| Por Christian Dodaro |

“En este contexto, donde una realidad distorsionada busca imponerse como verosímil y única, la actualidad también es aquello que podría llegar a suceder, así como aquello que jamás sucedió ni sucederá, pero que alguien tiene interés en hacernos creer que sí”.
Laura Siri

La comunicación ante los desafíos de un mundo que gira hacia la derecha

La comunicación, entendida como la disciplina que nos permite comprender la producción, circulación e intercambio simbólico, así como el establecimiento de vínculos entre personas y grupos en el marco de relaciones desiguales de poder, es una dimensión central para cualquier proyecto de emancipación y de integración regional.

En ese camino es que, a inicios de este siglo, Aníbal Ford advertía sobre la relación entre la comunicación, la cultura y la apertura de nuevas agendas geopolíticas tales como la migración, la administración y control de la información, la discriminación y la xenofobia, la internacionalización cultural y comunicacional. También en esta senda fue que el campo de la comunicación latinoamericana, de la mano de experiencias comunitarias o alternativas, formando, alfabetizando y facilitando procesos de comunicación, propuso una revisión de las perspectivas de la comunicación como mera mercancía.

Sin embargo, nuestra contemporaneidad nos enfrenta hoy en estas tierras a procesos políticos en los que se imponen miradas neoliberales en lo económico y conservadoras en lo cultural y se nos plantea una relación entre cultura y territorio transformados tanto por las dinámicas migratorias cuanto por la expansión de los medios masivos de comunicación, las redes sociales y los softwares globales de compra y venta de servicios y su concentración en unas pocas manos. Ello pone en tensión los modos de ser del Estado y sus maneras de entender el ejercicio de la ciudadanía.

Por ello, en este trabajo se propone una primera discusión al momento de pensar las posibilidades de desarrollo de la comunicación y la cultura popular en el marco de proyectos emancipatorios y de integración en nuestra región ante el cambio de las coyunturas políticas actuales, es decir ante el golpe institucional en Brasil, la derrota del kirchnerismo en la Argentina, la defección de Lenin Moreno en Ecuador, la guerra de mercado en Venezuela y el hostigamiento mediático y judicial en todos estos países. Es decir que nos proponemos pensar las modificaciones que se sufren a partir de los años 2014 a 2016.

Desde el intercambio con militantes y estudiosos de la comunicación popular en Latinoamérica, este texto es el comienzo de un camino para construir un relato coral y polifónico. Para tal fin tomamos como base entrevistas realizadas a militantes y comunicadores populares del norte y el sur de la Argentina, México y Colombia. También se realizaron consultas de fuentes indirectas de Ecuador y Brasil. Si bien no agotan el amplísimo espectro de experiencias y situaciones de nuestro continente, estas líneas nos permiten realizar un primer boceto a continuar desarrollando.

El Estado en la cuestión. O de cómo el derecho a la comunicación dejó de ser cuestión de Estado

Desde el sur de la Argentina, donde vive, el comunicador comunitario, docente universitario y mediador cultural Diego Jaimes –integrante además del Foro Argentino de Radios Comunitarias (Farco)– señala que, con la llegada del gobierno de Mauricio Macri, el escenario cambió drásticamente y se instaló un modelo de pensamiento y de gestión que privilegia la comunicación como un negocio antes que como un derecho. La intervención del organismo que regulaba la comunicación en el país y su reemplazo por decreto por un nuevo ente que agrupa dos organismos antes separados (AFSCA y AFTIC, anteriormente COMFER y CNC) dan cuenta de este proceso de “cambio”. En el anterior esquema, promovido desde la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual –parcialmente derogada sin debate alguno–, el sector sin fines de lucro contaba con instancias institucionales de consulta y voz en las decisiones de las políticas de comunicación. El Consejo Federal era el órgano donde estas conversaciones públicas se llevaban a cabo, con equidad de condiciones con los actores privados, las representaciones políticas provinciales y un arco diverso de actores sociales. Ese espacio fue dado de baja y ha dejado de funcionar arbitrariamente. No hay instancia deliberativa ni decisoria, en la actualidad, donde los actores de la comunicación popular tengan espacio alguno.

Otra integrante de Farco, la comunicadora rural Ana Muller, suma a ello que se ha sucedido una escandalosa concentración de las principales firmas y empresas mediáticas; el desfinanciamiento de las líneas de fomento para medios comunitarios, populares, indígenas, alternativos y sin fines de lucro; el vaciamiento de los medios públicos; la concentración de la pauta publicitaria gubernamental; el cierre de canales digitales; la persecución a periodistas y medios no afines al gobierno y el vaciamiento de las políticas de producción audiovisual federal.

Por su parte, la comunicadora popular, docente y militante mexicana Paloma Herrero señala que en México la comunicación fue y es tema de negocios y “libre competencia”. Existe en la actualidad un acceso garantizado a telefonía celular con llamadas ilimitadas a otras regiones (incluidos Estados Unidos y Canadá), pero no hay derechos adquiridos ni un sentido integrado en la ciudadanía sobre el libre ejercicio de la comunicación y el acceso negado al espectro.

Ha habido dos grandes reformas a la Ley de Telecomunicaciones de 2000 a 2013 pero no han generado cambios sustanciales en el derecho a la comunicación. El derecho a la información quedó consignado en el artículo sexto –que preveía la libertad de expresión– de la Constitución mexicana. En 2013 el artículo en mención fue reformado para sumar las telecomunicaciones, permitiendo el acceso al espectro de telecomunicación a otros empresarios de la comunicación y dejando de lado el acceso al ejercicio de la comunicación a los ciudadanos. Las radios comunitarias y la radio indígena quedaron legisladas en la reforma de 2013, pero no se otorgaron nuevas atribuciones a nivel de acceso al espectro.

En Colombia, tal como señala Andrés Eduardo Pedraza Tabares –integrante de la Agencia de Prensa Rural–, si ha habido alguna modificación ha sido para aumentar más la concentración de los medios. Los tres grupos económicos más fuertes del país siguen siendo los que manejan las grandes empresas comunicativas: los canales televisivos RCN y Caracol, y a su vez son propietarios de otros medios como cadenas radiales, canales locales, periódicos y revistas de opinión. A finales de 2015 el proyecto Monitoreo de la Propiedad de Medios (MOM) señalaba que los emporios de Luis C. Sarmiento, Carlos Ardila y Alejandro Santodomingo tienen control sobre el 57% de la televisión, radio e internet en el país.

La frecuencia televisiva tiene un predominio de adjudicación privada. Y llega a ser un fortín estratégico. Un caso representativo fue la adjudicación de un tercer canal privado a multinacionales y empresas privadas nacionales. Su licitación generó malestar incluso por otros participantes que denunciaron falta de garantía, transparencia y acceso a la información de las condiciones. Jamás se pensó en fortalecer un canal público y popular. En Colombia además es frecuente la represión, persecución y asesinato de líderes sociales y periodistas.

En Brasil los medios de comunicación jugaron un rol central en el golpe de Estado que sufrió el gobierno de Dilma Rousseff. Estos medios son empresas que pertenecen a las mismas familias, que son dueñas de distintos medios (radio, TV, periódicos) en lo que se suele llamar “propiedad cruzada”. Entre 2003 y 2016 criminalizaron sobre todo al movimiento sindical y obrero que volvió en este período a hacer huelgas y movilizarse. Ello se desprende de un estudio llevado a cabo por la ONG Periodistas Sin Fronteras y el colectivo Intervozes sobre el grado de concentración de los grupos de comunicación en Brasil (puede leerse más al respecto en https://www.hemisferioizquierdo.uy/single-post/2017/09/08/El-rol-de-los-medios-de-comunicaci%C3%B3n-en-Brasil y en https://www.brasildefato.com.br/2018/02/14/los-duenos-de-la-informacion-agronegocio-sector-inmobiliario-y-grupos-de-medios/).

En Ecuador, Lenin Moreno determinó una ampliación de la Empresa de Medios Públicos de Comunicación del Ecuador (Medios Públicos EPMPC), creada en 2016 por el ex presidente Rafael Correa. La decisión, plasmada mediante el decreto ejecutivo 227, consolida una situación de hecho por la cual estos medios privados tenían hace años una gestión estatal.

Los medios que se integran al sistema estatal son la Cadena Ecuatoriana de Televisión (TC Televisión), Compañía del Pacífico Teledos (Gamavisión), Editorial Unimasa, Cablevisión, América Visión, Edimpres y Movilidad. El decreto aclara en las disposiciones generales que dichas empresas “mantendrán su naturaleza jurídica y se considerarán medios de comunicación privados, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Comunicación”. Ello abre expectativas de posibilidad de mantener ciertos pisos de derechos respecto de la comunicación.

La concentración de medios en manos de no más de nueve grupos económicos en toda la región lleva a los mismos a una defensa de intereses ligados a los sectores del capital financiero y del agronegocio. La concentración de medios cierra la posibilidad de expresión a voces disidentes a esos intereses. Por ello, en los últimos años se verifica una intensificación de las críticas a los sindicatos, los movimientos campesinos e indígenas y a las organizaciones sociales, un ocultamiento de las razones de las protestas o las huelgas y una estigmatización de quienes plantean agendas tales como la economía social, la soberanía alimentaria o leves mejoras en las situaciones redistributivas y acceso al consumo por parte de los sectores populares.

¿Hay alternativa para la comunicación?

En cuanto al espacio dejado a la comunicación comunitaria, alternativa y popular, Jaimes señala que el sector sin fines de lucro no tiene espacio en el campo de producción, distribución y consumo de formas simbólicas para el actual gobierno, que lo relega a un lugar marginal, con suerte pintoresco y decorativo, incluso solidario, aunque sin las mismas condiciones legales, políticas y culturales para disputar sentido. Disputa que constituye la principal sustancia del hecho comunicacional, en tanto permite que distintas voces confronten sus miradas del mundo, no solamente desde los contenidos sino también desde sus formas de gestión asociada, cooperativa, etcétera.

Muller complementa estas líneas y advierte sobre los ataques permanentes, el desfinanciamiento y la persecución al sistema de medios públicos. Se ha llevado a cabo un sistemático plan de censura y persecución y despidos de periodistas no afines a los lineamientos del gobierno macrista y solo se utiliza como propaganda partidaria del PRO. La problemática no solo se da en los medios del sistema público. Según un informe de julio de 2017, más de 2.500 periodistas se quedaron en la calle desde que asumió Macri (https://www.nodal.am/2017/08/argentina-realizan-asambleas-todas-las-redacciones-prensa-los-despidos-la-libertad-expresion/). También hubo reducción y suspensión de programas desde AFSCA y Enacom y la Defensoría del Público vio muy limitado el presupuesto. En la Secretaria de Agricultura Familiar se restringió el abordaje y el apoyo en temáticas vinculadas, sumado a un recorte y ajuste progresivo y vaciamiento de las líneas de financiamiento y apoyo a organizaciones sociales (por caso, Ana Muller y otros cientos de trabajadores estatales fueron despedidos de un área ocupada de desarrollar la agricultura familiar, sin otra causa que descontinuar políticas sociales activas de creación de valor económico, social y cultural en las comunidades y generar un desarrollo inclusivo).

En el caso mexicano, hay 23 televisoras públicas y algunas tienen réplicas de radio. En estos últimos años ha habido despidos masivos, y cierre de medios de comunicación. Es necesario subrayar también que en México siempre se ha criminalizado a las radios indígenas y a pesar de la ya citada reforma de 2013, la Procuraduría General de la República ha hecho decomisos y encarcelamientos en cuatro radios indígenas en Oaxaca. En 2015 se produjo el allanamiento de la casa de Gloria Muñoz Ramírez, directora de “Desinformémonos”, un medio que ha dado amplia difusión a las protestas sociales y tomó relevancia en redes sociales tras la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Además, en octubre de 2017 se hicieron nuevas reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y quedaron consagradas sanciones para quien opere radios clandestinas (https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Aprueban-Diputados-carcel-y-sancion-para-operadores-de-radios-y-TVS-piratas-20171004-0148.html). La comunicación popular se ha dado o bien desde radios comunitarias que tienen poca incidencia en la esfera pública nacional, o desde otras áreas con proyectos más de tipo autogestivos, pero que no dejan de ser privados, como “Desinformémonos”, “Subversiones”, “Somos el medio”, “Centro de medios libre”, “Radio pozol” y otros proyectos de difusión encabezados por periodistas –pienso en organizaciones como Quinto Elemento, Mexicanos contra la Corrupción, Periodistas de a Pie.

También en Colombia persiste el discurso sobre que el capital privado y el libre mercado aseguran la calidad y libertad de expresión. Gran parte de los políticos y dirigentes han defendido un modelo neoliberal y un discurso ideológico de derecha. La “libertad” va por encima de la justicia o la equidad. Pero dicha libertad es entendida como autonomía de consumo y de poder de adquisición que beneficia a la empresa privada. Durante 2017 se documentaron 310 ataques a la libertad de prensa, que afectaron a un total de 368 periodistas. Según la Federación Colombiana de Periodistas (Felcoper), se registraron 276 vulneraciones, con un total de 326 víctimas. Más del 40% con respecto al año anterior.

Los sistemas público y comunitario brasileños están poco desarrollados y todavía no consiguen competir con el sistema comercial. La creación del ente público de radiodifusión, en 2007, fue un importante avance en la democratización y descentralización del sector, aunque cuenta con una audiencia y un presupuesto escasos, si lo comparamos con los del sistema comercial nacional y los del sistema público de otros países.

El sistema comunitario está atrofiado a causa de una reglamentación restrictiva. La ley que regula el sector (9.612/98) limita las emisoras comunitarias a una potencia de 25w y a una cobertura máxima de un radio de un kilómetro, además de dejar un único canal a la radiodifusión comunitaria (http://www.revistapueblos.org/blog/2014/08/16/la-concentracion-de-los-medios-de-comunicacion-en-brasil-y-la-actuacion-de-los-movimientos-sociales/).

Con excepción de Argentina y Ecuador, la región muestra la poca visión sobre el carácter estratégico de la comunicación. Los medios privados mantuvieron su posición de privilegio y abusaron de ella. Estos medios fueron los principales articuladores de la desestabilización política y económica, promoviendo ataques permanentes a los gobiernos progresistas.

Ante la situación actual en Brasil, está generándose una discusión sobre cómo articular la comunicación popular con la de los trabajadores desde los sindicatos, y se vislumbra la necesidad de que las organizaciones de los trabajadores sostengan en un largo plazo la comunicación popular. Un camino de articulación similar se encuentra recorriendo la Argentina.

Seguir tramando

Tal como se puede apreciar de esta somera aproximación a la situación de la comunicación en Latinoamérica, el Estado vuelve a regularla en favor de actividades mercantiles y de la concentración de los medios.

A tal fin, y en base a experiencias de militancia e investigación, propongo algunos puntos a tener en cuenta hacia la elaboración de un programa de trabajo:

1. La comunicación en la cultura

Es necesario revisar críticamente nuestro concepto de cultura y despojarnos de la vergüenza asumida por nuestras oligarquías, e impuesta a los trabajadores y campesinos, por no ser europeos. Desde allí, podremos promover las positividades de nuestras tradiciones y costumbres y celebrar el encuentro de nuestros pueblos. Ello nos lleva a abrazar la perspectiva comunicacional latinoamericana y las experiencias de comunicación y educación popular y a interrogarnos sobre qué tipo de comunicación y qué modelos culturales establecemos para qué tipo de desarrollo social, económico y político.

2. La economía política de la comunicación. Mapas, territorios, fronteras. Trump y un tiempo de tierras planas

Existe una nueva trama del poder; se acrecienta día a día la concentración de la propiedad de los medios de comunicación, las industrias culturales y las tecnologías de la información y la comunicación (TICs). Tenemos que repensar las relaciones entre centro y periferia y la configuración de relaciones de poder en la era digital; la dimensiones de lo comunicacional en la geopolítica, y proponer regulaciones que contemplen el ejercicio de la ciudadanía, promuevan la desconcentración de la propiedad y generen una pluralidad de emisores sindicales, campesinos e indígenas. Y, a cada paso, preguntarnos si es esto posible ante una maquinaria estratificante, que reordena diferencias y produce nuevas fronteras a medida de los mercados. Desde allí, debemos asumir el desafío sobre cómo pensar la comunicación en procesos de integración regional.

3. Liberación o dependencia, mestizaje o hibridación

¿Cómo se prepara el Sur para replantearse la comunicación y asumir el desafío de los nuevos escenarios? ¿Las nuevas tecnologías modifican los modos de organización? ¿Se transforman las posibilidades de incidencia, las escalas? ¿Pueden generarse nuevas redes y alianzas? Debemos incluir en nuestros debates las nuevas formas de la protesta social, nuevas demandas, nuevos repertorios de protesta y las transformaciones en los modos de organización social y sindical, y entramarlas en intercambios regionales.

Tan solo así tiene sentido estudiar las formas en las que se producen, circulan y son recibidos los discursos sociales. Porque si la entendemos como parte de un proyecto de emancipación y de integración regional –parafraseando al primer comunicador–, la comunicación será popular o no será.