| Por Sergio Kiernan |

Buenos Aires no escapa a la regla general de la ciudad como plataforma privilegiada del negocio inmobiliario, de la especulación con la propiedad de la tierra y del constante cambio presentado como una forma de “progreso”. Su historia política y su rol como capital y mayor ciudad del país le agregan características propias que abren peligros específicos. Si Buenos Aires no cambia su manera de regir la especulación inmobiliaria, si no limita con fuerza el capitalismo salvaje de las constructoras, si no cambia el eje de inversión pública y sigue renunciando a hacer cumplir las débiles leyes actuales, puede transformarse en una verdadera pesadilla urbana, una San Pablo argentina inhabitable y decadente.

En este esquema, el patrimonio no es en absoluto un asunto cultural o de nostalgias, y mucho menos una forma de elitismo. Lo que llamamos patrimonio edificado es el paisaje cultural de quienes viven en las ciudades, su ecología social y la base real de su identidad como pueblo. Su reemplazo por edificios anodinos y anónimos significa cambiar lo nuestro por “no lugares” que sólo cumplen la función de enriquecer a los especuladores que los construyen. La insistencia en demoler lo construido y amortizado por generaciones sucesivas, en lugar de desarrollar los barrios necesitados de nueva construcción y nueva población y servicios es una de las marcas de una industria obsesionada con la ganancia rápida y alérgica a todo planeamiento, a todo límite. Dado que la mayoría del patrimonio ya fue destruido, que nuestras ciudades ya cambiaron para peor, es de toda urgencia repensar la cuestión de la densidad poblacional en ciudades sin la infraestructura y el transporte necesarios, y cambiar el eje de inversión para crear ámbitos urbanos más habitables, con más verde y espacio para la gente.

La ciudad actual fue construida en un tiempo récord de pocas décadas posteriores a la ley de federalización. La flamante Capital Federal tomó la vieja Buenos Aires de la costa –el Centro, San Telmo, Barracas y La Boca– y la fusionó en un espacio legal con sus vecinas de San José de Flores y Belgrano, que perdieron su condición de ciudad y sus instituciones políticas. La mayoría del espacio involucrado en esta fundación jurídica no era urbano sino rural, conteniendo desde jardines y huertas hasta chacras y tambos. No extraña que buena parte de los barrios lleven todavía el nombre del chacarero o tambero que originó el loteo, o que tantos hayan sido fundados realmente por el ferrocarril o la llegada del tranvía, único modo material de “abrir” esos barrios. El esquema de ese primer transporte urbano repitió el abanico de las redes ferroviarias nacionales, comunicando los barrios al Centro del mismo modo que se comunicaba el puerto con el interior. Nunca hubo y casi no hay una manera “horizontal” de cruzar Buenos Aires en autotransporte, subte o tren.

Estas décadas de explosión económica y de enorme inversión en infraestructura y edificación son idealizadas con gran abandono intelectual, curiosa supervivencia del mito de que Buenos Aires fue la París del Plata. Viendo la evolución de los planos de Buenos Aires se pueden ver los serios defectos ocasionados por la falta de planeamiento y el desinterés por la realidad social de la mayoría de la ciudad. El Estado creó parques en ciertos sectores urbanos pero sólo impuso a los desarrolladores la obligación de crear una plaza, de una manzana, como único espacio verde y público en los nuevos barrios. Esta tipología puede verse en Villa del Parque, Villa Devoto y Flores, por ejemplo, pero no en barrios como Villa Real o Floresta, donde no había estaciones ferroviarias. Es como si la llegada del ferrocarril justificara la donación de la plaza, y su ausencia la condonara. Tampoco se pensó en una expansión del tránsito ni se consideró el uso mixto, con lo que todavía hoy día se pueden ver áreas enteras de la ciudad que siguen funcionando como barrios-dormitorio, privados casi de comercios y escasa vida económica, excepto fuera de algunas avenidas.

Los desarrolladores inmobiliarios de la época, sin embargo, se sujetaron a ciertas reglas del buen arte que hoy parecen naturales pero en su momento fueron una novedad. Las calles porteñas de la Ciudad Nueva, poscolonial, son anchas y tienen veredas “racionales”, con arboleda y ochava. Las manzanas respetan la prohibición de construir en su centro, creando un “pulmón” que no es público o compartido, como era en tiempos españoles, pero al menos permite aire y luz en las espaldas de los edificios. Por una fortuna de la cultura de la época, la arquitectura de esta ciudad participó de los cánones y novedades de la última fase de ese arte todavía ligado a su tradición de siglos. Todos los estilos posibles, generalmente mezclados con un abandono ecléctico muy porteño, fueron ensayados en esta ciudad. Así se lograron no sólo edificios de merecida fama sino, más importante, se creó un capital de viviendas y servicios con un standard de calidad material e intelectual notable. La potencia del proyecto urbano puede verse realmente en los barrios, en el stock interminable de casas sin pretensiones pero pensadas con buenas proporciones, realizadas con buenos materiales sobre terrenos lo suficientemente grandes y ornadas con los signos de una cultura.

Como historió Vicente Nadal Mora, este proceso se hizo a costa de hacer “desaparecer” toda la arquitectura colonial porteña que, excepto por algún sobreviviente en San Telmo o retazos de edificios como el Cabildo, simplemente ya no está. Buenos Aires parece una ciudad fundada en la segunda mitad del siglo XIX por inmigrantes europeos, con edificios públicos a la francesa, la italiana o la inglesa, con algún toque alemán o centroeuropeo, y una presencia española más Art Noveau o neo-hispanista que otra cosa. La literatura y el periodismo de la época reflejan la ambigüedad de los porteños hacia esta desaparición, justificada por la inmensa superioridad material de la nueva ciudad pero inquietante para los que veían esfumarse el mismo escenario de sus vidas.

Con antecedentes ya en la década de los cincuenta pero claramente en los años sesenta, comienza el segundo reemplazo edilicio en Buenos Aires, uno con características muy distintas. Para empezar, el país posterior al golpe de 1955 es inestable y sufre una crisis de legitimidad de gobierno que deviene en una inestabilidad que impide todo planeamiento serio. La debilidad institucional se suma a una económica que deviene en una abrupta desinversión en la infraestructura porteña. Es la época en que se instala como gestión de gobierno un modelo cosmético en el que se asfaltan calles antes adoquinadas, se cambian cartelerías y luminarias, y se hacen proyectos de prestigio, pero se descuidan los sistemas que hacen que una ciudad funcione. El subte, caro y sólo concebible como una inversión a largo plazo, es abandonado por décadas. El constante cambio de gobierno, la seguidilla de golpes militares y de dictadores que buscan alguna legitimidad mostrando que “gestionan” mejor que los civiles, agravó la situación.

Los desarrolladores inmobiliarios se transforman, con suma rapidez, en especuladores de hecho, empresas que aprovechan la inestabilidad para conseguir una libertad de acción que gradualmente se transforma en una suerte de impunidad en nombre del progreso, de la modernidad y del empleo. En lo concreto y material de la ciudad, esto resulta en edificios muy mediocres en lo material y estético, pero más altos que nunca. Construidos de hormigón y sus vanos rellenos con ladrillos huecos, estos edificios de ocho a once pisos pasan a formar el nuevo paisaje porteño de medianeras sucias y calles oscurecidas, balcones de chapa doblada, cerramientos de pésima calidad y ambientes diminutos. El abandono de todo canon estético y de toda proporción humana obliga al Estado a normar ciertos mínimos de altura entre las losas y de superficie de una habitación, y a dar alturas máximas de edificaciones por zonas. El Código municipal que regula la construcción en la ciudad, que solía ser relativamente sencillo, se transforma en una obra de arte de la confusión, la chicana y la laguna normativa. Pero queda en claro que si no se regulara la “industria”, imponiéndole mínimos de humanidad, se construirían verdaderas pajareras inhabitables. El nuevo canon de la construcción no sigue una tradición o un Modulor de Le Corbusier: apenas atiende a la planilla de costos del contador.

La segunda característica marcante de esta nueva destrucción de Buenos Aires fue, justamente, su altísimo grado de destructividad. Para los años sesenta no quedaban terrenos libres en la ciudad, el tejido urbano ya se derramaba en el conurbano bonaerense y toda construcción nueva debía hacerse a costa de una anterior. Esta limitación se agrava por una cuestión de mercado, porque la ciudad tiene apenas dos zonas deseables para los inmobiliarios, el centro geográfico de Caballito y la franja norte, del Centro a Núñez. El resto es visto como de segunda, como los barrios en el vasto arco entre Belgrano y la avenida Rivadavia, o directamente olvidable, como el Sur porteño. Es en esta relativamente pequeña zona geográfica donde se concentra la destrucción especulativa de los edificios que hoy reconocemos como nuestro patrimonio edificado. Como el nuevo estereotipo de “modernidad” es el edificio en altura y como el nuevo objetivo es aumentar drásticamente la densidad urbana, se descubre que el patrimonio es pequeño, de baja altura, y se crea la teoría falopa y perezosa de que es un “desperdicio” de tierra. Además de viejos, los edificios que fueron nuestro paisaje son acusados de ser pequeños. La frase tecnocrática con que se disimula esta avidez de lucro es que no “realizan el potencial del lote”.

Los noventa son el paraíso neoliberal y desregulado de este proceso, capitaneado por la Capital pero imitado en todas las ciudades argentinas, que ven cambiar groseramente sus líneas urbanas gracias a una explosión de torres, a la creación de zonas liberadas de todo límite de alturas, como Puerto Madero, y una aceleración de la tradición de cubrir la falta de un mercado de capitales local con la inversión en ladrillos. Toda imagen pública, todo poder de pasar como una muestra de crecimiento, progreso o mejora que pudo tener este tipo de arquitectura y este proceso urbano cayó destruido en la crisis del modelo neoliberal. Los argentinos que viven en ciudades y pueblos comienzan este siglo con una muy fundamentada desconfianza en el caótico modelo urbano que les venden. Ni la autonomía política porteña a partir de 1994, ni la tradición de gobierno local en otras ciudades, ni el signo político de los gobiernos municipales parecen capaces de detener al capital especulativo y su aparente monopolio ideológico del modelo de ciudad. Fue necesario, como en tantos otros asuntos de la vida común, el compromiso de los vecinos como sujetos y protagonistas.

El fenómeno comienza a notarse en Buenos Aires ya en el gobierno de Aníbal Ibarra, toma fuerza en el de Jorge Telerman y explota en el de Mauricio Macri hasta dejar al descubierto los intereses centrales del Pro. Es un nuevo tipo de organización, espontánea y llena de contradicciones, muy alejada de la tradicional sociedad de fomento, transversal en lo político y protagonizada de un modo poco orgánico por personas en general sin actuación política previa. A través de grupos como Basta de Demoler, Proteger Barracas, SOS Caballito o Salvemos Floresta, se pone el acento en un aspecto de la política urbana hasta entonces ignorado, el del lucro como motor del cambio en las ciudades. La pregunta es: ¿quién gana con esto?, y la respuesta es: el sector más especulativo de una industria que cada vez más se queda sin argumentos. Es un sector de la economía que no solucionó el problema de la vivienda, cada vez más grave, que explota a sus empleados en muchos casos hasta matarlos, que insiste en cobrar y cotizar en dólares, y que entrega a cambio edificios de una calidad material despreciable. Los argumentos de progreso, modernidad y necesidad del cambio que emite la industria, a través de sus empleados arquitectos, de las corporaciones profesionales y de medios afines dejan de convencer. Por primera vez la industria especulativa se encuentra a la defensiva ante los vecinos organizados, que encuentran en el amparo judicial un instrumento eficaz y rápido para frenar el hecho consumado de la demolición y el pozo de obra.

El gobierno del Pro en la ciudad se comporta como uno más de estos cómplices de la industria y sólo acepta los límites que le logran imponer los vecinos movilizados, y con gran reluctancia y resistencia. La ley Anchorena, nacida como una moratoria a las demoliciones a fines de 2007 –con el macrismo recién tomando el gobierno– se transforma en un filtro que impide algunas demoliciones de edificios patrimoniales anteriores a 1941 hasta que el gobierno porteño reduce al ente de aplicación, el Consejo Asesor en Asuntos Patrimoniales, a un sello de goma que aprueba más del noventa por ciento de los permisos de demolición con excusas frívolas como una ventana cambiada, una pintura desagradable, una suciedad en el frente. El macrismo se asegura de no punir las demoliciones ilegales más allá de una multa perfectamente pagable por una empresa y jamás invierte en crear el poder de policía real que le permita al gobierno porteño controlar y disciplinar a la industria. De hecho, todas las instancias del macrismo en funciones persisten en dar el mal ejemplo de arrasar con parques históricos, remodelar ámbitos catalogados y arrancar empedrados protegidos por ley específica. La mala fe de los que gestionan Buenos Aires llega a presentar el metrobus como un modelo de superación del subterráneo, citando de modo avieso y recortado, fuera de todo contexto, tendencias en ciudades como Berlín, que dejan de expandir sus redes subterráneas luego de alcanzar los suburbios y lograr que ningún habitante esté a más de unas cuadras de alguna estación. También se dedica a amenazar a las ONG involucradas con onerosos procesos legales, como la demanda millonaria que le inventó Sbase, la empresa municipal de subtes, a Basta de Demoler y a la arquitecta Sonia Berjman.

Los logros en materia de regulación de la industria y de preservación del patrimonio se consiguieron teniendo al actual gobierno porteño como rival y valedor de la especulación. Fueron los vecinos los que se movilizaron para que se bajen las alturas constructivas de Caballito sur y se creen Áreas de Preservación Histórica en varios barrios porteños. La permanente vigilancia en barrios como Floresta, donde los vecinos son los únicos que denuncian obras clandestinas y habilitaciones falsificadas, muestra el desinterés real del gobierno porteño en hacer cumplir sus propias leyes. La especulación inmobiliaria es, de hecho, la profesión del jefe de gobierno, un ingeniero civil, y de su ministro de Desarrollo Urbano, su secretario y sus directores generales de área, todos arquitectos y varios titulares de empresas constructoras o estudios privados. Ante este panorama, los vecinos dejaron de creer que su ciudad, su paisaje personal, es asunto de expertos ante los que se deben inclinar y, por favor, callar. Así se incorporó otra causa al temario de movilizaciones, otro tema a la agenda política.

La acelerada destrucción de nuestra ciudad y de otras ciudades argentinas no sólo coloca a nuestro país en el último puesto en materia de legislación patrimonial del continente, sino que deja al descubierto una deuda de la política hacia los que viven en espacios urbanos. Hasta los sectores más conectados con la vida real de los vecinos se sienten relevados de conocer y escuchar la temática, que debería discutirse a la par de temas tradicionales como salud, educación, seguridad pública y transporte. Si bien una explicación posible es el “efecto De la Rúa” –usar la jefatura de gobierno como simple vidriera política, sin interesarse realmente en gobernar la ciudad– queda en claro una falta de interés hacia los problemas reales del manejo de la ciudad como entidad social y política, una ausencia de modelo de gestión centrada en los seres humanos como protagonistas. Es una verdadera crisis en un país mayoritariamente urbano, con ciudades que presentan reales problemas de habitabilidad, de marginación social, de degradación del espacio público y de una rigidez en la infraestructura común realmente graves.

Como se dijo, es una tarea para la política que no puede seguir ignorando el tema como lo hace hasta ahora, una laguna que quedó más que en claro en este año de campañas electorales a todos los niveles. La desaparición de nuestro patrimonio edificado significa una degradación del espacio urbano en lo social, en la identidad y la habitabilidad de las ciudades. El único beneficiado por este desorden que licencia la destrucción de aquello que nos hace quienes somos es el especulador inmobiliario.