| Por Cátedra Abierta Plan Fénix |

La inflación es un proceso recurrente en la historia argentina, aunque discontinuo en sus manifestaciones; en el último medio siglo, el país atravesó desde picos hiperinflacionarios hasta períodos de muy bajo crecimiento de los precios, cuando no deflacionarios.

Hoy día asistimos a ritmos que fueron creciendo, hasta situarse en valores próximos al 100% anual. Esta dinámica de suba de precios no es admisible, porque afecta el funcionamiento de la economía y porque se traduce en cifras inaceptables de pobreza y desigualdad. La inflación es ante todo un proceso por el cual se redistribuyen ingresos en favor de quienes tienen más capacidad o poder de mercado.

Las usinas del pensamiento convencional aducen que la salida de una espiral inflacionaria demanda disciplinamiento, lo que se logra con medidas de carácter recesivo. La suba de precios (acompañada o no por un desborde monetario) suele ser interpretada como una suerte de “rebelión” ante el “orden” que debería imponer la operación “normal” del mercado, orden al que debe someterse el Estado. La recesión impondría este disciplinamiento y reduciría las presiones sobre la demanda, al tiempo que contendría las demandas salariales, mitigando la espiral precios-salarios.

Desde el Plan Fénix entendemos que el proceso inflacionario no debe imputarse a la mera incapacidad o indisciplina de la gestión pública. Refleja antes que nada un conflicto distributivo, conflicto no limitado a la clásica oposición entre empresarios y trabajadores, sino que comprende a la generalidad de los actores que fijan precios, a fin de preservar sus posiciones en el mercado. No se trata de un mero fenómeno en el plano de lo monetario, producto de incontinencia fiscal, más allá de que este plano debe ser contemplado.

El diagnóstico monetarista brinda una solución inmediata, que es combatir la inflación por la vía mencionada de la contención de la demanda; esto deriva de un diagnóstico centralmente monetarista. Aun si se aceptara que existe una puja distributiva que presiona sobre los precios, la capacidad gubernamental de intervención es percibida como limitada. Por lo tanto, la única herramienta siempre disponible es la vía monetaria y fiscal. Así lo que vemos estos días, a nivel mundial: ante una suba de precios de commodities producto de la guerra ruso-ucraniana, la única respuesta es, una vez más, el torniquete monetario.

La historia y la teoría económica nos advierten que una receta monetarista aplicada cuando las principales causas de la inflación provienen del lado de los costos y precios internacionales puede conducir a una estanflación. Y entonces las restricciones monetarias solo garantizarían mayores niveles de pobreza y exclusión, sin afectar decisivamente el curso inflacionario.

En el caso de la Argentina, la actual espiral de precios poco se compadece con las condiciones macroeconómicas. Mientras que el déficit fiscal primario muestra valores negativos y decrecientes que resultan financiables, la cuenta corriente externa comenzó a registrar nuevamente saldos positivos. Asimismo, la deuda pública con tenedores privados y con el FMI ha sido refinanciada, y presenta perfiles relativamente sostenibles, aunque no exentos de los riesgos que conlleva la actual volatilidad financiera. La actividad productiva, a su vez, se mantiene en niveles elevados, en términos históricos. No faltan desafíos para el mediano plazo, sin duda, entre los que deben contabilizarse la necesidad de refinanciamiento; pero el horizonte en el corto plazo no justifica temores de una crisis.

Existe sí una demanda de divisas para dolarizar carteras y excedentes muy sostenida, así como también una clara acumulación de stock de importaciones de insumos y bienes de capital, por la expectativa de devaluación (reflejada, entre otros factores, en las brechas cambiarias). Este factor incentiva alzas precautorias de precios, siendo probablemente la causa de mayor importancia hoy día del alza de precios.

Se trata de un entrampamiento en el que ha caído una y otra vez la Argentina y del que debe salir. Una devaluación con impacto contractivo significará que el grueso del sacrificio recaerá sobre las mayorías, en un país donde la pobreza alcanza proporciones elevadas; y, como hemos visto en el pasado, se traducirá en el corto plazo en una brutal aceleración del proceso inflacionario, a la vez que la contracción de la actividad económica significará el agravamiento de la ecuación fiscal, por pérdida de recaudación. Es de esperar que los actores responsables, tanto del gobierno como del sector privado y aun de la oposición, sepan encauzar los acontecimientos, a partir de un diagnóstico acertado acerca de la naturaleza de la espiralización de precios. Se trataría de una salida virtuosa.

Pero si esto no fuera viable –por la falta de lucidez propia de perspectivas cortoplacistas– solo quedará la vía contractiva. Si tal fuera la opción, es imperioso adoptar medidas para que el costo de la contracción que acarrea la medicina monetarista recaiga sobre los sectores con capacidad para soportarlo, en cuanto principales beneficiarios del reciente curso de los acontecimientos. Experiencias pasadas muestran la eficacia, por ejemplo, de devaluaciones parcialmente compensadas, que permitieron a la vez evitar el impacto sobre los ingresos de los sectores menos favorecidos y consolidar la posición fiscal; esto incluyó en algunos casos gravar en forma extraordinaria las ganancias emergentes del salto en el tipo de cambio. Las esperables resistencias que pueden concitar estas políticas deberán ser enfrentadas con decisión, desde la perspectiva de las mayorías y la de la razón. Porque la razón dicta que los esfuerzos deben ser condignos a las capacidades.

La política de contención de la inflación no debe ser el argumento para un disciplinamiento social regresivo. No es equitativo ni beneficioso, como ha mostrado una y otra vez la historia argentina.