| Por Alejandro Grimson |

La cultura es una condición, un medio y un fin del desarrollo. Generalmente, los dirigentes políticos saben que tienen restricciones económicas y políticas para su acción: límites presupuestarios y relaciones de fuerza. Sin embargo, ignoran hasta qué punto la imaginación de la sociedad y su propia imaginación acerca de qué es deseable y qué es posible constituyen un límite cultural para la acción pública. Para amplios actores sociales la cultura ha sido concebida fundamentalmente como una dimensión decorativa del resto de las políticas o del resto de las acciones que son realmente importantes. Pero la realidad social no puede transformarse sin modificar los lenguajes sociales, así como los modos de concebir el pasado y el futuro. La desigualdad no puede reducirse sin modificar concepciones y clasificaciones acerca del “nosotros” y de “los otros”.

¿Por qué la cultura es una condición del desarrollo? Entre las principales variables que inciden en el funcionamiento de la economía y la política se encuentran las dimensiones culturales. Generalmente fue aceptado que el nivel de alfabetización y la calidad de los “recursos humanos” que tiene un país son variables económicas evidentes para su potencial. Los valores, los sentimientos, los significados que puede tener el trabajo, lo público, la democracia, la participación cívica, las comunidades, la moneda, la Justicia son cuestiones constitutivas de una sociedad que sólo puede emprender de manera sólida el camino del desarrollo sobre la base de lo que ella misma es o puede imaginar ser en una coyuntura específica.

Norbert Lechner, desde el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Chile, planteó hace varios años que no había posibilidades de construir una noción de desarrollo en Chile sin definir “quiénes somos”. ¿Qué miedos tenemos? ¿Qué deseos tenemos? ¿Con quiénes convivimos? ¿Cuán heterogénea y desigual es nuestra sociedad? Sin definir esto, no podemos pensar realmente un proyecto de país. Las políticas culturales, en un sentido amplio, son todas aquellas que pretenden incidir explícitamente en la configuración de procesos de significación.

¿Por qué la cultura es un medio de desarrollo? Paulatinamente contamos con más datos acerca de cómo la cultura es un instrumento válido para el desarrollo social y para el desarrollo integral de las ciudades y países. Los datos indican cómo va incrementándose el porcentaje del PBI que ocupa la cultura a nivel nacional. Ya es indiscutible la relevancia de la cultura en la generación de empleo en todos los países de la región y en las principales ciudades. En ese sentido la cultura puede ser una herramienta fabulosa, y de hecho lo es en muchos espacios, para luchar contra los efectos de la exclusión y la desigualdad.

Ciertamente hay un riesgo aquí que vale la pena anotar. No deben culturalizarse los procesos de desarrollo en el sentido de creer que todas las soluciones podrían pasar por la cultura. Es obvio que la producción cultural no va a sustituir a la producción de energía o automóviles. No se trata de contraponer las políticas universales que garantizan los derechos con políticas que reconocen identidades culturales. De lo que se trata es de asumir que es un medio crucial para el desarrollo en articulación con otros medios.

¿Por qué la cultura es un fin del desarrollo? El célebre antropólogo Marshall Sahlins planteaba que era necesario preguntarse si se concibe a la cultura como “un aspecto o un instrumento del desarrollo entendido como progreso material”, o bien como “el objetivo y la finalidad del desarrollo, entendido en el sentido de realización de la vida humana bajo sus múltiples formas y en su totalidad”. En ese sentido, cabe enfatizar que un uso exclusivamente instrumental de la cultura como un medio para un desarrollo concebido básicamente como económico, puede generar vastas transformaciones de imaginarios y valores sociales desnaturalizando la finalidad misma del proceso. Si el desarrollo económico alude generalmente al crecimiento del producto y el desarrollo social a la distribución de los beneficios del crecimiento, el desarrollo cultural se refiere específicamente al proceso que incrementa la autonomía y libertad de los seres humanos, proceso que requiere a la vez bases materiales y simbólicas.

Las políticas neoliberales consideraron a las políticas culturales como gastos y redujeron la producción cultural a mero instrumento de desarrollo. En el extremo los bienes culturales, materiales e intangibles, podrían convertirse en mercancías a ser comercializadas para promover un incremento de los recursos. En situación de extrema escasez y miseria esto es más que una tentación: se trata de un proceso que ya se encuentra en plena expansión en diferentes países. Si no se recupera la noción de que generar un incremento de la autonomía es un fin en sí mismo, esa instrumentalización puede tener graves consecuencias. Evidentemente, tampoco se debe caer en la posición opuesta, que de manera ingenua reste relevancia al crecimiento económico y su distribución. La pobreza implica reducción de oportunidades hasta grados extremos. El desafío consiste en articular políticas culturales autónomas en diferentes campos que puedan dinamizar un desarrollo económico equitativamente distribuido.

Generar autonomía ¿en qué sentido? En el mundo de la cultura las concentraciones de poder reducen diferentes autonomías. Autonomías de los países, de las ciudades, de las regiones, respecto de fuerzas y actores transnacionales. Autonomías de grupos, de sectores sociales que muchas veces se reducen cuando tienden a concentrarse los poderes de los medios de significación. El Estado debe procurar incrementar la autonomía nacional, regional, urbana, en el contexto global; incrementar la autonomía de cada uno de los grupos y ciudadanos que participan de la producción cultural; incrementar la autonomía de los ciudadanos frente a las opciones culturales.

Hay una tensión entre la noción antropológica de cultura y la noción cultural de Estado. ¿Por qué? Porque en realidad cuando una agencia gubernamental construye viviendas está interviniendo sobre los significados que tiene el territorio para los habitantes de esas nuevas viviendas. Interviene en cómo se va a configurar el espacio, la vida cotidiana y el diálogo público en ese nuevo barrio o comunidad que se va a crear. No existen políticas públicas que no tengan un impacto en los procesos de significación. Esto es obvio en las políticas educativas o comunicacionales. Pero las políticas de salud, de trabajo, de infraestructura intervienen por default en la cultura. Por default porque generalmente quienes implementan esas políticas no consideran de modo sistemático la dimensión constitutiva de lo cultural ni tienen previsiones acerca de los impactos que van a tener sobre la ciudadanía, sobre lo público, sobre los sentidos de lo nacional, de la igualdad o de la justicia.

Una definición de este tipo pretende oponerse a otras dos, bastante frecuentes. La concepción neoliberal considera que el Estado no debe intervenir en el mundo de la comunicación y la cultura, ya que eso sería coartar libertades. La otra, que podemos llamar iluminista clásica, postulaba que había que educar al soberano y, en ese sentido, partía de la noción de difundir y facilitar el acceso de todos a la “cultura”, entendiendo a esta en un sentido humanista. En una noción el Estado desaparecería; en la otra opción el Estado es quien sabe cuál es la “cultura” que debe difundirse.

¿Cuál es el rol del Estado? ¿El Estado debe repartir pescado, enseñarnos a pescar o promover la pesca? Estas serían las tres grandes opciones que se han planteado en las políticas públicas: es decir, un Estado asistencialista que distribuye bienes relativamente escasos para salir de coyunturas críticas pero que construye lazos escasamente cuidadosos en ese vínculo societal; un Estado pedagógico que enseña a pescar porque es el Estado Civilizatorio, viene a abordar una sociedad cuasi bárbara o escasamente educada, o un Estado promotor de aquello que está vivo en la sociedad civil. Si la finalidad es construir empoderamiento y autonomía de la sociedad, la clave se encuentra en el estado que promueve a una sociedad que crea, inventa, gestiona. Pero eso debe complementarse con un estado que enseña y promueve el acceso igualitario a los conocimientos. Y con un estado que regule las formas de concentración del poder, de la producción y difusión, que limiten una mayor igualdad.

Mayor justicia como mayor igualdad implica detectar desigualdades de capacidades, de acceso a tecnologías, de usos de saberes diversos. En ese sentido, tomando el Estado como prioridad la promoción de la actividad cultural que la propia sociedad genera, también el Estado puede proponerse enseñar a pescar con nuevas técnicas. Y repartir, más que pescado, cañas de pescar. E impedir que las grandes empresas se lleven toda la pesca.

Ahora, también implica un diagnóstico complejo acerca de los orígenes de nuestras desigualdades. Porque, retornando al inicio de este texto, quien crea que con instrumentos económicos va a resolver las inequidades se encuentra completamente equivocado. La Argentina es un país con una gran heterogeneidad cultural que no ha reconocido históricamente esa diversidad. Un país con gigantescas injusticias culturales. Hay diferencias relevantes en términos territoriales, étnicos, de género y de clase social. El racismo social, que muchos consideran secundario en el país, está en el origen de formas contemporáneas de la desigualdad profundamente enraizadas. Tan naturalizadas que para muchos son irrelevantes, porque no pueden visualizarlas. Las vidas de aquellos que pusieron las “patas en la fuente” hasta el día de hoy no tienen idéntico valor para los medios de comunicación, para sectores del Estado y para sectores sociales, que la vida de aquellos que los discriminan.

Que todos tengan acceso a los derechos y que haya una mejor distribución de la riqueza está vinculado a la justicia social. La justicia cultural implica, nada más ni nada menos, que una revolución de las clasificaciones sociales y culturales por las cuales persisten nociones de ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Pero esa transformación no es un acontecimiento, sino un proceso complejo. Potenciar las políticas educativas, comunicacionales y culturales que apunten en esa dirección es un desafío para un desarrollo cultural sólido, democrático, justo e igualitario.

El despliegue de todas las formas de producción cultural de una sociedad heterogénea distribuye el poder de un modo más equitativo. Esa creciente autonomía y libertad de todos los grupos, movimientos y ciudadanos puede posicionar a la Argentina en un nuevo lugar en relación con América latina y el mundo. La Argentina se construye hoy con un horizonte regional inédito en su historia que debe tener al intercambio y a la articulación cultural como una avanzada. En ese sentido, la cultura no será decoración de otros objetivos, sino que estará en el epicentro de procesos de redistribución, de reindustrialización, de creación de empleo y de mecanismos de generación de mayor igualdad.

Por eso, es necesario recuperar estudios y sugerencias concretas referidas a las culturas populares, a las formas de discriminación, a las desigualdades que persisten, a la políticas de empoderamiento de la sociedad civil, a los múltiples instrumentos para promover el desarrollo creciente de las industrias culturales, atendiendo a las tensiones entre concentraciones y democracia, con atención especial al mundo audiovisual, a la promoción del cine, del libro, de las músicas, de las artes, de los museos, todos temas muchas veces atravesados por nuevas preguntas y enfoques, como en el caso del patrimonio. Nuevos enfoques también desigualmente distribuidos en el territorio nacional y en la región.

No podrá haber una sociedad más democrática e igualitaria sin asumir los desafíos de la justicia cultural. A diferencia de nociones como “igualdad cultural”, que puede despertar a los monstruos de la homogeneización nacional y el asimilacionismo, la idea de justicia cultural apunta a revertir desigualdades históricas sin que exista un horizonte uniformante. Es claro que la valencia es doble: nuestras historias y horizontes democráticos reclaman, claro está, la construcción social de una cultura de la justicia, de la igualdad de derechos, de la igualdad entre todos los seres humanos. Ese objetivo tiene como condición, como medio y como fin el desafío de la justicia cultural.