| Por Jorge Pilar |

Existen palabras que por el uso cotidiano e indiscriminado van, paulatinamente, perdiendo su significado e importancia. Inclusive, llegan a confundirse con otras, al punto de ser utilizadas indistintamente, o como sinónimos.

Este es el caso de los términos gestión y gerenciamiento, sobre todo cuando se refieren a recursos naturales y muy especialmente cuando se los aplica a los recursos hídricos.

La gestión de aguas es una actividad analítica y creativa, que tiene por meta la formulación de principios, directrices, normas y, también, la estructuración de sistemas gerenciales y de toma de decisiones sobre el uso, control y protección de los recursos hídricos.

O sea, la gestión abarca al gerenciamiento y no a la inversa. La gestión tiene una connotación más amplia y general, mientras que el gerenciamiento se restringe a una actividad administrativa de los órganos de gobierno.

La gestión de aguas está constituida (o por lo menos debería estarlo) por los siguientes elementos:
• Política de aguas: formada por un conjunto coherente de principios y doctrinas que reflejan los deseos y expectativas de la sociedad y de las esferas gubernamentales sobre el uso de las aguas.
• Plan director: que es un estudio prospectivo, que busca adecuar el uso y control de los recursos hídricos a las expectativas sociales y/o gubernamentales, expresadas formal o informalmente en la política de aguas.
• Gerenciamiento de las aguas: es el conjunto de acciones gubernamentales destinadas a regular y reglamentar el uso de las aguas.

Por su parte, el gerenciamiento, como acción de gobierno, debería estar constituido por:
• Un modelo de gerenciamiento, que establece la organización legal e institucional, y
• Un sistema de gerenciamiento, que reúne los instrumentos para la ejecución de los planes directores.

Estas definiciones no tienen como objetivo realizar tan sólo una disquisición semántica sobre el asunto; pueden ayudarnos a ponernos en sintonía con los grandes debates que se dan hoy en todo el mundo sobre el presente y futuro de los recursos hídricos y de los recursos naturales en general.

Una responsabilidad de todos

La elaboración y el debate de una política nacional sobre nuestros recursos hídricos son absolutamente necesarios. Pero ello no es una tarea fácil, pues no debería realizarse entre unas pocas personas. Muy por el contrario, es necesario un diálogo entre todos los sectores de la sociedad, involucrados directa o indirectamente con las consecuencias de esa política, para que ella tenga fuerza y legitimidad.

Ciertamente, la participación amplia e informada es un tema que se presenta como sumamente crítico en la elaboración de una política de recursos hídricos. Sin embargo, un proceso participativo masivo pero sin coordinación podría llegar a complicar mucho las deliberaciones y negociaciones, al punto de estancarlas.

Por ello es preciso imaginar formas nuevas y eficientes para la participación de todos los sectores con intereses reales y de aquellos con capacidad de dar soluciones y respuestas: los sectores de la producción primaria, los sectores de la industria, representantes del poder ejecutivo y del poder legislativo y, por supuesto, los técnicos, tanto los independientes como los vinculados a las universidades y los institutos de investigación.

El objetivo final será, entonces, tratar de alcanzar un equilibrio entre los múltiples objetivos (económicos, sociales, políticos) y entre los intereses de los grupos afectados.

El paradigma del desarrollo sustentable

Permanentemente se lee y escucha hablar de “desarrollo sustentable”. Es el nuevo paradigma en materia de gestión de recursos hídricos y de recursos naturales en general. Pero, ¿qué significa “desarrollo sustentable”? Una definición dada hace años atrás por la Comisión Mundial del Ambiente y del Desarrollo (WCED) dice que se trata de un “proceso de cambio, en el cual la explotación de los recursos, la orientación de las inversiones y del desarrollo tecnológico, y el cambio institucional están en armonía y mejoran el potencial existente y futuro para satisfacer las necesidades humanas”. Sin embargo, se puede notar que a esta definición le falta “operatividad”.

Otra definición, tal vez más entendible, dice que es el escenario que asocia la equidad social y la sustentabilidad ambiental al desarrollo económico… De nuevo se puede caer en la confusión: la utilización de los términos “sustentabilidad ambiental” y “equidad social” introducen, por lo menos, un problema conceptual y un problema teórico.

Conceptualmente, existen muchas interpretaciones de esos términos. La sustentabilidad ambiental es normalmente entendida como la capacidad de uso de estos recursos (los ambientales) por las generaciones futuras, en niveles por lo menos semejantes a los actuales. Otra vez, falta rigor a esta definición. En cuanto a la equidad social, es mucho más difícil aún de definir: algunos hablan de “equidad horizontal” o sea del “tratamiento igual para los iguales”; otros hablan de una “equidad vertical” o del “tratamiento desigual para los desiguales”… Pero ese es tema para los sociólogos.

En cuanto al problema teórico, la confusión no es menor, pues faltan “denominadores comunes”, es decir, indicadores que puedan ser expresados en unidades equivalentes. Por un lado la sustentabilidad ambiental se mide a través de indicadores, por ejemplo, físico-químicos y biológicos, mientras que para medir la equidad social se utilizan indicadores como tasa de mortalidad infantil, nivel de alfabetización, ingreso per cápita, etcétera.

Manos a la obra

La Argentina se caracterizó por permanentes cambios en materia de política ambiental y también de recursos hídricos. Tal vez por ello los sistemas de control nunca llegaron a consolidarse.

Además, según la legislación vigente, la mayoría de las cuestiones ambientales y las referidas a los recursos hídricos son responsabilidad de las provincias. Sin embargo, si no se instala en la conciencia del pueblo que la unidad natural de gestión de aguas es la cuenca hidrográfica, cualquier política al respecto será vulnerable, pues las aguas no reconocen límites jurisdiccionales artificiales, como lo son los límites políticos.

Sabiendo que “el que mucho abarca poco aprieta” y ante una multitud de problemas y desafíos, es importante no abrir muchos frentes de trabajo simultáneamente y actuar bajo determinados principios:
• Prevención: siempre será más fácil y barato prevenir que curar; además, cualquier esfuerzo que se realice para planificar y elaborar un plan de acción, antes de actuar a ciegas y/o en forma voluntariosa, siempre será menor que el necesario para remediar las consecuencias (siempre y cuando remediar sea posible).
• Realismo: los objetivos y cronogramas deberían ser posibles de cumplir.
• Simplicidad: los problemas y conflictos que pudieran surgir tendrían que ser fáciles de resolver, lo más rápido posible, sin necesidad de recurrir a instancias burocráticas o judiciales de niveles muy altos.
• Pragmatismo: los instrumentos de control a ser implementados deberían ser adecuados a las condiciones tecnológicas, institucionales y hasta culturales locales.

Debemos abandonar la práctica (¿costumbre?) de delegar en nuestros gobernantes toda la responsabilidad de la elaboración de una política sobre nuestros recursos hídricos y estar dispuestos a participar, de forma comprometida e informada, pues estamos obligados moralmente a ello.

¿Abundante o suficiente?

Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que la disponibilidad de agua suficiente es una ventaja. Pero la suficiencia va mucho más allá de una cuestión de cantidad, pues también hay que disponerla con determinados patrones de calidad, en el momento oportuno, en el lugar donde se la necesita y a un costo accesible.

Una práctica que está creciendo a escala mundial es la aplicación de instrumentos económicos para la gestión de los recursos hídricos, que premian el uso austero y castigan el despilfarro y la contaminación. Pero no debemos olvidar que a los recursos hídricos (y a todos los recursos naturales) los heredamos de las generaciones anteriores y debería ser nuestro compromiso dejar algo (¡¿bastante?!) para las generaciones futuras.

Sin embargo, tal vez sea un poco perverso que el único estímulo para adoptar una actitud ética sobre un recurso que, al final de cuentas, no nos pertenece, sea un premio (o un castigo) monetario. Por ello, un puntal importantísimo para la elaboración de una política de aguas es la educación y las campañas de concientización.

Entonces, es necesaria una gestión integral, integrada, racional y sustentable de nuestros recursos hídricos. Esta es una tarea necesariamente interdisciplinaria y, tal vez, transdisciplinaria.

Un viejo adagio dice “donde hay agua hay vida”. Tal vez podríamos completarlo diciendo que donde hay agua y se planifica bien su uso, en el marco de una política general, es posible la vida digna de los seres humanos y de todos los seres vivos.

Si meditamos un poco sobre el asunto, llegaremos a la conclusión de que, ya que somos 75% agua, es imprescindible ser 100% responsables.

Sinceramente, espero que así sea.