| Por Axel Lazzari |

El amedrentamiento y la persecución a distintos colectivos y activistas indígenas que se suceden con preocupante frecuencia desde las represiones de grupos mapuche en Chubut y Río Negro en 2017, hechos que significaron respectivamente las muertes –aún lejos de resolverse– de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, va configurando un escenario poco favorable y hasta de peligrosidad para profundizar la demanda de cumplimiento de los derechos indígenas ya establecidos en las leyes argentinas. Estos hechos de violencia no son, por supuesto, privativos de la actual gestión de gobierno pero, en tanto han sido ejecutados por fuerzas de seguridad del Estado nacional con la explícita venia de las más altas autoridades, encontrando a su vez una inmensa caja de resonancia en los medios de comunicación monopolizados en pocas manos, así como en las redes sociales fuertemente manipuladas, nos advierten de que se trata de algo más que casos puntuales. Si comparamos esta demostración de violencia estatal-nacional con el desmonte paulatino de las políticas públicas dirigidas hacia los pueblos indígenas entre 2006 y 2015 que, aun contabilizando sus límites, contradicciones e impasses, habían creado cierto consenso de legitimidad con respecto a principios normativos, procedimientos y actores de la política indígena, está claro que en los tiempos que corren no está garantizada la continuidad ni de la más mínima “reparación histórica” hacia los indígenas.

Como académicos e investigadores independientes que venimos investigando y acompañando la reemergencia indígena en la Argentina en las últimas décadas, la situación actual nos interpela para redoblar las intervenciones en el espacio público más allá de la cátedra y el texto escolar. A riesgo de pecar de exageración, nos atrevemos a plantear la coyuntura de este modo: hoy vuelve a ponerse en entredicho la más básica legitimidad, construida trabajosamente a lo largo de los últimos treinta años, en torno a la ciudadanía indígena en la Argentina. Son las viejas imágenes que piensan al “indio” como depositario de “ayuda” y merecedor de “pena” o, por el contrario, de represión y discriminación racista, las que buscan por todos los medios reinstalarse –pues siempre estuvieron agazapadas– en ese proverbial “argentino medio”. Vuelve con toda su fuerza seductora ese poderoso discurso que pendula entre la “civilización clemente” que prometiera Lucio Victorio Mansilla y la “civilización de las matanzas” que denunciara José Hernández para desplazar algo más inquietante todavía: la acción política de los pueblos indígenas. Se trata de una política que implica una comprensión (y autocomprensión) de sus prácticas no solo como una táctica negociadora en un toma y daca sobre “lo que hay o lo que sobra” sino, ante todo, como un poder de instituir realidades nuevas, circuitos de comunidad novedosos, incluso ideales colectivos renovados. Si hay algo que los disparos mortíferos escondidos por un sistema de complicidades buscan matar de toda muerte en aquellos que reclaman por derechos es precisamente eso. Los autores que contribuyen a este número lo saben y por eso en los casos y temas tratados en sus artículos asoma la voz y la acción de la gente indígena buscando modular de otra manera las duras realidades que viven. Son textos de escucha, unas veces de personas concretas, y otras tantas, de historias y situaciones que denuncian verdades para quien quiera oírlas.

Hoja de ruta

En el primer artículo, de mi autoría, me propongo situar a un lector en las coordenadas de conceptos que en la actualidad son de uso común para pensar las cuestiones que atañen a los pueblos indígenas. ¿Qué significa “pueblo indígena”?; ¿qué es la “reemergencia indígena”?; ¿cómo entender el concepto de “cultura” tan usado en relación a los indígenas?, son algunas de las preguntas a las que intentamos responder.

Siguen dos textos que ponen en evidencia las controversias que suscita la reemergencia indígena cuando aquellos colectivos que reclaman derechos se nombran con términos supuestamente del pasado e incluso parecen estar “fuera de lugar”. En un escrito que polemiza con un artículo publicado en un diario nacional, Cecilia Castellanos, Paula Lanusse, Lorena Rodríguez, María Victoria Sabio Collado y Andrea Villagrán refutan las acusaciones de impostura que se lanzan contra los diaguitas. Así, las autoras plantean que el proceso de reemergencia diaguita en la zona de los Valles Calchaquíes (Salta, Catamarca, Tucumán y La Rioja) debe entenderse en el marco de largos procesos históricos de despojo territorial y relaciones de peonazgo que llegan hasta hoy con la “puesta en valor” de los Valles con fines turísticos y productivos. Aquellas supuestas evidencias de no indianidad esgrimidas por el sentido común tales como apellidos no indígenas, uso de la lengua castellana, autoridades “truchas”, etc., desconocen tanto la perduración de una memoria de la explotación como “indios”, como el carácter creativo de las personas en los marcos culturales. En una línea similar se inscribe el artículo de Débora Ferreyra y Marianela Stagnaro sobre los comechingones, pero este caso destaca por tratarse de una re-indigenización urbana que tiene lugar en la propia ciudad de Córdoba. Como si estas marcas de ilegitimidad no bastaran –nuevamente a los ojos de la conciencia espontánea–, los indígenas aludidos no son inmigrantes sino que reclaman provenir de los nativos que habitaban allí antes de la fundación de la ciudad. En este contexto, las autoras enfatizan el trabajo de autoidentificación como camichingones (sic) que llevan adelante los indígenas en torno a la casona habitada por el último cacique de La Toma.

Los temas anteriores se prolongan en un conjunto de artículos que aborda las delicadas aristas que asoman cuando las prácticas y sentidos elaborados por los pueblos indígenas son vinculados a ciertas versiones estereotipadas de las ideas de “cultura”, “historia”, “memoria” y “origen”. El texto de Carolina Crespo plantea varios de los problemas de las políticas oficiales de patrimonialización, es decir, el régimen de propiedad de los Estados nacionales sobre las “ruinas” y “restos humanos” que sigue y acompaña al genocidio indígena. La autora destaca que, más allá de los intentos recientes de los museos por dejar de exhibir restos humanos o culturas cristalizadas, es preciso admitir que son los propios pueblos indígenas los que deben decidir sobre sí mismos y sobre lo que consideran propio. De ahí que surja cierta auto-patrimonialización que apunta a establecer la presencia viva en el presente, reparando heridas y discontinuidades. En un sentido parecido, Carlos Masotta nos advierte de las expropiaciones de las que son objeto los indígenas en el acto mismo de “celebrar” su cultura. Así identifica un “elogio negativo” del que son objeto los indígenas que atraviesa desde la Constitución nacional hasta los museos, pasando por el comentario circunstancial acerca de los indios aceptables e inaceptables. Los mismos indígenas reelaboran –como nosotros– sus identidades colectivas y subjetividades con los retazos del pasado. De eso trata lo que cuenta Juan Chico acerca de la mirada indígena sobre la guerra de Malvinas en la entrevista que le da a Pedro Munaretto. Este historiador qom pone el dedo en la llaga al recuperar los testimonios de los veteranos de guerra qom que tensionan la narrativa patriótica (la defensa del ejército contra el enemigo externo) con la memoria del genocidio indígena perpetrado por ese mismo ejército. Tensiones más escondidas pero no menos turbadoras nos trae la “estampita de Ceferino”. De esta “prótesis” fabricada por los salesianos para redimir a los mapuche nos habla Celina San Martín. La autora sugiere pensar que, tras la estampita, los salesianos y Ceferino hay un constante regreso al infinito y, por ende, una imposibilidad de llegar al origen de todo. De ahí que la memoria y los ritos en torno al santito constantemente demarquen una frontera entre el pasado irredento y el futuro redimido de los mapuche, siempre vigilada por la figura de un padre o de la patria.

En otro orden temático, Mercedes Biocca, por una parte, y Natalia Castelnuovo y Eduardo Soria, por la otra, nos traen noticias del encuentro entre los pueblos indígenas y “el desarrollo”. En el primer caso, centrado en los qom de una localidad de Chaco, Biocca pone de relieve la contradicción de las últimas décadas entre las políticas de inclusión de los pueblos indígenas, a través de la ampliación de derechos, y las restricciones estructurales generadas por los incentivos a una economía extractiva y de agronegocios. El escrito de Natalia Castelnuovo y Eduardo Soria nos da la oportunidad de ponderar el papel de los mediadores en las llamadas “políticas de desarrollo” dirigidas a los pueblos indígenas. Basado en las experiencias de Soria en distintos ámbitos de liderazgo y participación en el norte de Salta, los autores valoran positivamente que en los últimos tiempos hayan sido los propios indígenas, y ya no las ONG, los mediadores-clave de tales políticas, sin dejar de advertir por ello que el propio concepto de “desarrollo” deba ser revisado y adecuado a las lógicas de organización y los ideales indígenas.

Ana Ramos realiza un sugerente contrapunto entre la política pensada y actuada desde la cosmovisión mapuche y la política en su acepción ideal en Occidente. En ambos casos resuena una idea en común: la necesidad de mediar por la palabra los desacuerdos entre los muchos actores. Los actuales hechos de represión y persecución de los mapuche por parte del Estado nacional deben entenderse como verdaderos actos de “corrupción”, no sólo porque traicionan la lógica mapuche del parlamento sino, fundamentalmente, porque reniegan de la tradición occidental de la delegación del poder al clausurar los espacios “inter-políticos”.

La misma sensibilidad a las realidades emergentes caracteriza el abordaje de César Ceriani Cernadas a la hora de ofrecernos un sucinto pero amplio panorama de las religiosidades indígenas en la actualidad. Reconociendo las lógicas de dominación y resistencia que atraviesan la instauración de catolicismos, protestantismos y espiritualidades de estilo “Nueva Era” en el mundo indígena, el autor nos permite apreciar la capacidad indígena para apropiar, modular y crear estilos propios de prácticas religiosas.

Variando el eje de los problemas, los artículos de Pía Leavy, Morita Carrasco, Anabella Denuncio y Silvia Hirsch tematizan en distintos escenarios concretos las dificultades de acceso a los derechos indígenas ya consagrados en el ámbito de la salud, la seguridad, la participación y la educación. Las contrariedades que experimentan los ava-guaraní en Salta al intentar asegurarse servicios básicos de salud es el tema de Pía Leavy. Lejos de quedarse con la formulación oficial del problema de la salud indígena como una cuestión de mera traducción cultural, la autora pone el foco en el arrinconamiento territorial y el empeoramiento de las condiciones de vida que este conlleva, como la causa principal no solo de los riesgos sanitarios que afectan a los indígenas sino también de la dificultad en revertirlos. El artículo firmado por Morita Carrasco trata de la desidia judicial a la hora de hacer cumplir los derechos indígenas en la provincia de Misiones. Reponiendo el caso no resuelto de la muerte violenta de un niño mbya-guaraní, la autora destaca el cúmulo de irregularidades en los procedimientos cuya única explicación remite a la identidad indígena de las víctimas, revelando así el racismo del sistema judicial. Anabella Denuncio, por su parte, nos cuenta de los procesos de empoderamiento de género de un grupo de mujeres qom en Chaco. A partir de sus testimonios quedan registradas las violencias de las que son víctimas como mujeres tanto en el espacio público como en el espacio doméstico, pero se advierte que no es posible proyectar simplemente discursos feministas sobre igualdad de género entre los qom, sin dar cuenta de las múltiples diferencias y contextos en que las violencias hacia las mujeres (y su reparación) tienen lugar. En su texto, Silvia Hirsch decide enfocar un proceso que, por lo general, pasa inadvertido, tal como es la profesionalización de los indígenas que logran graduarse en los sistemas de educación terciaria y superior. Sin desconocer los graves obstáculos aún vigentes que van desde la falta de financiamiento e infraestructura hasta la perduración de imaginarios “culturalistas” sobre los indígenas, la autora enfatiza los logros que se registran desde hace más de una década –sobre todo en el ámbito de la docencia– a partir de la implementación de la educación bilingüe e intercultural.

Por último, los artículos de Adriana Serrudo y Darío Rodríguez Duch revelan la dialéctica entre sociedad y Estado, pues el “problema indígena”, en la medida en que es gestionado por las agencias del poder ejecutivo y asumido como materia legislativa por el poder legislativo, también modifica organigramas y sistemas de alianzas al interior de la administración. Así, Serrudo muestra de qué manera la construcción de una política de educación intercultural y bilingüe en el Ministerio de Educación de Nación fue creando nuevos elencos administrativos, saberes específicos y tensiones internas, en la que también tiene incidencia como órgano de consulta el Consejo Educativo Autónomo de los Pueblos Indígenas (CEAPI). Esto mismo podría aplicarse al crecimiento de las estructuras administrativas –nacionales y provinciales– de los “asuntos indígenas” (como el INAI, el IPPIS, el IDACH, etc.), así como al surgimiento de diversos órganos de consulta como, por ejemplo, el Consejo de Participación Indígena. La cuestión de la consulta también se verifica claramente en el proceso legislativo sobre la Propiedad Comunitaria Indígena que se desarrolla actualmente en el Congreso nacional. El estado actual del proyecto de ley, como Rodríguez Duch señala, es el producto de la incorporación de pareceres y enmiendas que han surgido de las rondas de consulta que se vienen realizando entre los diversos actores interesados. En ambos casos podemos observar que la interculturalidad y los mecanismos de democratización y participación en las decisiones son desafíos inherentes a la producción de políticas y leyes acerca de los pueblos indígenas. El texto de Rodríguez Duch, además, trae a escena la necesidad candente de una legislación específica que defina claramente para el sistema legal y judicial las características y los alcances de la propiedad comunitaria indígena pues de ello depende, entre otros factores, la seguridad jurídica de los territorios indígenas que han sido verificados en la última década a través del Programa de Relevamiento de Territorios y Comunidades Indígenas (ReTeCI), así como de otros tantos territorios por incorporar.

Una advertencia final. Los autores convocados han asumido con responsabilidad esta oportunidad de publicación con el fin de poner a disposición de los lectores de Voces en el Fénix información y reflexión sobre los diferentes aspectos de la situación de los pueblos indígenas en la Argentina al día de hoy. Y enfatizamos el momento actual porque no es la primera vez que el tema es considerado relevante por los editores de esta revista. Ya en 2013 Silvina Ramírez editó un número que abordaba la misma cuestión centrándose en la dimensión jurídica y las luchas por el territorio. Conscientes de ello, nuestro trabajo editorial apuntó a complementar estos asuntos con otros que también merecen atención. Por esta razón recomendamos vivamente leer ambos números en conjunto con el fin de ir delineando el cuadro complejo y pleno en matices que da cuenta de la presencia y acciones de reivindicación protagonizadas por los pueblos indígenas en la Argentina.