| Por Adriana Puiggrós |

La universidad es una institución que logró conservarse casi intacta durante un milenio. Nacida en el seno de la Iglesia, heredó el apego a la ritualidad, tanto en su vertiente napoleónica como en la humboltiana, como uno de los dispositivos principales de su organización más íntima y de su persistencia. Desde los inicios, la conflictividad forma parte del ADN universitario y las tendencias al corporativismo, aunque pasadas por el rasero de la historia, siguen siendo una amalgama privilegiada en su conformación. En cuanto a la ubicación de la universidad en el marco de la sociedad y el Estado, nunca abandonó la matriz que estuvo en su origen. La idea de extraterritorialidad del ámbito universitario persistió desde el siglo XII, cuando los estudiantes y los docentes marcaban su territorio frente a los embates reales y papales, escondida tras la bandera de la autonomía cuando este concepto se levantó para resguardar la libertad de investigación, pensamiento y creación, y en las últimas décadas cuando, en el uso de esa autonomía, las finalidades de la universidad se llegan a confundir con las del mercado.

La historia de la universidad muestra etapas de brillo y de decadencia que están en relación con el exterior social y político del cual la institución siempre ha necesitado protegerse, lo cual abre dos reflexiones. Por un lado lleva a recordar la afirmación de Werner Jaeger: la condición de posibilidad de la paideia, es decir de la formación del hombre griego, radicó en que en Grecia se pudo establecer “un ideal de cultura como principio formativo”, pues había conciencia de la unidad cultural. Por otra parte, induce a reflexionar acerca de las consecuencias de la relación conflictiva entre la universidad y el Estado y sobre el cumplimiento de los objetivos sociales, científicos y culturales de la educación superior.

En muchas universidades latinoamericanas predominan la ausencia de un ideal formativo compartido y el desinterés por aportar a la unidad cultural, sobre los esfuerzos político-culturales por orientarlas hacia el compromiso con las naciones y la región latinoamericana. La dispersión ideológica y la confusión en los objetivos institucionales son la causa principal de las dificultades que afronta la educación superior, y no una cuestión de orden tecnocrático. Precisamente la lógica tecnocrática proveniente de un mercado salvaje afecta a la universidad y desplazó o subordinó demasiadas concepciones académicas, artísticas y científicas.

Sin embargo, me resulta difícil aceptar que las universidades hayan alcanzado un estado de descomposición terminal. Es posible que, para evitar la muerte de la universidad, sea necesario reconocer que quizás en el propio territorio de la educación superior hay reflexiones, experiencias e ideas que son gérmenes para su rescate y transformación. En la Argentina el catálogo es complejo: universidades públicas y privadas; nacionales y provinciales; sedes centrales de unas y otras organizadas en su gran mayoría respetando la antigua organización facultativa; subsedes; universidades recientemente creadas que alcanzan a los sectores más vulnerables; institutos universitarios; colegios universitarios remanentes. Y, finalmente, los institutos de educación superior (llamados “terciarios”) siempre descalificados por las universidades.

Es imposible resumir en este artículo la variedad de modalidades académicas, de vinculación con sectores sociales, de experiencias en docencia, investigación y extensión que se han desplegado en cada tipo de institución de educación superior. Esta última está atravesada por un cúmulo de lógicas y prácticas provenientes de distintos ámbitos y dejó muy atrás a sus antepasadas universidades de Salamanca, París o Bolonia, sin haber realizado el proceso intelectual y político indispensable para transformar su matriz. Alcanzar esa transformación no sería una rareza histórica: el ágora griega fue un espacio pedagógico privilegiado pero no eterno. El punto en discusión se centra en la identidad de las nuevas finalidades, objetivos y reglas.

Tres posturas se enuncian hoy en la Argentina respecto de las universidades públicas. La primera es conservadora, meritocrática y vana, melancólica de la Ley Avellaneda. La segunda, que no es ajena a la meritocracia, consiste en resistir cualquier imposición que limite o controle el accionar de cada institución en particular, de modo de no perjudicar los intereses corporativos, para lo cual es útil realizar sólo algunos ajustes a los criterios de la neoliberal ley 24.521. La tercera está reflejada en el proyecto de nueva ley de Educación Superior presentado por el Frente para la Victoria, que tiene estado parlamentario desde hace seis años, y en el proyecto “Implementación efectiva de la responsabilidad del Estado en el nivel de la educación superior.

Modificación de la ley 24.521”, que cuenta con media sanción de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación (HCDN). Desde esta postura se propone crear un Consejo de Educación Superior destinado a integrar las distintas instituciones en un sistema, planificar respetando la autonomía (levantada por el Movimiento Reformista de 1918) y la gratuidad (establecida por el peronismo), asumir que las universidades públicas son organismos autónomos y autárquicos que forman parte del Estado nacional; establecer un sistema de rendición de cuentas efectivo para las universidades; asegurar que los objetivos pedagógicos y científicos serán dominantes sobre los que provienen del mercado, de las corporaciones profesionales y de sectores políticos ávidos de ocupar los espacios de la burocracia universitaria; realizar una profunda reforma pedagógica en el nivel, que impacte en la cultura del país y de la región.

Es posible pensar y extender proyectos que aporten al nacimiento de una nueva paideia, pero para hacerlo posible se debe rectificar la elíptica trayectoria de la educación superior del último medio siglo, centrando su órbita en un acuerdo que contemple la ecología, la ansiedad humana por el saber, el derecho universal a la educación, el aporte fértil de la pluralidad de ideas, los beneficios de cambiar las formas académicas y modificar las instituciones y el indelegable compromiso con la transformación democrático popular del país y de la región.