| Por Loreta Telleria Escobar |

El presente artículo procura ser un pretexto para pensar las fuerzas armadas en contextos de gobiernos de izquierda o progresistas, bajo el supuesto de la necesidad del cambio y la transformación de instituciones adaptadas convenientemente a modelos neoliberales. Para esto, se plantean una serie de interrogantes que dan cuenta de la necesidad de reformar las instituciones militares tomando en cuenta la construcción de Estados pacifistas, respetuosos de los derechos humanos y firmes defensores de la soberanía nacional.

Analizando el caso boliviano, se observa cómo y de qué manera las fuerzas armadas en este país han podido, o no, adaptarse al proceso de cambio. Para esto se analizan de manera resumida lo que se ha denominado los cambios estructurales, las continuidades históricas y la indeterminación de acciones, entre lo que deberían ser unas fuerzas armadas anticoloniales y democráticas versus, lo que en gran medida, permanece en la actualidad.

Gobierno posneoliberal y fuerzas armadas

A pesar de que el termino posneoliberal refiere solo a una etapa después del neoliberalismo, no deja de connotar un importante significado en la medida en que da paso a un sistema que, en mayor o menor proporción, puede representar un cambio de principios, especialmente de aquellos basados en el mercado, el uso de la fuerza y el individualismo extremo. No obstante, considerando que las alternativas están abiertas a un sinfín de escenarios posneoliberales donde se incluyen estrategias eminentemente conservadoras, nuestra región, a partir de la década de los noventa, presenta una oportunidad única para que el término “pos” represente mucho más que un cambio de época y dé lugar a un cambio de estructuras políticas, sociales y económicas.

En el caso de Latinoamérica, la emergencia de gobiernos de izquierda o progresistas, en países como Venezuela (1998), Bolivia (2006) y Ecuador (2007), con el objetivo manifiesto de superar el modelo neoliberal, supuso la aplicación de reformas importantes: en el contexto económico con la asunción del Estado como actor protagónico, a nivel regional con la creación de innovadores mecanismos de integración, y en la adopción de nuevas políticas y marcos normativos que valorizan el rol de la sociedad, el medio ambiente y la soberanía estatal.

Bajo este escenario queda pendiente saber cómo estos gobiernos han encarado el tema del manejo del sector Defensa y las fuerzas armadas, en el marco de los siguientes interrogantes:

• En países que se declaran abiertamente pacifistas, ¿qué papel compete a las fuerzas armadas en materia de profesionalización y modernización institucional?

• En gobiernos con una lamentable historia de dictaduras militares y/o autonomía militar, ¿cómo se encara los nuevos roles de las fuerzas armadas en temas de derechos humanos y democracia?

• Y finalmente, ¿cómo se conjuga la relación de soberanía estatal frente a procesos de hegemonía mundial, integración regional y misiones humanitarias?

La necesidad de contar con estudios que den cuenta del rol que deberían jugar el sector Defensa y las fuerzas armadas bajo gobiernos de izquierda, en el actual contexto regional es prioritaria. Solo a través de un diagnóstico que compare “lo que deberían ser y son en la realidad” las instituciones militares, podríamos evaluar cuánto del pasado neoliberal mantienen países que proclaman el cambio de modelo como premisa básica de existencia.

Las fuerzas armadas en el gobierno de Evo Morales

Cuando Evo Morales asumió la presidencia en enero de 2006 quedaba un gran interrogante en relación al grado de aceptación/subordinación que las fuerzas armadas tendrían del/al nuevo gobierno. En los hechos, la figura de Evo Morales encarnaba: a) la personificación del movimiento cocalero que tanto protagonismo en el conflicto social había generado, básicamente en torno a las políticas altamente represivas de lucha contra las drogas de gobiernos anteriores; b) la identidad indígena que interpelaba la esencia racista de las elites militares, que veían históricamente en el indio un sujeto para civilizar, y c) un proyecto político antineoliberal, que propugnaba discursivamente un cambio de estrategias en el manejo del Estado y sus instituciones, entre las cuales estaban las fuerzas armadas.

En la práctica, la institución militar se comportó tan democráticamente como le fue posible. En pocos años, los comandantes de las fuerzas se adhirieron de forma activa al “proceso de cambio” encarado por el nuevo gobierno. De ser una institución altamente represiva en materia de conflictos sociales, que mantenía estrechos vínculos con el grupo militar de la embajada de Estados Unidos y que actuaba con amplios márgenes de autonomía institucional, se transformaron con los años, al menos de manera discursiva, en unas fuerzas armadas revolucionarias, que han incluido en su saludo presidencial un fervoroso “Patria o muerte”.

No obstante, más allá de lo discursivo, es necesario evaluar qué pasó en la realidad cotidiana de la institución y ver la relación existente, mayor o menor, entre la “adaptación conveniente de las fuerzas armadas al nuevo gobierno, versus la convergencia ideológica con el mismo”. Para saber esto, a continuación se esbozan de manera resumida lo que se considera los principales cambios y continuidades que la institución militar mostró en el actual período gubernamental (enero de 2006 a abril de 2015).

Los cambios estructurales

Bajo el gobierno de Evo Morales uno de los cambios más profundos realizados a nivel de soberanía nacional fue la ruptura de la extrema dependencia que Bolivia mantenía con el gobierno de Estados Unidos, no sólo en el ámbito económico, sino también en lo político y militar. En este último punto no cabe duda de que en el ranking de cambios realizados por las fuerzas armadas durante este período se encuentra la disolución, por mandato político, de sus estrechas relaciones con los organismos norteamericanos de seguridad, cuya máxima expresión y punto culminante de dependencia fue la entrega ilegal de 30 misiles chinos a la embajada de Estados Unidos en el año 2005 para su desmantelamiento, meses antes de que asumiera el gobierno Evo Morales.

Entre las principales acciones realizadas que revelan esta situación están:

• Suspensión indefinida de las becas otorgadas a militares bolivianos por parte del gobierno de Estados Unidos (2007).

• Fin del convenio para la asistencia de médicos militares de Estados Unidos en Bolivia (2008).

• Expulsión de la DEA, principal organismo que mantenía influencia directa en las represivas políticas antidrogas empleadas por gobiernos anteriores (2008).

La respuesta del gobierno de Estados Unidos ante estas decisiones no se dejó esperar y repercutió en sus respectivos presupuestos de cooperación, que disminuyeron paulatinamente a partir del año 2007. Por otra parte, el Departamento de Estado ha penalizado anualmente al país con sus informes de lucha antidrogas y su consecuente descertificación, a pesar de que las autoridades gubernamentales cumplían y cumplen adecuadamente sus compromisos internacionales en la materia.

En la actualidad, decenas de militares bolivianos dejan de formarse en academias norteamericanas, y otras tantas poblaciones de Bolivia dejan de ser asistidas por personal militar norteamericano, que bajo el rótulo de ayuda humanitaria, mantenían un plan de cooptación social con intereses netamente hegemónicos. No obstante, el mejor cambio realizado es que la política boliviana antidrogas hoy en día es definida por el gobierno boliviano, con el uso de mecanismos de concertación social que han reducido drásticamente el número de violaciones a los derechos humanos en el país.

Otro de los cambios observados en la institución militar fue su preocupación por adaptarse estructural y funcionalmente a la protección efectiva de las fronteras del territorio boliviano, tomando en cuenta el aumento paulatino de una serie de ilegalidades (narcotráfico, contrabando, extracción de metales preciosos, etc.) en áreas donde la presencia estatal había sido nula. Esto tuvo su aterrizaje normativo en una ley que estableció mecanismos de articulación institucional para la ejecución de políticas de desarrollo integral y seguridad en fronteras (Nº 100, 5/4/2011). De esta forma, se crearon comandos conjuntos en zonas fronterizas, donde se destinó un gran número de efectivos militares, dotado de vehículos, infraestructura y equipos adecuados para su trabajo. Con el mismo objetivo se programó la creación de puestos militares adelantados fronterizos, para resguardar de manera específica los recursos naturales y el medio ambiente.

Por otra parte, los roles de las fuerzas armadas en este período también cambiaron. De estar ligadas anteriormente a temas de control y orden social y lucha contra el narcotráfico, en la nueva gestión de gobierno se dedicaron al desarrollo de actividades de apoyo a la sociedad, en tareas como el pago de bonos a niños y ancianos, el socorro ante desastres naturales (inundaciones, riadas y sequías), campañas de prevención en salud, fumigación, vacunación, etc., y la construcción de caminos. A esto se puede añadir un esfuerzo político-institucional para cuidar los parques naturales del país, a través de la creación de regimientos ecológicos donde se forman soldados específicamente para tal fin.

Si bien la aplicación de estos nuevos roles dista mucho de lo que puede concebirse como procesos de profesionalización y especialización militar, en el caso de Bolivia y su contexto, las nuevas tareas sirvieron para reconstruir el vínculo entre fuerzas armadas y sociedad, que había sido trágicamente roto en gobiernos anteriores.

Por último, en el ámbito de las relaciones con países de la región y extrahemisféricos, se puede destacar la participación de Bolivia como sede de la IX Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, su involucramiento en la conformación del Consejo Suramericano de Defensa de Unasur, el establecimiento de convenios de cooperación con varios países de la región como Brasil, Perú, Argentina, entre otros, así como la firma de acuerdos de cooperación militar con China y Bielorrusia. A pesar de que el rol de Bolivia podría ser más activo en el ámbito regional en materia de seguridad, es notable su participación en la conformación de mecanismos de integración subregional que comparten principios básicos de soberanía, cooperación y búsqueda de paz.

Las continuidades históricas

Varios son los elementos de la institución militar que nos revelan que el cambio es un tema inconcluso. Temas que abarcan el ámbito normativo, la transparencia, su estructura presupuestaria y determinadas funciones internas y externas, parecen ser víctimas más del statu quo que de la transformación. Lo que revela una situación propia de instituciones altamente conservadoras y reacias al cambio, como son las fuerzas armadas de cualquier país, que supone que los tiempos que implica su transformación son mayores que en otros ámbitos del Estado.

En el campo normativo, las fuerzas armadas en Bolivia mantienen la misma misión constitucional establecida en la Constitución Política de 1967. A pesar del cambio constitucional que se produjo en el año 2009, fruto de una Asamblea Constituyente, la institución militar logró a través de una extensa campaña corporativa conservar el texto constitucional tal como estaba respecto de su misión, lo que sin duda reflejó, por un lado, una identidad altamente conservadora, y por otro, la ausencia de debate político y social sobre el tema. Dado este escenario, se tiene que la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (LOFA), que data de 1992, tampoco ha sido modificada.

Ante la falta de cambios en el marco normativo, el tema presupuestario también muestra inercias en su estructura, no obstante su amplio crecimiento en esta gestión gubernamental. De acuerdo con información oficial, el presupuesto de Defensa creció entre los años 2008 y 2014 un 93%, aunque en relación al PIB disminuyó en el mismo período de 0,52% a 1,46%. Sin embargo, la distribución del presupuesto en cuanto a remuneraciones o gastos de personal e inversión se mantiene constante, dando un porcentaje de más del 70% al gasto en remuneraciones y alrededor del 5% o menos a actividades de inversión, lo que refleja una estructura institucional estancada.

Frente a esto, también se observa que algunos roles se mantuvieron intactos en este período, tal es el caso de la participación de militares en operativos de seguridad ciudadana, que fue por lo demás reglamentado en la Ley de Seguridad Ciudadana Nº 264 del año 2012, que al igual que el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana del mismo año, estipula que las fuerzas armadas pueden ser convocadas a participar en tareas de seguridad ciudadana cuando la policía sea superada en sus acciones. En este sentido, se ha visto que en varias ocasiones los militares han apoyado la labor policial de seguridad ciudadana en las calles, con el consecuente problema de funciones y adecuación democrática que esto genera, principalmente en el tema de los derechos humanos.

Otro de los roles que se ha mantenido, es la participación de militares del ejército boliviano en Misiones de Paz de la ONU, principalmente en países como Haití y el Congo. Más allá del impacto real que tiene la acción de militares bolivianos en estos lugares de conflicto, el tema pendiente es la pertinencia o no de enviar efectivos a misiones de paz que son guiadas por una institución internacional, dirigida por potencias económicas que muy poco hacen para solucionar de manera efectiva estos conflictos, y que por lo demás, defienden un modelo de crecimiento económico altamente violento, excluyente y racista, generador de los problemas que pretenden paliar, contradiciendo de esta manera los principios antihegemónicos, de no injerencia y de igualdad que proclama el actual gobierno.

La indeterminación: entre el cambio y la continuidad

Dos valores determinan esta indeterminación: la verdadera inclusión de la diversidad y el respeto a los derechos humanos. Bolivia, al ser un Estado Plurinacional con una gran cantidad de población indígena, que fue históricamente excluida y subyugada ante un escenario de colonialismo interno, entró a partir del año 2006 en un proceso de cambio político y social, que proclama la descolonización y el fin del racismo.

No se puede negar que las fuerzas armadas han tratado de estar a tono con los cambios internos y externos en materia de inclusión. Por este motivo han encarado procesos de incorporación de mujeres e indígenas, las primeras a partir de finales de los setenta hasta los dos mil; y los segundos, con un proceso iniciado el año 2005 a través del programa “Igualdad de oportunidades”, suspendido en la actualidad. Sin embargo, es necesario comprender que una política de inclusión no se reduce a la simple incorporación de mujeres e indígenas, sino que supone un proceso lento y complejo, que implica cerrar una historia centenaria para dar paso a una nueva, que asuma como premisa que “no basta con incluir al excluido, sino descolonizar y despatriarcalizar al que incluye”.

Esta incongruencia se reveló en abril del año 2014, cuando centenares de militares de baja graduación (suboficiales y sargentos) salieron a las calles para demandar la descolonización y eliminación del racismo dentro de las fuerzas armadas. La respuesta del gobierno no se dejó esperar, dando de baja a varios efectivos bajo los cargos de “sedición, motín y desacato”.

Más allá de lo que implica un acto como este en la vida democrática de un país, esta situación de insubordinación militar, nunca antes vista en Bolivia, reveló dos cosas: por un lado, que los excluidos hoy en día, vengan de de donde vengan, se sienten con el derecho a reclamar, lo que no es un dato menor, y por otro, que dentro de las fuerzas armadas subsisten hechos de discriminación irracional que no han sido solucionados por las autoridades, tanto políticas como institucionales. Lo que muestra la conformación de una institución con un claro discurso anticolonial y antirracista, pero abiertamente conservadora en la materia.

Por otra parte, en el tema de los derechos humanos se ha visto en los últimos años acciones claras del gobierno a través del Ministerio de Defensa por precautelar los derechos de los soldados. Es así que se implementaron diversos proyectos, como ser: a) la construcción de regimientos y tecnológicos donde los soldados aprenden ramas técnicas y profesionales acorde con la vocación productiva de la zona de influencia y que les sirve para su posterior vida laboral; b) el programa denominado “Para vivir bien en los cuarteles”, con el fin de controlar el cumplimiento de las políticas de salud, alimentación e infraestructura; c) creación del “Certificado de no vulneración de Derechos Humanos” exigido a todos los oficiales convocados al ascenso; d) implementación del seguro contra accidentes a soldados y marineros, y e) incremento del presupuesto para la alimentación cuartelaria.

Sin embargo, frente a estos datos se encuentran otros no muy alentadores. De acuerdo con informes de Amnistía Internacional (2011), el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2012) y del Defensor del Pueblo (2013), aún persisten en las fuerzas armadas graves casos de vulneración de los derechos humanos a los soldados, que se vinculan directamente con la impunidad de sus autores. Estos casos abarcan hechos de tortura, discriminación y tratos crueles e inhumanos, que de acuerdo con el Defensor del Pueblo deberían encararse desde dos ámbitos:

i) La investigación transparente, oportuna e imparcial de los hechos, especialmente los que generaron la muerte de personas en los cuarteles, los casos de tortura y el uso de conscriptos para que realicen trabajos particulares en favor de oficiales militares o de agentes externos; y

ii) La revisión y modificación de las normas, procedimientos y conductas que promueven, avalan y protegen estos actos, así como los aspectos doctrinarios en la institución castrense, que los justifican.

A pesar de que el tema de derechos humanos no es nuevo en la institución militar, y que se ha trabajado desde diversas instituciones para capacitar a los militares en los principios básicos de estos preceptos, parece que la falta de políticas integrales que abarquen ámbitos políticos, jurídicos e institucionales es una constante en todo el período democrático, incluido el actual gobierno.

A manera de cierre…

Si bien el término posneoliberal denota solo un período “después de”, en el caso boliviano, el posneoliberalismo está significando un cambio de modelo, que abarca todos los ámbitos del Estado Plurinacional. Sin embargo, no solo en este contexto sino también en anteriores, queda pendiente el tema de saber cómo las fuerzas armadas confluyen de manera institucional con los principios que proclama el gobierno, en materia de modernización, profesionalización, funciones y derechos humanos.

El sello nacionalista y popular del gobierno de Evo Morales desde el año 2006 ha encontrado hasta el momento en las fuerzas armadas un soporte sólido a sus políticas gubernamentales, lo que supone una actuación democrática de la institución militar que de manera discursiva se declara abiertamente anticolonial y antiimperialista.

No obstante, a pesar de los cambios mostrados en materia de independencia institucional respecto de la embajada norteamericana, de una nueva estructura en ámbitos de despliegue fronterizo y de roles enmarcados en el desarrollo y la ayuda social, las llamadas continuidades históricas en temas normativos, de estructura presupuestaria y de roles internos y externos tradicionales confluyen en el mantenimiento de una institución renuente al cambio o por lo menos rezagada en el proceso.

Dos temas centrales concurren para pensar que la reforma de las fuerzas armadas no puede darse mediante acciones aisladas y coyunturales, sino que es necesario un proceso integral que abarque los cimientos jurídicos, doctrinales, jerárquicos y culturales de la institución. Estos temas son la inclusión y los derechos humanos. Mientras que en la institución militar sigan existiendo prácticas de racismo, discriminación, homofobia, machismo y violación de los derechos humanos de los soldados que queden en la impunidad, cualquier discurso, política o acción paliativa no hará más que enmascarar la problemática.

Al parecer, lo que queda es esperar que el poder político y las fuerzas armadas dentro del proceso posneoliberal que vive Bolivia, muestren congruencia entre el discurso y la práctica de las políticas desarrolladas por el gobierno, que se enmarcan en la construcción de instituciones democráticas, inclusivas, transparentes y, sobre todo, anticoloniales.