| Por Martín Cortés |

El llamado Proceso de Reorganización Nacional que gobernó la Argentina entre 1976 y 1983 supuso una profunda transformación en múltiples y variados planos de la vida social del país. Aun con la distancia que proveen los años, no deja de llamar la atención la significativa diferencia entre la Argentina de los ochenta y la de las décadas previas. En el plano económico, la implantación del neoliberalismo a sangre y fuego transformaba el país a un ritmo mucho más vertiginoso que lo que las conciencias nacionales alcanzaban a percibir. Políticamente, radicalismo y peronismo se configuraban como el haz de opciones para gobernar un sistema político cuyo margen de maniobra se veía reducido por el peso de las múltiples presiones que sobrevivían de la saliente dictadura. En ese marco, el entonces sorpresivo triunfo de Raúl Alfonsín en las elecciones de 1983 no implicó solamente una opción política para conducir los destinos de una nación herida. Quizás intentando redoblar la apuesta frente a tiempos amargos, el cambio trajo consigo una serie de promesas que se extendían mucho más allá de la gestión del presente. Suponían, en realidad, un intento de reescritura de la historia nacional: el establecimiento de un nuevo pacto fundacional que cerrara los largos capítulos de inestabilidad política que se remontaban al menos medio siglo atrás en la historia argentina.

Ese conjunto de promesas era fácilmente agrupable alrededor de la noción de democracia. Esta, por cierto, no era nueva en la historia ni en la teoría política, pero desembarcaba en los debates argentinos con una fuerza que la dotaba de una relevancia sin precedente. Democracia era el nombre que aseguraba la transición hacia un mejor estado de cosas en todos los planos de la vida social: el ordenamiento político, el mundo de la cultura y los dilemas económicos, que tanta inestabilidad habían auspiciado en las últimas décadas. No casualmente cobró celebridad la fórmula “Con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura”, que Alfonsín planteara en su campaña electoral de 1983. Seguramente algo de esa celebridad que dura hasta nuestros días responda tanto a la nobleza de la propuesta como a las dificultades efectivas que la realidad interpuso frente a ella. Era precisamente esa expectativa de desplegarse de manera expansiva lo que constituía la singularidad de la democracia de los ochenta, magistralmente sintetizada en un Alfonsín que oficiaba al mismo tiempo de intelectual que formula una propuesta de país y de político que se ofrece para realizarla. Aquí nos interesa especialmente el carácter de promesa que entrañaba aquel (re)naciente concepto de democracia, con los problemas externos que la aquejaron y también con sus propios dilemas internos.

Si había algo de intelectual en la figura de Alfonsín, ello no respondía exclusivamente a su formación teórica y su capacidad de debate, por demás relevante e infinitamente superior a sus predecesores al menos hasta Juan Domingo Perón, sino también a sus contactos y su incidencia en el campo intelectual argentino. O, dicho de otro modo, a la evidente afinidad entre su propuesta política y el tipo de problemas que muchos intelectuales argentinos y latinoamericanos atendían en aquel momento. Esto se manifestó claramente en la fluida relación que existió entre el presidente y un grupo considerable de renombrados intelectuales. Lo cual involucró tanto asesoramiento directo (caso de Emilio De Ípola y Juan Carlos Portantiero a través del llamado “Grupo Esmeralda”) como proximidad ideológica explicitada en mayor o menor medida como apoyo al proceso político, en especial del Club de Cultura Socialista, la revista Punto de Vista y luego la revista La Ciudad Futura, todas empresas que reunían a figuras como José Aricó, Beatriz Sarlo, Carlos Altamirano, José Nun y Jorge Tula, entre otros.

De este modo, aunque con registros relativamente distinguibles por los antecedentes teóricos, propósitos y modos de escritura o discurso, es posible encontrar un abordaje muy similar del concepto de democracia en la figura de Alfonsín y en el conjunto de personajes arriba nombrados. Esto nos permitirá navegar entre esos diversos discursos para reflexionar acerca de aquella democracia que aparecía como promesa. Un punto de partida interesante lo puede constituir el también célebre discurso de Parque Norte en diciembre de 1985, de cuya redacción participaron los mentados Portantiero y De Ípola. Lo interesante allí es que la democracia se articula como centro de una empresa de renovación de la cultura política argentina. No se trataba sólo ni principalmente de la recuperación de las garantías legales luego de la dictadura militar, sino, mucho más ambiciosamente, de una propuesta de transformación que aspiraba a conjurar una historia de inestabilidad marcada por “deformaciones asentadas en la mentalidad colectiva del país”: “El autoritarismo, la intolerancia, la violencia, el maniqueísmo, la compartimentación de la sociedad, la concepción del orden como imposición y del conflicto como perturbación antinatural del orden, la indisponibilidad para el diálogo, la negociación, el acuerdo o el compromiso, son maneras de ser y de pensar que han echado raíces a lo largo de las generaciones en nuestra historia”.

Se perfilaba allí un Alfonsín que pretendía refundar la nación, convocando a sus compatriotas a pensar nuevamente la Argentina, apoyado fundamentalmente en la idea de la “modernización”. Ella implicaba una reconfiguración del concepto de democracia que permitiría la construcción de una cultura política que oficiara de base para el despliegue de una nueva forma de convivencia social. Contra el autoritarismo histórico, la democracia moderna brindaría un marco de normas legales y culturales capaces de procesar el conflicto al interior de un orden institucional compartido por todos los jugadores. Alfonsín enfatizaba en la idea de participación para intentar mostrar a los distintos sectores sociales que debían ellos mismos protagonizar aquella refundación. Al mismo tiempo, a través de la apelación a una ética de la solidaridad, intentaba introducir el punzante tema de la distribución de riquezas al interior de la sociedad, con un evidente sesgo elusivo en lo que hace a la dimensión conflictiva de dicha problemática. La ética como comportamiento y la solidaridad como disposición hacia los otros se mostraban inmediatamente como un antídoto a los modos violentos en que la Argentina había resuelto históricamente sus dilemas económicos.

En su conjunto, el andamiaje se sostenía en la idea central del concepto “ochentista” de democracia, su doble acepción: una dimensión formal, ligada con un conjunto de reglas que norman la convivencia social, y una dimensión material o, para tomar un nombre muy característico de la época, “sustantiva”. Estas dos nociones, además de informar diversos aspectos de la forma política democrática (sus reglas y su contenido), se referían directamente a una querella de la teoría política moderna que tenía su eco en la historia nacional: la tensión entre libertad e igualdad.

Este complejo par (con evidentes resonancias en la obra del italiano Norberto Bobbio, personaje sumamente presente tanto en la discursividad alfonsinista como en las lecturas de los intelectuales que rodeaban al presidente) era también el nombre de un trágico desencuentro. Desde la perspectiva de Alfonsín, la tradición liberal argentina había descuidado el aspecto material de la vida popular, mientras que la igualdad había sido más bien defendida por un peronismo poco atento a las formalidades de la democracia republicana. La refundación del país era, en rigor, el intento de articular forma y contenido en un moderno proyecto democrático. La promesa, sin embargo, se apoyaba de manera manifiestamente privilegiada en la primera de las dimensiones. Precisamente a partir de una democracia formal que pudiera institucionalizar los conflictos en su seno se desplegaría una potencia modernizadora que podría ir, progresivamente, extendiendo sus campos de influencia hacia los distintos planos de la vida social. La conquista de derechos, el mejoramiento de las condiciones de vida y la distribución de riqueza encontraban así su punto de partida imprescindible. Sin democracia nada de eso era posible: “Se come, se educa, se cura”. La base teórica de sustentación de este proyecto lo constituye la idea de “pacto democrático” que Alfonsín expone en Parque Norte y que es posible encontrar, además, en numerosos textos de la época. El pacto supone la configuración de una serie de acuerdos fundamentales que todos los sujetos sociales comparten, dentro de los cuales se dirimen sus tensiones y diferencias. La cooperación y la tolerancia son, así, puntos de partida para que se desplieguen pacíficamente las disputas por intereses, cuya existencia no deja de reconocerse, pero cuyos efectos se espera resguarden el funcionamiento de aquellas reglas fundacionales.

En este artificio democrático resuena, evidentemente, la dictadura militar y el terrorismo de Estado como forma violenta y extrema de ordenamiento social. Pero esa resonancia no alude sólo a un proceso histórico aislado o episódico, más bien hace referencia a un tipo de funcionamiento de la sociedad argentina que concluyó de esa brutal manera luego de décadas de inestabilidad política y social. En ese sentido busca Alfonsín refundar la Argentina, para superar el trauma reciente tanto como para operar sobre el largo aliento de la desgarrada historia nacional.

Se configura así la notable promesa de la democracia de los ochenta: la defensa de las reglas y las instituciones opera como un concepto “restringido” de democracia a partir del cual se despliega un proceso de progresiva extensión hacia una noción “fuerte” o “sustantiva” que implica la democratización de todos los planos de la vida social. Al mismo tiempo, de manera consustancial con el afán modernizador que intentaba “descorporativizar” la política argentina, resultaba central que dicho proceso no se centrara exclusivamente en el Estado. Antes bien, debía tener por premisa un proceso de participación civil y “desestatización” de las iniciativas políticas, acaso asociando demasiado rápidamente, una vez más por obra de la reciente dictadura, Estado con autoritarismo. La modernización, entonces, no sería solamente estatal, ni tampoco del orden de lo privado, se trataba en realidad de reforzar los poderes de la sociedad, “autónomamente constituidos”. Si el argumento se llevaba hasta las últimas consecuencias, quedaba planteada una rígida dicotomía: el corporativismo, el autoritarismo y el atraso, del lado del viejo Estado; la vitalidad, la modernización y la participación, del lado de la nueva y pujante sociedad civil.

En ese esquema, el rol del Estado se limitaba a cierta idea, de inocultable raigambre liberal, de garante de aquellas normas constitutivas que permitirían el desenvolvimiento de las potencias democráticas de la sociedad. Los obstáculos externos al terreno democrático como plano de resolución de conflictos aparecieron rápidamente. Posiblemente Alfonsín fue consciente antes que los intelectuales que lo acompañaban de que una considerable parte de los factores de poder argentinos no estaban dispuestos a suscribir los acuerdos fundamentales que la naciente democracia proponía. La paradoja se situaba en el hecho de que la promesa de la democratización de la vida social a partir del respeto a las reglas formales se dirigía mucho más a las tradicionales fuerzas de izquierda que a las derechas. Frente a la búsqueda de conquistas materiales se recordaba la necesidad de no hacerlo por fuera de los marcos democráticos. El problema estribaba en que si solamente las izquierdas (por lo demás, fuertemente desarticuladas luego de la dictadura) aprendían a respetar la democracia formal y los sectores conservadores seguían amenazando ese orden desde la singularidad de sus intereses, la idea misma de pacto entraba en crisis.

Para comprender el modo en que se articula ese concepto de democracia, es preciso señalar aquí que desde varios años antes los consejeros de Alfonsín venían realizando un fuerte proceso de autocrítica respecto del escaso valor que las izquierdas habían otorgado a la democracia. Los años de la dictadura encontraron a varias de estas figuras exiliadas en México. Precisamente allí se habían llevado adelante fuertes revisiones en lo relativo al problema de la democracia en la tradición socialista. Sobre la base de una lectura retrospectiva sumamente autocrítica, se consideraba que las izquierdas acarreaban décadas de desprecio por la democracia formal. En ese sentido, se habría tendido a consolidar una interpretación “instrumental” de la democracia en dos movimientos: primero como mera mascarada de la dominación burguesa; luego como etapa fugaz e intermedia entre la conquista del poder estatal y la construcción de la nueva sociedad. Contra estas ideas, una buena porción de los debates socialistas en el exilio se dedicaron a intentar reformular estas ideas. Independientemente de que las lecturas del pasado eran quizá demasiado condenatorias (es más probable que la democracia fuera un tópico postergado en relación con otros –la dependencia, las clases sociales, la estrategia revolucionaria, etc.– que el nombre de una racionalidad instrumental dibujada con semejantes visos de crueldad), los aportes de aquellas discusiones fueron considerables: la democracia, aun en su dimensión formal, se comenzó a considerar como una conquista popular y, más aún, como un momento en la constitución política de las clases subalternas como sujeto hegemónico. Al mismo tiempo, con una evidente crítica al socialismo real, se tendían a rechazar las nociones “productivistas” de transición al socialismo.

De acuerdo con estas, la transformación económica (léase: la socialización/estatización de los medios de producción) traería consigo la democratización de la sociedad en todas sus esferas, incluida especialmente la dimensión política. Tanto los exiliados en México como variados intelectuales europeos que participaban de los debates en torno de la llamada “crisis del marxismo” (entre ellos el mencionado Bobbio), defendían la idea de una “autonomía de la política”, en virtud de la cual el problema de la construcción de un orden político alternativo no se derivaba de manera transparente de los cambios al nivel de la estructura económica, sino que suponía dilemas propios e irreductibles y, por ello, requería una atención específica.

Ahora bien, una vez que estos ricos debates se encontraron con las urgencias de la transición democrática, tendieron a abrazarse de manera apasionada a la dimensión formal de la democracia. Lo que había sido un intento por agregar una preocupación institucionalista a una tradición leída como “excesivamente” materialista, se trastocó en una manifiesta primacía para el momento legal. Así se constituyó la mentada promesa que aseguraba, Alfonsín mediante, que lo sustantivo vendría como una extensión progresiva a partir del ejercicio de lo formal. Si las presiones militares y económicas mostraban los límites “exteriores” del pacto democrático (había quienes no estaban dispuestos a cumplirlo), la excesiva atención al acuerdo legal que fundaba la posibilidad de dirimir institucionalmente los diferendos sustantivos, revelaba a la vez un límite “interno” de la noción de democracia que los ochenta nos legó. Pues la idea de promesa, en rigor, terminaba por reificar límites formales, difiriendo hacia el futuro incierto transformaciones que posiblemente requirieran la modificación de esos mismos límites. Finalmente, quedaba desdibujado el interrogante en torno de qué transformaciones podrían conseguirse sin, en cierto sentido, arriesgar la estabilidad del proceso. Seguramente Alfonsín tuvo muy claro este problema, especialmente en momentos como el Juicio a las Juntas y sus derivas posteriores hasta las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. O en el peso de los poderes económicos que aceleraron su salida. Y allí se evidenciaban, de algún modo, las aporías de la época. Pues mientras la promesa continuara siendo promesa, y mientras las tintas se cargaran solamente en el cuidado que debían preservar las preguntas por la radicalización, las reglas formales de la democracia podían convivir con el despliegue de una ofensiva neoliberal que la dictadura había iniciado y que los años sucesivos profundizarían. Por ese carácter aporético, aquí no nos interesa criticar el proceso o la figura de Alfonsín, sino más bien interrogar el concepto de democracia que los ochenta, años constitutivos para esa palabra tal cual la conocemos, nos han dejado.

En este sentido cabe preguntarse, auspiciosamente, por algunas cuestiones de nuestros tiempos que parecieran habilitar la posibilidad de desenredar dichas aporías. En lo que hace a las derechas, y en especial a los factores de poder, la actualidad argentina (y latinoamericana) muestra la misma escasa preocupación por los acuerdos formales de la convivencia democrática. Los intentos desestabilizadores y los golpes de Estado han cambiado de método, pero no de protagonistas, de modo que aquellos acuerdos constitutivos siguen siendo, en la mayoría de los casos, considerados variables dependientes de los privilegios económicos. Sin embargo, del lado de los pueblos y sus gobiernos, las resistencias, las luchas y los años transcurridos han desembocado en una situación que reviste de un evidente interés para el tema que nos ocupa. Se impone en la región un modo de pensar la democracia que no posterga cambios por riesgos institucionales, es decir, que no rehúye de la constitutiva fragilidad que supone una apuesta por el cambio en contextos donde rigen aquellos acuerdos constitutivos de convivencia. De este modo, se ensaya una permanente refundación de los acuerdos formales en la búsqueda de transformaciones sustantivas. Ello supone, naturalmente, un pacto permanentemente “acechado”, pero lo más interesante de la época sea quizá la indeclinable renuncia de los procesos transformadores a respetar marcos democráticos formales sin eludir la necesidad de cambios estructurales en el presente, y no postergándolos para un futuro incierto. Las tensiones de la época, celebradas y auspiciadas por los propios procesos de transformación, reconocen de este modo un carácter “discontinuo” de la construcción democrática: no hay reglas ni acuerdos constitutivos que garanticen per se el despliegue de las transformaciones, sino un conflicto político que sólo puede generar cambios en la medida en que sea capaz de tensar permanentemente los alcances de esos acuerdos. Y, en este marco, también el problema del Estado reconoce otra complejidad, porque allí se concentra el poder político que permite que los procesos continúen y se profundicen. Lejos de todo maniqueísmo, resulta relativamente sencillo percibir que no radican sólo ni principalmente en el “estatismo” las amenazas a la vida democrática. Por el contrario, las mayores amenazas a los procesos de cambio, en la Argentina y en América latina, han provenido en los últimos años de la “sociedad civil”, tanto de sus factores de poder como de multitudes organizadas en arremetidas conservadoras que demandan una defensa de las conquistas que se han cristalizado estatalmente.

Los ochenta fueron años auspiciosos en su vocación democrática y al mismo tiempo impotentes en sus resultados, tanto para la Argentina como para América latina. En el presente, una vez más con tono regional, parece haberse tomado nota de la necesidad de valorar las reglas democráticas, posiblemente el gran legado de aquella década. Y, al mismo tiempo, la fuerza de los procesos transformadores pretende también superar los límites de aquella enseñanza, esta vez intentando realizar efectivamente la articulación entre democracia formal y democracia sustantiva. El éxito no está asegurado, porque también hemos aprendido en estas décadas que la historia no marcha hacia ningún lugar, pero la incertidumbre de nuestros tiempos no deja de traer novedades sumamente auspiciosas.