| Por Nadia Koziner, Esteban Zunino y Natalia Aruguete |

Este artículo fue realizado en el marco del PIO Conicet-Defensoría del Público y del PICT “De la propiedad a la recepción. Estudio integral del circuito productivo de las noticias sobre delito e inseguridad en los noticieros televisivos de mayor audiencia de la Argentina”. El equipo completo está conformado por Aruguete, Natalia; Barrera, Silvana; Becerra, Martín; Carboni, Ornela; Fabbro, Gabriela; Focás, Brenda; Galar, Santiago; Kessler, Gabriel; Koziner, Nadia; Marino, Santiago; Raimondo Anselmino, Natalia; Retegui, Lorena; Rodríguez Miranda, Carla; Rosenberg, Laura; Sambrana, Alejandro; Sosa, Florencia; Zanotti, Juan Martín, y Zunino, Esteban

Introducción

Entre los problemas que más inquietan a los ciudadanos argentinos, la inflación mantiene la delantera frente a la corrupción, que aparece en la agenda interpersonal (los temas sobre los que el individuo habla y discute con otras personas) de manera espasmódica. Es decir que no necesariamente un tema que acapare las charlas de café o los comentarios en un ascensor se instalará como una preocupación íntima de la sociedad, para quien su situación socioeconómica empeoró respecto de un año atrás y se agravará en el futuro próximo. Según una encuesta realizada por Synopsis los días 8 y 9 de agosto de 2018, la mitad de los consultados cree que la situación económica estará “peor” dentro de un año, es decir, en 2019 (https://www.clarin.com/politica/encuesta-pegan-cristina-kirchner-coimas-mauricio-macri-economia_0_SJTBS8eUX.html).

El aumento –o no– de actos de corrupción en el ámbito público no explica por sí mismo la creciente preocupación social por este asunto. Lo importante no es tanto desentrañar si creció en cantidad sino encontrar los motivos por los cuales, en palabras de Sebastián Pereyra, se volvió “intolerable” (2013). Por cierto, mientras existía, el Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina (Cefidar) calculó que solo el 5% de los fondos fugados proceden de hechos de corrupción gubernamental; el 31%, de actividades criminales (narcotráfico, venta de armas, entre otros) y el 64%, de maniobras destinadas a evadir el pago de impuestos, con los Panamá Papers y los Paradise Papers a la cabeza.

Frente a la desproporcionada importancia mediática dada a este tipo de delito en comparación con los delitos económicos en los que no participan funcionarios ni políticos –dato que surge del encuentro de periodistas de América latina organizado por la Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos (Latindadd) en agosto de 2018–, nos inquieta entender por qué la corrupción se ha convertido en materia de debate público. Este artículo explora el tratamiento mediático que distintos diarios online de la ciudad de Buenos Aires –Página 12, Clarín, La Nación e Infobae– dieron a una serie de casos de corrupción entre el jueves 9 de agosto y el jueves 16 de agosto de 2018. Más específicamente, indaga el grado de standing (crédito) que obtienen las distintas fuentes de información dentro del relato. Para ello, se analiza el contenido de las notas publicadas en las homes de estos cuatro medios en dos momentos del día –las 9 de la mañana y las 6 de la tarde–, seleccionados de acuerdo con criterios de tráfico y de actualización de temas. El corpus está conformado por 281 unidades de análisis, sobre las cuales se releva el tópico del que trata la noticia, las fuentes más importantes, su valoración y el nivel de adhesión a sus dichos por parte del autor de la nota.

El periodismo digital

Concebidos con una lógica de flujo continuo, los procesos productivos en las redacciones de los diarios digitales adquieren dinámicas propias. En la Argentina, los medios digitales tienen una penetración del 25,6% y van en aumento (SINCA – Encuesta Nacional de Consumos Culturales del Ministerio de Cultura de la Nación Argentina, 2017). Muchos ciudadanos que declaran informarse por redes sociales (23,4%) acceden de manera incidental (Mitchelstein & Boczkowski, 2017) a noticias producidas por empresas mediáticas tradicionales que distribuyen sus contenidos por diversas plataformas, lo que aumenta potencialmente el nivel de consumo de diarios online a prácticamente la mitad de la población (SINCA, 2017).

Tal como destaca Stella Martini, los criterios de noticiabilidad en el digital son la inmediatez y la espectacularización. Mientras que la noticia es cada vez más “aquello que sucede cerca en el tiempo del público” (2017, p. 21), la competencia de los diarios online con otras fuentes de información, como las redes sociales, los conduce a un “sensacionalismo argumentativo” (2017, p. 20) que busca atraer la atención de los lectores en un entorno convergente. Las informaciones lineales, sesgadas y descontextualizadas son la norma en estas plataformas.

En las redacciones, los tiempos de producción son más acotados. Los periodistas actúan como editores de segunda mano de un material que les llega predigerido por las fuentes de información oficiales, las agencias informativas, las redes sociales y los aportes de los propios lectores.

La subordinación de la labor periodística a la lógica de métricas en tiempo real impacta sobre los temas que se ofrecen y el tiempo de elaboración de la noticia, en detrimento de la contrastación de fuentes y de la diversidad y pluralidad de puntos de vista. El objetivo es monetizar el contenido que se produce en un escenario donde la volatilidad de la lectura, la dificultad para fidelizar a los consumidores y la competencia con otros medios y plataformas suponen una ebullición permanente.

El crédito de las fuentes

En las definiciones de los temas políticos que quedan plasmadas en las noticias se puede observar huellas de disputas de poder que exceden esos textos y remiten a un proceso que atraviesa su instancia de elaboración, los contenidos, su recepción y la cultura política de la sociedad en la que dicha noticia tiene lugar.

Las noticias incluyen ciertos aspectos de una realidad percibida y los vuelven relevantes al presentar un asunto, identificar las fuentes que lo definen y los actores que lo protagonizan. Las palabras y las imágenes que componen un relato se distinguen por su capacidad para estimular el apoyo o la oposición a las distintas posturas presentes en un debate político.

No todos los actores tienen las mismas posibilidades de hacer oír sus voces y, menos aún, de dejar plasmada su versión de los acontecimientos. El tipo de atención que los profesionales de la información dan a los actores individuales o colectivos puede relacionarse con rasgos propios de los actores o con acciones que estos despliegan para obtener visibilidad mediática. Es decir, con decisiones racionales orientadas a hacer públicas sus demandas y cosechar apoyo. Pero en términos empíricos, son los periodistas, a partir de sus percepciones sobre los actores clave alrededor de determinada cuestión, quienes les otorgan standing o crédito.

Por lo general, la mirada de las fuentes oficiales, pertenecientes a alguno de los tres poderes del Estado, tiene el acceso asegurado a los periodistas y, finalmente, a los contenidos noticiosos. Según la hipótesis del Indexing, la variedad de voces y puntos de vista alrededor de un tema estará delimitada por la amplitud del espectro de opiniones al interior de las elites políticas (Lance Bennett, 1990). En este marco, la noción de standing es un aporte novedoso en tanto permite ampliar la idea de que la visibilidad de una fuente en las coberturas no resulta suficiente para dar cuenta de su capacidad de plasmar sus argumentos y, en última instancia, influir en la interpretación general de un caso.

A fin de rastrear los actores individuales o colectivos que obtienen crédito en las coberturas, se analiza la visibilidad de las fuentes, su relación con los tópicos –etiquetas que agrupan los acontecimientos ligados al tema de la corrupción– y el nivel de adhesión que se otorga a sus declaraciones.

Las portavoces de la corrupción

La lógica rutinaria de la era digital y, sobre todo, la actual coyuntura política indican que es razonable que algunos medios de prensa dediquen una parte sustancial de su “hueco informativo” (como denomina Maxwell McCombs –2006– al espacio total dedicado al contenido informativo) a cubrir las revelaciones de Oscar Centeno y el “escándalo” de los cuadernos Gloria, que dispararon la investigación judicial sobre las supuestas coimas pagadas por empresarios adjudicatarios de obras públicas en la Argentina durante los gobiernos de Néstor Kirchner (2003/2007) y Cristina Fernández (2007/2011 y 2011/2015). Concretamente, el 90% de las notas se enfocó en la corrupción K, en detrimento de delitos como el de los “aportantes truchos”, cuya importancia mediática cayó drásticamente durante el período analizado. El Gloriagate estalló el martes 31 de julio con la primicia periodística de la detención de Oscar Centeno, un remisero que se desempeñaba como chofer de Alejandro Baratta, número dos del ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. A ello le siguió la aparición de fotocopias de unos cuadernos marca Gloria en los que el chofer habría registrado en reiteradas oportunidades el traslado de dinero proveniente de coimas de empresarios vinculados con la obra pública a funcionarios del gobierno anterior.

El caso ocupó un lugar destacado en las homes de Clarín y La Nación. Ambos relataron el minuto a minuto de la investigación, tanto judicial como periodística, aunque no en todo momento estas se desenvolvieron en la misma dirección ni avanzaron con la misma velocidad. De las 281 notas recogidas, La Nación lleva la delantera con el 37,5%. En segundo lugar se ubica Clarín con el 28,9%, mientras que Infobae y Página 12 aportan el 22,1% y el 11,4%, respectivamente.

El tópico más importante se concentra en las declaraciones de empresarios y ex funcionarios: el 21,4% de la cobertura presenta detalles acerca de las acciones y declaraciones de ex funcionarios de las gestiones kirchneristas vinculados –como testigos o acusados– con el cobro de coimas para adjudicar licitaciones de distintas obras públicas. El segundo tópico incluye las medidas políticas y judiciales en relación con los delitos de corrupción asociados al caso (el 19,3%), seguido por las declaraciones de empresarios (18,2%) que, bajo la figura del “arrepentido”, declararon en la causa y frente a los medios haber sido parte de un engranaje de corrupción basado en el aporte de dinero para la campaña electoral del kirchnerismo. El impacto político del caso tuvo un lugar destacado (16,8%), por cuanto hizo tambalear las relaciones entre la elite política y la empresaria. La tematización de un asunto no supone solamente ponerlo en el orden del día, sino enfatizar ciertos rasgos durante el plazo que dure su cobertura. En este caso en particular, y en el periodismo digital en general, el tratamiento mediático ha sido dramático y descontextualizado, características propias de lo que Murray Edelman (1991) define como espectáculo político.

Los puntos de vista presentes en una cobertura son coherentes con la correlación de fuerzas percibida por los periodistas en una controversia política. Allí radica la predominante visibilidad que suelen cobrar las fuentes estatales y, más precisamente, las gubernamentales. El Gloriagate no parece ser el caso, puesto que la visibilidad de las fuentes no oficiales más que duplica la presencia de las oficiales (69,8% frente a 30,2%). El fuerte protagonismo de Centeno y de los empresarios arrepentidos como fuentes principales de los acontecimientos resulta de la fractura al interior de la elite política. La baja aparición de los funcionarios del gobierno –que quedaron eximidos de exponer sus definiciones del caso– se debe a que su versión de los hechos es expresada por los empresarios “arrepentidos”, actores fuertemente institucionalizados y con poder de veto en la historia de nuestro país.

Los diarios muestran un alto grado de consonancia en la mayor visibilidad dada a las fuentes no oficiales. En Clarín, en La Nación y en Infobae las fuentes empresariales y las judiciales obtienen mayores niveles de standing, por cuanto la presencia predominante coincide con el respaldo mediático de su versión de los acontecimientos. En efecto, las declaraciones de los personajes asociados al encuadre del gobierno –los empresarios, el chofer Centeno o el fiscal Carlos Stornelli– son respaldadas por el encuadre general de la nota. Las palabras de Centeno y de los empresarios quedan acreditadas en el 90% de los casos, mientras que la totalidad de las citas atribuidas a Stornelli y a otros miembros del Poder Judicial tienen efecto de verdad. Página 12 se distingue de los otros tres diarios. Aun cuando mantiene la brecha entre ambos tipos de fuentes –la voz de los funcionarios públicos tiene menor presencia que la de los arrepentidos–, las declaraciones de los empresarios aparecen explícitamente desacreditadas.

Más allá de las diferencias en el comportamiento de los diarios, en términos globales los ex funcionarios del gobierno kirchnerista que actualmente desempeñan algún cargo en la estructura del Estado –Cristina Fernández y Juan Manuel Abal Medina– se ubican entre las fuentes oficiales más citadas, aunque sus expresiones son mayormente desautorizadas. En algunas oportunidades se contradicen sus dichos –las palabras de Cristina Fernández son desestimadas en un 46,5%– y en otras se valora su figura negativamente. Estos hallazgos refuerzan la hipótesis de que la mera presencia de una fuente no garantiza que esta logre instalar su marco interpretativo de la realidad percibida.

Reflexiones finales

El propósito de este trabajo ha sido conocer el grado de influencia que las fuentes de información ejercen sobre la cobertura noticiosa de un tema, para lo cual se vuelve fundamental observar tanto la visibilidad de las mismas como la acreditación o desacreditación que el medio realiza de sus testimonios. Esta premisa se deriva del planteo de Jean Charron (1998) acerca de que “la influencia en la agenda de los asuntos públicos se mide por la capacidad que tiene un actor de imponer o condicionar (…) cierta definición de la realidad” (p. 76). Los supuestos delitos de corrupción cometidos por los gobiernos de Néstor Kirchner (2003/2007) y Cristina Fernández (2007/2011 y 2011/2015) son elocuentes para analizar el grado de standing a partir de dos aspectos clave del tratamiento de las fuentes de información. Por un lado, si las fuentes oficiales –los actores pertenecientes a la estructura del Estado– tienen mayor peso que las no oficiales en la construcción de las noticias. Por otra parte, dado que la mayoría de los actores involucrados en esta controversia judicial y política son fuentes oficiales, qué actores alcanzan un mayor grado de standing.

Una primera mirada sobre el Gloriagate permite ver que, entre las fuentes oficiales, la más citada es el Poder Judicial, y dentro de este, el fiscal Carlos Stornelli, con una abrumadora aprobación de sus palabras. Un trato radicalmente inverso al recibido por la ex presidenta. Pese a ser una de las fuentes más citadas, Cristina Fernández no logra instalar su visión de los acontecimientos: no solo porque su imagen es presentada en forma negativa sino porque sus dichos aparecen explícitamente desacreditados en la mayoría de las notas publicadas por Clarín, La Nación e Infobae. No ocurre lo mismo con otros funcionarios de alto rango de su gobierno, lo que constata la deslegitimación de su figura.

Con un elemento discursivo adicional, el espectáculo político creado alrededor de este caso tiene lugar a partir de una tendencia hacia la personalización de las noticias, es decir, la organización de los acontecimientos alrededor de las acciones y declaraciones de personajes individuales, de manera descontextualizada y con un claro enfoque en la controversia.

El énfasis puesto en deslegitimar a la ex mandataria Cristina Fernández por parte de Clarín y La Nación se consolida con el desfile de fuentes no oficiales –tanto en los pasillos de tribunales como en las homes de estos diarios–, figuras clave dada su contribución ineludible a la forma y el contenido que va cobrando la causa. Concretamente, los empresarios en su conjunto son la primera fuente, por encima del chofer arrepentido. Carlos Wagner, ex presidente de la Cámara de la Construcción; Luis Betnaza, director de Techint; Angelo Calcaterra, de Iecsa, y Aldo Roggio, quien renunció a la presidencia de su empresa tras haberse acogido a la figura del arrepentido, no solo aparecen como las fuentes más destacadas, sino que su versión de los hechos es respaldada por el marco general de la noticia. Una excepción a este comportamiento es Página 12, donde se mantiene el alto grado de visibilidad de los arrepentidos, pero sus declaraciones son explícitamente desacreditadas.

En definitiva, esta distribución y acreditación de voces invita a preguntarse sobre el éxito de la estrategia gubernamental de tercerizar (outsource) su encuadre de la “corrupción K” en la voz de empresarios integrantes de la llamada “patria contratista”, históricamente influyentes en la dinámica política y económica del país.