| Por Oscar Zuazo |

Para Maite, Osvaldo, Rubenes, y Hebe en especial.

Integro la Comisión de Ambiente y Espacio Público de un Consejo Consultivo (CC), el de la Comuna 15, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el CC es algo así como el poder legislativo de una comuna que se organiza en comisiones para su trabajo y que tiene a la Asamblea Comunal como su organismo superior y soberano; lo que se aprueba en la Asamblea es elevado a la Junta Comunal, el Poder Ejecutivo, que es elegido por los vecinos cada cuatro años. El CC también controla a la Junta Comunal en distintos grados y decisiones de actuación. Las comunas son una importante herramienta para establecer una clara y eficiente política de autonomía barrial que beneficia a los vecinos por su cercanía con nuevas formas de gobierno locales.

Lo que voy a relatar tiene que ver con la experiencia desarrollada por nuestra comisión para prevenir e implementar mecanismos operativos eficientes de actuación de las comunas ante distintos tipos de catástrofe, ya sea desde lo preventivo, lo organizativo o lo actuado de manera exclusiva o concurrente con el Gobierno de la Ciudad.

La catástrofe de inundaciones del 2 de abril del 2013, que en nuestra comuna tuvo epicentro en Parque Chas y parte de Agronomía, nos encontró elaborando el presupuesto participativo comunal, un gran desafío. En ese momento, mientras estábamos comenzando a comprender la Ley de Comunas, y ya se vislumbraba una relación conflictiva con el gobierno central de la ciudad, por su negativa ‒mantenida al presente‒ de no transferir incumbencias otorgadas por la ley, íbamos encontrando las herramientas para lograr eficiencia de cometido, fortalecernos institucionalmente y dar respuesta a los vecinos y a sus agendas barriales. Respecto de planes contingentes, ese mes tuvimos los tornados que afectaron al sur de la ciudad, a los que se sumaban las inundaciones.

En ese escenario entonces fue expuesta a la Asamblea, para su aprobación, la primera presentación con el objeto de ser implementada por la Junta Comunal. En ella solicitábamos:

• Espacios barriales para acopio de lo más sustantivo: abrigo, ropa, alimentos, colchones, agua potable, medicamentos (cada barrio de la comuna debía tener sus locales, ya que los fenómenos climáticos suelen ser en estos tiempos muy puntuales e intensos). Creíamos que convocar a organizaciones no gubernamentales (ONG), partidos políticos, sociedades barriales, que colaboraran brindándonos espacio de acopio, iba a ser el primer compromiso a nivel comunal. Nos respaldaba la Ley de Comunas en su artículo 10, atribuciones exclusivas de las comunas, entre las que se destacan la elaboración participativa de su programa de acción y anteproyecto de presupuesto anual, su ejecución y la administración de su patrimonio, y llevar adelante toda acción que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes y al desarrollo local.

• Maquinarias para desagote y limpieza.

• Personal para resolución de emergencias, de manera estable o en el desempeño de tareas pasivas; solicitábamos enfermeros, médicos emergentólogos, profesionales del área de bioseguridad, seguridad e higiene, psicólogos, gerontólogos. Basábamos nuestra solicitud en este caso, en el artículo 12 de la Ley de Comunas, haciendo referencia a las responsabilidades que el ejecutivo puede delegar en las Comunas, por celebración de compromisos específicos para el cumplimento de sus tareas. Por otra parte, la Junta Comunal, por ser el ejecutivo comunal, debía centralizar la toma de decisiones a nivel local, más si de planes de emergencia se trataba.

Este primer programa deseábamos se mantuviera en vigencia permanente, ya que de alguna manera cubría la carencia de obras de infraestructura y mantenimiento de espacios públicos, escuelas y hospitales; atendía, de acuerdo al artículo 13 de la Ley de Comunas, y el Título Segundo de la Constitución de la Ciudad, todas las políticas especiales afectadas: salud, educación, medioambiente, hábitat, niñez y adultos mayores, personas con necesidades especiales, trabajo y seguridad social. Hasta tanto se pudiera efectivizar el programa en su totalidad, preveíamos llevarlo adelante con las organizaciones comunales, políticas y de participación ciudadana.

El 20 de mayo de ese mismo año tuvimos la visita de tres representantes barriales de Parque Chas en nuestra reunión. Nos habíamos contactado en la anterior asamblea. Acercaron los reclamos, inquietudes, y propuestas para dar solución a sus necesidades. Desde ese entonces, integrados a nuestra comisión, forman parte de esta historia. Los vecinos afectados por las inundaciones se convocaban en distintos lugares: clubes, bares, centros culturales; se iban conociendo, compartiendo vivencias, coordinando esfuerzos, organizándose para reclamar, peticionar, ayudarse. Se unía la ciudad de Buenos Aires con la provincia: comenzábamos a hablar de las cuencas (la pertenencia a una u otra cuenca). Con ese material elaboramos el documento de mayo, aprobado por la asamblea del mismo mes. Era un documento puntual en cuanto a algunas solicitudes, pero más completo e integrador que el anterior, más preciso. Hacíamos referencia inicial a un documento firmado por más de dos mil vecinos, fechado 15 de abril del 2013.

Dábamos cuenta de la afectación del barrio, la no respuesta a sus reclamos, las pérdidas patrimoniales, de hábitat, lucro cesante de comercios, y lo más grave, el daño psicofísico sufrido por muchos vecinos, sobre todo adultos mayores, y el fallecimiento de otros, lo más doloroso, pero a su vez lo más injusto, y lo más movilizante para todos nosotros.

Pedíamos por el arroyo Ballivián, uno de los tantos entubados y del que no se tenía respuesta de mantenimiento y verificación de estado. Casualmente el epicentro de inundación de Parque Chas tenía una coincidencia real con la cuenca de inundación del citado arroyo. Además, el flujo de tránsito de las avenidas y calles contiguas remitía a la calle del mismo nombre.

Los vecinos, en base a su conocimiento de la zona, habían elaborado una de las medidas más urgentes y necesarias a llevar a cabo ante un evento de riesgo hídrico, el mantenimiento de bocas de tormenta y sumideros. Además, en base a lo anterior y con la participación de la policía, pedíamos se desarrollaran cortes de tránsito en las áreas afectadas, evitando el paso de colectivos para poder realizar la limpieza de sumideros, fijación de contenedores, limpieza de residuos, retiro de vehículos abandonados y bolsas de escombros; al tiempo que se diera aviso a la población por distintos medios ante alertas de tormenta. También se desarrollaran tareas de verificación de caída de ramas, árboles y carteles con posterioridad a las precipitaciones y temporales. Queríamos además que las empresas contratistas nos informaran sobre sus tareas anuales de limpieza. Pedíamos informes a los organismos de la ciudad para atención de emergencias, saber con qué material contaban (vehículos, bombas, personal), incluidas guardias para días feriados y fines de semana. También que se audite a las empresas recolectoras de residuos sobre su tarea en las áreas últimamente afectadas; que no se realicen obras que impidan la absorción del suelo en espacios verdes y evitar el lavado de hormigoneras en el barrio, ya que tapan los sistemas pluviales.

El mapa de la inundación era otra herramienta fundamental, ya que se realizaría con el testimonio directo de los vecinos. Registrar la cota de inundación real, cuadra por cuadra, sería la base para muchos trabajos posteriores. Uno de ellos, el saber sobre adultos mayores y minusválidos, prioridad de atención primaria. Resultaba además necesario en esta instancia contar con la asistencia del Estado, ya que la llegada directa de los datos y su necesaria confidencialidad garantizan de alguna manera un marco institucional que permite priorizar la atención sobre los grupos más vulnerables.

En base al Plan Director de Ordenamiento Hidráulico vigente para la ciudad, solicitamos información sobre obras estructurales para ese entonces: plazos, alcances, estudios, proyectos. Se solicitó que comparecieran las autoridades, que den cuenta de obras, y para eso se propició una comisión vecinal de control y seguimiento, y que la Junta Comunal lo supervise. En este punto coincidíamos con lo que se comenzaba a realizar en otros distritos como La Plata: comisiones vecinales para seguimiento y control de obras. Proponíamos planes alternativos para mitigar efectos de la escorrentía (depósitos intermedios, sistemas de captación, mantenimiento del adoquinado y colocación de materiales que faciliten la rápida absorción del agua).

Creíamos con este petitorio poder canalizar las propuestas de los vecinos, quienes con su conocimiento del área afectada habían elaborado su plan de contingencia y atención de las emergencias, perfectible, sí, pero necesario. De ahí en más el trabajo conjunto consistía en saber básicamente con qué contaba realmente la ciudad para llevar adelante un plan real para la comuna y sus áreas en caso de emergencia, cómo íbamos a poder elaborar el mapa de la inundación. Éramos los vecinos y su tiempo y conocimiento, no teníamos señales de colaboración del gobierno al respecto. La comisión ya formaba parte del trabajo barrial, razón de ser del consejo consultivo, de nosotros en particular.

Los vecinos se seguían reuniendo. Se daban tareas, muchas de las cuales abarcaban distintos puntos (Villa Urquiza, Saavedra, San Martín; hasta Luján y La Plata). El contacto era intenso, los testimonios dolorosos por las pérdidas, los fallecimientos, los abandonos en que habían quedado muchas personas. Y algo que marca para siempre a un inundado: el no poder dormir ante una alerta de lluvia, sobre todo si todavía no se reparó la pérdida anterior. Las gestiones continuaban: vecinos y comuneros concurrían a diversos organismos y ministerios en busca de soluciones y respuestas. Es en esos momentos cuando se produce un hecho que nos serviría para plantear una nueva estrategia que daba dirección a nuestras prioridades. Nos llega información sobre un decreto, el 695/09, correspondiente al Gobierno de la Ciudad. El decreto da cuenta del Plan de Emergencias de la Ciudad, teniendo a la Subsecretaría de Emergencias, dependiente del Ministerio de Seguridad, como su organismo centralizador de decisiones. Como normas complementarias se verifican las resoluciones que dan forma al funcionamiento de 14 organismos pertenecientes a distintos ministerios, como la Dirección General de Tránsito, Guardia de Auxilio y Emergencias, Dirección General de Infraestructura y Administración, Logística, Defensa Civil, Agencia de Protección Ambiental, Inspección, Agentes de Control de Tránsito y Transporte, SAME.

Ante ese nuevo escenario nos dimos un plan: ir a todas las dependencias con una simple nota y preguntarle a cada una de ellas ¿cuál es su rol ante una emergencia? Algunas manifestaban desconocimiento, otras no sabían de trabajo coordinado, otras hablaban de su rol de manera individual; las respuestas llegaban tardíamente, formalmente, en ningún caso propiciando mayor información. Para ese entonces ya teníamos nuestro libro gordo de registro de trámites y gestiones. Pedíamos entrevistas para tener encuentros con los funcionarios en nuestra comuna: epicentro de lo solicitado. Después de varios meses se nos cita en dependencias del Ministerio de Seguridad para hacernos entrega de un documento de 180 páginas denominado “Planes Operativos de los Organismos de Emergencias”, que proponía una serie de procedimientos para todo tipo de emergencias. Curiosamente, la única de carácter preventivo para el barrio de Parque Chas era el corte de tránsito ante una alerta temprana, lo que no satisfacía en absoluto nuestros requerimientos. Decidimos entonces dirigir una carta al director de Defensa Civil, pidiendo información complementaria, de carácter más puntual, específica, que diera cuenta de la actividad de los organismos intervinientes en una emergencia como la del 2 de abril, y que además hubieran efectuado recorridos por las zonas afectadas con personal de nuestra comuna. No teníamos conocimiento de lugares para alojamiento, alimentación y atención de las víctimas ante una situación de emergencia, es decir, no había previsión sobre cómo actuar ante una contingencia. Pedíamos un mapa de la inundación, con delimitación de las áreas que fueron afectadas por la catástrofe, para dar a conocer la información a la Junta Comunal, y facilitar así su trabajo conjunto con los distintos organismos municipales.

Sabíamos sí que algunos procedimientos en escuelas y geriátricos se habían realizado por parte de Defensa Civil, pero también sabíamos que no se había capacitado a personal jerárquico de escuelas y geriátricos en tareas contingentes, y menos aún en simulacros de emergencia.

No sabíamos de la participación de personal municipal; nos incluíamos en todas las tareas como Consejo Consultivo, de manera inexcusable éramos la comuna, queríamos participar. Queríamos saber si el decreto 695/09, sus resoluciones y anexos seguían vigentes, si lo estaban cuando ocurrió el fatídico 2 de abril.

No obtuvimos respuesta. Gestionamos entrevistas. No fue posible reunirse con funcionarios con capacidad de darnos información. Lo que veíamos no nos daba ninguna tranquilidad. Los vecinos de las distintas cuencas continuaban con su organización propia, implementaban sus propios sistemas de alerta temprana en base a los organismos oficiales de pronóstico; iniciaban las consultas con profesionales de las universidades de Buenos Aires y La Plata con incumbencia en la temática. Había que comprender desde un contexto más amplio lo que nos estaba afectando; había que sumar conocimiento para poder seguir gestionando y reclamar a los funcionarios que tenían una conducta errática y evasiva, por momentos desaprensiva. Los contactos entre afectados tenían cada vez más organización, también llegábamos a la prensa.

Por un dictamen de la Defensoría Adjunta de la Ciudad (Resolución Nº 380 del 11-8-2014), que se hacía eco de los reclamos vecinales por inundaciones, se solicita al Gobierno de la Ciudad que se realicen trabajos conjuntos entre el Gobierno y las Juntas Comunales, con la participación de los Consejos Consultivos.

Ese dictamen reconocía como antecedente de su escrito el Programa de Gestión de Riesgo Hídrico de la Ciudad de Buenos Aires (Anexo 1 de Ley Nº 1660). Entre sus puntos más importantes encontramos:
• Gestión de los residuos sólidos urbanos (por deficiente recolección y falta de contenedores en la mayoría de los barrios afectados).
• Publicación de los mapas de riesgo hídrico actualizados.
• Alertas tempranas; Planes de Contingencia y Protocolos de Evacuación (haciendo tareas de concientización previa y periódica del tema, aunando tareas con los vecinos y las fuerzas de seguridad para la emergencia).

Se efectuaron los contactos con la Junta Comunal para desarrollar un plan de trabajo con nuestra comisión. Tuvimos dos reuniones en las que propusimos pautas concretas para la elaboración del plan. Se realizaron consultas con vecinos (Parque Chas); se confeccionó, en base a los planos más actualizados de que disponíamos sobre recurrencia y zonas inundables, un mapa de riesgo hídrico con señalización de geriátricos, escuelas, gimnasios, dependencias comunales, etc.; se esbozó un primer borrador operativo para, en sucesivas etapas, realizar el plan conjuntamente con el Gobierno de la Ciudad y la comuna. La tarea fue realizada por tres personas de manera voluntaria y gratuita: nos movía impulsar el armado del plan, ir perfeccionándolo con el tiempo, incorporar el mayor número de vecinos de áreas inundables a la información y trabajo operativo. Costo cero para el erario público. Lamentablemente, nuevamente no fuimos convocados por la presidencia de la Junta Comunal para continuar con la labor.

Al presente no obtuvimos respuesta de nuestras gestiones por parte de los distintos estamentos contactados (comunales, legislativos, gubernamentales), salvo pocas excepciones. Quizás, estimado lector, de su recorrida por este itinerario entre la organización, la prevención y la catástrofe (llámele si lo desea riesgo hídrico), usted comprenda que la diferencia se cuenta en vidas humanas: las más vulnerables.

Es difícil entender cómo un gobierno que nos trata de vecinos no nos reconoce el derecho ciudadano a la transparencia de la información, a participar en la elaboración de planes de manera concreta y eficiente, y por sobre todas las cosas, a pedir que se cuide a los más desprotegidos cuando el agua sube. ¿Tendrá el Gobierno de la Ciudad voluntad de recuperar terreno (salvar vidas), y ayudar a los vecinos/ciudadanos? Al presente no responde.