso en la apertura del Grupo de Puebla reflejó con claridad el primer postulado, al decir que se reconocen “demócratas respetuosos del pensamiento del otro” cuya tarea es restablecer las instituciones que fueron demacradas por los gobiernos de corte neoliberal. Al responderle tanto al titular de la OEA, Luis Almagro, como al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hizo hincapié en la importancia de la profundización de las democracias para a partir de allí construir “un país para todos”. A Maduro le recordó que “la vigencia plena de la democracia es el camino para lograrlo”.

La tercera premisa, en relación a la vinculación con las potencias y organismos líderes del orden mundial, se sustenta en las declaraciones en torno a los vínculos con Estados Unidos, el Reino Unido y el propio Fondo Monetario Internacional (FMI). Con respecto al primero, en reiteradas ocasiones sostuvo que la salida no es encerrarse en el Mercosur sino mantener vínculos con el país del norte, al igual que con la Unión Europea, pero preservando los intereses locales. Lo mismo expresó al responderle al secretario de Estado, Mike Pompeo, a quien le recordó la voluntad de construir una relación “de respeto y mutuo entendimiento” para establecer pasos que posibiliten el desarrollo argentino. Con respecto al Reino Unido, reivindicó el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas, haciendo la salvedad del interés por fortalecer los lazos. Por último, en cuanto a los vínculos con el FMI, la postura de Fernández es aquella de “cumplir con los compromisos” con el Fondo. Así lo sostuvo al agradecer el saludo de Kristalina Georgieva, actual directora del Fondo, al expresarle que “los argentinos también esperamos salir lo antes posible de esta crisis para volver a crecer y que eso nos permita cumplir con los compromisos”.

La elección de México como el primer destino al cual dirigirse una vez proclamado presidente electo simboliza en los hechos el cambio de rumbo que buscará adoptar la nueva administración. Lejos de la tradición, que indica que el primer vecino a visitar es la República de Brasil, con este accionar se abre el camino para un nuevo proceso que prioriza los líderes con visiones progresistas, conscientes del mundo globalizado en el cual están inmersos: desideologizar las relaciones internacionales apostando por el pragmatismo y la conveniencia estratégica.

Conclusiones

La primera conclusión que se intentó esclarecer es que una vez más el punto de partida, el acuerdo social de base, para la profundización de los procesos sociales en la región es la reconstrucción, fortalecimiento o profundización de las instituciones democráticas. Es a partir de allí y solo así que se podrán encaminar los objetivos de acuerdos sociales.

La vía de la endogamia hacia adentro de la región, tal como primó en la primera década del XXI, lejos de Estados Unidos y las potencias europeas, dejó de ser una alternativa sostenible. Hoy los procesos productivos del capital global exigen los vínculos externos a la región para sobrevivir. El desafío que resta es dotar de características atractivas a las economías regionales para que el único incentivo comercial no se encuentre por fuera de los límites del continente.

Los gobiernos de la Argentina y México se perfilan para ser aquellos que impulsen los procesos de profundización y restablecimiento de lazos comerciales hacia el interior, mirando al sur, y encabecen los consensos políticos y económicos en los próximos meses. El lugar del Grupo de Puebla será central en la conformación de líderes políticos que continúen los legados del progresismo y los valores de la democracia, además de ser el marco de contención para las discusiones básicas en cuanto a los lineamientos políticos a representar como bloque. Resta aún esperar el rol de la CELAC en el proceso de una real apertura hacia el “contrato social de ciudadanía responsable” en la región, al ser el único organismo reconocido para albergar las voces de los distintos sectores y el único habilitado para llevar adelante acuerdos marco que fomenten la integración y el desarrollo de los pueblos de América latina y el Caribe. El futuro aún resulta incierto.