| Por Abraham Leonardo Gak |

Un país que pretende brindar a sus habitantes una vida digna debe ofrecerles acceso a una educación superior de calidad y acorde con los requerimientos de la vida moderna. Ya no alcanza con formar los profesionales requeridos por el sector productivo. Es indispensable también el desarrollo de programas en materia de investigación y tecnología, herramientas indispensables para avanzar en la reducción drástica de la pobreza y la marginación.

Ante la complejidad de estos objetivos, son las universidades, en particular las públicas, las que tienen una responsabilidad indiscutible.

A sus autoridades les corresponde dar lugar a las innovaciones que se les acercan, actuar con audacia y serenidad, buscar los mejores talentos para la incorporación a sus claustros y extender sus ofertas curriculares a las más amplias capas sociales.

Pero no termina ahí la cadena de responsabilidades. Una universidad que apunte al desarrollo de la sociedad necesita que sus docentes cumplan con las obligaciones asumidas y mantengan una búsqueda constante de la superación de sus conocimientos. Que los trabajadores no docentes comprendan la importancia de una labor dirigida a mejorar las condiciones de vida propias y ajenas. Y que los alumnos presten todo su esfuerzo y dedicación para asumir su formación como un paso indispensable para hacerse cargo en un futuro próximo de las responsabilidades públicas o privadas que la comunidad toda les confiera.

En cuanto a la investigación es necesario hacer un gran esfuerzo para desprendernos de las influencias, propuestas y direccionamiento que los países centrales suelen aplicar a los sectores científicos de los países emergentes. Esta es una matriz que reconoce su origen en tiempos de la colonia y que se mantiene aún hasta nuestros días, con diferentes máscaras pero siempre vigente. Expresión de esto último es el formato de universidad empresa, que empezó a instalarse en nuestro país con la última dictadura, llegando a su máxima esplendor con la Ley de Educación Superior del menemismo.

Frente a este modelo, también es necesario avanzar en lo que a posgrados se refiere, garantizando la financiación estatal para aquellos que estén directamente vinculados a la formación en áreas establecidas como prioritarias por el país. En cuanto a aquellos que fueron creados para perfeccionamiento profesional, la discusión sobre su financiación debería debatirse en el conjunto de la comunidad académica.

Por todo esto, es prioritario incorporar a todas las universidades públicas a un gran programa de investigación a nivel nacional que, sin ignorar los avances externos, desarrolle programas endógenos donde la independencia de objetivos se imbrique con las necesidades de desarrollo e inclusión de nuestra sociedad. Parte fundamental para el logro de estos objetivos es la proliferación en los últimos años de universidades nacionales en todo el conurbano bonaerense, donde la esencia de estas nuevas casas de estudios es la vinculación con el territorio, la formación de una primera generación de estudiantes universitarios en la mayoría de los casos, y la vinculación de la oferta académica con las necesidades de la comunidad circundante. Experiencia que sería muy interesante de seguir en otras regiones del país.

En este marco, la investigación básica no debe ser tomada como un capricho frívolo de investigadores, sino como una búsqueda incansable de nuevos conocimientos. De lo contrario, siempre vamos a transitar los caminos que los centros del conocimiento nos indiquen. Grave error será pensar que al país le es imprescindible y necesaria solamente la investigación aplicada ya que la consecuencia de ello será el aislamiento del mundo.

Pero todo esto será insuficiente si no nos guía la voluntad de formarnos y capacitarnos para dar respuesta a las necesidades de una sociedad compleja. Esta debería ser la premisa que nos guíe, estos son los desafíos actuales del sistema de educación superior para los años que vienen.