| Por Abraham Leonardo Gak*|

En distintas oportunidades se ha señalado que la raíz estructural de las crisis argentinas está vinculada a la insuficiencia en la provisión de bienes públicos.

Por un largo período de más de 30 años, el Estado se ha ido retirando de esa función, hasta que la crisis desatada a fines de 2001 brindó la oportunidad de modificar las reglas de funcionamiento de la economía y la política de nuestro país.

Es así que a partir de esa fecha, y en particular desde 2003, la Argentina viene creciendo a un promedio del 8 % anual, con la única excepción del año 2009, como consecuencia de los embates de la crisis internacional.

En este último período no sólo se reestructuraron el monto, plazos y tasas de la deuda pública, sino que el Estado fue recuperando su participación en los procesos económicos y sociales, sobre todo, en el desarrollo de una agresiva agenda en materia de políticas sociales, sostenimiento del empleo y defensa de los derechos humanos.

Estas políticas han permitido reducir significativamente los índices de desempleo, subocupación, pobreza e indigencia y, simultáneamente, incrementar las inversiones en infraestructura y, en particular, en la educación.

Es sabido que se han llevado a cabo importantes inversiones en materia habitacional, sin embargo es evidente que la mayor parte de la inversión, sobre todo la privada, fue dirigida a la construcción de viviendas para el uso de los sectores de altos ingresos.

Si bien es cierto que a través de los planes vigentes se fueron construyendo un número importante de viviendas dirigidas a los sectores populares, éstas resultan manifiestamente insuficientes para atender una demanda insatisfecha por décadas.

A esta circunstancia debemos agregar los flujos de poblaciones migrantes llegadas a los márgenes de las ciudades como consecuencia, en parte, del proceso de tecnificación del sector agrario. Esto ha generado condiciones particularmente difíciles y onerosas a importantes sectores vulnerables de la sociedad, que viven privados de servicios elementales como gas, agua potable y cloacas, además de otros elementos que hacen a la urbanización de los territorios que habitan.

La ausencia de asunción de responsabilidades por parte de algunos gobiernos federales para emprender una acción coordinada, permanente y eficaz en materia de provisión de condiciones dignas de habitabilidad, se une a la ausencia de políticas claras para enfrentar la especulación inmobiliaria que cada vez aleja más a las poblaciones de menores recursos, en particular jóvenes, de la posibilidad de tener su propio techo.

Estos son los desafíos, tal vez más significativos, para un gobierno que hace de la inclusión social el fundamento de su pensamiento político.

* Director de Voces en el Fénix.