| Por Susana Hintze |

Hobsbawm llamó al siglo XX el siglo corto. ¿Cómo consideraremos en el futuro a este año 2020 signado por el Covid-19 que asomó en Wuhan a fines del 2019? ¿Cuántos meses faltan para que empiecen a diluirse las características que lo hacen globalmente excepcional? La Argentina –al igual que América latina y al resto del mundo– se encuentra sumida en una crisis inédita, dura de remontar, incluso para un país y un continente acostumbrados a las crisis.

Al comenzar el último trimestre el panorama no da respiro: disminuye la intensidad de contagios en el AMBA, pero se acrecienta en gran parte del país; está al límite la situación socioeconómica pese a las numerosas medidas que el gobierno nacional puso en marcha desde abril para asistir al empleo formal y la producción. A las que se suman la prohibición de despidos y suspensiones (prorrogada al 30/11); la imposibilidad de cortes por falta de pago de servicios a poblaciones vulnerables, mipymes, cooperativas de trabajo, y empresas recuperadas, entre otras; la suspensión de desalojos, la prórroga de contratos y el congelamiento de precios de los alquileres hasta el 31/1/21.

Sin embargo, la duración del proceso va acabando con los ahorros existentes (si los había), acrecentando el endeudamiento de las familias y las unidades productivas, se acumulan alquileres, monotributo y servicios no pagados. La circulación comunitaria del virus contrasta con la apremiante necesidad de salir a trabajar, los intentos de volver a cerrar actividades se enfrentan con incumplimientos de hecho o acciones de resistencia civil explícitas. Se denuncia que no se están respetando las prohibiciones de no despedir empleadxs o inquilinxs. Las aperturas en comercios y servicios tienen baja demanda por la falta de ingresos y la caída del empleo. No habrá finalmente una nueva cuota del Ingreso Familiar de Emergencia que quedó limitado a las tres que recibieron 8,7 millones de personas. Las medidas selectivas para la reactivación de sectores productivos específicos, que se van poniendo en marcha de manera continuada, aún no contemplan el trabajo autogestionado del que nos ocuparemos en este artículo. Si bien hubo diversas e importantes medidas de apoyo durante los meses pasados, fueron de menor alcance sobre los ingresos y mucho más tardías; no se logró un ATP para el sector pese a los reclamos permanentes y algún anuncio oficial.

Sin introducirnos en los ricos debates del campo, consideramos aquí a la economía popular, social y solidaria (EPSS) como una noción construida inductivamente a partir de la autoidentificación de sus integrantes y de quienes los representan. Constituye un agregado diverso, en muchos casos contradictorio, con dificultades para encontrar un proyecto común, pero aunado por su condición de trabajo sin patrón. La economía popular se define como compuesta en gran medida por trabajadorxs individuales, que en muchos casos integran y son representados por organizaciones sociales, en la cual, si bien la asociatividad forma parte, no es un requisito de pertenencia. Las cooperativas y mutuales son los componentes básicos de la economía social tradicional. La denominación de economía solidaria en América Latina abarca modalidades asociativas como empresas recuperadas, emprendimientos mercantiles y no mercantiles, agricultores familiares, redes de consumidores, mercados y ferias autogestivas, finanzas solidarias, entre muchas otras.

Tendencias preexistentes y alteraciones que produjo la pandemia

La situación argentina se ve agravada por las condiciones recesivas, inflacionarias, de endeudamiento, desocupación y pobreza con las que se llegó al cambio de gobierno. La tasa de desocupación promedio para 2019 fue de 10%, la más alta desde 2006. La caída del nivel de actividad entre marzo/junio –período fuerte de la cuarentena– fue del 13% del PBI, lo que pone a la Argentina en un nivel intermedio entre las economías de América latina. El número de ocupadxs pasó de 19 a 15 millones; de ese conjunto el grupo laboral con mayor decrecimiento fue el de los monotributistas. La pobreza creció 6% respecto del año anterior: 41%, unos 11,7 millones de personas en el primer semestre de este año (INDEC).

En ese marco, las organizaciones de la EPSS fueron desarrollando diferentes estrategias para hacerle frente a la pandemia. El Instituto del Conurbano/UNGS en el AMBA y la Universidad Nacional de Rosario en su área realizaron relevamientos por medio de entrevistas (llegan hasta el mes de agosto) a referentes del sector que muestran que –al igual que en el resto de la economía– la implementación de la cuarentena provocó en la EPSS una merma generalizada de las actividades productivas y ventas, que en este caso opera sobre un sector muy castigado. Lxs integrantes de la EPSS no cuentan con un sistema que los proteja frente al desempleo, accidentes de trabajo, enfermedades. Su acceso previsional y de salud es el que proviene del monotributo, cuando logran pagarlo o acceden al monotributo social. A eso se suman los cuatro años de gobierno de la Alianza Cambiemos, con desarticulación de políticas específicas como las de compras públicas.

Para vendedores ambulantes o quienes comercian en ferias y mercados populares las restricciones a la circulación fueron especialmente duras; la forzosa reorganización del trabajo hacia adentro de las unidades productivas, la necesidad de utilizar fondos para adecuar los locales a los protocolos de salud y los espacios domésticos para el trabajo, están entre los principales problemas mencionados, que se sumaron a los que venían de años anteriores como la caída en la demanda, los altos costos de las tarifas de los servicios públicos, el aumento del precio de algunos insumos importados o dolarizados.

La excepción ha sido el dinamismo que cobró la producción y comercialización de alimentos frescos de la horticultura familiar y agroecológica, incorporando incluso trabajadorxs. El pico de la demanda se produjo en los primeros meses, luego se fue estabilizando, pero en términos generales con volumen superior a la prepandemia. El cierre de las ferias obligó a reorganizar el proceso de compra y distribución, volcándose una gran parte a la comercialización a través de “bolsones” para venta a hogares.

Pese a medidas como la incorporación de cooperativas y mutuales al Sistema de Información de Proveedores (SIPRO) para ser contempladas en las licitaciones públicas del Estado nacional, en algunas entrevistas a organizaciones del conurbano bonaerense se mencionan los problemas de implementación de compras estatales a cooperativas, especialmente de productos textiles e insumos sanitarios. Entre ellos la persistencia de esquemas de pagos que impiden presentarse a organizaciones que no cuenten con condiciones para esperar el cobro, algo casi imposible para las que no acceden a créditos de corto plazo ni tienen patrimonio para ofrecer como garantía.

El nivel de actividad de las cooperativas dedicadas a la gastronomía se derrumbó. En muchos casos son empresas recuperadas que están luchando por sobrevivir haciendo comida para delivery. El caso de la Cooperativa del Bauen, dedicada a gastronomía, turismo y eventos culturales, es un caso emblemático: luego de una larguísima lucha de 17 años y un semestre en pandemia, se vio obligada a dejar su edificio.

Las cooperativas que proveen servicios públicos esenciales (electricidad, telefonía, agua corriente y cloacas) sostienen las prestaciones pese a las interrupciones en los pagos de las facturas emitidas a asociados y usuarios. Las textiles en general están trabajando muy por debajo de su capacidad productiva, algunas se volcaron a la producción de barbijos y ropa de protección para la prevención de los contagios, pero ese mercado rápidamente se saturó. Las compras públicas –según relatan varixs entrevistadxs– quedaron concentradas en pocas empresas que ganan las licitaciones y luego tercerizan la producción a otros talleres textiles, entre ellos los cooperativos, que terminan cobrando la mitad de lo que cobrarían si le vendieran directamente al Estado.

La producción de la EP, sobre todo al comienzo, se vio muy golpeada. La elaboración de panificados se redujo ante la falta de espacios adecuados a los protocolos de seguridad e higiene, pero también por la disminución de la demanda de los sectores populares. La actividad de recuperación y reciclaje de residuos, en una primera etapa quedó paralizada (por imposibilidad de circular y falta de galpones o empresas que compraran los materiales para reciclar). Gradualmente se fue reactivando la cadena de producción, aunque hay puntos de recolección de residuos que siguen inactivos, como los de escuelas e instituciones, y es menor la producción de residuos en empresas. Quienes recolectan en las calles además se enfrentan a un aumento de la cantidad de personas que se incorporan a la actividad para procurar ingresos alternativos ante la crisis.

En este escenario adverso se procuró preservar los puestos de trabajo y el ingreso de lxs trabajadorxs. Las entrevistas muestran que la mayoría de las cooperativas intentaron no reducir los retiros (remuneraciones) de sus integrantes, acudiendo a las distintas líneas de apoyo estatal. Algunas cooperativas decidieron utilizar reservas y excedentes anteriores para no reducir retiros, o para distribuir un monto razonable. En otros casos recurrieron a créditos no bancarios y préstamos de clientes o proveedores para pagar los retiros, lo cual es una estrategia riesgosa e insostenible más allá de un período breve. No son pocas las organizaciones que dejaron de pagar los servicios e impuestos, acumulando deudas que serán cargas difíciles de levantar a futuro. O que suspendieron el pago del monotributo, que por incluir lo impositivo, la obra social y lo previsional, afecta la protección de quienes habían logrado acceder a esta cobertura. La reducción de retiros, cuando no queda otra alternativa, se hace priorizando las diferentes necesidades de lxs integrantes. Manteniendo el lugar en la organización, algunxs trabajadorxs salen a buscar ingresos temporarios con otros trabajos o changas.

Los relevamientos registran además organización colectiva para fortalecerse como actor político y productivo frente al Estado, visibilizar las problemáticas específicas del sector, solicitar nuevas políticas de apoyo y mejoras en el acceso a las políticas existentes. Muchas articulaciones se orientaron a potenciar las gestiones y presentaciones de proyectos a los diferentes organismos públicos a través de federaciones, confederaciones y otras formas organizativas de gran escala.

¿Y después: quiebres o mantenimiento de tendencias?

Las conclusiones de la reciente Asamblea General (integrantes de 22 países europeos) de la Red Intercontinental de Promoción de la ESS permiten una mirada en el espejo de los que van más avanzados en la pandemia (aunque el rebrote haya comenzado a traerlos de vuelta). Pese a las particularidades de cada país, destacan similitudes importantes, como la reactivación de los sistemas de ayuda mutua para apoyar a los pequeños productores y para garantizar un suministro de calidad y de proximidad; el aumento de la creatividad de lxs ciudadanxs para compensar la disminución de actividades; movimientos de las ciudades al campo como estrategia de supervivencia en algunos países; la crítica general a la falta de apoyo a las pequeñas estructuras de la ESS frente a la amenaza del cese de la actividad. Y como aclaración final: “A pesar de las numerosas demandas manifiestas de apoyo real a las iniciativas ciudadanas, solo puede observarse que la economía ha vuelto a empezar en la misma dirección de ‘business as usual’” (RIPPESS Europa, Boletín 6/10/20).

Entrando en los últimos meses del 2020 aquí la pandemia se expresa en “angustia, malestar, tristeza e incertidumbre” en los barrios y en los propios equipos de trabajo, según la síntesis de un alto funcionario del área social de La Matanza, que refleja expresiones reiteradas de quienes viven la cotidianeidad de una crisis que parece interminable. Por eso las palabras de la carta de despedida de lxs trabajadorxs de la Cooperativa Bauen: “Acá no termina nada. Acá empieza todo”, son un grito de esperanza de un colectivo que mantiene su trayectoria de lucha, pero que expandido a la situación macro del sector de la EPSS admite relecturas.

Como la de una interpretación distinta de la “nueva normalidad” pospandemia con la vacuna tan augurada. Y el reclamo de que tanto esfuerzo y voluntad para pelear por formas dignas de sobrevivir la crisis no termine en la vieja (a)normalidad de la desigualdad, la destrucción de vidas y de la naturaleza y que contribuya a la andadura de nuevos caminos.