| Por Abraham Leonardo Gak |

La República Argentina ha sido, desde sus orígenes como nación, un país receptor de migrantes. Desde fines del siglo XIX importantes contingentes de población europea comenzaron a llegar al puerto de Buenos Aires atraídos por las noticias de un campo necesitado de mano de obra y la posibilidad de una movilidad social inexistente en sus países de origen. El Estado fue entonces el gran impulsor de la política migratoria, basando la misma en la idea de que los inmigrantes europeos traían consigo cualidades y especialidades altamente convenientes para una nación en crecimiento.

Esta primera ola inmigratoria fue cambiando toda la estructura social del país, dando lugar a la construcción de una identidad nacional caracterizada por la amalgama de costumbres y tradiciones diversas. En la segunda mitad del siglo XX, nuevas corrientes migratorias, ahora de orígenes diferentes, se van incorporando a la actividad social y económica de nuestro país, reconfigurando sobre todo el paisaje urbano.

En los últimos años, este proceso se ve consolidado a partir de la sanción de la nueva ley nacional de migraciones, que reconoce importantes derechos ciudadanos a los nuevos migrantes, sin distinción de origen, raza o creencia. Así, una vez obtenida su radicación definitiva, participan en igualdad de condiciones en la percepción de los beneficios de las políticas sociales tanto universales como focalizadas, dirigidas a los sectores más necesitados.

Sin embargo, lejos está nuestra sociedad de ser un paraíso para los extranjeros que llegan a estas tierras. Intereses locales concentrados, que cuentan con el favor de los grandes grupos mediáticos formadores de opinión, crean ámbitos hostiles a su presencia y permanencia, lindantes las más de las veces con el más retrógrado de los sentidos comunes, e incluso con la xenofobia. Así surge la construcción del “otro”, el extranjero, como aquel ser diferente, que no sólo se constituye en una competencia indeseable, sino que pone en riesgo el bienestar adquirido. Es tarea fundamental desarticular esta construcción de sentido para lograr la incorporación plena de los migrantes a nuestra sociedad.

Párrafo aparte merece el tema de los/as refugiados/as, quienes llegan huyendo de la violencia generalizada y buscando las mejores condiciones que supone vivir en una comunidad que no padece de conflictos en materia religiosa, étnica, de género o, incluso, salariales. Lamentablemente, muchas veces ese objetivo no se logra alcanzar, encontrándose en cambio con discriminación, estigmatización y exclusión. Queda entonces pendiente todavía, respecto de este creciente grupo poblacional, la posibilidad de brindarle inserción socioeconómica, cultural y política.

Por último, resta agregar que, con el objetivo de profundizar una unión regional sudamericana, es necesario ir limando diferencias entre los gobiernos y acordando políticas migratorias tendientes a consolidar el libre tránsito y permanencia de quienes integramos los pueblos que conforman esta alianza, respetando además los derechos de los habitantes originarios de estas tierras, quienes jamás fueron tenidos en cuenta como ciudadanos en pie de igualdad.

Sólo así, con un profundo respeto a los derechos humanos y un rechazo a toda forma de discriminación y estigmatización, podremos construir una sociedad intercultural que permita disfrutar de la amplitud y diversidad de costumbres, ideas y formas de actuar de todos/as aquellos/as que vienen de otras tierras en busca de la libertad, el progreso y la paz que no tienen en sus respectivos países.