| Por Miryam K. de Gorban |

“La especulación sobre los alimentos básicos, aunque sea legal, es un crimen contra la humanidad que los países democráticos deben impedir”.
Jean Ziegler, ex relator del derecho a la alimentación de la ONU

Abordar la compleja problemática de la soberanía alimentaria (SA) implica tener una mirada muy amplia sobre el modo de producir, de comercializar, de distribuir, de consumir los alimentos dentro de un determinado contexto histórico y político, y al hacerlo hoy, implica partir de un modelo capitalista de producción estrechamente ligado al modelo hegemónico mundial altamente concentrado y transnacionalizado.

Significa, además, considerar que la mitad de la población mundial se halla mal alimentada, ya que 3.400 millones de personas sufren hambre y desnutrición u obesidad, y que tan sólo el 6% de ella consume el 50% de la producción.

Desde nuestro origen como nación, y de resultas de la distribución del trabajo en el plano internacional, nacimos como productores de materias primas, descuidando el desarrollo del mercado interno. Ya inicialmente esa producción estuvo concentrada en pocas manos, dando lugar a una oligarquía terrateniente cuyos resabios “modernizados” se hacen sentir hasta hoy. Y desde entonces la presencia extranjera se hizo sentir en la economía. Primero fue el dominio colonial de España, que continuó el imperialismo inglés, para sucederse en el siglo pasado con el imperialismo yanqui que paulatinamente fue tomando las palancas fundamentales de ella, pasando por situaciones de avances y retrocesos, signados en un momento histórico por la política de nacionalizaciones ya en las décadas de los ’40 a los ’60 del siglo pasado.

La dependencia de nuestra producción agropecuaria estuvo y está ligada a las necesidades del mercado externo y en la actualidad dedicada a la producción de commodities, que abastece de insumos a los animales europeos y asiáticos, así como de agrocombustibles. Esa dependencia determina una vinculación estrecha con las crisis de distinto carácter que en Europa y en el resto del mundo se desarrollan. Crisis económicas y financieras, energéticas, medioambientales, alimentarias, que marcan el desarrollo económico, pero en especial el bienestar o el “malestar” de los pueblos. Todas ellas influyen de manera directa o indirecta en el acceso a la alimentación de los sectores más vulnerables de la población y son determinantes en las “revueltas populares” que se desenvolvieron en distintos puntos del planeta. A partir de la crisis mundial del 2008, con el fracaso de las “inversiones” inmobiliarias, se puso la mira en los alimentos, apareciendo así los “mercados de futuro” que trajeron de la mano las inversiones especulativas.

Ya lo planteaba Kissinger: manejar los alimentos como elemento de dominio de los pueblos en la década de los ’70, y apuntó no sólo a los combustibles fósiles sino también a las tierras fértiles, a los bienes naturales. El maíz, la soja y el trigo, el café, el cacao y el té, el azúcar, las frutas tropicales, la palma aceitera, y la carne se convirtieron en los objetivos inversionistas. Los deterioros de los términos del intercambio hacen que se compren barato esos productos primarios y se vendan caros los necesarios para la subsistencia, alimentos y petróleo. Detrás de toda esta madeja, siempre estuvo el “dios mercado”, los grandes intereses monopólicos que llegaron a controlar en el 2008 el 51% de la economía mundial.

Pero esa situación no fue suficiente. Necesitaban manejar a su vez la comercialización a gran escala, y el modelo de los supermercados se desparramó por todo el planeta, haciendo que sólo 10 compañías concentraran el mercadeo no sólo de alimentos, sino también, a través del entrelazamiento de las empresas, de otros artículos considerados necesarios en la vida cotidiana. Más de una de esas empresas forman parte hoy de los fondos buitre que intentan asfixiar a nuestro país, y se destacan por ser, además, evasoras impositivas, especuladoras, formadoras de precios, pero eso sí, con “responsabilidad social empresaria”, financian a través de diversas ONG el tema de la “desnutrición infantil” en nuestro país o “las casas solidarias” o diversos planes de “alimentación saludable”.

Reuniones internacionales habidas en el último año, informes dados a conocer en estos días por el Comité de Expertos de la FAO en Seguridad Alimentaria y Nutrición, marcan lo que los movimientos sociales vienen señalando desde hace años a través de sus luchas como causales de esta situación:
• La inestabilidad y/o volatilidad de los precios de los alimentos.
• El régimen de tenencia de la tierra y su acaparamiento a escala mundial.
• El cambio climático y sus efectos.
• La producción de los llamados “biocombustibles”.
• La situación de la producción de alimentos en pequeña escala.
• El desperdicio de alimentos, sus residuos y sobrantes.

Causales a los que nosotros agregamos los efectos de la “comida chatarra” industrializada, o ultraprocesada, sobre la salud. Y en especial la de las niños y de las generaciones más jóvenes que, por primera vez en la historia de la humanidad, se considera que su expectativa de vida ha de ser menor que la de sus antecesores.

Consideramos que hay que avanzar mucho más en estos móviles que muestran las raíces profundas de la inseguridad alimentaria, que significan los obstáculos que impiden a los pueblos construir las bases de su verdadera seguridad basada en los principios de la soberanía alimentaria.

En estos informes en ningún momento se señala el papel que juegan las empresas alimentarias, monopólicas y transnacionales que determinan qué producir, cómo comercializar, cómo distribuir, cómo y qué comer en cada lugar.

Vale la pena por lo tanto remitirse a las opiniones de Emir Sader cuando afirma, al referirse al modo de actuar de estas empresas, que accionan de acuerdo a las siguientes características:

• Ofrecer la innovación tecnológica, la necesidad de las patentes, invirtiendo en ella, no sólo en las marcas de productos industriales sino en las referidas a la naturaleza misma.

• Alta necesidad de recursos financieros, disponiendo de capitales golondrinas que especulan y generan deuda externa creando intereses que asfixian a los pueblos para cumplir con esos compromisos.

• Las deudas que así se generan toman como garantía los recursos naturales de los países, los beneficios de la renta de la tierra, apropiándose de ella, del agua, de los bosques, de los recursos estratégicos, de los minerales, a través de la modalidad denominada “extractivista” y remitiendo a los países de origen las utilidades devengadas.

• El control de los medios de comunicación, como parte de esta estrategia de poder, para intervenir políticamente en defensa de sus intereses.

• Y finalmente, cuando estos recursos se agotan, apelan al control de las armas de destrucción masiva, llevan a cabo “ocupaciones preventivas” en escenarios donde en especial se desarrollan proyectos nacionales y populares.

Resulta así que las políticas neoliberales, la globalización, se basan en las desregulaciones de los Estados, en los cambios tecnológicos, en los mercados de futuro y en el financiamiento de la economía con fondos especulativos.

Si reflexionamos sobre las opiniones del Comité de Expertos de la FAO y las de Emir Sader, podemos ver a través de ellos el reflejo de la situación estructural de nuestro país, en lo que hace a la producción y comercialización de los alimentos, caracterizada por la extranjerización y el acaparamiento de las tierras fértiles, la extensión de la frontera agropecuaria, la sobreexplotación de los suelos basados en el uso creciente y desmesurado de los llamados “fertilizantes” o “fitosanitarios” derivados del petróleo, constituyendo un paquete tecnológico que acompaña a la “siembra directa”. De resultas de este “modo de producir” crece la desertificación, la deforestación, el monocultivo, una agricultura sin agricultores, provocando migraciones internas, despoblamiento de las áreas rurales y simultáneamente el hacinamiento urbano y un desarrollo económico basado en el agronegocio, en las necesidades del mercado agroexportador. Modo de producir que no se limita a la producción de soja, que junto a este paquete es casi exclusivamente soja transgénica, sino que el uso de los agrotóxicos se utiliza a su vez para el cultivo de tabaco, de arándanos, de maíz, de arroz, que se extiende a pruebas experimentales de trigo, mandioca, azúcar y otros alimentos. La producción de transgénicos está, además, casi exclusivamente reducida en un 97% al continente americano, liderada por Estados Unidos, Brasil, Argentina y Paraguay. En Europa, donde no están permitidos, se limita su producción a las 100.000 hectáreas en España para maíz forrajero.

El grado de concentración, comercialización y distribución de estas empresas hace que manejen toda la cadena alimentaria, las semillas, la compra o el arrendamiento de las tierras cultivables, los seguros, el financiamiento y finalmente la exportación, apropiándose para ello de los puertos, los ferrocarriles, las carreteras, las vías y ríos navegables, reteniendo cosechas para especular con los precios del mercado internacional y obstaculizando la recaudación impositiva prevista.

Podríamos señalar a grandes rasgos algunas de las características señaladas en el estudio al que nos referimos, al que deberíamos sumar aspectos socioculturales, de salud, de educación, de calidad de vida, aspectos estos que hacen a las bases de sustentación del concepto de soberanía alimentaria, que en estos documentos no se menciona.

Vemos así que a escala mundial se señala con preocupación el tema del aumento de precios y su variabilidad, referido sobre todo a los alimentos. Así lo demuestran los datos que actualiza permanentemente la FAO, y que se refieren de manera especial a los que integran la canasta básica de la población en general

Las empresas alimentarias ejercen su poder, dadas sus características, fijando los precios, participando en una “puja distributiva” que provoca situaciones inflacionarias en momentos determinados, como el de los aumentos salariales, asignaciones sociales, es decir, en momentos en que el Estado muestra su mayor presencia al aplicar una política de distribución equitativa de los bienes producidos.

Para ello se apoyan en los medios de comunicación que les son adictos, y de los que son socios, provocando un descontento generalizado en los sectores más vulnerables, generando intentos de desestabilización institucional o “golpes de mercado”.

De las 500 empresas mayores de nuestro país, 178 son nacionales y 322 extranjeras. Al analizar la concentración a la que nos referimos de algunas de las empresas alimentarias con posición dominante en el país vemos que:

Debemos agregar aquí a los supermercados dado que los 6 grupos presentes en el país manejan el 80/90% del mercado de consumo, liderados por Carrefour que posee 600 bocas de expendio distribuidas en todo el territorio.

Se especializan en la producción, comercialización y distribución de alimentos industrializados o procesados a los que algunos especialistas denominan “comestibles” y no alimentos. Y ponemos el acento en esta circunstancia, ya que la política de “Precios cuidados” elaborada para controlar la inflación lo ha hecho preferentemente señalando estos productos, fomentando su consumo, dado que se encuentran en las góndolas de los supermercados, de manera preferente.

Continuando con este análisis cabe referirse al régimen de tenencia de la tierra, que pese a las leyes de control sobre la extranjerización promulgadas últimamente, señalan una situación de gravedad. En estas leyes se ha determinado un límite a la posesión de tierras por parte de capitales o personas provenientes del exterior, un porcentaje sobre el total de la superficie territorial que no refleja la situación real, ya que si vemos el mapa oficial donde ellas están ubicadas, veremos que han superado las cifras promedio establecidas, al asentarse en los lugares de bienes naturales como la del agua dulce, acuíferos, humedales, lagos y lagunas. Al mismo tiempo no se han considerado sus posesiones de cientos de miles de hectáreas, de las que se apropiaron en años anteriores, o la extensión de las propiedades de actores locales, en los años de las políticas neoliberales. Y aun con anterioridad. Sin embargo hoy para producir en escala no hace falta comprar tierra, basta con arrendarla por períodos determinados y al vencimiento de los contratos, una vez sobreexplotada, sólo queda un desierto.

Se estima que, hoy, un 70% de la tierra en la región pampeana no se encuentra trabajada por sus propietarios, sino por estos otros actores, bajo alguna forma de contrato temporario; además, el 50% de la superficie con granos es trabajado con maquinaria agrícola contratada. Los seis “pools” de siembra más importantes (Cresud, Grobocopatel, Adecoagro, Tejar, MSU y Cazenave) trabajan una superficie total –sumada la propia y la contratada a terceros– un 30% superior a la que poseen los 103.454 productores de todo el país, cuyas EAPs poseen 25 o menos hectáreas de superficie total.

El acaparamiento de tierras es una de las preocupaciones de los organismos internacionales. Involucra ya no a empresas, o fondos millonarios de inversión, sino a los propios Estados, como es el caso de China, pretendiendo 300.000 hectáreas en Río Negro, o las 200.000 ha en el Chaco por parte de los Emiratos Árabes, para producir alimentos para su población.

Otra de las causales de la inseguridad alimentaria se refiere a los efectos del cambio climático, ya no sólo por las situaciones de sequía o inundaciones que se suceden, sino también por las verdaderas catástrofes ambientales de los últimos tiempos que se desatan cada vez con mayor frecuencia, con temperaturas extremas, lluvias intermitentes por encima de los promedios anuales, arrasando ciudades enteras, viviendas, comercios, puentes, caminos, plazas, que afectan ya no sólo a poblaciones vulnerables con viviendas precarias sino al casco céntrico de las ciudades, como es el caso de Corrientes, Misiones, Luján, Azul, Pehuajó, entre tantas otras devastadas con familias enteras que lo han perdido todo.

La organización GRAIN ha analizado esta problemática y responsabiliza al modelo productivo de más del 50% de las causas que provocan estos desastres.

La FAO señala además el tema de los biocombustibles, que nosotros denominamos agrocombustibles, como actores determinantes en la seguridad alimentaria. Los mismos se producen a partir de alimentos esenciales, como el maíz o la soja, o el etanol a partir de la caña de azúcar. Su producción entraría en competencia con la de alimentos, en razón de la demanda de tierras para esos cultivos, provocando un aumento en el precio que incide en la composición de la canasta básica de muchos pueblos. Estados Unidos destina el 60% de la producción de maíz, además transgénico, para transformarlo en combustible, lo que impacta directamente en el precio de las “tortillas” mexicanas, provocando un aumento tal que dio lugar a la llamada “revuelta de las tortillas” en 2008. Pensemos además que el maíz es originario de México y gracias a los Tratados de Libre Comercio ha perdido su nacionalidad, disminuyendo la producción en su país siendo necesario importarlo para cubrir sus necesidades de consumo, generando una situación de dependencia que lleva a la inseguridad alimentaria.

En el año de la Agricultura Familiar, vale la pena reflexionar sobre los avances que se han producido en nuestro país en la última década, con la mayor presencia del Estado, pero que no son suficientes para impulsar en mayor medida la producción de los campesinos, pueblos originarios, y pequeños agricultores y agricultores familiares que, superando una economía de subsistencia, posean un carácter excedentario que permita el desarrollo de este tipo de producción siguiendo el modelo agroecológico garantizando la provisión de alimentos frescos y saludables a la mesa familiar. Algunas leyes en tratamiento en el Parlamento en este momento pueden contribuir a ello, en la medida en que se asignen los presupuestos necesarios para cumplir estos objetivos, leyes que se contradicen a su vez con las que están en estudio como la de semillas y la de agrotóxicos.

Poco podemos agregar sobre el tratamiento de residuos que ha sido abordado por el Comité de Expertos al que hacemos referencia, sólo reflexionar que por razones diversas la cuarta parte de lo producido se elimina en forma de sobrantes, residuos o desechos, y según algunas opiniones al respecto, ese volumen alcanzaría para aliviar el hambre del mundo.

Consideramos necesario en esta nota abordar uno de los temas más controvertidos y que se refiere a los efectos sobre la salud de los alimentos que hoy consumimos y que según nuestra mirada podemos clasificar en:
• Los que producen enfermedades por contaminación por el uso desmedido de los agrotóxicos y la producción de transgénicos.
• Los que llamaremos comestibles, alimentos ultraprocesados o mercancías, resultantes del modo de producción agroindustrial.

A partir de 1996, y con la introducción en nuestro país de la semilla transgénica, asociada a los llamados fitosanitarios o plaguicidas, que denominamos agrotóxicos, el modo de producir se modificó sustancialmente. Vino de la mano de un paquete tecnológico, de la siembra directa, del monocultivo, de los pools de siembra, del acaparamiento de las tierras y la extensión de la frontera agrícola, con el objetivo de producir commodities destinados a la exportación. Los efectos de este modelo productivo ya los señalamos, pero corresponde desarrollar los aspectos vinculados a los efectos del mismo sobre la salud de las poblaciones no sólo de las zonas cultivadas, en especial las zonas rurales, sino también en las poblaciones cercanas, en sus hospitales, en sus escuelas, en sus niños, en sus mujeres embarazadas, en sus trabajadores, extendiéndose la situación a poblaciones urbanas a través del consumo de alimentos que en ellos se producen. La experiencia desarrollada por las organizaciones sociales de Mar del Plata, llamada campaña de la Mala Sangre, realizando el análisis de sangre en las personas de esa ciudad, y que se ha extendido a otras ciudades, para detectar la presencia de agrotóxicos en ellas, está demostrando su efectividad.

En 1996, cuando Vía Campesina logra incorporar el concepto de soberanía alimentaria en la Cumbre de la Alimentación, se señalaba el peligro de considerar a los alimentos como una “mercancía”. Ya el peligro de los alimentos transgénicos estaba presente; aunque en ese momento no se contaba con suficientes elementos sobre sus efectos en la salud humana, sí se priorizaba el principio de precaución, principio convenido internacionalmente hasta que las investigaciones determinaran con certeza sus efectos nocivos. Se conocían entonces algunas reacciones adversas así como la intolerancia a los antibióticos.

A casi 20 años de la aplicación de este modelo en el país y en la región, los informes científicos, varias universidades, movimientos sociales, investigaciones realizadas con prácticas en terreno, incluso con lo que se considera la medicina basada en evidencias, están demostrando el aumento de enfermedades crónicas no transmisibles, obesidad y diabetes, el aumento de la morbimortalidad por cáncer, leucemias, malformaciones, disfunciones tiroideas, y hormonales en general, abortos frecuentes, infertilidad, celiaquías, pero además se comprueba la presencia de enfermedades agudas respiratorias, dermatológicas, oftalmológicas, neurológicas. Mapas que consideramos en algunos casos de elaboración popular o ciudadana como los elaborados por las Madres de Ituzaingó, por las Madres de San Salvador, en Entre Ríos, por los pobladores de Monte Maíz, del Ministerio de Salud del Chaco, de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, de las Cátedras de Salud Socio Ambiental de la Facultad de Medicina de Rosario, o de la Cátedra de Neonatología de la Facultad de Ciencias Medicas de Córdoba, de los trabajos de campo en pueblos y ciudades ubicadas en las regiones de cultivo de la pampa húmeda en Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, zonas fumigadas por vía aérea, o con cualquier otro método, o de almacenamiento de estos productos o del tratamiento de sus envases ya sean de glifosato o de otros plaguicidas, son la prueba evidente de la situación sanitaria comprometida en la que nos hallamos.

Las investigaciones de Andrés Carrasco, científico de relieve internacional recientemente fallecido, que descubre los efectos del glifosato sobre la fertilidad y las malformaciones, y sus acciones como disruptor endocrino, enfrentando los resultados experimentales dados a conocer por Monsanto, resultan lapidarias. Más aún si se considera que en estos años el consumo de agrotóxicos aumento en un 858% sin que se aumentara la productividad en la misma medida.

En julio de este año se llevo a cabo en Pekín, China, el Foro Internacional de Seguridad Alimentaria y Agricultura Sustentable, convocado por la Sociedad China de Investigación en Estrategias de Desarrollo, y la Universidad de Finanzas y Economía del Yunnan (China), cuyos resultados ha hecho públicos la Comisión de Seguridad y Soberanía Alimentaria del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil de la Cancillería Argentina (CCSC). En él participó una importante delegación argentina junto a científicos de 14 países, desde Estados Unidos hasta Taiwán. Se reflejaron allí, en cada uno de los países participantes, los efectos nefastos del modelo productivo, similares a los nuestros; y en él la delegación argentina explicitó las evidencias señaladas.

Los chinos utilizan los productos de soja transgénica que importan de Estados Unidos, Brasil y Argentina no sólo como alimento para su ganado sino en forma de aceite comestible utilizado en restaurantes, comedores escolares, cantinas militares y es de uso común en todos los hogares. Según lo informado por su delegación, la salud de la población se ha ido deteriorando en los últimos años, registrando un aumento en la tasa de malformaciones, depresiones severas en adultos mayores, las tasas de pubertad precoz en las niñas aumentó en 10 veces, el autismo en los niños en 100 veces, así como la diabetes tipo 2 en 11,7 veces. Pero lo notable es la tasa de cáncer infantil, que alcanza a uno de cada 10.000 niños siendo prevalentes la leucemia, linfoma maligno, tumores cerebrales, entre otros.

La primera medida tomada ha sido prohibir el consumo de aceite de soja en el ejército y comenzar la sustitución de la soja transgénica por la que no lo es.

Cabe entonces la pregunta: ¿a qué mercado dirigiremos nuestra producción en el corto plazo? ¿Tomamos medidas para sustituir los transgénicos? ¿Y el negocio que significa la asociación con los agrotóxicos de distinto carácter y el paquete tecnológico? ¿Cómo se sustituye? Y las escuelas de Entre Ríos que en el 80% son fumigadas, ¿podrán esperar que se tomen medidas similares?

La Defensoría del Pueblo de la Nación se ha pronunciado al respecto y se ha dirigido a distintos ministerios en protección de los niños de estas escuelas para que los organismos que correspondan monitoreen y arbitren los medios necesarios para reducir la exposición a los agrotóxicos en el ambiente escolar. Asimismo, el Defensor exhortó al Jefe de Gabinete de Ministros para que arbitre los medios necesarios que incentiven la producción agroecológica, considerando la posibilidad de establecer subsidios o reducciones impositivas en los tributos nacionales que gravan este tipo de actividad.

¿No consideramos esta medida como ejemplar y que debe ser asumida por los distintos estamentos gubernamentales, ya sean ejecutivos, legislativos o judiciales?

Desde nuestra mirada reflexionamos también sobre los efectos de este modelo productivo que se hace sentir en otros aspectos de nuestra alimentación, y que no se limitan solamente a las fumigaciones o contactos directos con los agrotóxicos, sino también que sus resabios se hallan en los alimentos de consumo habitual en lo que llamamos “alimentos industrializados” o ultraprocesados, mercancías o comestibles.

Estos son productos alimenticios que se elaboran conteniendo poco o nada de alimentos enteros, sobras de carne, aceites y grasas, azúcar, harinas, proteínas y otros. A los que se adicionan conservantes, saborizantes, aromatizantes, se los presenta en envases coloridos y atrayentes, preparados para consumir de inmediato, en porciones pequeñas o individuales, para que tengan mayor duración y sean similares a los productos que se consideran básicos. Su colocación en el mercado requiere de intensas campañas publicitarias en los diversos medios de comunicación, publicidad que consideramos como “engañosa” y que ha merecido sanciones ejemplares, en especial de la Unión Europea.

Estos aditivos no se explicitan en la información nutricional que debe estar presente en el etiquetado, sino que sus denominaciones se expresan por siglas o fórmulas químicas de difícil interpretación. Pero además casi todas ellas tienen en su composición derivados de los productos transgénicos, como la soja, o el jarabe de maíz de alta fructuosa. Que están presentes en casi todos estos productos industrializados como los snacks, las golosinas, las galletitas, los productos de panadería, sopas y preparaciones instantáneas, procesados de carne, amasados de pastelería, pero de manera especial el “veneno silencioso”, como se denomina al Jarabe de Maíz de Alta Fructuosa (JMAF), presente en las gaseosas, que interfiere la secreción de insulina y leptina, es adictivo y obesogénico, provocando hiperactividad en los niños y déficit de su atención. Al considerarlo pensemos que lideramos el consumo de gaseosas en el mundo. Y somos terceros en el consumo de galletitas después de Holanda y Bélgica y primeros en América.

Monteiro, de la Universidad de San Pablo (Brasil), sostiene que el incremento en la producción y consumo de estos productos es la fuerza principal del sistema alimentario global y el principal determinante de la pandemia de obesidad, agregando que nos movemos cada vez más hacia una dieta compuesta de estos productos que tienen bajo valor nutricional y se asocian a enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes.

Además los aditivos usados en la producción de estos comestibles, y en especial algunos de ellos, actúan sobre el desarrollo cognoscitivo de los niños, sobre el incremento de su actividad, y los hace difíciles, alterando su conducta social y su aprendizaje. El autismo se incrementó de tal manera que hoy 1 de cada 5 niños norteamericanos lo es.

Reflexiones finales: las consideraciones desarrolladas dan cuenta de los obstáculos que se presentan para garantizar la seguridad alimentaria a la sociedad en su conjunto. No es intención nuestra en esta oportunidad la de ofrecer propuestas que contribuyan a sustituir este modelo productivo, como lo hacemos permanentemente, pero sí señalar algunos aspectos que se relacionan con el contenido de esta nota y que pensamos resultan adecuados para el momento en que nos toca vivir.

Recomendamos por lo tanto:
• Políticas públicas que fijen el rol prevalente del Estado como regulador del modelo productivo.
• Políticas agrícolas, fiscales, de abastecimiento.
• Leyes y reglamentaciones que prohíban el uso de los agrotóxicos, el acaparamiento de las tierras fértiles y favorezcan el estímulo a la producción de los agricultores familiares, poblaciones originarias y campesinos.
• Estrategias comunicacionales que prioricen los mensajes de salud y las recomendaciones y pautas de alimentación saludable.
• Limitar y proteger a la población del uso de los alimentos ultraprocesados, con campañas y acciones similares a las desarrolladas con el tabaco.
• Promover las compras gubernamentales en las instituciones públicas, escuelas, hospitales, cárceles, hogares de menores y de adultos mayores de alimentos sanos producidos por los agricultores familiares.
• Desarrollar una verdadera campaña de Educación Alimentaria, a través de los diversos medios de comunicación.
• Mejorar la oferta y el acceso de toda la población a alimentos saludables.
• Optar entre la agroecología o el agronegocio.
• Concluimos afirmando que la superación de los problemas señalados en esta oportunidad resulta prioritaria para garantizar la soberanía alimentaria no como un hecho aislado, ni declamatorio, sino vinculado estrechamente a la soberanía económica, a la soberanía política de un país con democracia real y justicia social.