| Por Rubén Paredes Rodríguez |

La Primavera Árabe se convirtió en un proceso de cambios políticos nunca antes visto en los países diseminados en las regiones que se extienden desde el norte de África hasta Medio Oriente. Por primera vez, el mundo árabe que compartía una lengua, una religión y una historia moderna común desde la finalización de la I Guerra Mundial con la conformación de los Estados nacionales, parecía dejar atrás una ley de hierro que durante años lo identificó. Así, en el siglo XXI la “excepcionalidad árabe” entendida como la ausencia de regímenes democráticos perdía todo tipo de justificación ideológica y política ante el despertar de los pueblos.

En 2011, las revueltas devenidas en revoluciones dieron cuenta del profundo malestar de las sociedades aquejadas por la recesión, el desempleo, la inflación y la pobreza como consecuencia de la aplicación de políticas neoliberales y de la crisis económica internacional desatada en 2008. Pero también, de la falta de respuestas por parte de los regímenes autoritarios anquilosados en el poder, acusados de corrupción y cada vez más alejados de la realidad. La utilización de los aparatos de inteligencia y de seguridad para reprimir todo atisbo de disidencia, el control estatal de los medios de comunicación para generar un pensamiento único y de propaganda, y la ausencia de las verdaderas libertades individuales y políticas contribuyeron a crear una olla de presión a punto de estallar.

Esta situación revelaba la inadecuación de un “pacto implícito” donde los gobiernos durante décadas se encargaron de satisfacer las necesidades económicas y brindar los servicios necesarios para la reproducción de las bases materiales de la sociedad, a cambio de no cuestionar el funcionamiento del poder político. Mientras dicho pacto funcionó como una suerte de mantra de estabilidad, no solo hacia adentro sino también en todo el mundo árabe, la “excepcionalidad democrática” era incuestionable en términos estratégicos y geopolíticos por considerarla sinónimo de estabilidad regional.

Sin embargo, el 17 de diciembre de 2010, la decisión de Mohamed Bouazizi de inmolarse protestando ante la incautación del carro de frutas que servía como el único medio de sustento para su familia, fue la mecha que encendió la Primavera Árabe. Jamás este joven profesional y desempleado de la localidad tunecina de Sidi Boudid habría imaginado que el acto individual de suicidarse –altamente condenado en la sociedad en términos religiosos– se convertiría en el símbolo y catalizador de la indignación social, la cual atravesó las fronteras impugnando en términos políticos a los longevos regímenes gubernamentales. A la Revolución de los Jazmines en Túnez le siguió la Revolución del Lotus en Egipto y de allí los vientos de cambios se propagaron a Libia, Siria, Yemen y Bahréin.

Por un lado, el miedo en el árabe de a pie se perdió con la toma del espacio público –las plazas– demandando cambios políticos tangibles. Y por el otro, se trasladó hacia las elites gobernantes que intentaron hacer concesiones –como ensayar una apertura política administrada pero sin éxitos– al recurrir a la tradicional represión en lo que se percibió como una combinación del palo y la zanahoria. Las protestas incluían a los desposeídos de zonas rurales y urbanas, junto a las clases medias, los sindicatos y los jóvenes que solamente conocieron el rostro de un único gobernante, todos unidos al grito de Kefaya (basta) y Karama (dignidad).

Las revoluciones árabes ingresaron en la historia moderna por ser las primeras que se produjeron de manera simultánea en un contexto de globalización, en donde el medio para la convocatoria fueron las redes sociales –como Facebook, Twitter y YouTube– que escaparon a la censura y al apagón informático oficial. Asimismo, alcanzaron su objetivo político en el mundo árabe en los países que tenían “regímenes presidencialistas hereditarios”, quedando exceptuadas las petromonarquías del Golfo.

Claramente esta era una categoría de régimen de gobierno innovadora que solo se podía encontrar en el mundo árabe, la cual se inspiraba en el ejemplo de Siria. El carácter “hereditario” de dichos regímenes se inspiró en la decisión del presidente Haffez Al Asad, que contaba con 30 años en el poder cuando modificó la Constitución para que su hijo Bashar Al Asad asumiera en el año 2000. En Túnez, Ben Ali, con 23 años en el poder, se preparaba para cederle el cargo (previas elecciones manipuladas) a su hijo Mohamed. En Egipto, Hosni Mubarak, con 30 años en el gobierno, proponía a su hijo Gamal (el cual era resistido por el ejército). En Yemen, Ali Abdullah Saleh, con 33 años gobernando, intentaba una nueva reelección o ceder el puesto a su hijo Ahmed. Y en Libia, el coronel Muamar Gadafi, con casi 42 años rigiendo los destinos del país, postulaba a Saif el Islam como su sucesor.

Por tal motivo, la combinación de factores económicos y sociales adversos junto a la ausencia de expectativas de cambio con regímenes políticos cada vez más cerrados, desencadenó la ola de protestas en el mundo árabe. En el transcurso de las mismas, el pedido de la gente era en pos de una apertura política y a favor de una verdadera democracia; por eso, no se detectaron consignas antiimperialistas –para no granjearse el rechazo de la comunidad internacional– ni referencias religiosas como Allah Akbar (Dios es el más grande). Sin embargo, no se debe perder de vista la aparición de un actor silenciado durante años, que cobraría visibilidad en el nuevo escenario –dada su arraigada trayectoria en la sociedad– como el Islam político.

Egipto y el Islam político

En el contexto de la Primavera Árabe, la caída del rais en tan solo 18 días en Egipto concitó la atención de los medios de comunicación pero también de la comunidad internacional. No solo por ser el país más poblado del mundo árabe, con un peso geopolítico en la ruta del crudo que transita por el Canal de Suez y por haber firmado la paz con Israel en 1978, sino también por ser la cuna del Islam político con la presencia de la Hermandad Musulmana.

Si bien la religión es una pauta identitaria presente en el mundo árabe, no hay que confundirla con el Islam político, el cual busca “instrumentarla” en un proyecto de cambio en la dimensión pública como fuente del ordenamiento político, jurídico y social. De esa manera, no reconoce la división entre política y religión ni tampoco la reduce a un conjunto de normas y creencias que se practican en el ámbito privado, como sí ocurre en el mundo occidental. Por eso, no es un fenómeno monolítico y presenta varios rostros.

Por un lado, se encuentra el Islam político en la versión salafista que plantea el regreso a los años de esplendor de la civilización islámica y el empleo de la Yihad (esfuerzo) entendida como “guerra santa” contra los agresores e infieles en el que se legitima el recurso de la violencia (Al Qaeda y el Estado Islámico). Pero por el otro, se encuentra un Islam político moderado y más extendido geográficamente (en Egipto, Túnez, Siria, Jordania y Kuwait) que renunció a la violencia como medio para alcanzar sus objetivos políticos y se abocó a denunciar e impugnar a los regímenes autoritarios.

Este es el caso de la Hermandad Musulmana, creada en 1928 por Hasan Al-Banna, quien denunció la injerencia extranjera en Egipto llamando a poner fin a la injusticia social, la frustración y la Modernidad excluyente con una consigna: “El Islam es la solución”. Para ello, consideraba necesario recuperar los valores religiosos emprendiendo una estrategia doble de reislamización. De abajo hacia arriba, recuperando las costumbres y las prácticas islámicas bajo los preceptos de la justicia social en la sociedad, para lo cual la educación era el medio más propicio para desarrollarla. Y de arriba hacia abajo, una vez alcanzado el poder, donde se debía emprender la reislamización mediante la aplicación de la Sharia (ley islámica) como fuente del orden político del Estado.

Durante 83 años, la Hermandad Musulmana y sus seguidores atravesaron instancias de exilio, persecuciones, encarcelamiento de sus líderes, tortura, prohibición política y relativa aceptación a su trabajo social hasta que se produjo la Primavera Árabe. Ello explica el auge de la misma como el grupo mejor organizado, y que gracias a su acción social fuera considerado como el Estado dentro del Estado con hospitales, centros recreativos, colegios de profesionales y escuelas. En el marco de la apertura política, crearon el partido de la Justicia y la Libertad, presentándose en las primeras elecciones libres y democráticas en la historia de Egipto.

La victoria electoral de Mohamed Morsi en julio de 2012 fue para muchos la coronación de años de una labor social y política soterrada, que finalmente le devolvería a Egipto la identidad islámica perdida. Pero para los sectores liberales y de izquierda, los jóvenes sin adscripción religiosa que participaron en las protestas en la Plaza Tahrir y las fuerzas armadas que gobernaron el país por décadas, el gobierno de la Hermandad Musulmana era una amenaza que escondía sus verdaderos objetivos: reislamizar el Estado.

A pesar de las constantes señales hacia afuera sobre las credenciales democráticas de los hermanos musulmanes en un intento de emular el modelo de Turquía –donde gobierna desde 2003 un partido islámico moderado combinando democracia, Islam y economía de mercado–, la oposición denunciaba, ni más ni menos, la concentración del poder y el regreso a las prácticas autoritarias de parte de la cofradía. Con el control de la Asamblea Constituyente encargada de redactar la nueva Constitución y la mayoría en el poder legislativo, se temía el secuestro de la revolución en manos del Corán, y el deslizamiento de Egipto hacia la primera democracia con el adjetivo de “islámica” en el mundo árabe.

En la dimensión interna, dos medidas políticas generaron las críticas más duras al nuevo gobierno. La primera fue el decreto presidencial del mes de noviembre en el que ninguna decisión del presidente podía ser revocada por autoridad alguna y se destituía al fiscal general acusado de ser afín al antiguo régimen. Claramente la misma buscaba controlar al poder judicial que le era ajeno, en una jugada arriesgada que ni siquiera los gobiernos anteriores osaron realizar. La segunda fue el proyecto de Constitución que se sometió a referéndum en diciembre de 2012. En ella se consagraba en el artículo 2 al Islam como la religión del Estado y a los principios de la Sharia como la fuente de toda legislación, para lo cual se introducía la figura de la “consulta” a la Universidad de al-Azhar –la más antigua de la región– integrada por clérigos de reconocida trayectoria. Para los detractores políticos, ello significaba abandonar el pluralismo democrático y el intento de someter el futuro del país a la tutela religiosa.

En la dimensión externa, Turquía, Qatar y Túnez –que atravesaban por un proceso similar con el partido islámico Ennahda– fueron los países que explícitamente apoyaron la transición egipcia. Sin embargo, las monarquías árabes mostraron recelos por el efecto contagio que se podía generar en sus respectivos países. El regreso de Egipto como potencia líder regional con un modelo democrático islámico era percibido como una amenaza al statu quo y de continuidad de la Primavera al resto del mundo árabe. Ello explica la falta de ayuda económica al gobierno de Morsi y la crítica al gobierno norteamericano por haber permitido la caída de Hosni Mubarak, sinónimo de estabilidad autoritaria.

Las protestas en diferentes ciudades del país estuvieron a la orden día así como también la represión con los mismos aparatos de seguridad que alguna vez persiguieron a la Hermandad Musulmana. A ello se sumó la reislamización social cada vez más notoria con el uso de la barba larga en los hombres, la prohibición de consumir alcohol en los centros turísticos, el control de los medios de comunicación y los test de virginidad a las mujeres jóvenes en plena calle en manos de la policía y adeptos al gobierno.

No se puede perder de vista que la Hermandad era fiel al proyecto político de sus fundadores de reislamizar la sociedad, pero carecía de un programa y de un modelo de desarrollo económico alternativo que pudiera revertir la situación de malestar y satisfacer la demanda de la gente al inicio de la Primavera. La continuidad de las políticas neoliberales se vio reflejada en la aplicación de los planes de ajuste bajo los lineamientos del Fondo Monetario Internacional (FMI), alejados de la justicia social que teóricamente pregonaban. El costo de vida con la inflación se disparó, bajaron las remesas de los ciudadanos radicados en el exterior, cayeron las inversiones externas y los ingresos de uno de los principales sectores de la economía como el turismo.

A un año de haber llegado al poder, el primer gobierno democrático egipcio atravesaba una encerrona difícil de gestionar. Una parte de la población –sobre todo los jóvenes– lo acusaba de haber traicionado la revolución y los ideales democráticos; la oposición variopinta criticaba el uso de la religión con fines políticos para perpetuarse en el poder y los demás países de la región desconfiaban sobre la posibilidad de que Egipto exportara el modelo de democracia islámica al resto del mundo árabe.

En ese contexto, a principios de julio de 2013, el ruido de las botas se hizo cada vez más audible. Las mismas fuerzas armadas que dos años antes dejaron solo al rais para ponerse del lado del pueblo en la Plaza Tahrir y garantizar así la transición, hicieron suyas las protestas asistiendo a la caída del primer gobierno democrático y legítimo de Egipto. No bastaron las señales de concordia que la Hermandad Musulmana le brindó a la institución castrense: constitucionalmente se reconocía que el ministro de Defensa debía ser un miembro de las fuerzas armadas, el presupuesto militar no tenía que pasar por el Parlamento para su aprobación, y se las autorizaba a hacer uso discrecional de los 1.300 millones de dólares que anualmente recibía del gobierno de los Estados Unidos.

Por tal motivo, el general Aldelfatah Al-sisi revocó la nueva Constitución, proscribió al partido de la Justicia y la Libertad, encarceló a sus principales figuras y declaró a la Hermandad Musulmana como una organización terrorista –en consonancia con la posición adoptada por las monarquías del Golfo–. Esto último le permitió a El Cairo recobrar la ayuda económica internacional de las mismas, acercarse nuevamente a Israel y presentarse como baluarte de la lucha contra el terrorismo internacional en un escenario regional de mayor inestabilidad.

Una vez más, Occidente mostró su doble rasero para con el mundo árabe desde el momento que no condenó el golpe de Estado en Egipto, al cual ni siquiera lo definió en esos términos, prefiriendo la estabilidad regional –el retorno autoritario– antes que el modelo de democracia islámica de la Hermandad Musulmana.

Reflexiones finales

La Primavera Árabe sacudió al mosaico de países que se encuentran diseminados por el norte de África y la región del Medio Oriente iniciando un proceso de cambios que aún se dejan sentir en la región. Las revoluciones árabes presentaron como el dios mitológico Jano dos caras. Una idílica en la que se cifraron todas las esperanzas de cambio, y otra de desazón cuando se tuvo que enfrentar la realidad.

En las sociedades en las cuales el Islam político se encuentra arraigado, cuando se produce una apertura del sistema con elecciones libres, el mismo llega al poder pero generando temores para propios y ajenos. Este fue el caso de la Hermandad Musulmana en Egipto que por primera vez lograba instrumentalizar la religión en una estrategia de reislamización como salida a todos los males que atravesaba la sociedad.

Claramente los acontecimientos desatados en 2011 le permitieron adquirir un papel importante en la dimensión política aunque reprodujeron prácticas autoritarias que en su momento criticaron, acercándola más al antiguo régimen que a un verdadero cambio. Las nuevas obligaciones que tuvieron que enfrentar en el juego político demostraron la inexperiencia para afrontar las presiones del denominado “Estado profundo” –las fuerzas armadas, el poder judicial y la burocracia estatal– embarcándose en una lucha en los intersticios del poder y alejándose de las verdaderas demandas de la sociedad. En otras palabras, con la religión no se mataba el hambre.

La ausencia de cultura democrática en la historia del país fue el reflejo de la falta de timing que la Hermandad Musulmana tuvo para hacer confluir democracia con Islam, en donde las libertades civiles y políticas fueran una realidad, y no la excusa para conquistar el poder del Estado y luego transformarlo. Sin el apoyo internacional, el gobierno de Morsi despertaba dudas acerca de la nueva identidad islámica de Egipto así como también de las implicancias del mismo sobre la reconfiguración del equilibrio de poder regional. En ese contexto, la Hermandad Musulmana y su modelo eran una amenaza “a futuro” del statu quo perdido. Más aún si se tenía en cuenta la profunda inestabilidad en la que se sumergieron países como Libia, Siria y Yemen, sumado a la sombra del Islam salafista con la aparición del Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés) en el sistema internacional.

Si bien el Islam político que encarnaba en su versión moderada la Hermandad Musulmana no contó con el apoyo ni con el tiempo necesarios para madurar durante la transición, no debe conducir a equívocos acerca de su eventual desaparición. Para ellos, la caída del poder es considerada como un nuevo tiempo de reflexión, en las sombras, como ocurrió durante muchos años, a la espera de un nuevo momento de auge… Más aún si se tiene en cuenta que las mismas condiciones que hicieron posible el despertar de los pueblos árabes no han desaparecido.