| Por Francisco Longa |

Los aniversarios de números redondos suelen ser grandes catalizadores de balances. Estar a las puertas de los 40 años desde la restitución de las instituciones democráticas del país obliga a una retrospección sobre los avatares que han sufrido la clase trabajadora y el mundo popular en estas cuatro décadas.

La experiencia del terrorismo de Estado que atravesó la Argentina durante la última dictadura militar en los setenta fue particularmente agresiva con los sectores populares. A la persecución, desaparición y tortura que sufrió la clase trabajadora, se sumó la destrucción de la matriz económica productiva en favor de una economía especulativa y financiera, lo cual se tradujo en una suerte de “industricidio”, con graves consecuencias en cuanto a pérdida de empleos en las ramas industriales y al cierre de numerosas empresas.

Con dicho giro en la matriz productiva, y en función de la concentración de la riqueza en pocas manos, la salida de la dictadura mostraba una estructura social que –contrariamente a su morfología durante las décadas previas– aparecía como más homogénea entre sus elites y profundamente fragmentada “por abajo”. Aquella clase trabajadora robusta, moldeada al calor del primer peronismo, que había sido incorporada al mercado de trabajo formal protegida en sus derechos laborales bajo el amparo sindical, comenzaría a ser dejada atrás.

Los ochenta: reconstruir el tejido social

La presidencia del radical Raúl Alfonsín durante la década de 1980 estuvo signada por la salida de la dictadura militar. Para el mundo popular, en estos años una tarea central fue reconstruir los lazos sociales, severamente lesionados por la represión y por la difusión de la ideología individualista, que revistió al gobierno dictatorial. Comenzaba una larga compulsa por impedir la conformación de una “sociedad excluyente”, como la nominó la socióloga Maristella Svampa. Las estadísticas socioeconómicas que dejaba la dictadura resultaban alarmantes: la pobreza trepaba al 20% y el endeudamiento público externo se había multiplicado por siete.

La principal iniciativa del gobierno de Alfonsín al respecto fue el recordado Plan Alimentario Nacional (PAN), que otorgaba alimentos en barrios populares a millones de habitantes. Como recuerdan los investigadores Rosalía Cortés y Gabriel Kessler (2013), si bien este programa había sido pensado como una asistencia de emergencia provisoria, el Presidente “lo extendió hasta el fin de su mandato y todas las administraciones que siguieron continuaron los planes alimentarios”. Así, se institucionalizaba en cierto modo la “cuestión social”, mientras la pobreza se iba consolidando como un problema estructural.

Asimismo, el vínculo del gobierno con los sindicatos fue profundamente conflictivo. La principal oposición que enfrentó Alfonsín provino precisamente de los sindicatos de filiación peronista, que protagonizaron numerosas huelgas. Además de defender el poder adquisitivo del salario, se oponían a dos leyes que el gobierno quiso aprobar, que buscaban “normalizar” la vida sindical y modificar –entre otros aspectos– las formas de elección de las dirigencias sindicales. Bloqueadas en el Senado gracias a los legisladores peronistas –afines al mundo obrero organizado–, finalmente el radicalismo no pudo sancionar dichas leyes.

Luego de que la crisis hiperinflacionaria se le volviera incontrolable, el gobierno debió llamar a elecciones anticipadas, abriéndose así una etapa que llevaría nuevamente al peronismo al poder, aunque esta vez en su faceta neoliberal.

Los noventa: la intemperie neoliberal

A este escenario de fragilidad social y económica se sumó durante la década de 1990 una segunda oleada de ataques a los derechos laborales. Durante los dos gobiernos peronistas de Carlos Menem se implementó un programa económico neoliberal que respondía a los lineamientos de los grandes grupos económicos transnacionales, coincidente con el “Consenso de Washington”, que pregonaban Estados Unidos y sus aliados.

La privatización de las empresas del Estado y las leyes de flexibilización laboral fueron el ariete a partir del cual se asistió a una desestructuración del mundo del trabajo nunca antes vista en el país. Muchos de los sindicatos abdicaron en la defensa de los derechos laborales, ante la arrasadora hegemonía que mostraba el gobierno peronista, mientras que algunos otros gremios –junto con seccionales sindicales con un fuerte protagonismo de trabajadores/as de base– intentaron resistir a las políticas neoliberales.

Estas reformas implicaron además la pérdida de los marcos sociales y asociativos que brindaba el mundo del trabajo, produciendo un cuadro social de extrema gravedad: nacía así una enorme masa de trabajadores/as desocupados/as, que quedaban desamparados. La contención educativa, cultural y recreativa que brindaban los gremios a millones de familias trabajadoras quedó reducida a expresiones minoritarias, y el flagelo de la desocupación estructural se instaló en el país. Así, la clase trabajadora vivía una segunda oleada de desmembramiento y comenzaba a mostrar el rostro agudizado de su atomización. Profundamente fragmentada por abajo, entre los sectores populares comenzarían a consolidarse familias de varias generaciones de padres y madres desocupadas.

Para finales de la década de 1990 el experimento neoliberal dejaba alarmantes índices socioeconómicos: la desocupación terminó trepando al 18,3%; la pobreza en el Gran Buenos Aires aumentó al 51,7% y el Estado llegó quebrado al final del siglo, producto del endeudamiento externo principalmente con el Fondo Monetario Internacional.

En este nuevo y dramático escenario, el mundo popular se reinventó una vez más. Principalmente desde las barriadas de las periferias urbanas, nació un nuevo sujeto movilizado: los desocupados. Despojados de los repertorios de protesta que ofrecía el mundo gremial del trabajo formal, las y los desocupados comenzaron a demandar trabajo y asistencia sin más herramientas que los cortes de ruta y de calles, los famosos “piquetes”.

El “movimiento piquetero” rápidamente se transformó en el sector más dinámico de un conjunto de colectivos movilizados, que protestaban ante la crisis de representación política y las pésimas condiciones económicas. El gobierno se vio obligado a otorgar subsidios a las y los desocupados (los tan mentados “planes sociales”), aunque por montos exiguos, que no alcanzaban para paliar el hambre. Por lo tanto la conflictividad social, lejos de menguar, siguió aumentando, hasta llegar a su punto más alto en diciembre de 2001, cuando masivas movilizaciones callejeras hicieron renunciar al presidente radical Fernando de la Rúa, y a los que lo sucedieron en el plazo de una semana, pero que pretendían seguir implementando políticas de ajuste y represión.

Los 2000: una nueva escena posneoliberal

La asunción de la presidencia en 2003 por parte de Néstor Kirchner marcó un parteaguas. Junto con las dos subsiguientes presidencias de Cristina Fernández de Kirchner, y a caballo de políticas de redistribución económica, de defensa de los derechos humanos y de un giro en la orientación geopolítica signado por la alianza con los gobiernos progresistas de América Latina, la Argentina vivió un cambio de época donde se reconfiguraron las coordenadas sociopolíticas.

A partir de la recuperación económica, en un contexto internacional favorable para las exportaciones del país, se asistió a una redistribución más equitativa del ingreso. Durante las tres presidencias kirchneristas se logró recomponer el poder adquisitivo del salario y disminuyeron el desempleo y la pobreza. En este ciclo se logró aumentar el porcentaje de la renta total en manos de la clase trabajadora, lo que se tradujo en un mayor acceso al consumo para los sectores populares.

Además, se revitalizó el activismo sindical en virtud de la recuperación de herramientas como las negociaciones paritarias, que volvió a ser un mecanismo central para dirimir la conflictividad en la lucha por el salario, tópico siempre recurrente en una economía endémicamente inflacionaria como la argentina.

Sin embargo, estas mejoras se hicieron en parte a raíz de una enorme precarización laboral. Un número importante de quienes obtenían empleo lo hacían en la informalidad, es decir, sin estabilidad ni derechos, por fuera de los convenios colectivos de trabajo y sin aportes jubilatorios ni obra social. Además, la asistencia alimentaria continuó: los mencionados “planes sociales”, si bien disminuyeron durante el kirchnerismo, siguieron cubriendo las necesidades básicas de un sector considerable de la población, que no accedía al trabajo incluso en aquellos años de crecimiento económico y aumento del Producto Bruto Interno.

Nuevos desafíos para el mundo popular

Una nueva etapa de este ciclo democrático se abrió con la llegada del empresario de derecha Mauricio Macri a la presidencia, entre 2015 y 2019. Respecto del mundo del trabajo, Macri se había propuesto realizar una reforma laboral con el objetivo de alcanzar una mayor flexibilización. Tal como señalan los sociólogos Gabriel Vommaro y Mariana Gené, los actores de veto que enfrentó dicho gobierno obturaron la implementación de esa reforma. Sin embargo, las políticas económicas de ese gobierno sí afectaron a la clase trabajadora, por ejemplo en cuanto a que el poder adquisitivo del salario disminuyó en promedio un 25% durante esos cuatro años.

En lo que refiere al sector desocupado e informal, lejos de cumplir la promesa de campaña de Macri –quien había asegurado que durante su gobierno “terminaría con los piquetes”–, la conflictividad social recrudeció. Las organizaciones barriales, junto con los feminismos y otros colectivos movilizados, dinamizaron las protestas callejeras exigiendo derechos, reconocimiento y mejoras económicas. En el campo de las organizaciones sociales de los barrios populares, el macrismo buscó contener la conflictividad, lo cual se puede apreciar por caso en que triplicó el número de planes sociales otorgados por el Estado. Al mismo tiempo, asistimos a un crecimiento en la visibilización y en la capacidad organizativa de este sector.

Las viejas organizaciones de desocupados/as, surgidas al calor de la crisis del 2001, habían continuado creciendo. Desde fines de los noventa no habían cejado en su tarea de brindar asistencia alimentaria a los sectores más empobrecidos y de ofrecer puestos de trabajo en sus cooperativas, sirviendo de puente hacia los subsidios estatales para los y las desocupadas. Al mismo tiempo, comenzaron a disputar otros terrenos como el sindical y el político institucional.

Respecto del primero, a mediados de la década de 2010 empezaron a proyectar un modo de agrupar gremialmente a quienes trabajaban por fuera de los empleos formales. Con este fin, en 2011 dieron nacimiento a la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP): la herramienta sindical con la que buscaron pelear por derechos para este sector.

Haciendo un uso intensivo de la imaginación política, denominaron “Economía Popular” al enorme y variopinto universo de cuentapropistas, changarines, trabajadoras dedicadas a las tareas de cuidados –mayoritariamente mujeres–, miembros de cooperativas de trabajo autogestivas, cocineros/as de comedores comunitarios, etc. En palabras de sus dirigentes, este sector contiene a todos aquellos que “se inventaron su propio trabajo”. La categoría de “Economía Popular” rápidamente se expandió en diversos ámbitos como el académico y el político institucional; solo como muestra, han surgido en los últimos años numerosas cátedras universitarias de estudio sobre la “Economía Popular” y dependencias estatales dedicadas a asistir a este sector.

Desde 2019 dicha Confederación pasó a llamarse Unión (denominada ahora UTEP), incorporó a nuevos grupos y ganó aún más reconocimiento institucional: en 2021 el Ministerio de Trabajo le otorgó una “personería social”, que si bien no es equivalente al reconocimiento oficial como gremio, es sin dudas un paso hacia dicho camino de formalización ante el Estado.

En el plano de la disputa político-institucional este sector también ganó protagonismo. Varios dirigentes movimientistas han ocupado cargos de funcionarios durante los gobiernos kirchneristas y durante el actual gobierno peronista. También han logrado lugares en las listas electorales, lo que llevó por ejemplo a que, durante el actual mandato, un grupo de ocho militantes movimientistas asumieran bancas en la Cámara de Diputados del Congreso Nacional.

Como vemos, tras su irrupción a finales del 2001, lejos de haber declinado, este sector acrecentó su protagonismo público constituyéndose, al decir del sociólogo Juan Carlos Torre, en un “nuevo actor sociopolítico”. Hacia adelante, si en el mediano plazo la economía argentina continúa siendo incapaz de absorber en el empleo formal a sectores considerables de la clase trabajadora, todo indica que las organizaciones de la “Economía Popular” continuarán teniendo un vasto potencial organizativo y de representación sindical.

Avatares pospandémicos

Los últimos años de este recorrido corresponden al actual gobierno peronista de Alberto Fernández, el cual debió enfrentar tempranamente la inusitada pandemia de coronavirus. El aislamiento como estrategia sanitaria afectó de manera directa la actividad económica, lo cual se tradujo por caso en la abrupta caída de un 10% del PBI en tan solo un año. Sin embargo, con el levantamiento de las restricciones sanitarias, ya desde 2021 la macroeconomía mostró algunos signos de recuperación: el empleo creció y el producto bruto recuperó sus niveles prepandémicos.

Sin embargo, hay dos elementos que parecen pervivir, e incluso recrudecer, asomando como un signo alarmante: los niveles de informalidad laboral y la inequitativa distribución de la riqueza. En estos últimos dos años, mientras se recomponía el nivel de empleo, la precariedad no dejó de aumentar. Actualmente un 35% de quienes trabajan lo hacen en la informalidad. Por otra parte, volvió a disminuir la participación de los y las trabajadoras en el reparto de la renta nacional, cayendo al 41,7% del total –menos aún que en el gobierno anterior–.

Además, estamos asistiendo a un fenómeno nuevo para la Argentina, pero común en otros países de la región: la creación de un segmento de trabajadores con empleo formal, pero pobres. Según un informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, en 2023 un 29% de los trabajadores estaban por debajo de la línea de la pobreza. En lo que algunos analistas observan como una “latinoamericanización” del mercado de trabajo argentino, la emergencia –y posible consolidación– de esta tendencia a la incorporación de trabajadores con salarios por debajo de la canasta básica es una señal indudable de preocupación.

La moneda en el aire

El racconto presentado hasta aquí sugiere que en estas cuatro décadas la clase “que vive de su trabajo” ha estado envuelta en crisis recurrentes, y que los períodos de estabilidad y bonanza han sido más bien esporádicos. El cuadro actual está signado por el crecimiento del trabajo informal, por la dificultad en generar puestos de trabajo de calidad –principalmente en el sector privado– y por la fragilidad del poder adquisitivo del salario.

Pero al mismo tiempo han crecido la organización y las luchas en el mundo del trabajo. El sindicalismo de ramas tradicionales se ha revitalizado en los últimos años, y dentro del sector informal quienes trabajan en la “Economía Popular” han innovado creando un sindicato para pelear por sus derechos. Así, el futuro de la clase trabajadora se cifra en la correlación de fuerzas de los años venideros, signada por la ecuación entre el posible crecimiento macroeconómico y la puja distributiva por la apropiación de la riqueza; una vez más, para el mundo popular la moneda está en el aire.

Bibliografía de referencia

Auyero, Javier (2001). La política de los pobres. Las prácticas clientelísticas del peronismo. Buenos Aires, Manantial.
Cortés, Rosalía y Gabriel Kessler (2013). “Miradas sobre la cuestión social en la Argentina democrática (1983-2013)”, en Cuestiones de sociología, Nº 9, pp. 33-55.
Svampa, Maristella (2005). La sociedad excluyente: la Argentina bajo el signo del neoliberalismo. Buenos Aires, Taurus.
Torre, Juan Carlos (2019). “De la movilización de los desocupados a la formación de un nuevo actor sociopolítico”, en Desarrollo Económico, Vol. 59, Nº 228, pp. 165-200.
Universidad Católica Argentina (2023). “Trabajadores pobres, características de sus hogares y acceso a sistemas de asignaciones familiares”, Junio. URL: https://wadmin.uca.edu.ar/public/ckeditor/Observatorio%20Deuda%20Social/Presentaciones/2023/Observartorio_Nota_Divulgacion_Trabajadores_%20pobres_hogares_transferencias.pdf.
Vommaro, Gabriel y Mariana Gené (2023). El sueño intacto de la centroderecha. Buenos Aires, Siglo XXI editores.