| Por Abraham Leonardo Gak |

A lo largo de su historia, la Argentina sufrió reiteradas interrupciones y violaciones al orden constitucional. Sin lugar a dudas, la más violenta de estas fue la llevada a cabo por el autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”, iniciado el 24 de marzo de 1976. Esta experiencia, la más grave y cruel de las que se tenga registro en nuestro país, duró más de siete oscuros años, llegando a su fin el 10 de diciembre de 1983. Ese día, un gobierno militar ilegítimo, asfixiado por presiones internacionales, movilizaciones internas, y con el fantasma de la derrota de la guerra de Malvinas a cuestas, dio paso a un gobierno constitucional, elegido por la mayoría del pueblo, que asumía con la firme convicción de iniciar la reconstrucción del sistema político, económico y social que había sido devastado por un régimen represor, violador de los derechos colectivos e individuales y aliado de los intereses internacionales.

Este 10 de diciembre de 2013 se cumplen entonces 30 años de vida democrática ininterrumpida, con vaivenes, sí, con momentos de avances y otros de retrocesos, con crisis profundas, abismos y resurgimientos. Se cumplen tres décadas del día en que la Argentina se convirtió en el primero de los países del Cono Sur de nuestra América en restablecer el sistema democrático de gobierno y en empezar a recorrer el camino de la recuperación de derechos y garantías para su pueblo.

La historia le asignó esta tarea a un líder popular con experiencia y valentía, Raúl Alfonsín, quien fijó la prioridad de su gestión en la recuperación del estado de derecho.

Las condiciones eran difíciles. Transcurrían los últimos años de la Guerra Fría, y la incipiente hegemonía política y económica de Estados Unidos se hacía sentir. Ante el desprestigio de las dictaduras de la región, la potencia del norte del continente auspició el surgimiento de los regímenes democráticos, pero bajo el modelo de “democracias controladas”, tuteladas principalmente por la acción de los organismos financieros internacionales, los cuales a través del endeudamiento se convirtieron en una poderosa herramienta de chantaje para los débiles gobiernos surgidos del voto popular.

A pesar de que la deuda externa contraída moderaba fuertemente toda libertad de acción, el gobierno del Dr. Alfonsín inició acciones destinadas a mejorar la distribución del ingreso y alcanzar mayores niveles de autonomía. Asimismo, tuvo el coraje de enjuiciar a la cúpula militar responsable de las muertes, torturas y desapariciones de más de 30.000 compatriotas durante los años del terror. Tanta osadía debía ser castigada y efectivamente así lo fue. Tras un proceso desestabilizador caracterizado por una hiperinflación y una fuerte crisis institucional, el primer presidente de la nueva democracia se vio obligado a adelantar el proceso electoral y entregar anticipadamente el poder a su sucesor.

Así se inicia un período prolongado (12 años contando los dos gobiernos de Menem y el período de De la Rúa) de sumisión irrestricta a los mandatos depredadores de los organismos internacionales, en el que se consolida el programa político y económico instaurado por la dictadura y que se rige por el mercado como único administrador de la economía y asentado en un modelo de acumulación basado en la renta financiera.

La consolidación de este “discurso único” provocó daños gravísimos en todo el tejido social, con un fuerte aumento de la desocupación, de la pobreza y una profunda crisis institucional y cultural. La reacción de la sociedad ante este escenario adquirió rasgos de revuelta popular con un alto poder destituyente. Las jornadas de diciembre de 2001 dejaron un saldo de más de 20 víctimas fatales y una sucesión de 5 presidentes en poco más de diez días. De este proceso surgió un gobierno débil, a cargo del senador Eduardo Duhalde, que intentó restituir la paz social a partir de la utilización de las fuerzas represivas.

El fracaso teñido de sangre de este nuevo experimento generó las condiciones para la instalación de un gobierno con nuevas miradas y objetivos, entre los cuales se encuentran, en el plano interno, alcanzar el pleno empleo, la mejora en la distribución del ingreso, la instalación (que esperamos definitiva) de negociaciones salariales entre las partes con la mediación del Estado, el crecimiento de la producción primaria, y una nueva reindustrialización apoyada en el progreso científico y tecnológico que atienda al desarrollo de un consistente mercado interno; todo lo cual puede resumirse en la idea de la recuperación del rol del Estado como principal actor, ordenador y mediador de la economía. Por su parte, en el plano externo estos objetivos se tradujeron en la reestructuración de la deuda externa, una clara definición de la voluntad de integración regional expresada en el fortalecimiento del Mercosur y la creación de la Unasur, y el rechazo contundente al ALCA.

Mucho es lo que hemos avanzado en estos últimos 30 años como sociedad, y mucho es el camino que queda aún por recorrer. Es imperiosa la mejora de las condiciones de vida de muchos ciudadanos. Para ello es necesario elaborar un plan estratégico a futuro que cuente con amplio consenso social.

La democracia debe ser la herramienta fundamental para alcanzar las metas ineludibles de eliminación de la desigualdad, la promoción de la inclusión social y el incremento de la participación ciudadana en los años venideros.

Alcemos entonces nuestras copas y brindemos merecidamente por lo logrado en estos 30 años, pero fundamentalmente asumamos el compromiso de avanzar en un camino de justicia y libertad.