| Por Abraham Leonardo Gak|

Durante más de 30 años el pensamiento neoliberal –transformado en acción– se ocupó de desmantelarlo minuciosamente, lo que acarreó las consecuencias que tod@s padecimos y que bien conocemos.

A partir de 2003, comenzó entonces un lento proceso para reinstalarlo en el lugar que le corresponde en cualquier país moderno y organizado: como herramienta fundamental para el desarrollo de un nuevo modelo económico, político y social.

Este resurgimiento se realizó a borbotones. La recuperación de su independencia y soberanía –fundamentales para su funcionamiento– comenzó con una negociación contundente y exitosa de la deuda externa, que era hasta ese momento el principal ariete de los organismos financieros internacionales y los países centrales para obligarnos a tomar ciertas decisiones.

Esta circunstancia permitió al gobierno, en función de su pensamiento, reorientar el proceso económico, recuperando así su capacidad de dirección política y destinar recursos significativos para corregir las gravísimas inequidades sociales heredadas del viejo modelo; participando además de un renovado proceso de integración regional, asegurando al mismo tiempo su propia capacidad de acción en el plano económico.

Es indudable que la actual crisis desatada en el mundo occidental septentrional afecta en forma significativa a los países de la región y, si bien llega amortiguada, golpea con fuerza a las principales variables en las que se apoya el actual modelo.

En este marco, consideramos que ha llegado la hora de un mejoramiento de la transparencia, la eficacia y la eficiencia de la gestión pública. Es decir, es hora de más y mejor Estado.

Es entonces que debemos concentrarnos en las asignaturas pendientes: el incremento en monto y calidad de la provisión de bienes públicos –en particular, las inversiones en educación, salud, capacitación laboral e innovación científica-tecnológica– es clave para lograr una mayor equidad; y, en consecuencia, el rol del Estado es absolutamente imprescindible.

También es necesario avanzar en la profesionalización de los funcionarios públicos; la planificación de mediano y largo plazo de sectores estratégicos; la modernización y eficiencia de la gestión; la recuperación de la credibilidad en la provisión de información pública y el derecho de la sociedad a su libre acceso, y el constante análisis del sistema organizativo del Estado, entre otras cuestiones. Por lo expuesto, afirmamos que estamos en presencia de una administración del Estado aún inmadura.

En consecuencia, es indispensable incorporar nuevas formas de gestión y ampliar significativamente la democracia participativa, utilizar nuevas tecnologías, ampliar la vinculación con la opinión pública, innovar en materia de políticas públicas e instituir un nuevo sistema fiscal con miras a contribuir decisivamente en un proyecto de desarrollo con equidad y, sobre todo, a resolver las múltiples necesidades que azotan a importantes sectores sociales, ya que su insatisfacción, a medida que transcurre el tiempo, se constituye en un baldón de un proyecto social inclusivo.