| Diálogos políticos: buscando consensos |

El diputado señaló los principales déficit del proceso actual: la falta de control público sobre los recursos naturales y la ausencia de reformas que permitan que la población se involucre directamente en las decisiones.

El diputado Claudio Lozano, de Buenos Aires para Todos-Proyecto Sur brindó en una entrevista con Voces en el Fénix su visión sobre la realidad nacional y latinoamericana. Reconoció aciertos oficialistas a la vez que realizó críticas filosas. “Vivimos un momento de oportunidad en medio de la crisis que vive el sistema capitalista en sus centros más desarrollados, como Estados Unidos y Europa. Los que formamos parte de la periferia, en particular América latina, tenemos la posibilidad de generar mayores márgenes para enhebrar una estrategia de inserción en el mundo diferente a la que hemos venido teniendo hasta ahora”, explicó el dirigente. Para Lozano, “América latina vive un proceso de avance popular, con desiguales tonalidades, pero con la existencia de gobiernos que se plantean procesos de mayor inclusión a la vez que discuten nuestro lugar en el mundo. Se abren condiciones para que la integración regional supere lo declamativo”.

–¿Considera que hay una enfrentamiento entre dos modelos de país, uno inclusivo y otro neoliberal?

–Afirmar esto supondría que existe un modelo alternativo acabado. Yo no percibo esto. Percibo que está claro que hay un proceso de avance popular, con desiguales niveles de acuerdo a los países que se analice. Hay una discusión abierta dentro del campo progresista y la experiencia popular, respecto de cómo se traduce en términos de proyecto una propuesta que suponga recuperar autonomía, profundizar la igualdad y garantizar un proceso de mayor democratización institucional. Por ahora hay distintas experiencias, que en ningún caso todavía configuran un modelo determinado. De hecho, uno podría decir que existe una suerte de rumbo de América latina, que tiene dos claves, que no se cumplen de igual manera en todos los países. La primera es la apuesta constituyente. La idea de que con el sistema institucional existente no se puede gobernar una sociedad en dirección a la igualdad, la soberanía y la democratización. Es importante afrontar el desafío de transformar las instituciones e incorporar mecanismos de participación directa de la población en las decisiones, como en Venezuela, Bolivia y Ecuador. No sucede en nuestro país o en Chile. Habría que discutir el caso de Brasil. La otra clave importante, que determina en qué lugar está puesta cada experiencia, es el tema de retomar el control público sobre la explotación de los recursos naturales. También allí hay un eje entre Venezuela, Bolivia y Ecuador, aunque aquí a, diferencia de lo anterior, Brasil también tiene una política mucho más precisa. En este punto la Argentina no sólo tiene retrasos considerables, sino que en algunos casos hay una profundización de los rumbos que se venía teniendo en décadas pasadas.

–¿Qué reconocen del actual gobierno como una ruptura con el neoliberalismo, y qué continuidades destacan respecto de los ’90?

–Hay diferencias en términos de gestión macroeconómica. El dispositivo de política económica que caracterizó los ’90 no tiene demasiado que ver con el que rige hoy. Igualmente, la gestión macroeconómica no cambia a partir del gobierno de Néstor Kirchner, sino que es un cambio previo. Los marcos más importantes ya quedan instalados en la gestión de Eduardo Duhalde. Hay cambios en el terreno político y social, a la vez que hay continuidades muy fuertes en términos de la estructura económica en general. Cuando hablo de cambios políticos y sociales, me refiero a que la experiencia de Kirchner es el resultado de un proceso de avance y cuestionamiento popular que se da en los años 2001 y 2002. A partir de la aparición de Kirchner, que no era de las experiencias dominantes al interior del justicialismo, se reorienta el rumbo del justicialismo en los primeros años. Reconocemos determinados logros institucionales que se expresan en la Corte Suprema, la política en materia de derechos humanos, el replanteo de las relaciones con el resto de América latina. Y que se expresan en un conjunto de definiciones discursivas, que luego van a tener una traducción mucho menos concreta en el plano económico. Ese proceso comienza a limitarse a partir del 2005, momento en el cual el gobierno, y Kirchner en particular, comienza a dar una discusión por el control de la estructura del Partido Justicialista. De ahí en más, en lugar de seguir abriéndole la puerta al proceso de cambio que la Argentina venía viviendo, fue actuando como tapón de ese proceso de manera creciente.

–¿Cómo repercute esto en la situación económica?

–La Argentina vive una fase de crecimiento importante sin cambios estructurales significativos. Entre las continuidades con el neoliberalismo está la concentración de la economía, la transnacionalización de la economía, y el mantenimiento de un patrón de desigualdad significativo. Esto no implica decir que no ha habido mejoras relativas en materia social respecto de lo más profundo de la crisis. Pero si se compara el 2007, que es el último año de crecimiento pleno de este esquema, además del último año con estadísticas confiables, con 1997, que es el último año de crecimiento pleno de la convertibilidad, se observa que el producto bruto de la Argentina está más de 30 puntos por encima de lo que estaba en el ’97 mientras que los niveles de desempleo son prácticamente los mismos. La situación de ilegalidad laboral está por encima de lo que estaba en el ’97. El ingreso promedio en valores reales de quienes están ocupados está 22 por ciento por debajo de lo que estaba en aquel momento. Los niveles de pobreza están por encima de lo que estaban en el ’97 y los niveles de indigencia están muchísimo más por encima todavía. La pobreza está 3 por ciento arriba y la indigencia está 53 por ciento arriba de lo que estaba en aquel momento, a pesar de la fase de crecimiento vivida. En términos de la propia cúpula empresarial, mientras las 200 primeras firmas de mayor facturación de la Argentina representaban el 31 por ciento respecto del PBI en el año ’97, pasan a representar el 51 por ciento en el 2007. Mientras la participación del capital extranjero en esas 200 firmas era del 64 por ciento en el ’97, en el 2007 pasa a ser el 78 por ciento. Está claro que el momento más importante de agravamiento del cuadro de concentración y transnacionalización se da en el proceso de la crisis, pero también está claro que del 2003 al 2007 eso no se atenúa sino que se profundiza. Esto tiene que ver con que las herramientas de gestión macroeconómica que se han venido manteniendo no están inscriptas en una estrategia de reforma estructural que suponga revertir las condiciones que se implantaron desde mediados de los ’70 en adelante. Y han aparecido como límites muy precisos desde el 2007 en adelante, para poder profundizar el proceso de cambio que la Argentina precisa.

–Las retenciones tenía la intención de ser un mecanismo redistributivo. Esto generó una cierta oposición. Cualquier elemento redistributivo genera rechazo de los sectores afectados. ¿Cómo se generan las herramientas para efectivamente poder hacer esos cambios estructurales? ¿La disputa en torno de la 125 tuvo que ver con eso?

–No hay una estrategia seria de transformación que esté convocando al pueblo argentino en sus diferentes expresiones. En todos los aspectos que uno podría señalar como parte de un ideario progresista, encontramos el mismo problema que en la 125. En el caso de la estatización de las administradoras, que era un paso indispensable para poner en marcha una reforma del sistema previsional, en la práctica, se transformó en la posibilidad de disponer de una caja auxiliar al Tesoro para financiar la estrategia de política económica del gobierno nacional. ¿Qué es lo que le hace el juego a la reconstrucción del discurso conservador? Para nosotros, el hecho de haber puesto en marcha la estatización y no llevar a cabo la reforma previsional, poniendo las manos sobre los fondos previsionales. Esto manosea un planteo que es correcto, pero que no se está instrumentando de manera adecuada. Al mirar el presupuesto del 2011, el superávit se obtiene con 21.000 millones de pesos de excedentes de la ANSeS que van a financiar los distintos agujeros que tiene el Tesoro. Durante el 2011, para cubrir el financiamiento se va a apelar a cerca de 30.000 millones de pesos que provienen de la ANSeS. Más allá de que puedan decir que con esto van a desarrollar políticas anticíclicas, en realidad se sostiene la intervención estatal con un patrón impositivo de carácter regresivo. Y se le agrega que nos vamos a seguir sosteniendo con el aporte de los trabajadores para su jubilación poniendo en riesgo además las perspectivas futuras del sistema previsional. Nos parece inadecuado. Hay un modo de intervención que se podría juzgar como progresista, inscripto en una estrategia que para nosotros no tiene el mismo sentido. Podría decir lo mismo en relación al tema de Aerolíneas Argentinas. Nadie duda respecto de la necesidad de una aerolínea estatal, así como nadie duda de que Argentina debería discutir si puede o no tener una industria de aviación. Pero transformaron Aerolíneas Argentinas en un agujero negro por donde se van recursos cuyo destino es desconocido, y donde el destino de la compañía es un interrogante. Hasta el momento ni siquiera se ha producido el cambio del paquete accionario, transfiriéndolo de Marsans al Estado nacional, tal cual mandó en algún momento la expropiación que planteó el Congreso. El Estado va a tener que gastar alrededor de 2.500 millones de pesos por año. Lo mismo ocurre con la Ley de Medios. ¿En qué medida la Ley de Medios, que suscribo como estrategia para democratizar el sistema de medios comunicacionales, no termina siendo manoseada en pos de una estrategia de acumulación de medios propios e incluso de subordinación de los medios públicos que terminan expresando exclusivamente la política gubernamental? La estrategia de la 125 adoleció de los mismos problemas.

–¿Qué opina de los apoyos al Gobierno desde el progresismo que vienen por los enemigos que tiene el Gobierno, como por ejemplo Héctor Magnetto, Eduardo Duhalde, Hugo Biolcati?

–Es una mirada miope. Porque en realidad el sistema político tradicional de la Argentina tiene sectores conservadores y reaccionarios a un lado y al otro del mostrador. Del mismo modo que uno puede poner a Biolcati y a Magnetto de un lado, uno puede poner a Repsol, a José Luis Gioja, a la Barrick Gold, y a alguno de los tantos muchachos que forman parte del sistema mediático progubernamental. No todos nacieron en la construcción progresista transformadora y revolucionaria. Han logrado transformar a Papaleo, viejo lopezreguista, en un hombre que prácticamente viene a representar la nueva etapa del peronismo revolucionario. Hay un nivel de confusión reinante mayúsculo. Nuestra discusión nunca es con el gobierno o sin el gobierno. Nosotros discutimos temas y lo hacemos con los actores concretos. Estamos discutiendo qué capacidad tenemos de enhebrar una constelación de actores sociales para sostener un proyecto. Eso es lo que este gobierno no hace. Por eso no cumple con uno de los pasos que ha sido clave en el proceso de cambio que vive América latina, que es el proceso constituyente: hay que abrir la puerta a la participación popular y garantizar procesos de reforma institucional para la participación directa de la población en las decisiones. Este gobierno no sólo no lo ha hecho, sino que ha involucionado de manera severa. Pasaron de convocar de manera abierta a todas las organizaciones del movimiento piquetero y de involucrarse en cómo garantizar la democracia sindical incorporando a la CTA como interlocutor válido, a ser un gobierno que decididamente reconoce una sola central, la CGT, y que interviene para decidir cuáles son las organizaciones que son adictas y cuáles no, y las que no quedan afuera de todo. Se transformaron en un agente para fracturar la propia existencia de la CTA. Si bien es la resultante de un avance popular y permitió coronar logros institucionales durante los primeros años, hoy estamos frente a un tipo de gestión que en muchos casos termina siendo una estrategia de fractura de las organizaciones populares, y de la condiciones para gestar una experiencia distinta.