| Por Abraham Leonardo Gak |

La problemática del agua y su vinculación al desarrollo con inclusión y cuidado del medio ambiente es una temática de reciente incorporación al imaginario colectivo en nuestra región. Los países centrales incluyeron mucho antes el tema como uno de los ejes de su política exterior afincando sus intereses en los países emergentes, poseedores de las principales reservas a nivel mundial del escaso y vital líquido.

América del Sur posee uno de los reservorios de agua dulce más grandes del planeta, hecho que si bien puede pensarse como una clara ventaja, entraña al mismo tiempo los riesgos de la voracidad externa.

La Argentina comparte sus recursos hídricos (ríos, lagos, hielos, aguas subterráneas) con los países vecinos, característica que también poseen otras naciones de este subcontinente. En consecuencia, es evidente que la Unasur debe ser el espacio de negociación, donde se coordinen las estrategias para un uso compartido y sustentable de este bien indispensable para la vida. Las asimetrías de los Estados miembros no deben ser un impedimento para que se alcancen acuerdos orientados a beneficiar de igual manera a los habitantes de toda la región. Asimismo, es necesario que se sostengan dichos compromisos en el mediano y largo plazo con el objetivo de preservar reservas suficientes para las generaciones futuras.

La calidad de vida de una población está directamente relacionada con el libre acceso a un agua limpia y saludable, no sólo por ser un elemento de uso habitual para diversas tareas cotidianas, sino sobre todo porque es un elemento directamente vinculado a la alimentación y a la salud. La falta de este recurso en cantidad y calidad provoca la aparición o permanencia de enfermedades evitables que afectan a millones de personas en el mundo entero, en particular a niños y madres.

En sociedades que cada día se complejizan más, la utilización de este bien común presenta disyuntivas difíciles de resolver. Por dar un ejemplo, la producción de energía hidroeléctrica, tan necesaria en sociedades con niveles cada vez más elevados de consumo, entra permanentemente en conflicto o contradicción con el desarrollo de un medio ambiente sustentable. Así, es responsabilidad de los Estados encontrar los caminos que resuelvan estas contradicciones y garanticen la provisión (presente y futura) para toda la humanidad.

En línea con lo dicho hasta el momento, uno de los temas más sensibles es entonces ¿cómo garantizar el acceso universal al agua y a las cloacas, y el tratamiento de aguas residuales? La provisión de estos servicios esenciales, como toda provisión de bienes públicos, hace directamente a la calidad de vida a la que todos/as tenemos derecho, por lo tanto, el mayor esfuerzo tiene que estar dirigido en particular a garantizar el acceso a estos servicios a los sectores que tienen las condiciones más precarias y las limitaciones más grandes para recibirlos.

En los artículos que forman parte del presente volumen encontraremos una serie de respuestas a estas cuestiones.

Para finalizar, podemos decir que en el ámbito interno la circunstancia de que los Estados provinciales tengan la facultad constitucional de aprovechar sus propios recursos naturales no debe impedir la coordinación de políticas que garanticen estrategias comunes de provisión y preservación en todo el territorio nacional, sin distinción de regiones, densidad poblacional, actividad económica y clases sociales, tanto en el presente como para futuras generaciones.

Todo lo expuesto con anterioridad, si bien parecieran ser verdades de Perogrullo, no es comprendido en su total magnitud no sólo por la academia y muchos sectores estratégicos de la sociedad, sino tampoco por el común de la población. De ahí la importancia de la educación como una herramienta de formación y consolidación que permita generalizar e internalizar la idea del derecho al agua como un sinónimo del derecho a la vida.