| Por Damián Kennedy |

El presente artículo se realizó en el marco del Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo (CEPED-FCE-UBA). Agradezco los comentarios a versiones previas realizados por Gaspar Herrero, Ezequiel Monteforte, Lucas Terranova y Guido Weksler.

Como ha sido ampliamente analizado, el principal impacto de la pandemia y el correspondiente establecimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) sobre el mercado de trabajo¹ fue la fuerte contracción del volumen de empleo (20%) que, dada la caída de la población económicamente activa (PEA) (18%), no se tradujo en un incremento proporcional de la tasa de desocupación.

En concreto, la tasa de empleo se desplomó del 42,2% al 33,4%, mientras que la tasa de actividad lo hizo del 47,1% al 38,4%, lo que implicó un incremento de la tasa de desocupación “solo” del 10,4% al 13,1%. En este sentido, una hipotética situación de constancia en la tasa de actividad hubiera implicado una tasa de desocupación del orden del 30%.

Dada la particularidad de la crisis en cuestión y la correspondiente excepcionalidad de las restricciones en determinadas actividades, así como también la aplicación del Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) y la prohibición de despidos –ambas medidas dirigidas a unidades económicas registradas–, prácticamente la totalidad de la caída del empleo se explica por lo sucedido en las inserciones laborales que revisten mayor precariedad (en contraposición a lo que ocurre en contracciones cíclicas de otras características): la caída evidenciada en los asalariados no registrados y los cuentapropistas explica el 88% de la reducción del empleo. Siendo que los ingresos laborales reales para quienes conservaron la ocupación no se vieron bruscamente reducidos (el Índice de Salarios muestra para las distintas categorías de asalariados –privados registrados, privados no registrados y públicos– una contracción no mayor al 5% desde febrero), la caída del empleo constituye el factor excluyente del incremento de la población bajo la línea de pobreza, que pasó del 35% al 40% entre el segundo semestre de 2019 y el primero de 2020. Así, la magnitud de las transferencias desplegadas por el gobierno (en particular, el Ingreso Familiar de Emergencia –IFE–) resultó insuficiente para absorber la totalidad del impacto del ASPO en el mercado de trabajo.

Las consecuencias ocurrieron sobre un mercado de trabajo que ya venía manifestando un notorio deterioro desde 2018. De un lado, la relativa estabilidad en las tasas de empleo y desocupación (del orden del 42,5% y 9,5%, respectivamente) en un contexto signado por la recesión económica se explica por la expansión de la proporción de las categorías posteriormente más afectadas directamente por el ASPO: asalariados no registrados y cuentapropistas. Asimismo, según el SIPA, fue a comienzos de 2018 cuando comienza a observarse una disminución absoluta de los asalariados registrados. Del otro lado, en términos de ingresos, el Índice de Salarios indica para las tres categorías de asalariados disminuciones reales de entre 15% y 25%, información coherente con la provista por SIPA. Como expresión sintética del deterioro de las condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo, la población con ingresos por debajo de la línea de pobreza se expandió del 25% al 35%.

Hasta aquí puede concluirse que, sin lugar a dudas, los efectos de la pandemia exacerbaron el deterioro que venía sufriendo el mercado de trabajo en particular y las condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo en general. Pero la cuestión no se agota allí.

A tono con el comportamiento general de la actividad económica, en el lapso 2012-2017 el mercado de trabajo evidenció, más allá de los vaivenes interanuales, un estancamiento en sus variables representativas. Sin desconocer las limitaciones de la utilización de la EPH durante la intervención del INDEC, a lo largo del lapso referido, las tasas de desocupación y subocupación se establecieron respectivamente en torno al 7% y 9,5% de la PEA, mientras que la tasa de no registro, alrededor del tercio de los asalariados. Acorde a ello, la información provista por el SIPA muestra desde 2012 una marcada desaceleración del crecimiento del empleo privado registrado y un estancamiento del salario real, situación confirmada por el Índice de Salarios para el conjunto de las categorías asalariadas². Nuevamente como expresión sintética, a lo largo de dicho período la población bajo la línea de pobreza se ubicó entre el 25% y el 30%³.

Indudablemente, en aquel lapso existieron diferencias que merecen ser destacadas (a las que cabría sumar múltiples transformaciones que no son captadas por los indicadores del mercado de trabajo, y mucho menos por el panorama general mencionado). Sin perjuicio de ello, lo que aquí se procura es poner de relieve que esta situación general se reveló como un “máximo” al cual se arribó luego de un proceso de evidente mejora del mercado laboral, proceso que resultó una “novedad” en relación al continuo deterioro ocurrido desde la irrupción de la dictadura militar en 1976 (y, particularmente, en relación a la convertibilidad y su estallido). Surge aquí la pregunta en cuanto a qué nos dice aquella situación “de máxima” respecto de la vigente en la primera mitad de la década de los setenta. Sin desconocer que la comparación propuesta no está exenta de problemas habida cuenta de los cambios en la EPH (tanto metodológicos como de cobertura geográfica), al considerar las variables básicas analizadas en el presente artículo es posible trazar el siguiente panorama:

● La tasa de desocupación promedio en el lapso 1964-1975 fue del 4,8% mientras que en el lapso 2012-2017 se ubicó en torno al 7%.

● La tasa de subocupación evidenció entre idénticos lapsos un incremento del 5,8% al 9,3%.

● La tasa de no registro para 1974 se ubicó entre el 20% y 25% de los asalariados, mientras que en el “máximo” reciente no logró ser menor al 33%.

● Entre 1974 y el “pico” del período reciente, el poder adquisitivo de los asalariados registrados se contrajo entre un 10% y un 20% (según se considere respectivamente la actualización de la EPH “puntual” con el Índice de Salarios o la información provista directamente por la EPH “continua”), mientras que en el caso de los asalariados precarios dicha disminución fue del 35%.

● Siendo que en 1973 y 1974 el salario promedio de la economía evidenció un marcado crecimiento, a partir de lo anterior es posible afirmar que el poder adquisitivo de los asalariados registrados en el “pico” reciente resulta relativamente similar al vigente a comienzos de la década de los setenta, mientras que el de los no registrados se ubica sostenidamente por debajo de su nivel de entonces.

● La población bajo la línea de pobreza se ha multiplicado entre 4 y 5 veces (según las distintas metodologías), multiplicación que en relación a comienzos de la década de los setenta resulte presumiblemente algo menor.

Así, la marcada mejora evidenciada a lo largo del lapso 2003-2012 de los principales indicadores expresivos de las condiciones de reproducción no logró revertir completamente el profundo daño sufrido a lo largo del lapso 1976-2002, y que desde 2018 muestran un nuevo y acelerado deterioro. En este sentido, existen bases para afirmar que se ha producido un manifiesto incremento de la población obrera excesiva para las necesidades medias de explotación del capital. No se trata simplemente de las cifras incrementadas de subutilización abierta de la fuerza de trabajo que evidencian las tasas de desocupación y subocupación, sino de la creciente población que vende su fuerza de trabajo solo a condición de hacerlo sostenidamente por debajo de su valor. Expresión particular de ello es la situación de los asalariados no registrados (cuestión que no se agota en la evolución del salario, sino que se trata de una compraventa de fuerza de trabajo manifiestamente por debajo de las condiciones socialmente consideradas normales: aportes jubilatorios, cobertura de salud, aguinaldo, vacaciones, condiciones de seguridad e higiene, etc.), a lo que cabe sumar el creciente peso del cuentapropismo “de subsistencia”.

La población bajo la línea de pobreza resulta un indicador sintético, aunque incompleto, de tales trasformaciones, toda vez que indica la multiplicación de la fuerza de trabajo sin capacidad de acceder a una canasta de consumos considerados básicos para su reproducción. Expresado en otros términos, un deterioro de tal magnitud solo puede tener como telón de fondo una creciente sobrepoblación relativa para las necesidades de la acumulación.

No es este el espacio para introducirse en el debate en torno a la capacidad de demanda de fuerza de trabajo por parte de la acumulación de capital nacional. No obstante, a los fines aquí propuestos es posible destacar lo siguiente.

La economía argentina presenta una reconocida brecha de productividad respecto de las condiciones sociales medias de producción de la generalidad de las mercancías, brecha que evidenció a mediados de los años setenta una notoria ampliación. Tomando en consideración los desarrollos de Juan Iñigo Carrera respecto de la especificidad de la acumulación de capital en la Argentina, ello implica que los lapsos de expansión sostenida de la acumulación de capital nacional más allá del límite específico que impone la brecha de productividad se sustentan, de modo general, en flujos extraordinarios de renta de tierra (lo que se expresa típicamente en la holgura del balance comercial), que bajo distintos mecanismos (genéricamente, políticas de carácter progresista) se convierte en fuente de compensación del rezago de productividad de la generalidad de los capitales. Tal es la base general de la expansión de la demanda de fuerza de trabajo y, por lo tanto, de la mejora de los indicadores básicos del mercado de trabajo. Todo lo contrario ocurre (bajo la forma de políticas de “ajuste”) cuando la renta de la tierra se torna relativamente insuficiente para continuar cumpliendo dicho rol (lo cual se expresa típicamente en la emergencia de la denominada “restricción externa”).

En dicho contexto, a partir del referido incremento de la brecha de productividad se consolida un escenario en el cual una misma masa de renta de la tierra (sea cual fuere su magnitud) tiene, antes y después de dicha ampliación, una menor capacidad de actuar como fuente de compensación y/o permite la compensación del rezago de un menor conjunto de capitales.

Se pueden extraer de ello dos conclusiones de importancia. En primer lugar, que desde mediados de la década de los setenta las necesidades de la acumulación en lo que a demanda de fuerza de trabajo respecta son en sí mismas menores, empujando a una creciente porción de la fuerza de trabajo a la condición de sobrepoblación relativa (en el sentido expresado previamente). En segundo lugar, que así como la mejora de los indicadores fundamentales de mercado de trabajo una vez superada específicamente la caída de 2002 encuentra su sustento general en el flujo extraordinario de renta de la tierra ocurrido desde mediados de la primera década del siglo (de la mano de la suba del precio de las commodities), su estancamiento evidenciado desde 2012 y posterior retroceso expresa su agotamiento relativo.

En conclusión, en la medida que la pandemia no obligue a un fuerte restablecimiento del ASPO, es probable que el mercado de trabajo nacional comience a evidenciar signos de recuperación (seguramente transitando con tasas de desocupación más altas en relación a las del segundo trimestre de 2020 –en la medida que se incremente la PEA a un ritmo mayor que el empleo– y seguramente con una “recuperación” del peso de las inserciones laborales precarias).

En términos de empleo, estrictamente, es posible plantear también la recuperación del deterioro evidenciado desde 2018. Más difícil resulta pensar en la recuperación del poder adquisitivo de los salarios (que en 2019 mostraron una reducción de entre 15% y 25% respecto del lapso 2012-2017). Ahora bien, para lo que verdaderamente no se vislumbran bases, al menos en las condiciones actuales, es para revertir el hecho de que una importante porción de la fuerza de trabajo argentina se ha consolidado manifiestamente como sobrepoblación relativa para las necesidades de la acumulación.

Notas:
1) La fuente de información que permite el análisis más abarcativo posible es la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), de publicación trimestral. Al momento, la última disponible corresponde al segundo trimestre de 2020, lapso en el cual se verificó la mayor incidencia (legal y de hecho) del ASPO. La comparación aquí propuesta respecto al trimestre anterior no desconoce ni las advertencias del INDEC respecto de los posibles sesgos originados en el cambio en la modalidad de relevamiento ni las dificultades que entraña la comparación entre trimestres diferentes. En este sentido, el análisis aquí presentado se complementa con la información provista por el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y el Índice de Salarios (elaborado por el INDEC). ⇑
2) En este punto resulta fundamental mencionar que el incremento de las tarifas de servicios públicos establecido bajo la gestión de la Alianza Cambiemos no se encuentran plenamente captado por el IPC, sobreestimando la evolución del salario real. No obstante, el argumento central del presente artículo no se vería por ello modificado, tal como quedará de manifiesto más adelante. ⇑
3) Se consideran las estimaciones realizadas por diversos colegas, toda vez que se conjugan aquí los efectos de la referida intervención y del cambio de metodología de estimación (particularmente, el coeficiente de Engel). ⇑