| Por Ernesto F. Villanueva |

Inclusión educativa

“La enseñanza superior cumple entre nosotros la función de resolver el problema económico de los hijos de las minorías y parte de las clases medias y extraer, accidentalmente, algunos elementos calificados del seno del pueblo para incorporarlos. Carece de finalidades sociales más amplias y lógicamente carece de finalidad nacional”.
Arturo Jauretche

A diferencia de aquella universidad que diagnosticaba Jauretche, en la actualidad uno de los rasgos distintivos de nuestras universidades es la inclusión educativa. Desde una perspectiva superficial esto salta a la vista cuando vemos que decenas de miles de jóvenes han colmado todas nuestras instituciones, y en su mayoría siendo primera generación de estudiantes universitarios. En el caso de la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ), para el 2014 cuenta con un total de más de 6.900 ingresantes, los cuales se suman a los casi 9.000 estudiantes activos acumulados de los años 2011, 2012 y 2013. En tan pocos años de creación esta fuerte demanda no es más que la ratificación de la necesidad que existía de una oferta de este tipo.

Esta demanda de educación superior, en los distintos municipios de la zona sur y oeste de la provincia de Buenos Aires no existió desde siempre, ni fue una constante, sino que es producto de un hecho histórico concreto: el crecimiento económico, la posibilidad del acceso al trabajo y un incremento de los horizontes de expectativa de nuestro pueblo. Esto fue consecuencia de las políticas económicas y sociales que vivió durante los últimos diez años nuestro país. Es decir, la creación de universidades radica en la necesidad de formación de cuadros técnicos y profesionales para el desarrollo económico-social de nuestro país. Y el resultado positivo muestra la sustentabilidad real de esta necesidad, dado que la creación de una universidad no crea su propia demanda, para ello basta citar el momento de la creación de la UBA en 1821, la cual se vio obligada a cerrar cursos por los escasos estudiantes inscriptos.

De forma complementaria a aquellos factores de orden general existen causas particulares que fortalecen el objetivo de la inclusión educativa, pero también sus desafíos: la ubicación geográfica de las nuevas universidades. Como decíamos, se ha privilegiado su ubicación en municipios con estados de desarrollo económico y de consolidación urbana aún incipientes, en los cuales los estudiantes atravesaban las dificultades de acceso a la educación superior en su vinculación con la imposibilidad de superar la barrera económica que significaba el desplazamiento a los centros tradicionales universitarios y, aun resuelto esto, la necesidad de armonizar los estudios con los tiempos del trabajo.

Esta población que hoy accede a la universidad, tanto por la creciente cantidad así como por razones en torno a su trayectoria escolar y de vida, implica para la universidad con aspiraciones de inclusión, nuevos desafíos. Porque nos encontramos con una extrema fragilidad de la mayoría de los estudiantes para abordar sus estudios superiores, dado que un alto porcentaje de ellos son primera generación de estudiantes universitarios de su familia.

Otro tema es el promedio de edad alto, lo cual permite suponer un grupo heterogéneo, siendo que conviven recién graduados de la escuela media con muchos que han dejado hace tiempo la dinámica de estudio o donde las responsabilidades familiares acotan el tiempo disponible. Al mismo tiempo, nos encontramos con una alta inserción laboral de los estudiantes que exige un esfuerzo particular a las instituciones en el diseño de la oferta horaria para facilitar la permanencia y continuidad de los estudios. Por estas razones, la universidad aparece en muchos casos como el único actor capaz de ofrecer el soporte y la formación en hábitos de la vida universitaria y también con la responsabilidad de revertir las deficiencias en la formación que se puedan arrastrar de la educación media. Es decir, nos hacemos responsables de terminar con el legado que dejó la destrucción de la educación que resultaron los años del neoliberalismo.

Frente a esta realidad las instituciones se plantean una serie de estrategias de acompañamiento que apoyen a los estudiantes para transcurrir el primer año de vida universitaria: orientación educativa a través de tutorías individuales o grupales y clases de apoyo, becas, textos de cátedra, orientación administrativa permanente, seguimiento de alumnos con ausencias prolongadas, apoyo para el uso de herramientas informáticas de gestión académica y de búsqueda y análisis de información, asistencia para la adquisición de metodologías de estudio, etc. Integradamente, los instrumentos puestos en juego delinean una co-integración académica y social en la institución. Desde esta perspectiva, si las características de la institución atienden profundamente los perfiles de los estudiantes, se afianza el compromiso por parte de estos en la prosecución y culminación de los estudios.

Se trata de un cambio de la cultura institucional de las universidades que abandonan el paradigma excluyente y desinteresado, para tomar como banderas la inclusión y el compromiso, sin relegar la calidad académica como norte. Ahora bien, entendemos que a largo plazo la apuesta debe ser la de generar políticas de vinculación entre la escuela media y la educación superior para que el paso de una instancia a otra no signifique abismos insalvables. Lo cual significa que la universidad asuma su rol dentro del sistema de educación del Estado y abandone el aislamiento y el fraccionamiento del cual durante mucho tiempo hizo gala, en pos de seguir manteniendo su mitología de instancia inaccesible como fundamento de la excelencia. El fundamento de este cambio no reside solamente en la letra muerta de la legislación o los estatutos, sino que su principal sostén son las prácticas de los docentes, de los trabajadores no docentes y de las autoridades que deben dar cumplimiento real a los objetivos planteados.

En este punto de las prácticas hablamos de una nueva cultura institucional de las universidades vinculadas al hincapié en el real proceso de enseñanza-aprendizaje, abandonado una idea elitista de universidad como lugar exclusivo de la investigación. Al mismo tiempo, lo entendemos como prácticas de docencia y de gestión comprometidas con mejorar los niveles de retención y egreso, que desde el establishment académico fueron y son denostadas con el mote de facilismo y baja calidad.

Políticas de vinculación y desarrollo

“El país necesita una Universidad profundamente politizada; que el estudiante sea parte activa de la sociedad y que incorpore a la técnica universalista la preocupación por las necesidades de la comunidad, el afán por resolverlas, y que, por consecuencia, no vea en la técnica el fin, sino el medio para la realización nacional”.
Arturo Jauretche

Las nuevas universidades pusieron también en el centro del debate cuál es el rol de la universidad en la sociedad. En otras palabras, cuáles son los fines de las universidades financiadas por el Estado, para qué objetivos deben trabajar y cómo. De esto ha nacido uno de los cambios más profundos en nuestro sistema de educación superior. Retomando las críticas a las universidades tradicionales que encontramos a lo largo de nuestra historia por parte de los movimientos nacionales, nació como apuesta acabar con el legado de continuidad de la universidad colonial hasta nuestros días. Analizando el proceso histórico damos cuenta de que las universidades fueron fundadas en América latina durante la dominación española, como imitación de las europeas y con la finalidad de formar graduados funcionales a la ejecución de las políticas de la administración colonial. Luego de las revoluciones de independencia, las universidades en manos de la elite siguieron reproduciendo un patrón cultural de admiración por lo extranjero, razón por la cual lejos de estar vinculadas al desarrollo nacional, siguieron reproduciendo profesionales, científicos y escasamente técnicos que reprodujeron en las diferentes esferas de la sociedad la justificación de los patrones de dependencia económica, política y cultural. La primera mitad del siglo XX encontró a los universitarios en abierta oposición a los procesos de democratización, mientras que la posterior democratización en el acceso a la educación superior no bastó para transformar cualitativamente el proyecto de las universidades, que siguió perpetuando un modelo de aislamiento y de negación de la responsabilidad social, asumiendo como excusa la ardua tarea de desarrollar el conocimiento “universal”, o mayormente siendo una expendedora de títulos para el ejercicio profesional en disciplinas vinculadas a los servicios, que tan bien sientan a un país dependiente, dado que entregan a nuestra elite la imagen de un país civilizado.

En función de transformar aquel legado nacen los objetivos de las nuevas universidades del conurbano. No partimos de una idea de conocimiento universal al cual debemos llegar, sino que partimos de las necesidades que existen en nuestra sociedad como objetivo para desarrollar un conocimiento en función de contribuir a la solución de aquellos. De aquí nace que nuestra misión es contribuir al mejoramiento de la calidad de vida, a desandar las trabas que impiden el desarrollo económico regional, a aportar al conocimiento de la cultura local y nacional. Es decir, tomamos como nuestra la agenda que el gobierno nacional puso como políticas del Estado.

El perfil socioeconómico de los estudiantes y las formas particulares que asume la movilidad social también son entendidos en relación con la investigación. En otras palabras, la forma en que está estructurada la investigación es significativa en términos de pertinencia local y de paridad entre capital intelectual y capital económico. Desde esta perspectiva, la I&D relacionada con el entorno es observada en términos de futuros espacios de desempeño laboral de los graduados, esto es, de espacios laborales atentos al nuevo capital intelectual alcanzado.

El cambio de punto de partida del conocimiento nos ha llevado a planificar una oferta académica distintiva, organizada en tres áreas que consideramos vitales para el desarrollo local y nacional. A la vez que es lo suficientemente diversa para resultar atractiva al conjunto de los intereses de la población. La secuencia desarrollo local – I&D – formación para ese desarrollo es clave. Por un lado, contamos con las carreras nucleadas en el área de Salud que apuntan a cubrir la fuerte vacancia existente de profesionales en dichas especialidades, tomando en cuenta la diversidad de áreas necesarias para el sistema de salud. Por otro, las carreras en el marco del Instituto de Ciencias Sociales y Administración. Por último, el área de Ingeniería y Agronomía que se trata de un campo académico estratégico para desarrollar, dadas las demandas concretas de la producción, en pos de ir consolidando nuestra independencia tecnológica. Una muestra de esta concepción es la creación de la carrera de Ingeniería en Petróleo puesto que dicha carrera surgió de la articulación de la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) con YPF, manifestando nuestra apuesta por romper el dificultoso vínculo que históricamente ha existido entre el sistema universitario nacional y los sectores productivos.

Nuestro planteo de una nueva configuración de la relación entre universidad y sociedad nace por una profunda convicción política de que las universidades nacionales deben contribuir al desarrollo de los pilares estratégicos que garantizarán una Argentina con independencia económica y soberanía política. Pero también se funda en un principio de efectividad, ya que tenemos total seguridad en que si la Argentina no sigue expandiendo su aparato productivo y de servicios, el día de mañana nuestros egresados no tendrán los espacios adecuados para volcar todo su aprendizaje. Esto significaría que no sólo no mejoraríamos la calidad de vida de nuestros estudiantes, sino que la inversión social realizada por el Estado en materia de educación carecería de eficacia. En este punto podemos entonces definir que nuestra misión institucional no se acaba en la propia universidad, sino que para ser exitosa dependerá del impacto que nuestra existencia tenga en la región de acuerdo a los objetivos de desarrollo que nos planteamos.

En sintonía con estos cambios en un nivel macro, apostamos también a un cambio en la cultura profesional. Vemos la necesidad de abandonar la perspectiva individualista que radica en la formación universitaria. En principio planteamos esto porque el sistema de educación superior argentino fundado en el decreto de desarancelamiento del 22 de noviembre año 1949, tiene un fundamento colectivo. Creemos necesario insistir en la idea de que la universidad no es gratis, sino que la misma es financiada por el Estado nacional, esto es, por todos los argentinos, tanto los que acceden a la educación como los que no. De ahí que este principio colectivo abona en la necesidad de desarrollar en nuestros estudiantes un fuerte compromiso social. El cual no debe fundarse en la caridad, sino en que el ejercicio de la futura profesión debe tener siempre un componente de aporte al desarrollo nacional. Se trata de un profundo desafío que intentamos abordar desde las políticas de vinculación con la sociedad.

Al mismo tiempo los abordamos desde la formación integral tanto académica como de vinculación territorial, ya que no queremos futuros profesionales que no sepan en qué municipio y en qué país están parados. Porque no nos interesan estudiantes que den respuestas simplistas, fundadas en prejuicios hegemónicos, a los problemas de nuestro país. Es claro que, ante contextos de sobreproducción de riesgos diversos, son frágiles las formas de trabajo individual y se vuelven decisivos la dinámica y los efectos colectivos.

En este punto reside nuestra apuesta por combatir a la colonización pedagógica, aquel mal que Arturo Jauretche había identificado en nuestros profesionales e intelectuales y que tenía como principal foco de difusión las universidades.

Reflexiones finales

Si la dependencia científico-técnica de nuestros países frente a los desarrollados es la parte fundante de la dependencia económica y cultural, asumimos el papel del conocimiento como profundamente político, como forma de poner un freno a la injerencia de los intereses económicos extranjeros que han sido la causa de la perpetuación de la dependencia, que ha tenido como consecuencia la desigualdad y la injusticia en nuestro suelo.

Por todas estas razones, asumimos como universidad un rol mucho más amplio y comprometido. Será entonces que surge para nosotros otro concepto de calidad académica, porque no queremos universidades que se autoasignen un elevado estándar de calidad y que no promuevan la inclusión social. En el mismo sentido, no queremos universidades de “calidad” que no contribuyan a la construcción de una sociedad democrática.