| Por Eduardo Madrid |

Si nos remitimos al pasado más remoto, las relaciones argentino-brasileñas son las más antiguas del continente. Y esos espacios coloniales, ya devenidos en Estados nacionales, atravesaron tanto disputas –por la Banda Oriental– como alianzas –durante la guerra Guasú contra Paraguay–. La vecindad geográfica impulsó esa dualidad, caracterizada por rivalidades y aproximaciones, y en el derrotero de estas relaciones se fueron consolidando intercambios comerciales cada vez más intensos, precisamente, por sus ventajas y practicidad, especialmente en la década de 1930 y durante la Segunda Guerra Mundial. Es en este contexto internacional que las relaciones entre los dos países se complejizaron en función de los posicionamientos que adoptaron frente a terceros países diferentes, principalmente ante las potencias de la época. Al mismo tiempo, hubo intentos de mayor cooperación entre las dos naciones, pero los acuerdos fracasaron o fueron incipientes, como el tratado del ABC de los años cincuenta y la Declaración de Uruguayana en 1961. En un devenir ambiguo y oscilante, la Guerra Fría fue una cuestión permanente de la injerencia estadounidense que se hizo sentir en las décadas de 1960 y 1970 en los regímenes dictatoriales y las democracias tuteladas de los grandes vecinos sudamericanos. A pesar de estas contingencias, aunque en un marco mucho más amplio, delinearon con otros países de la región un proceso de integración comercial que dio lugar a la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), en 1960, y veinte años más tarde a la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), aunque sus avances fueron lentos y dispersos. Recién con la recuperación de sus sistemas democráticos, comenzó a gestarse un proceso de integración más avanzado que, en 1991, alumbró al Mercosur, junto a Uruguay y Paraguay, y comenzó a operar en 1995 con el arancel externo común. Desde entonces, el Mercosur debió atravesar diversas vicisitudes, con avances y retrocesos afectados por las problemáticas internas de cada país y el contexto internacional.

En 2003 se inició una etapa de importantes cambios tanto en Brasil como en la Argentina con los gobiernos de Luiz Inácio Lula Da Silva y Néstor Kirchner. Los dos mandatarios plantearon modificaciones al orden mundial establecido en Bretton Woods, y, no obstante algunas diferencias en sus políticas exteriores, cuestionaron los mecanismos utilizados por la ONU y el entramado de los diversos organismos multilaterales surgidos en su seno, reafirmando, al mismo tiempo, las decisiones autonómicas de sus gobiernos. Los dos presidentes centraron su atención en el espacio sudamericano, y sus países fueron prioritarios en la agenda del otro. Los desafíos similares que debieron afrontar, junto a los posicionamientos ideológicos semejantes, gestaron la posibilidad de establecer estrategias cooperativas, al tiempo que revalorizaron la consolidación de la democracia como un mecanismo para combatir la pobreza y el desempleo, e identificaron al Estado como el actor responsable de estas actividades. Relaciones que continuaron con la asunción de Cristina Fernández en la Argentina y la continuidad de Lula da Silva en Brasil. Al terminar éste su segundo mandato, Dilma Rousseff fue electa como primera mujer presidente de su país, y continuó con la política de su predecesor, destacando a la Argentina como aliada estratégica, en una decisión conjunta orientada a promover una diplomacia de desarrollo para la región. Con la reelección de Cristina Fernández las relaciones entre los gobiernos de los dos países continuaron promoviendo la alianza regional y el impulso del Mercosur, no obstante las dificultades económicas por las que atravesaba Brasil. En esos años, pese los efectos de la recesión mundial de 2008/09, las dos mujeres presidentes dinamizaron la autonomización de la región priorizando las relaciones Sur-Sur y el desarrollo de una conducta protagónica en el G20, teniendo como prioridad el Mercosur. En 2008 firmaron el tratado constitutivo de la Unasur, primer bloque de naciones suramericanas; en 2010 participaron en la creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), primera vez en que se logró conformar un organismo regional sin la participación de los Estados Unidos, mientras que, en 2011, Cristina Fernández ejerció la presidencia del Grupo de los 77. Con estos precedentes, Dilma fue reelecta en una ajustada elección con el 51,6% de los votos, en medio de una crisis económica y política que generó diversas protestas reclamando su juicio político, a solo dos meses de haber asumido el cargo.

En la Argentina, luego del balotaje de 2015, el candidato de la alianza Cambiemos, Mauricio Macri, ganó las elecciones presidenciales con el 51,3% de los votos, y pocos días antes de asumir la primera magistratura, realizó una gira por Brasil y Chile. La primera escala fue en Brasilia, donde se reunió con la presidente Dilma Rousseff y luego, en San Pablo, con algo más de un centenar de empresarios brasileños. En ambos encuentros, Macri destacó la necesidad de relanzar la relación bilateral sobre bases más pragmáticas que ideológicas, profundizando la integración dentro del Mercosur. Los mandatarios conversaron sobre los desafíos comunes, la complementación, y la necesidad de estimular las economías. Los dos gobiernos reiteraron que la pronta conclusión del acuerdo de asociación entre el Mercosur y la Unión Europea era una prioridad para ambos países y sus socios en la unión aduanera.

Al regresar, el presidente electo de la Argentina realizó una presentación judicial solicitando se estableciera que el mandato de la presidente Cristina Fernández finalizara el 9 de diciembre a la medianoche, acortándolo en 12 horas, dejando un vacío institucional que puede ser interpretado también como un breve golpe contra la república. En su juramento como presidente, el 10 de diciembre, Macri se apartó del compromiso legal reemplazando la expresión “desempeñar con patriotismo” el cargo -que establece la Constitución nacional en su artículo 93- por la expresión “desempeñar con honestidad”. No fue un dato menor que el presidente argentino dejara de lado el concepto de patria, toda vez que se reflejó inmediatamente tanto en su política económica y social como en su política exterior. Y el hecho de la “honestidad” rápidamente fue borrado al ser incluido él mismo y gran parte de su gabinete en varios casos sospechados de corrupción, difundidos por los medios hegemónicos como “conflicto de intereses”, además de poseer inversiones en otros países o en guaridas fiscales.

A poco de asumir, el nuevo gobierno argentino tomó la decisión de eliminar el control de cambios, produciendo una devaluación del peso cercana al 40%, generando efectos inflacionarios que perjudicaron a los asalariados y la consiguiente caída del consumo, al tiempo que benefició significativamente a los exportadores de materias primas, tanto del agro como de la minería, que a su vez recibieron el beneficio de la eliminación de las retenciones. Estas medidas provocaron que la inflación alcanzara el 41%, siendo la más elevada desde 2002. El déficit fiscal trepó por encima del 5% y el Estado tomó deuda por casi 50.000 millones de dólares, mientras que la pobreza superó el 32%. A ello se sumaron los despidos en el sector público y privado junto al descomunal aumento de las tarifas de los servicios públicos. También se les pagó más de 9.000 millones a los fondos buitre en efectivo con el argumento de que habría una lluvia de inversiones que solo en pequeñas dosis se hizo realidad.

En su primera intervención internacional el presidente Macri participó en la cumbre de jefes de Estado del Mercosur, en Asunción, el 21 de diciembre de 2015. Allí reforzó el compromiso argentino con el Mercosur e instó a sostener con firmeza el comercio del bloque con la Unión Europea y la Alianza del Pacífico. Reclamó por la pronta liberación de los presos políticos en Venezuela, señalando que en el Mercosur no puede haber lugar para la persecución política por razones ideológicas ni la prohibición ilegítima de la libertad por pensar distinto. Poco tiempo después, en su propio país, sucedería una situación similar a su crítica, cuando algunos funcionarios del gobierno saliente fueron encarcelados sin tomarles declaración y sin un juicio previo. Llamó a luchar en forma conjunta contra la pobreza y el narcotráfico en la necesidad de lograr acuerdos de cooperación para controlar las fronteras con el objetivo de combatir el comercio ilegal, en consonancia con las políticas del Departamento de Estado para la región.

En Brasil, Dilma fue cada vez más cuestionada mediante una campaña mediática sin precedentes. Especialmente porque la economía creció un magro 0,5% en 2014, y al año siguiente se profundizó la caída mediante una recesión que se reflejó en el -3,5% del PBI. Es en este contexto que la oposición política, sumada a los medios hegemónicos de comunicación y a las grandes empresas agrupadas en la Federación de Industrias de San Pablo (FIESP), impulsó el juicio político contra la presidente. La excusa fue la violación a la ley presupuestaria mediante las llamadas “pedaleadas fiscales” que, según varios juristas, no demuestran improbidad administrativa o la inexistencia de un accionar delictivo. Sin embargo, la acusación continuó su curso y, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, se votó por apartarla del poder ejecutivo durante 180 días, mientras se realizara la investigación, por lo tanto, el vicepresidente Michel Temer asumió la presidencia de manera interina. Finalmente, el 31 de agosto de 2016 fue destituida por el Senado por 61 votos contra 20, en lo que se constituyó en un golpe parlamentario para permitir que el representante de los sectores más conservadores finalizara el mandato de la presidente depuesta. Mientras 54.500.000 brasileños habían elegido a Dilma Rousseff, solo 61 senadores se arrogaron la representación ciudadana con argumentos insignificantes y absurdos para destituirla.

Respecto del juicio político a Dilma Rousseff, el gobierno argentino manifestó que respetaba el proceso institucional verificado en el hermano país y reafirmaba su voluntad de continuar por el camino de una real y efectiva integración en el marco del absoluto respeto por los derechos humanos, las instituciones democráticas y el derecho internacional, agregando que la Argentina renovaba su deseo de continuar trabajando con el gobierno de Brasil para la resolución de los temas de mutuo interés de las agendas bilateral, regional y multilateral, así como para el fortalecimiento del Mercosur.

Ante el nuevo estado de situación, el presidente interino, Michel Temer, y su par argentino, Mauricio Macri, acordaron que ambos países debían negociar con nuevos mercados. En ese sentido, decidieron avanzar en las negociaciones del Mercosur por un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea y con Canadá. También estaban entre sus objetivos mercados como los de Japón y Corea del Sur. A la vez, se avanzó en un compromiso para lograr, en el futuro, un acuerdo de inversiones y compras públicas intra Mercosur.

Luego de haber sido el primero en salir a reconocer a Temer después de la destitución de Rousseff, Macri recibió la visita del presidente brasileño como un signo de respaldo a su gestión. El encuentro en Buenos Aires sirvió para afirmar que las relaciones entre Brasil y la Argentina serían continuadas con un reforzamiento del Mercosur, para avanzar hacia una agenda común de trabajo. Ello implicó sellar acuerdos en el sector automotor para establecer plataformas comunes de producción y exportar al mundo autopartes y vehículos terminados en forma conjunta. Los dos mandatarios coincidieron en la posibilidad de crear una organización de países exportadores de alimentos, dada la necesidad de responder a la demanda mundial de estos productos, y hacer frente al proteccionismo agrícola de otras regiones que afectan a la economía de ambos países. Compartieron también la exigencia de combatir el narcotráfico y el contrabando en la frontera de ambas naciones, disponiendo el refuerzo de efectivos de seguridad. Coincidieron sobre la eventual expulsión de Venezuela del Mercosur porque el país caribeño debía cumplir con los requisitos necesarios para la integración definitiva al bloque, y advirtieron estar preocupados por la preservación de los derechos políticos y humanos en la nación del Caribe. Propusieron la idea de avanzar en el diálogo iniciado entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico, sobre la base de las áreas de interés común acordadas. Además, indicaron que consideraban prioritaria la ampliación y la profundización de la red de acuerdos comerciales.

En Brasil, principal economía de América latina, el gobierno de Temer, que apenas tenía el 3% de apoyo de la población, ha avanzado con un fuerte plan de ajuste y destrucción del tejido social del país, el congelamiento del gasto, el aniquilamiento de los derechos laborales y sociales, privatizaciones de empresas estatales y la militarización de Río de Janeiro, que puede extenderse a otros estados. En mayo de 2017, Temer fue acusado por la Fiscalía General de “corrupción pasiva, obstrucción a la Justicia y organización criminal” cuando se hizo pública una grabación avalando un soborno. El deterioro de la imagen presidencial brasileña se hizo visible en el carnaval de Río de Janeiro, cuando una escuela de samba eligió la consigna “una nueva esclavitud” para denunciar la reforma laboral impulsada por el presidente Temer, que fue representado como un “vampiro neoliberal”, con la banda presidencial y un cuello de dólares. Simultáneamente, Macri fue objeto de cánticos reprobatorios en diversos ámbitos como estadios, teatros, recitales y redes sociales. Estos ejemplos fueron la muestra de la escasa empatía de los sectores populares frente a los presidentes de los dos países, especialmente por sus políticas económicas y sociales que deterioraron la calidad de vida de la mayoría de sus habitantes.

En la Argentina, en tanto, Cambiemos también afirmó y mostró claramente su perfil neoliberal, camino a reprimarizar la economía, priorizando la especulación financiera y abriendo las importaciones, en un ciclo de endeudamiento creciente, presionando a los sectores involucrados en el mundo del trabajo para avanzar con la desregulación laboral, y modificando el sistema jubilatorio para transferir sus cuantiosos fondos al sistema financiero, entre otras acciones. El reflejo de estas medidas fue que en dos años de gobierno macrista la economía argentina creció solo el 0,23%, mientras que la pobreza trepó al 32%. Contradictoriamente, el presidente Macri expresó frente al Congreso que “ese crecimiento invisible sucedió”.

Los gobiernos actuales de la Argentina y Brasil tienen en común prácticas neoliberales que buscan eliminar la mayor cantidad de derechos posibles con una menor presencia del Estado, y cuentan con la complicidad de algunos sectores del poder judicial y de los medios de comunicación concentrados. Para enfrentar los reclamos y las protestas populares, Temer cuenta con las Fuerzas Armadas y Macri, con otras fuerzas de seguridad que fueron convenientemente equipadas para la represión.

En febrero de 2018, las negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea concluyeron sin avances claros ni ofertas formales sobre un acuerdo de libre comercio. Europa decidió excluir de las conversaciones las carnes, el etanol y el azúcar, productos prioritarios y muy sensibles para la Argentina y Brasil. El principal freno a un acuerdo continúa siendo la oposición europea a una apertura de los mercados agrícolas y de alimentos con valor agregado. De este modo, el tratado entre los bloques implicaría la reprimarización de las economías de los países sudamericanos dado que en los términos en los que negocian los actuales gobiernos, se ceden las ventajas del intercambio comercial al sector industrial europeo, a cambio de una pequeña participación de los productos agroganaderos de la región. Sin embargo, ante un grupo de empresarios, el canciller argentino, Jorge Faurie, estimó que el gran socio comercial del país no deben ser los Estados Unidos ni China, sino la Unión Europea: “Por la historia en común que tenemos y las raíces que nos unen tenemos en claro que la Unión Europea es y debe ser nuestro socio”.

Ante este panorama, que favorece los intereses de los países más desarrollados, resulta fundamental para el futuro de todos quienes habitamos la región que los pueblos se encuentren unidos y fortalecidos para enfrentar los enormes desafíos que presenta el siglo XXI. Una región con identidad propia, economías sólidas e integradas es clave frente a los tiempos por venir y, sobre todo, que sus habitantes tomen conciencia de las propias fortalezas y debilidades para saber cuál es el mejor camino para crecer y desarrollarse de manera sustentable.