| Por Pamela Sosa |

La votación del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en la Cámara de Senadores, en agosto de 2018, es una interesante ventana de observación de las características de las elites políticas en el territorio nacional y sus distintos perfiles, especialmente porque lxs legisladores que la componen representan la totalidad de las provincias argentinas. Pero también es una puerta de ingreso al debate propuesto por este dossier sobre la relación entre las elites en la Argentina y el desarrollo social ya que, si consideramos la política que expresa la IVE como un avance en este sentido, el análisis del perfil social y político de las elites en las provincias expresa a la vez sus límites y posibilidades.

Atendiendo al consenso y las creencias predominantes de los países considerados “desarrollados”, la incorporación a la agenda pública de la IVE hace visible el avance de nuestra sociedad en materia de igualdad de género, pero también permite sondear la relación entre los asuntos privados y públicos, dimensión que se expresa en las demandas de separación, que subyace a la propuesta, entre la Iglesia y el Estado. En este sentido el debate sobre el aborto y su expresión regional nos pueden servir para analizar qué reflejan de nuestras elites políticas –y su relación con las elites sociales– los resultados.

El estudio del comportamiento del Senado nacional no es solo una puerta de ingreso al análisis político de los territorios, también es una fuerte evidencia de los niveles de integración, interrelación e igualación entre las provincias, favorecidos por esta institución. Desde los orígenes del Estado nacional, esta fue un soporte central no solo para representar los intereses de las provincias, sino también para disminuir la disparidad regional de uno de los países con mayor extensión territorial del mundo. El comportamiento de las distintas elites provinciales y las disputas e influencias entre las mismas son un elemento central para comprender las posibilidades de consensuar políticas en todo el país ligadas al desarrollo.

¿Provincias tradicionales y provincias modernas?

Una lectura apresurada sobre los resultados de la votación replica una histórica imagen asociada a los desiguales niveles de desarrollo en la Argentina. El norte del país, en este caso particularmente el noroeste, fue la región que rechazó de plano la propuesta. Todos los senadores de Salta, Jujuy, La Rioja, San Juan y Santiago del Estero impugnaron la medida, grupo al que también podríamos agregar San Luis.

Una primera lectura de este resultado nos remite a una vieja imagen dicotómica de la Argentina. El interior profundo, periférico, económicamente atrasado, con relaciones de dominación social y política arraigada, tradicional y con fuertes componentes religiosos, base de sustento del voto negativo para la medida, contrastaría con una región central conformada por atributos opuestos. Económicamente avanzada, moderna, igualitarista en lo político y lo social y, por supuesto, secular.

El intento inmediato de aplicar esta matriz histórica de centro-periferia, como base explicativa del desarrollo y subdesarrollo nacional, tambalea cuando nos enfrentamos con algunos datos relevantes que arrojó la votación de la IVE. En la Capital Federal, el distrito más “moderno” del país, se impuso el rechazo, mientras que provincias históricamente consideradas “tradicionales”, con cierto peso de la religión, actuaron de manera “moderna”, como La Pampa, Mendoza y Chaco, en las que predominó el apoyo. También, provincias del centro, muchas veces interpretadas como conservadoras, como Córdoba, dieron un apoyo total y las patagónicas –especialmente Chubut y Río Negro– parecieran sostener las tesis que interpretan las provincias del sur como un tercer tipo de región. Dada su creación y población reciente, con un menor peso de las tradiciones –y también de la religión–, las provincias patagónicas podrían considerarse “nuevas” y por esa razón más proclives a una posición favorable.

El género de lxs senadores por región, históricamente y en la actualidad

Los estudios sobre lxs dirigentes políticxs durante la década de 1990 muestran una elite que podríamos denominar absolutamente masculina. En esa década, ninguna mujer fue electa como gobernadora de ninguna provincia y entre 1989 y 1998 solo una ocupó el cargo de senadora. Estos datos muestran que en esa década las principales posiciones de elite quedaron restringidas para las mujeres en todo el territorio nacional, contorneando una elite de varones. En contraste con esos años, la composición de la cámara actual de senadores cambió radicalmente, como parte de la apertura que implicó la incorporación de mujeres a través de la ley de cupo, luego de la reforma de 1994 –que terminó de ponerse en funcionamiento en 2001– e implicó la exigencia del 30% de posiciones elegibles para las mujeres en las listas. Actualmente la cámara cuenta con 42 varones y 30 mujeres, un cambio radical que muestra, por otro lado, que la presencia de mujeres supera el tercio exigido por la ley.

Ahora bien, ¿cuáles son las regiones “más abiertas” al ingreso de mujeres? Es difícil establecer patrones regionales que muestren qué provincias han permitido mayor ingreso femenino, pero existen ciertas tendencias que, por otro lado, confirman la idea de que las áreas centrales no llevan la delantera en este aspecto. De los 24 distritos provinciales, solo 6 poseen mayoría de mujeres: Capital Federal, Río Negro, Mendoza, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tucumán. De estas provincias, tres votaron a favor y dos votaron en contra, mientras que Tucumán manifestó un empate. Los resultados confirman una máxima aprehendida por los movimientos feministas: la mayor presencia de mujeres no ha implicado necesariamente posicionamientos “feministas” como los expresados en la IVE. Esta tendencia también se visibiliza cuando observamos que la región que se opuso radicalmente a la legalización, el NOA, tiene mayor participación de mujeres que las zonas centrales pero produjo un resultado negativo o que la región más masculina, el NEA, posee mayoría de varones en todos sus distritos pero no por ello se opuso en su totalidad.

Finalmente, la zona “más femenina” es la Patagonia, paradójicamente, una región habitada históricamente por “hombres”, cuya tasa de masculinidad en algunas regiones y hasta la mitad del siglo XX fue del 100%. De las 5 provincias que la conforman, solo 3 poseen mayoría de varones y, en este caso, la presencia de mujeres pareciera que sí contribuyó a un resultado positivo ya que dos de las cuatro provincias que votaron totalmente a favor, Chubut y Neuquén, se encuentran en esta región.

Las pertenencias partidarias de lxs senadores

El mapa de las pertenencias partidarias nos brinda otros elementos para caracterizar el comportamiento de lxs senadores y ciertas tendencias ligadas a las diferencias regionales de las elites políticas en la actualidad. Si analizamos cuáles son los espacios políticos que rechazaron la iniciativa, vemos que el interbloque de Cambiemos, conformado centralmente por el PRO y la UCR, fue el espacio que más votos en contra dio a la medida (sumó 17), brindando el mayor caudal a esta posición. En segundo lugar, en el interbloque Argentina Federal también predominó el rechazo (11 a 8) y, por último, y en el polo opuesto a estas posiciones se ubicó el Frente para la Victoria (FPV). Este sector, aunque no fue la fuerza política que más votos positivos le brindó a la ley, apoyó casi de manera homogénea la medida; la mayoría de sus miembros (8 de 9) votaron a favor de la misma.

Si miramos en detalle la composición de género de los espacios, nos encontramos con uno de los principales datos de este resultado. El FPV es un espacio conformado casi exclusivamente por mujeres (8 de 9), mientras que en el interbloque Federal es el más masculino de la cámara (de 20 integrantes, 15 son varones). Los resultados en estos dos espacios muestran una correlación entre composición de género y posiciones a favor y en contra, pero dentro de un mismo espacio político, el peronismo. Es decir, dentro de este espacio político las mujeres estuvieron a favor y los varones tuvieron una mayor tendencia al rechazo.

Al interior de Cambiemos, las diferencias de género son más reducidas, pero predominan los hombres por sobre las mujeres (en el bloque del PRO 5 sobre 3 son varones y en la UCR son 7 sobre 5). Mientras que, a diferencia del espacio peronista, las diferencias entre espacios internos no tienen una correlación marcada con la variable, los dos grupos internos más importantes tienen más o menos la misma distribución de género. Sin embargo, pese a esta mayor equidad, los resultados sí presentan diferencias en los espacios internos de la coalición gobernante. Mientras en el PRO el resultado fue parejo (5 senadores votaron en contra y 4 a favor), en el bloque de la UCR –el más grande de la coalición– predominó ampliamente la negativa; de 12 legisladores, 9 se opusieron al proyecto. Es decir, dentro del espacio Cambiemos la mayor cantidad de votos negativos fue aportada por el partido centenario.

El análisis de la composición de género de los bloques de las coaliciones predominantes y los resultados de la votación muestran una diferencia transversal al interior del Senado. Los datos permiten sostener cierta convivencia de sectores de la política tradicional, muy ligada a las formas partidarias predominantes de la década de los ’90, y sectores con perfiles políticos nuevos. Efectivamente, fueron los sectores más tradicionales de la política argentina que formaban parte de las coaliciones, la UCR y el Peronismo Federal, los que ofrecieron más resistencia a la ley, sectores del peronismo predominante de la década señalada y sectores del radicalismo.

La clave del voto peronista: varones viejos vs. mujeres jóvenes

La convivencia de sectores tradicionales y nuevos es particularmente notable cuando contrastamos las dos vertientes del peronismo, el Federal y el FPV. Muchos dirigentes del primer agrupamiento son dirigentes que forman parte de las denominadas “familias políticas”, un formato particular de agrupamiento político que implicó el control político de múltiples provincias argentinas, dominio que se sostiene por lazos de consanguineidad entre varones.

El clan de la familia Rodríguez Saá en San Luis, paradigma de este agrupamiento político, proviene del siglo XIX, participó de la Unión Cívica, del Partido Liberal y después del peronismo. Otros senadores como Juan Carlos Romero, de Salta; Carlos Reutemann, de Santa Fe, y Carlos Menem, de La Rioja, gobernadores de esas provincias por varios mandatos, también estuvieron dentro del grupo del rechazo y fueron los principales líderes del peronismo en provincias en las que este partido dominó, no solo la década de los ’90 sino durante todo el siglo XX. Sin embargo, estos dirigentes, aun cuando hayan liderado o pertenecido a peronismos o familias políticas dominantes en distintas provincias, actualmente no ocupan posiciones centrales en las mismas, poniendo en evidencia el “retiro” paulatino de estos miembros de las elites provinciales en sus provincias, pero también como parte de una generación de la dirigencia política nacional.

Las extendidas trayectorias en el partido, las largas carreras políticas y de mayor longevidad de esos dirigentes que podríamos llamar “viejos caudillos provinciales” y el género predominante de este sector del peronismo contrastan con el perfil del FPV en la actualidad. Este espacio es dominado por mujeres, en su gran mayoría jóvenes de entre 30 y 50 años, que han ingresado a la política de manera reciente. Todas asumieron sus bancas como senadoras entre 2013 y 2015, mostrando trayectorias de ascenso cortas, especialmente dos de ellas que poseen sólo 30 y 31 años; la edad mínima de ingreso al Senado. La no pertenencia a familias políticas en un espacio de raíz peronista probablemente haya implicado para estas mujeres el despliegue de estrategias, trayectorias de ascenso y tenencia de otros capitales, más autónomos, en contraste con las que provenían de los viejos agrupamientos políticos.

Cristina Fernández de Kirchner es una bisagra en este sentido; los Kirchner también son considerados una “familia política” típica de la década de los ’90 pero, a diferencia de los casos citados anteriormente, posee un fuerte componente mixto. La esposa y la hermana de Néstor Kirchner ocuparon lugares centrales en la política de la provincia de Santa Cruz en la década señalada y, aun en la actualidad, Cristina Fernández utiliza el prefijo “de” Kirchner, un fuerte indicador de fidelidad política. Pese a esto, fue la primera presidenta mujer –en dos ocasiones– y lidera en la cámara un bloque compuesto por mujeres –paradójicamente presidido por el único varón del espacio– que por primera vez dentro del peronismo llegan a ocupar esos espacios de poder. Como muestran los estudios sobre el PJ, este partido siempre tuvo una fuerte presencia de mujeres, pero en posiciones de militancia y/o cumpliendo tareas en áreas de bienestar social.
Ahora bien, ¿existe un patrón regional de reclutamiento del FPV? ¿De qué provincias provienen estas mujeres? Si el clivaje centro-moderno y periferia-tradicional fuera el adecuado pensaríamos que estas mujeres que apoyaron la iniciativa provienen de provincias más situadas en el centro o en regiones más “modernas”. Sin embargo, forman parte de territorios en los que la religión tiene cierto peso como Santa Fe, Mendoza y especialmente Corrientes y Chaco, así como también de provincias alejadas del centro, como Chubut y Santa Cruz.

Cambiemos: entre el radicalismo marginal y las nuevas elites conservadoras

Por el lado del radicalismo, históricamente menos categorizado como un partido de “caudillos”, también se expresa un patrón regional. Los senadores que rechazaron la ley son dirigentes del radicalismo que provienen de áreas que podríamos denominar periféricas desde el punto de vista político. Rozas, del Chaco; Cobos, de Mendoza; Merino, de La Pampa; Martínez, de La Rioja, y Fiad, de Jujuy, provienen de regiones que ocuparon históricamente lugares de inferioridad en las estructuras nacionales del radicalismo, con pertenencias territoriales que les imprimieron un perfil más conservador hacia el interior del partido.

Este radicalismo marginal y conservador se diferencia, en sus posicionamientos en relación al aborto, de los sectores del radicalismo desplazados por el PRO y por Cambiemos en la Capital Federal –que además no forman parte de esta coalición–. El radicalismo desplazado en este territorio es justamente el sector más progresista y laico de esa organización, lo que suele llamarse “la fracción alfonsinista”, sector que apoyó e impulsó en la década de 1980 la ley de divorcio. Ese perfil de radicalismo fue, justamente, el que perdió incidencia en la política del territorio capitalino y que conserva un perfil más “moderno” y “secular”.

En el caso de CABA, la aparición de nuevas elites políticas en el contexto de consolidación del PRO no implicó un avance en términos de concepciones ligadas al desarrollo, si interpretamos la IVE como una expresión del mismo. Lxs senadores de aquella fuerza, que rechazaron la medida, tienen pertenencias fuertemente tradicionales, como Federico Pinedo, tercera generación de las elites políticas argentinas liberales, o Gabriela Michetti, egresada del Salvador, una universidad religiosa y con un fuerte compromiso público con el catolicismo. Probablemente, el poder de la figura de Elisa Carrió en CABA también explique esta nueva valorización del electorado capitalino de figuras que podríamos caracterizar, según las perspectivas de desarrollo sostenidas en este trabajo, como conservadoras.

Las elites políticas actuales y el desarrollo

Tanto el caso de Cambiemos en CABA como el caso del FPV expresan el avance de dirigentes con nuevas características. Este proceso abre el interrogante sobre los atributos de las nuevas elites políticas que, como fuimos observando, están desplazando a los viejos dirigentes partidarios de la década de los ’90 pero que no necesariamente –datos a explorar en cada uno de los territorios– implica un avance en perspectivas ligadas al desarrollo.

El análisis desplegado hasta aquí también habilita el interrogante sobre las ideologías de las elites políticas argentinas sobre las libertades individuales. La pauta más o menos explícita de “libertad de conciencia” para los dirigentes de las distintas fuerzas políticas puede interpretarse como evidencia de la ausencia de ideologías “de partido” que hayan obligado a actuar, dotado de discursos y de fundamentos a sus miembros. Probablemente por esto, buena parte de los dirigentes tuvo serias dificultades, especialmente los más viejos, para adaptar sus viejas matrices discursivas al nuevo lenguaje que proponía la IVE.

Efectivamente, fue notable la carencia de matrices ideológicas partidarias que, atendiendo al perfil del debate sobre esa ley, permitan esgrimir fundamentos claros sobre la relación entre los asuntos privados y públicos –que trasciende completamente esa ley–, sobre la relación de la Iglesia con el Estado y, en consecuencia, sobre el rol del mismo. Si existieron fundamentos sólidos de lxs senadores, estos no fueron parte de posiciones partidarias, más bien respondieron a la adopción de las matrices discursivas e ideológicas de los movimientos de mujeres, transversales a los partidos, o a mayores habilidades discursivas. El llamado explícito e implícito de las organizaciones a votar a “conciencia” puede haber sido considerado en la coyuntura como una apertura del sistema político o una posición menos verticalista en la toma de decisiones, pero también puede interpretarse como un límite de los partidos para impulsar el avance de temáticas que no solo implican “nuevas concepciones sobre la equidad de género” sino que definen la vida y la muerte de miles de mujeres día a día en nuestro país.