| Por Jorge Gaggero y Magdalena Rua |

Este artículo es una versión reducida y modificada de: Rua, M. (2017) Fuga de capitales IX: el rol de los bancos internacionales y el caso HSBC. Con prefacio de Jorge Gaggero. 1ª ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ediciones Z; Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fundación Ses. ISBN 978-987-46330-5-7

La opacidad de las finanzas globales atenta contra el desarrollo sustentable de las economías de los países en desarrollo, que ven obstaculizado su crecimiento y obstruida la evolución de su inversión interna debido a la constante fuga de recursos hacia los principales centros financieros. Del mismo modo, ven reducida su recaudación tributaria, impidiendo una adecuada distribución y redistribución del ingreso que resultaría en una mejora de la equidad social.

En la Argentina, el fenómeno de la fuga de capitales ha devenido en una problemática estructural, que no se vincula estrictamente con etapas críticas de la economía, sino que se registran importantes niveles de egreso de moneda extranjera a lo largo de todo el período que abarca los últimos 40 años, incluso en épocas de estabilidad económica, financiera y política, constituyéndose en uno de los factores condicionantes de la restricción externa. Por ello es válido afirmar que la escasez del ahorro doméstico no resulta ser la traba para el desarrollo económico argentino, sino, más bien, el drenaje de aquel ahorro hacia el exterior, actitud que resulta característica de los agentes económicos locales de mayor envergadura.

En este marco, la banca privada extranjera ha jugado un rol fundamental como “facilitadora” de los residentes argentinos de altos patrimonios, brindando los canales para la transferencia del dinero al exterior –tanto en momentos de crisis como en otros de próspero crecimiento económico–, erigiéndose en gestora y administradora de sus riquezas. Este fenómeno se vincula estrechamente con la evasión y elusión fiscal, ya que estas entidades financieras ofrecen, como parte de sus servicios, completa confidencialidad acerca del origen y la titularidad de los fondos, cuyo instrumento fundamental es el secreto bancario y la utilización de guaridas fiscales.

El estudio del caso HSBC permite advertir el significativo daño que provoca la fuga de capitales a los países de bajos y medianos ingresos. A su vez, confirma el rol de los bancos globales como eslabón clave de esta problemática estructural y la persistencia de la hermeticidad de los negocios del sistema financiero.

La banca internacional como facilitadora de la fuga de capitales y la evasión fiscal

Los principales bancos internacionales cuentan con el sector de private banking (banca privada, del secreto o privacidad), que funciona a través de las oficinas ubicadas en prácticamente todos los países del mundo (o mediante agentes independientes), en conexión con las filiales localizadas en las guaridas fiscales. Esta área brinda el servicio de wealth management (administración de fortunas), que consiste en asesoría y gestión para las inversiones de personas con altos patrimonios –por lo general, con activos involucrados superiores a los 250 mil dólares– y de grandes empresas. Los servicios ofrecidos incluyen la apertura de cuentas bancarias offshore de personas físicas y jurídicas, interposición de sociedades fantasma, fundaciones o trusts –constituidos en guaridas fiscales con la finalidad de encubrir a los beneficiarios reales–, asesoramiento en fusiones y adquisiciones, y en transacciones en el mercado de capitales, planificación de sucesiones y asesoramiento de inversión en fondos mutuos, hedge funds y private equity.

Para el diseño de estas arquitecturas, la banca privada dispone de abogados especialistas y aceitados contactos con las grandes firmas de consultoría y tributación (en especial, las denominadas Big Four) que trabajan en conjunto con los banqueros para diseñar los mecanismos a ser utilizados. Las familias UHNW (siglas en inglés, Ultra Alto Patrimonio Neto) requieren de un servicio altamente calificado que involucra variadas jurisdicciones con estructuras fiscales y legales complejas. Para ello, suelen contar con múltiples asesores en private banking, así como asistencia contable, impositiva y legal. Este segmento de clientes también suele ser atendido por los denominados family offices, usualmente ex banqueros de private banking con amplia experiencia profesional que trabajan de modo independiente.

La mayor parte de la actividad de private banking se concentra “formalmente” en países centrales, guaridas fiscales de Europa, Estados Unidos o jurisdicciones bajo su influencia. Según un análisis de la Asociación de Banqueros Suizos (Swiss Bankers Association, 2013), Suiza abarca el 26% de la participación del negocio de private banking global y es el país “número 1” del Índice de Secretismo Financiero (FSI, según su sigla en inglés) elaborado por Tax Justice Network (TJN) para el año 2015. Reino Unido, en conjunto con otras jurisdicciones bajo su influencia (Hong Kong, Singapur, Irlanda y las Islas del Canal, según Shaxson, 2014), suma, en rigor, el 38% de participación en el mercado (Rua, 2014). Luxemburgo posee una participación del 7% del mercado. Estados Unidos maneja el 8% del mercado y Caribe y Panamá (influencia de Estados Unidos), un 13%. En la misma línea, Oxfam estimó que el 67% de la riqueza offshore global se encuentra en guaridas fiscales vinculadas a Europa y la mitad de dicho porcentaje está ubicada en guaridas vinculadas al Reino Unido.

El caso HSBC

El caso HSBC resulta ser el más importante en la historia de la banca global, hasta el momento. Se trata de un caso inédito no solo por su magnitud sino porque revela la existencia de una extensa –en el tiempo y en el territorio– práctica sistemática del banco, desarrollada tanto en países centrales como en naciones más atrasadas y emergentes. La información develada comprende más de 130 mil cuentas bancarias offshore que se presume en su gran mayoría no declaradas entre los años 2005 y 2006, con fondos totales que superaban los 102 mil millones de dólares e involucran a 106 mil personas residentes en 203 países. Estas personas lograron, gracias al servicio del banco, burlarse de las autoridades fiscales en prácticamente todo el mundo. La información fue obtenida por Hervé Falciani, ex informático del HSBC Private Bank de Ginebra (Suiza), del propio sistema informático de la empresa. Con ella logró viajar a Francia para entregarla y validarla ante la Justicia de ese país.

El impacto del caso HSBC en América latina y el Caribe

El total de fondos administrados por el HSBC Ginebra en el año 2006, para América latina y el Caribe, era de alrededor de 53.600 millones de dólares, más de la mitad del total global de los fondos ocultos descubiertos por Falciani. Aunque esta cifra también incluye 19.100 millones de dólares provenientes de guaridas fiscales como Caimán, Bahamas, Barbados, Panamá e Islas Vírgenes, lo cual indica que probablemente esos fondos tuvieron su origen en otras economías “onshore” y que estas guaridas podrían haber funcionado como “jurisdicciones de tránsito”. Para sólo tres países (Argentina, Venezuela y Brasil) –los primeros tres sin considerar las guaridas fiscales–, el monto total que manejaba el HSBC de Ginebra en el año 2006 era de alrededor de 25.000 millones de dólares, lo que indica que solo tres países de América latina alcanzan un cuarto de los activos financieros totales descubiertos mediante la “Lista Falciani”.

Si se analizan los destinos de la riqueza offshore originada en América latina es posible observar que las principales plazas financieras utilizadas por residentes latinoamericanos resultan ser Europa y Estados Unidos, y las zonas de influencia de ambos territorios. Los países periféricos, y entre ellos los de América latina, resultan ser los principales damnificados por la fuga de capitales en provecho de los países centrales, que dominan las más importantes plazas financieras offshore (dentro de sus fronteras y en otros territorios bajo su influencia). Estos últimos, al garantizar condiciones de secreto y confidencialidad, sistemas tributarios preferenciales para no residentes y estructuras opacas que encubren la identidad de los beneficiarios, se desempeñan como eficientes refugios fiscales y financieros, razón por la cual se convierten en los destinos de la riqueza offshore global. En el caso de América latina, los activos externos de sus residentes se distribuyen en un 29% a Suiza, 28% a Estados Unidos, 29% al Caribe y Panamá (influencia de Estados Unidos) y 7% a Reino Unido, Guernesey, Jersey e Irlanda (estas últimas tres, dependencias e influencias del Reino Unido), según lo indica un informe de The Boston Consulting Group (BCG) de 2011. Las estimaciones del año 2015 de la misma consultora confirman esa tendencia. No casualmente, estas jurisdicciones son las que concentran la mayor porción de la actividad de private banking a nivel internacional, que se encarga de administrar los activos financieros offshore de las empresas multinacionales y los ricos del mundo.

Por otra parte, muchos de los países que ocupan los primeros lugares del índice de secreto financiero que elabora Tax Justice Network poseen PIB per cápita sustancialmente altos, que no se condicen con sus escasas poblaciones (como ser, Luxemburgo, Islas Caimán, Bahamas, Islas del Canal, Bahréin, Hong Kong, Singapur), al mismo tiempo que registran una cantidad desproporcionada de entidades financieras, que operan dentro de sus fronteras, en comparación con su densidad poblacional. Esto llevaría a analizar si cierta porción del PIB de esos países y el volumen de la actividad financiera, en efecto, no resulta como consecuencia de sus altos niveles de opacidad.

El caso HSBC en la Argentina

En septiembre de 2014, la AFIP recibió de parte del gobierno francés información sobre 4.040 clientes argentinos del HSBC Suiza, de los cuales solamente 39 habían declarado sus tenencias. Se estima que el total de los fondos de residentes argentinos colocados en Ginebra supera los 2.600 millones de dólares. Los datos que se obtuvieron corresponden al año 2006 y a una parte del año 2005.

La AFIP denunció la existencia de una plataforma ilegal montada por el HSBC y sus directivos con el único fin y propósito de ayudar a contribuyentes argentinos a evadir sus impuestos. Entre las principales conclusiones que se desprenden de la denuncia de la AFIP, se encuentra la amplia utilización de las sociedades offshore, “empresas fantasma” (sin actividad económica), situadas en jurisdicciones de baja o nula tributación (según la legislación relativa al impuesto a las Ganancias vigente para el año 2006), como mecanismo para encubrir a los contribuyentes argentinos y evitar el cumplimiento de sus obligaciones impositivas. Este servicio era brindado en conexión con “facilitadores”, apoderados, abogados, licenciados en economía y contadores que proporcionaban una red offshore de sociedades extranjeras radicadas en guaridas fiscales y otras estructuras complejas, que permitían ocultar la verdadera identidad de los titulares. Las principales guaridas fiscales utilizadas para interponer estas estructuras fueron: Estados Unidos, Panamá, Bahamas, Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas, Jersey, Guernesey, España, Suiza y Uruguay (Rua, 2014).

A su vez, del análisis de la lista de residentes argentinos se desprende que las primeras 100 cuentas bancarias de mayor monto, que involucran 197 personas, concentran el 87% del total de los fondos ocultos en Ginebra –2.157 millones de dólares sobre un total de 2.465 millones de dólares–, lo que confirma que este fenómeno está asociado al comportamiento de los grandes actores.

La Argentina ha sido uno de los primeros países del mundo en iniciar acciones contra el banco HSBC y, en diciembre de 2014, el Congreso nacional sancionó la creación de una “Comisión Bicameral Investigadora de Instrumentos Bancarios y Financieros destinados a facilitar la evasión de tributos y la consecuente salida de divisas del país”, que se dedicó a investigar durante el año 2015 el caso HSBC e indagar sobre la existencia de un comportamiento generalizado en el resto de los bancos privados.

Como antecedente, en febrero de 2002 funcionó en la Cámara de Diputados la Comisión Especial Investigadora de la Fuga de Divisas en la Argentina en el año 2001, la cual presentó un extenso informe en el año 2003. En términos generales, esta comisión determinó que la fuga de capitales en la Argentina no resultaba totalmente vinculada a escenarios de volatilidad e inestabilidad financiera, sino que existía un comportamiento estructural tendiente a la fuga de divisas, y que se relacionaba directamente con el comportamiento del empresariado local. Asimismo, investigaron las transferencias de divisas al exterior (del Sector Privado No Financiero y sin contemplar las operaciones de comercio exterior) del año 2001, por alrededor de 29.913 millones de dólares, de los cuales 26.128 millones correspondían a empresas y 3.785 millones, a personas físicas. En este marco, destacaron el papel del sistema financiero en la salida de divisas de aquel año y de la banca privada extranjera, que concretó el 75,19% de los montos transferidos al exterior durante el año 2001. Los tres bancos extranjeros más activos fueron el HSBC, Citibank y Río.

La comisión bicameral que funcionó durante el año 2015 se encargó, principalmente, de la investigación del accionar del banco HSBC, además de analizar si existía un comportamiento sistémico y generalizado en los bancos internacionales que operan en la Argentina. Así, la comisión bicameral concluyó en que existía una práctica sistemática de fuga de capitales a nivel global, cuyo principal factor de permanencia era la confidencialidad, y que se había detectado, durante el plazo de trabajo investigativo, una conducta sistémica de los grandes bancos para facilitarles a clientes argentinos, como al resto del mundo, mecanismos para eludir el pago de impuestos. Asimismo, se puso de manifiesto que existe una predilección de los sectores empresarios a resguardar su riqueza en el exterior, buscando minimizar el pago de impuestos y ocultar la titularidad de los fondos través de la utilización de guaridas fiscales, y que esta conducta no era coyuntural sino que resultaba una constante a lo largo de la historia argentina. En particular, en relación con el caso HSBC, se confirmó la existencia de una plataforma ilegal para la fuga de divisas, mediante la puesta en marcha de un mecanismo de opacidad con el objetivo de encubrir a los titulares reales de las cuentas bancarias.

A pesar de ello, por el momento, el banco HSBC y sus directivos han resultado pasibles solamente de la aplicación de multas insignificantes, si se las compara con los daños fiscales provocados, parte de ellas suspendidas por la Justicia.

Asimismo, tras el cambio de gobierno, durante el último año y medio, se ha implementado una gestión económica de corte neoliberal que ha acentuado las características dañinas de la estructura económica de la Argentina, su estructura tributaria y gestión fiscal, y que ha terminado de destruir la “frontera financiera nacional” en busca de establecer la libre circulación de capitales. Esto ha propiciado la expansión de actividades especulativas locales, el aumento de la fuga de divisas, así como la acumulación acelerada de deuda externa que, adicionalmente, están llevando a la economía a una situación de extrema vulnerabilidad externa.

En materia de fiscalidad internacional, indisolublemente asociada a la fuga de capitales, son los países más avanzados los que fijan las pautas en el mundo, y las organizaciones internacionales que los comprenden las que alcanzan mayor armonización normativa, coordinación en la gestión e influencia global. Los países centrales logran fijar reglas del juego en el plano internacional que operan a favor de sus empresas, sus fiscos y/u otros intereses económico-financieros propios. En ausencia de organismos multilaterales responsables en este campo son los limitados acuerdos y consensos ad hoc en el seno del G7 –últimamente extendidos al G20– y en el de la OECD los que marcan los rumbos. Estos acuerdos han resultado cada vez más insuficientes para hacer frente a la escalada destructiva de las “fuerzas globales desatadas”: descontrolada competencia tributaria que mina los sistemas normativos; elusión y evasión rampantes que ponen en ridículo a las administraciones impositivas; creciente fuga de capitales que erosiona severamente a las economías y las sociedades de los Estados-nación (limitando su potencial económico, la cantidad y la calidad de su fuerza de trabajo y la posibilidad de alcanzar mayores niveles de equidad).