| Por Abraham Leonardo Gak |

La seguridad es una arista fundamental para la consolidación de un sistema democrático; y como tal, es imprescindible que esté presente en el debate académico.

En el imaginario social, esta temática está fuertemente vinculada a la represión, es decir, a la búsqueda de la conservación del orden social a través del ejercicio del monopolio de la coacción física por parte del Estado.

Encarar este tema desde una perspectiva democrática implica el duro desafío de quitarnos de encima no sólo los prejuicios, sino también la pesada mochila de nuestra historia reciente, para mantenernos en la constante búsqueda de una sociedad más justa y equitativa que nos permita desarrollar nuestras actividades liberados del miedo.

El relieve y la vigencia que los derechos humanos han adquirido hoy en nuestro país deben incentivar la discusión y la investigación para aportar a la generación de un marco propicio para el sostenimiento de sus principios.

No es común que la academia se ocupe de esta temática, pero la defensa de los nuevos derechos individuales y colectivos que se van incorporando paulatinamente a nuestra vida, y que contribuyen a la consecución de una mejor sociedad, nos obliga, cada vez más, a pensar la complejidad de esta problemática y su relación con los intereses políticos, económicos y sociales de los grupos de poder que han ido consolidando, a través del tiempo, el control social que garantiza el mantenimiento de sus privilegios.

Este número de nuestra revista nos permite entonces abordar desde múltiples ángulos los distintos aspectos que hacen al tema de la seguridad. La convivencia de los derechos humanos ampliados con políticas diseñadas no para reprimir sino para garantizar la inclusión social y el ejercicio democrático de la comunidad debe ser el objetivo último. En este sentido, no debemos soslayar la responsabilidad que les cabe a los medios de comunicación que tras sus mezquinos intereses utilizan su indudable influencia en la opinión pública para simplificar la problemática, azuzando como mejor respuesta ante una situación violenta y traumática el endurecimiento de penas y la mano dura.

La necesidad de la participación de los ciudadanos en toda política de seguridad también es un desafío que debe ser aceptado y estimulado.

Desde luego, un tema central es el diseño de políticas preventivas de la violencia juvenil contemplando la complejidad y multiplicidad de factores que intervienen en un área tan sensible.

Avanzando en el debate, hay algunos aspectos que usualmente escapan a la idea de seguridad y que sin embargo están muy vinculados a la misma. Nos referimos a los importantes movimientos financieros que se utilizan para “legalizar” dinero proveniente de la delincuencia, el comercio ilegal, la elusión y evasión tributaria, la trata de personas y el tráfico de drogas.

Tampoco debemos dejar de considerar algunas realidades. La mayoría de las fuerzas de seguridad hacen lo posible por mantener e incrementar su cuota de poder y de autogobierno que les garantice un manejo discrecional de recursos. Por otra parte el aun limitado desarrollo económico, la pobreza y la insuficiente presencia del Estado son factores decisivos en los aspectos vinculados a la inseguridad. Así, la extrema pobreza es el caldo de cultivo ideal para el incremento de una delincuencia que no tiene ni las consecuencias ni la importancia de la de guantes blancos, pero que muchas veces es acompañada por niveles de violencia que afectan el estado de ánimo del conjunto de la población, fogoneado hábilmente por ciertos medios.

De este modo, y fuera de toda ingenuidad, debemos tener presente que cada acción del Estado responde a los poderes de turno que, como bien sabemos, utilizan múltiples acciones para la construcción de un estatus social que atienda y preserve sus intereses.

Este número es una contribución al debate sobre la seguridad, muchas veces presentada de manera interesada como una circunstancia penosa que sólo se soluciona con viejas y fracasadas recetas. En nuestra opinión, de lo que se trata es de lograr un equilibrio entre la responsabilidad del Estado de garantizar la seguridad y la defensa de los derechos personales y colectivos de todos quienes formamos parte de la comunidad.