| Por Florencia Rubiolo |

Difícilmente pueda discutirse hoy en día la afirmación de que China se ha convertido en una potencia económica mundial. Lo inquietante en torno a esta aseveración es cómo este poderío económico se traducirá en poder político y, aún más preocupante, militar. Es también indudable que sobre la base de poder económico se erigirá eventualmente un poderío militar con alcance regional, en primera instancia, y posteriormente global. En ese proceso, en el cual Pekín ya ha dado varios pasos firmes, se contemplan intereses estratégicos para la seguridad nacional china, como el abastecimiento energético y de recursos naturales, y la defensa de los territorios reivindicados como propios.

En el caso del Mar de China Meridional se cruzan numerosas consideraciones estratégicas, energéticas y económicas, que se relacionan con la necesidad de asegurar el abastecimiento de recursos naturales y de obtener el control de la principal ruta marítima del este de Asia. Dadas estas condiciones, es de esperarse que, a menos que se alcance una resolución diplomática del conflicto que respete los intereses chinos, los enfrentamientos se intensificarán y el conflicto alcanzará una dimensión mayor con la intervención de actores extrarregionales, como Estados Unidos.

El Mar de China Meridional –de acuerdo con la denominación más extendida, aunque no la única– se encuentra emplazado en la región del sudeste de Asia y bordea el sur de China. Sus aguas albergan más de 400 islas, arrecifes y bancos de arena, y numerosos archipiélagos entre los que se destacan las islas Spratly y las Paracel. El conflicto por este territorio se remonta a mediados del siglo XX, pero ha adquirido notable difusión en los últimos cinco años debido al incremento de acciones concretas de la República Popular China sobre los archipiélagos y a la respuesta político-diplomática de Filipinas en defensa de sus intereses territoriales.

A modo de repaso histórico, el conflicto por la soberanía comienza cuando luego de la Segunda Guerra Mundial, el acuerdo de paz de San Francisco de 1951 no define claramente a quién corresponden los archipiélagos. Esta omisión sentó las bases para el desarrollo de sucesivos enfrentamientos por la posesión de las islas y del espacio marítimo adyacente. En la actualidad son seis los países involucrados en la disputa: China, Filipinas, Malasia, Vietnam, Brunei y Taiwán. De estos seis países, solo China, Vietnam y Taiwán reclaman la totalidad del archipiélago.

China basa sus reclamos sobre la zona en razones históricas. Las mismas incluyen las expediciones a las islas Spratly realizadas por la Dinastía Han en 110 d.C., y de la Dinastía Ming entre 1403-1433. El gobierno de la República de China sentó las primeras bases de sus reclamos cuando protestó frente a intrusiones externas en las islas y la toma de posesión francesa en 1933 y japonesa en 1939, dándoles a sus reivindicaciones sustento legal. Posteriormente, con el objetivo de fijar claramente los límites del país, el gobierno chino publicó por primera vez un mapa donde se incluían las islas en disputa del Mar de China Meridional. En este mapa, que data de 1948, se da a conocer por primera vez la “línea de nueve puntos” (nine-dashed line o U-line) que aún hoy se constituye en el límite territorial que reivindica el gobierno chino. Sin embargo, más allá del reclamo sobre las islas y aguas adyacentes, no se han podido comprobar en los documentos de las últimas seis décadas las mentadas razones históricas sobre las que el gigante asiático basa actualmente su reclamo de soberanía.

Los conflictos por las islas atravesaron momentos de mayor tensión en varias oportunidades, previas a la última década, poniendo de manifiesto la clara voluntad política de China de lograr el control de los territorios reclamados, incluso si ello implicaba el uso de la fuerza. Se destacan los enfrentamientos entre las fuerzas chinas y las de Vietnam del Sur en las islas Paracel en 1974, la disputa entre China y Vietnam en 1988, y la controversia que surgió en 1995 ante la construcción de infraestructura por parte del gobierno chino en Mischief Reef. Este arrecife se encuentra ubicado dentro de las 200 millas náuticas de Filipinas, y es reclamado por este último desde 1962. En todos los casos, China logró reivindicar su control sobre los territorios disputados.

Por su parte, los países del Sudeste Asiático que sostienen reclamos en el área también han recurrido a mecanismos que, lejos de establecer bases para la resolución del conflicto, han exacerbado los problemas, principalmente en torno a los reclamos por la exploración y explotación de los recursos naturales. Actualmente Vietnam ocupa 30 islas y arrecifes, Malasia posee control sobre tres y en una de ellas ha construido un hotel, y Filipinas ocupa diez islas y arrecifes. Sin embargo, el avance de estas naciones más pequeñas sobre los archipiélagos dista mucho de las últimas políticas de ocupación implementadas por China, tanto en magnitud como en velocidad.

A partir de los años noventa, a pesar de las medidas unilaterales implementadas por las partes, se comenzó a buscar alternativas de cooperación para mitigar el conflicto. El puntapié inicial a las negociaciones –que sentó las bases para la posterior cooperación en la región– fue la Declaración sobre el Mar de China Meridional que realizó la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, por su sigla en inglés) en 1992. En la misma se enfatiza la necesidad de resolver los problemas de soberanía sobre las islas sin recurrir a la fuerza.

En 2002 se continuó avanzando hacia una estrategia de cooperación con la firma de la Declaración sobre la Conducta de las partes en el Mar de China Meridional. Este documento, producto de la perseverancia de los países de ASEAN involucrados, no fue más que meramente declarativo. Su única relevancia radica en que en su artículo primero se sostiene que las partes reafirman su compromiso para con los objetivos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, lo que implica que Beijing estaría reconociendo el principio de ocupación de hecho que esta convención establece como la base de sustento de los reclamos de soberanía. Esto abrió las puertas para enmarcar el conflicto en una convención de Naciones Unidas y llevar la disputa al ámbito internacional. En cuanto al contenido, la declaración puso en evidencia la escasa predisposición china para negociar temas de soberanía de las islas en el ámbito multilateral, postura que aún sostiene el gobierno de Xi Jinping.

Relevancia estratégica del territorio

El Mar de China Meridional tiene un valor estratégico crucial para las economías que tienen costas sobre él. Tanto su valor en recursos como su centralidad como vía de comunicación juegan un rol fundamental al momento de comprender los ejes de este conflicto.

Los dos archipiélagos más extensos de la zona disputada son las islas Spratly –reclamadas total o parcialmente por China, Brunei, Malasia, Filipinas y Vietnam– y las islas Paracel que China, Taiwán y Vietnam reclaman en su totalidad. Estos archipiélagos están constituidos por islotes, rocas y arrecifes parcialmente sumergidos, la mayoría de ellos inhabitables. Las islas son importantes, sin embargo, por razones estratégicas y políticas, porque los reclamos de propiedad sobre ellas se utilizan para reforzar las reivindicaciones sobre el mar que las rodea y sus recursos.

Los principales recursos de la zona son los hidrocarburos y las reservas pesqueras, que proveen de alimento a poblaciones de la región. En cuanto a los recursos energéticos, se estima que las aguas del Mar de China Meridional contienen 7 mil millones de barriles en reservas de petróleo y un estimado de 900 billones de pies cúbicos de gas natural. Dada la imposibilidad de realizar exploraciones en la zona disputada, los cálculos se han realizado sobre los estimados en zonas próximas al conflicto.

Más allá de la relevancia de estas aguas por sus reservas naturales, cuyo potencial puede significar una ventaja estratégica de suma importancia para quienes logren explotarlas, en la actualidad son las rutas marítimas que cruzan la zona en conflicto el eje de mayor preocupación. Esta región es la segunda ruta comercial marítima más importante del mundo por el flujo de bienes que la atraviesan con destino a las mayores economías asiáticas.

A través de las rutas que atraviesan el Mar de China Meridional, Corea del Sur obtiene el 65% del petróleo que importa del mundo, Japón y Taiwán obtienen el 60% y China el 80% del total de su abastecimiento. De allí que el control del territorio que atraviesan estas vías sea considerado de interés nacional para el gobierno chino y que su reclamo se extienda al 90% del territorio marítimo.

La intensificación del avance chino en la región

Las acciones del gobierno de Pekín para consolidar su presencia en el territorio disputado en el Mar de China Meridional se han intensificado desde 2010. La política china hacia el territorio ha demostrado su escasa voluntad de diálogo con las partes en disputa, ya sea en ámbitos bilaterales o multilaterales como ASEAN. Desde la construcción de islas artificiales sobre bancos de arena que quedaban cubiertos con la marea, hasta la instalación de plataformas petroleras en aguas disputadas –y hasta dentro de la plataforma continental de otros Estados–, las actitudes del gigante asiático ponen en evidencia su férrea decisión de hacer prevalecer su interés territorial, incluso a través de acciones dudosamente pacíficas. El Mar de China Meridional se está convirtiendo paulatinamente en un escenario en ebullición que, a pesar de la intervención de la Corte Internacional de La Haya, está mostrando que las diferencias de poder y de capacidad militar, así como de potencia económica, pueden imponerse incluso a los fallos judiciales internacionales adversos.

Los dos Estados que mayores disputas han tenido y cuyos conflictos han sido más intensos con China por el territorio marítimo son Vietnam y Filipinas. En el caso de Vietnam, en el 2014 la compañía estatal china CNOOC (China National Offshore Oil Corporation) colocó una plataforma petrolera –Haiyang Shiyou 981– en una zona aledaña a las islas Paracel bajo soberanía vietnamita. Los reclamos vietnamitas por el avance chino y el desacuerdo entre ambos Estados respecto del territorio llevaron a enfrentamientos diarios en el mar entre buques chinos con superioridad armamentística y barcos vietnamitas de menor envergadura. El conflicto tuvo repercusiones internas en Vietnam que tomaron la forma de violentas demostraciones antichinas dejando como resultado numerosos heridos, la muerte de dos trabajadores chinos y la destrucción de algunas fábricas de capitales surcoreanos y taiwaneses.

Más recientemente, en enero de 2016, el gobierno de Vietnam presentó fuertes reclamos contra China por la movilización de la plataforma petrolera Haiyang Shiyou 981 dentro de territorio marítimo que se encuentra en disputa, dado que se superponen las plataformas continentales de ambos países. Desde Pekín se insistió en que la plataforma petrolera seguía dentro de aguas territoriales chinas.

A ello se suman los reclamos de Hanoi por el aterrizaje de un avión chino sobre una isla artificial construida por el gobierno de China en aguas en disputa en el Mar de China Meridional.

Las tensiones entre Filipinas y China por territorios en la zona en disputa comenzaron a acrecentarse a principios de 2012 cuando las fuerzas armadas de Filipinas detectaron buques pesqueros chinos en las proximidades de Scarborough Shoal, una isla que reclaman tanto Manila como Pekín –además de Taiwán–. La misma se encuentra ubicada a solo 100 millas náuticas de Filipinas y a más de 500 del territorio continental de la República Popular China. En consecuencia, uno de los principales temores desde el gobierno filipino es que la presencia constante y creciente de China en la isla facilite a Pekín realizar un control más cercano sobre las bases navales de Filipinas y particularmente de Estados Unidos emplazadas en el archipiélago.

Como respuesta a esta presencia de buques chinos en el territorio en disputa, desde el gobierno de Benigno Aquino III –presidente de Filipinas– se presentaron quejas formales a las autoridades chinas para que los barcos de esa bandera se retiren de la zona en disputa. El reclamo se cimentó sobre la base de un acuerdo alcanzado entre China y Filipinas en 2012 en virtud del cual ambas partes se comprometían a retirar sus fuerzas de la zona. Más allá del hecho de que Pekín no reconoció que se haya alcanzado un acuerdo en este sentido, desde el gobierno se sostuvo que, al igual que en el caso de las islas Spratly y las Paracel, China tiene un derecho basado en razones históricas sobre ese territorio. En línea con este posicionamiento, en los últimos diez años China ha mostrado con creces su intención de fortalecer su presencia en el área a través de buques pesqueros, islas artificiales, ejercicios militares y establecimiento de guardias costeras.

El enfrentamiento por Scarborough Shoal se solucionó parcialmente pocos meses después, con la retirada de los barcos filipinos y chinos de la zona aledaña al islote, debido a las condiciones climáticas. No obstante, permanecieron en el área los barcos de la guardia costera china, cuya función fue la de impedir el ingreso de barcos de bandera filipina a la zona pesquera en las proximidades de la isla. Los reclamos del gobierno de Aquino fueron inmediatos, y derivaron en la presentación del caso ante el Tribunal Arbitral de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar en 2013. Desde el gobierno chino se rechazó el arbitraje internacional y se manifestó la oposición a la declaración de Filipinas ante el organismo internacional. La tradicional preferencia de China por el tratamiento de este conflicto de manera bilateral y su negativa a someterlo a instancias regionales de arbitraje, y menos aún internacionales, se puso de manifiesto ante la iniciativa de Manila. La represalia china no se hizo esperar: en marzo de 2013 cuatro fragatas chinas realizaron ejercicios de fuego real en el límite más alejado de la línea de nueve puntos, muy próximos a las costas de Malasia.

La denuncia de Filipinas y el fallo del tribunal internacional

El presidente Benigno Aquino tomó una decisión sin precedente al presentar ante una corte internacional el caso sobre Scarborough Shoal. La denuncia contiene acusaciones hacia China por interferir con la pesca, amenazando barcos extranjeros y atentando contra la integridad ambiental en el arrecife.

Sin embargo, lo que ha desatado la escalada de tensiones bilaterales fue el hecho de que Filipinas solicitó al Tribunal Internacional sobre Derecho del Mar que rechace la reivindicación china sobre todo el territorio y el control de las aguas comprendidos dentro de la “línea de nueve puntos”. El rechazo de Pekín a presentarse ante el tribunal fue inmediato. Las autoridades chinas condenaron la acción filipina por considerar que no cuenta con bases legales para las mismas y que el tribular internacional no tiene jurisdicción para dirimir sobre este conflicto.

A pesar de la oposición sostenida de Pekín, el 12 de julio pasado se dio a conocer el fallo del tribunal, que es favorable a Filipinas. El mismo establece que no se ha encontrado base jurídica que respalde el reclamo de China por derechos históricos a los recursos dentro de la zona marítima contenida dentro de la “línea de nueve puntos”.

El fallo generó inmediatas repercusiones en el gobierno chino que reafirmó su oposición al proceso y aseveró que no reconocerá el dictamen del tribunal. A pesar de la negativa de Pekín a reconocer el dictamen, se puede prever que como consecuencia se incrementará la presión diplomática mundial tendiente a que China desacelere su ritmo de avance en la zona. La victoria de Filipinas en esta disputa beneficia también a otros Estados contendientes, como Vietnam y Malasia, cuyas reivindicaciones también se superponen con la “línea de nueve puntos”.

Ahora bien, el rol de la ASEAN, como principal organismo regional del sudeste de Asia, se encuentra en una encrucijada. Varios de los Estados miembros del organismo son contendientes en el conflicto, pero al mismo tiempo todos los Estados de la región tienen como principal socio político y comercial a China. La intención de Vietnam y Filipinas fue la de emitir un comunicado conjunto entre los diez Estados miembros de ASEAN que mencionara el respaldo al fallo internacional. Sin embargo, la negativa de Camboya –el socio más cercano a Pekín– y la escasa voluntad de los demás países miembros de confrontar al gigante vecino, favorecieron la publicación de una declaración sobre el conflicto que no menciona en ninguna de sus partes el fallo internacional.

Por su parte, Estados Unidos, aliado político y militar de Filipinas, con quien mantiene vigente un tratado de defensa desde 1951, ha manifestado su preocupación sobre el territorio. Asimismo, sus funcionarios han instado a las partes a respetar el fallo internacional, respaldando así la postura de Manila en el conflicto. Para los dirigentes chinos, el accionar norteamericano reciente en la zona, con el envío de buques de guerra para asegurar la libertad de navegación, representa una intervención en asuntos externos que viola la soberanía de los países de la región. Para los Estados Unidos, por su parte, el avance de China en esta región marítima no es otra cosa que un intento de Pekín por establecer una supremacía y posterior control del territorio, lo que puede traducirse en la pérdida de posiciones estratégicas norteamericanas en la región.

En suma, el conflicto por el Mar de China Meridional se ha convertido en pocos años en un conflicto internacional donde, además de disputas regionales, comienza a observarse un enfrentamiento entre poderes mundiales. El devenir de los acontecimientos es incierto, aunque puede vislumbrarse que no tendrá una solución diplomática en el corto plazo. En ese escenario es de prever que China continuará avanzando de hecho sobre el territorio –con o sin fallos adversos– sobre las bases de su supremacía de poder económico y militar en la región.