| Por Mirta Iriondo y Carlos de la Vega |

La renovación del sistema de defensa argentino y de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), uno de sus principales componentes pero no el único, continúa siendo un proceso en marcha e incompleto. Luego del retorno de la democracia en 1983 se inició un camino cuya primera, urgente y trabajosa etapa fue la subordinación de las mismas al poder político democrático, y la separación de las filas castrenses, y juzgamiento, de quienes habían estado involucrados en los crímenes de la última dictadura. Sin embargo, a pesar de estas acciones –que de por sí implicaron casi 20 años–, faltó un impulso decidido por parte del poder político para involucrarse en la conducción efectiva de las FF.AA. con un programa que superara una concepción restrictiva del rol de aquellas –concentrado en bloquear cualquier posibilidad de que volvieran a interferir la vida ciudadana–, para avanzar en un programa propositivo que les diera una nueva misión, estructura y formación, llevándolas a una inserción plena en la democracia.

La política militar basada en la restricción presupuestaria, unida al desprestigio y degradación institucional ocasionada por los crímenes perpetrados en el pasado y la derrota en Malvinas, y sin una conducción de las FF.AA. por parte de las autoridades civiles que verdaderamente indujera transformaciones estructurales en las mismas, profundizó la crisis profesional al interior de ellas, con un empobrecimiento creciente de la calidad de su personal, la pérdida de una visión estratégica del rol de aquellas en el entramado institucional del país y el fomento de una cultura interna cimentada en la habilidad para hacer lobby y no en la excelencia profesional.

Un indicio claro de las limitaciones por parte de las autoridades políticas civiles respecto de las cuestiones de la defensa fue el hecho de que la Ley de Defensa Nacional (23.554), sancionada en 1988, tardó 18 años en ser reglamentada y entrar plenamente en vigencia. Tal demora se debió en parte a las presiones de grupos que no deseaban que se terminara de cerrar la puerta para las intervenciones de las FF.AA. en política interna, pero también, y dado que a lo largo de ese período estuvieron en el poder gobiernos de diversas tendencias ideológicas, a una clara despreocupación por el tema.

Otra dificultad grande para abordar la cuestión militar en toda su integridad ha sido la no comprensión por parte de la clase política, esté o no en funciones de gobierno, sobre la necesidad de formar especialistas civiles en cuestiones de defensa. Ello en sí mismo es una limitación insalvable para el ejercicio de una conducción política verdadera y efectiva sobre el área. Los asuntos militares siempre han tenido una alta dosis de saberes técnicos específicos que se ha ido profundizando en las últimas décadas con el avance del progreso tecnológico. Ello ha sido habitualmente utilizado por los militares para crear una imagen de arcano insondable en torno a todo lo que tiene que ver con la defensa y así mantener alejados de los detalles de sus actividades a políticos y civiles, quienes por otro lado no han mostrado mucha vocación por adentrarse en estas cuestiones. Lo cierto es que una actividad con un elevado componente de saberes técnicos especializados sólo puede ser controlada y conducida cuando quien posee esta responsabilidad es capaz de comprender en profundidad de qué se trata. Para todo esto, la formación de adecuados cuadros políticos-civiles es imprescindible.

Fue recién con la llegada de Nilda Garré al Ministerio de Defensa en el 2005, bajo la presidencia de Néstor Kirchner, que se comenzó a intentar, por primera vez desde el retorno de la democracia, un programa de acción para la defensa y las Fuerzas Armadas que trascendiera la concepción restrictiva, avanzando en una auténtica conducción política de los asuntos militares y en la creación de un nuevo modelo defensivo para el país. Una de las primeras medidas institucionales de esta etapa fue el dictado de la reglamentación de la Ley de Defensa Nacional en junio de 2006 (decreto PEN 727/06). A esta decisión le siguieron otras muchas en diferentes campos de la defensa, cuya enumeración excedería las posibilidades de este trabajo; sin embargo, sí es oportuno destacar lo realizado en el ámbito científico, tecnológico y productivo.

La conducción política del sistema científico, tecnológico y productivo (CTP) para la defensa

La dimensión científico-tecnológica es ineludible en cualquier planteo de modernización de las FF.AA. Este tópico ha devenido en uno de los elementos centrales de los conflictos bélicos desde la Segunda Guerra Mundial, y en el presente ha adquirido una preponderancia tal que ha comenzado a poner bajo interrogante el futuro mismo del soldado humano como protagonista principal del campo de batalla. Situación esta que lejos de constituir un mero planteo de la literatura de ciencia ficción, empieza a ser contemplada y debatida en las potencias mundiales más avanzadas ante la rápida llegada a los teatros de operaciones de robots (drones) de todo tipo, aunque por el momento especialmente aéreos.

Si la cuestión de la autonomización de los temas de defensa en manos de las FF.AA. venía siendo un problema no resuelto por la conducción política, en los campos específicos de la investigación científica, el desarrollo tecnológico o la obtención de medios para la defensa, la delegación en los militares era total. La fuerte carencia de personal profesional civil especializado para tratar estas cuestiones hizo que esta dinámica fuera casi natural.

Mencionábamos que la autonomía castrense en materia de ciencia y tecnología fue casi total. Esto no debe hacernos olvidar la cuestión de la producción, tan vinculada a lo militar en tiempos de la primera y segunda sustitución de importaciones (períodos 1928-1955 y 1955-1975). En realidad, como consecuencia del rediseño neoliberal del aparato productivo en la década de 1990, el Ministerio de Defensa y las FF.AA. se habían quedado sin empresas industriales, las que fueron privatizadas o concesionadas a lo largo de la última década del siglo pasado. En cuanto al tema del manejo de los mecanismos de obtención de medios (compra de equipamiento), en un contexto de fuertes carencias presupuestarias en donde no había lugar para adquisiciones significativas, el asunto quedaba más bien como algo menor pero que permitía a las FF.AA. continuar gestionando el tema con un creciente nivel de desprofesionalización.

En la esfera de la conducción política del sistema de CTP para la defensa la gestión de Garré también fue precursora. Visto en perspectiva se pueden identificar cuatro bases sobre las que se asentó su impulso transformador en este campo: la adaptación institucional del sector defensa para facilitar las actividades de investigación y desarrollo (I+D) bajo conducción civil; la recuperación de empresas clave para la producción del sector; la puesta en marcha de proyectos tecnológicos estratégicos, y la formación de recursos humanos idóneos para estas tareas.

Reforma institucional

Una de las acciones más trascendentes promovidas por Garré ante la Presidencia de la Nación fue la creación de una estructura orgánica específica para la gestión y control de los programas y proyectos en ciencia y tecnología (CyT) dentro de la jurisdicción de su ministerio. Todo el entramado de instituciones y actividades de CyT en defensa, históricamente en manos de las Fuerzas Armadas, poseía elevados niveles de ineficiencia, falta de objetivos claros, carencia de articulación con el sistema de CyT civil nacional, redundancia y fragmentación de esfuerzos, ausencia de personal idóneo y envejecimiento de la planta de científicos o tecnólogos con formación; arrojando resultados magros y muchas veces fuera de los estándares de calidad deseados. Para comenzar a superar estos males, en 2007, por medio del decreto PEN 788, se creó la Subsecretaría de Innovación Científica y Tecnológica (SsICyT) en el seno de la Secretaría de Planeamiento del Ministerio de Defensa. Luego la misma fue reformada y ampliada por medio del decreto PEN 1.451 del 2008, dando origen a la Subsecretaría de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (SsICyDT). Junto con lo mencionado, se encararon otras reformas como el traspaso del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF), el Servicio Meteorológico Nacional, el Servicio de Hidrografía Naval y el Instituto Geográfico Nacional, al ámbito del Ministerio de Defensa.

El 31 de mayo del 2013 la Secretaría de Planeamiento del Ministerio de Defensa desapareció y en su lugar el decreto PEN 636 creó la Secretaria de Ciencia, Tecnología y Producción para la Defensa (SCTyPD), transformando simultáneamente a la SsICyT en la nueva Subsecretaria de Investigación, Desarrollo y Producción para la Defensa (SsIDyPD), en un intento por jerarquizar las cuestiones vinculadas a la ciencia y la tecnología en la jurisdicción.

La recuperación de empresas clave para la defensa

Tandanor SA (Talleres Navales Dársena Norte SA), fundado el 10 de noviembre de 1879, es uno de los astilleros más grandes de Sudamérica dedicados a la reparación y conversión de buques. A principios de los años ’90 había sido privatizado y hacia fines de esa década, luego de oscuros manejos, cayó en quiebra. El 30 de marzo de 2007 el Poder Ejecutivo Nacional por medio del decreto PEN 315/07 puso fin a la privatización devolviendo la empresa a la jurisdicción de Defensa.

Poco tiempo después el Ministerio de Defensa decidió avanzar en la recuperación de otro pilar fundamental de la industria naval argentina, el astillero Almirante Storni. Estas instalaciones habían sido edificadas entre fines de la década de 1970 y principios de los años ’80 como parte del plan de la Armada Argentina para dotarse de capacidades propias en la fabricación de submarinos, pero la iniciativa había sido abortada a principios de los años ’90 y la mayor parte del equipamiento del astillero desguazado.

Tandanor y el Almirante Storni se encuentran en predios contiguos y sus capacidades son complementarias, por ello se decidió fusionarlos dando origen al Complejo Industrial Naval Argentino (CINAR). La idea era, a partir de esta sinergia, conformar un astillero con capacidad de desarrollo y producción de buques. Tandanor no había dejado de trabajar ni siquiera cuando los concesionarios privados abandonaron la empresa luego de la quiebra, circunstancias en las que continuó bajo gestión de sus empleados, pero nunca había evolucionado más allá de un taller de reparaciones o un constructor de artefactos navales simples sin capacidad de ingeniería básica o de detalle. La fusión entre los dos establecimientos fue ideada para generar las condiciones a fin de superar esta situación y dar una nueva proyección a ambas empresas.

A través de la ley 26.501 del 27 de agosto de 2009 el Congreso de la Nación autorizaba al Ejecutivo a comprar la totalidad del paquete accionario en poder de Lockheed Martin Aircraft de Argentina SA (LMAASA), subsidiaria de una de las más grandes empresas productoras de armas del mundo, y concesionaria de la mítica fábrica militar de aviones de Córdoba desde 1995. El retorno de la concesión al Estado se realizó el 15 de diciembre de 2009 y dio lugar a la Fábrica Argentina de Aviones “Brig. San Martín” SA (FAdeA). El propósito de esta recuperación fue tratar de poner nuevamente en marcha una empresa que es en sí misma un sector de la economía nacional, la industria aeronáutica. Con una historia traumática, llena de frustraciones y promesas incumplidas, FAdeA había ido perdiendo a lo largo de las últimas décadas sus capacidades. El acuerdo con la brasileña Embraer, negociado en paralelo con la reestatización, a fin de participar en el programa del avión de transporte táctico militar KC-390, fue una fuerte apuesta por reinstalar a FAdeA en el estado del arte de su actividad. Sin embargo, este hecho sólo impacta en un aspecto de la empresa y la revitalización del resto de la organización continúa siendo una tarea pendiente.

Proyectos tecnológicos estratégicos

Quizá las experiencias más interesantes y prometedoras de la transformación del sistema de CTP para la defensa sean los proyectos tecnológicos estratégicos que se pusieron en marcha desde 2007 y que involucraron también al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (Minplan) a través de Fabricaciones Militares (FF.MM.), empresa que por los avatares de las privatizaciones de la década de 1990 nunca pudo terminar de ser liquidada y como resultado de los cambios de jurisdicción que padeció hasta la presidencia de Fernando de la Rúa, terminó en Planificación Federal.

Los dos proyectos tecnológicos estratégicos a los que nos referimos son el desarrollo y producción de radares, y el Sistema Aéreo Robótico Argentino (SARA). Estas iniciativas tienen una trascendencia que va mucho más allá de la defensa ya que no sólo implican productos de empleo dual (militar y civil) sino que colocan a la Argentina a la vanguardia de estos temas en América latina, y como ha ocurrido con el desarrollo nuclear, la introducen en un selecto club de países que ostentan estas capacidades tecnológicas a nivel mundial. La concreción de estos proyectos conlleva la apertura de subsectores nuevos de la economía nacional, de un altísimo valor agregado y con enormes perspectivas exportadoras. Ambos proyectos han tenido en común una clara decisión política para avanzar sobre los mismos; la existencia de funcionarios que aunaban a la voluntad de llevar adelante estas iniciativas el conocimiento para lograrlo, y la existencia de un actor tecnológico preexistente capaz de abordar y desarrollar la tecnología y los productos derivados de ella. Este actor ha sido INVAP, la empresa estatal rionegrina líder en Latinoamérica en concepción y fabricación de reactores nucleares experimentales y satélites, que poseía los conocimientos para adentrarse en estos nuevos campos tecnológicos.

Es bueno conocer someramente la historia y contenido de estos dos proyectos, comenzando por los radares. Néstor Kirchner tomó la iniciativa más importante en los últimos treinta años en relación a la incorporación de tecnología a las Fuerzas Armadas, y lo hizo de modo tal que ello implicara simultáneamente un salto cualitativo en el desarrollo del país. Mediante el decreto PEN 1.407 de 2004 había creado el SINVICA (Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial) que sentaba las bases para el inicio de la tan anhelada radarización de los cielos argentinos. Junto con ello fijaba la prioridad de que los radares a incorporar fueran diseñados y producidos en el país. La tarea le fue encargada a INVAP. La primera etapa de este proyecto consistió en el desarrollo, producción e instalación de radares secundarios monopulso para el control del tráfico aéreo cooperativo. De estos radares se previó originalmente la producción y puesta en funcionamiento de 11 unidades en diferentes aeropuertos de todo el país, a los cuales posteriormente se les añadieron otros 11. Actualmente casi la totalidad de estos equipos se encuentran instalados y operando.

La segunda etapa del proceso de radarización comenzó en diciembre de 2007 con la firma de un contrato entre FF.MM. e INVAP para el desarrollo de un Prototipo de Radar Primario Tridimensional de Largo Alcance (RP3DLA-P) en banda L (frecuencia entre 1 y 2 GHz) con un rango operativo (distancia de detección de objetivos) entre 8 y 400 km. Posteriormente, y como resultado de las tareas realizadas por la SsICyDT, el 7 de junio de 2011 se firmaría otro contrato entre la Fuerza Aérea Argentina e INVAP para la fabricación de una serie de seis RPA (Radar Primario Argentino 3D) más. Un mes después, y ante la urgencia que tenía el Estado nacional de contar con un radar para controlar el tráfico aéreo ilegal (TAI) en el noroeste del país, en el marco del programa de seguridad Fortín II, INVAP entregó una versión de su radar primario banda L denominado RAME (Radar de Alcance Medio Experimental) para ser instalado en Santiago del Estero. El RAME posee un alcance menor que los RP3DLA a causa de la disminución de las dimensiones de la antena para conseguir que sea transportable. El primer RPA de serie se instaló en noviembre de 2011 en Las Lomitas, provincia de Formosa.

Los radares primarios banda L son excelentes para la vigilancia de grandes espacios aéreos, pero tienen la desventaja de que requieren antenas de grandes dimensiones y por lo tanto deben emplazarse de modo fijo en un sitio. Al mismo tiempo, para diversas actividades militares se hace necesario el uso de radares móviles, los que deben contar con una antena más reducida y para ello una de las opciones es utilizar la banda S (frecuencias de 2 a 4 GHz) cuyo rango operativo, si bien es menor (en torno a los 100 km), no requiere de una estructura tan grande como los banda L. Conscientes de esta necesidad, en enero de 2012 se firmó entre el Ministerio de Defensa e INVAP un contrato para la reparación y modernización de un vetusto Westinghouse AN-TPS-43/W-430 banda S, usado en la guerra de las Malvinas y propiedad de la Fuerza Aérea Argentina (FAA), previéndose luego de ello la celebración de un nuevo acuerdo para la modernización de los restantes radares de este tipo de la fuerza y posteriormente el desarrollo de un prototipo nacional.

La iniciativa de radarización del país tuvo otra derivación valiosa, el SINARAME (Sistema Nacional de Radares Meteorológicos), un proyecto conjunto entre la Subsecretaría de Recursos Hídricos del Minplan y el Servicio Meteorológico Nacional del Ministerio de Defensa, con INVAP como responsable técnico, por el cual se desarrollaron, y están en proceso de fabricación e instalación, radares banda C (frecuencia entre 4 y 8 GHz) de doble polarización, cuyo primer ejemplar de serie (hay 12 previstos con el prototipo) fue inaugurado en marzo de 2015 en la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional de Córdoba.

El otro gran proyecto estratégico ha sido el SARA. Esta idea, concebida y promovida desde la SsICyDT, nació con la resolución MD Nº 1.484 del 15 de noviembre de 2010 que daba origen a un programa cuyo objetivo era la incorporación a las FF.AA. de aviones no tripulados (UAV, por sus siglas en inglés, o VANT en español) Clase 1, 2 y 3 empleando para ello las capacidades tecnológicas e industriales del país.

El SARA dio continuidad a algunas iniciativas que habían encarado previamente las FF.AA., pero que al hacerlo de manera desarticulada e individualmente se habían prolongado en el tiempo sin resultados significativos. Sólo el sistema Lipan del Ejército había alcanzado un estadio de desarrollo interesante. En realidad el mejor enfoque para encarar el desarrollo de VANT nacionales era considerar que la plataforma aeronáutica (los aviones en sí) podía ser común a las misiones previstas por cualquiera de las tres FF.AA., y lo que se debía modificar en cada caso era el equipamiento interno o la doctrina de empleo. Visto esto, lo más eficiente, tanto en términos económicos como tecnológicos, era tener un único programa de desarrollo para todo el sistema de defensa nacional.

En un principio el intento de adquirir los VANT Clase 1 a empresas nacionales se frustró por problemas burocráticos, sin embargo, sí avanzó la formulación del programa de los VANT de mayor capacidad (Clase 2 y 3), gracias a la conducción directa del proceso por parte del Ministerio de Defensa a través de su SsICyDT. En septiembre de 2011, con Nilda Garré ya en el Ministerio de Seguridad, se incorporarían también al programa las fuerzas de seguridad, dada la utilidad que estos artefactos poseen para ellas.

Por supuesto, un proyecto de la envergadura del SARA sólo podía ser asumido por una empresa tecnológica de primer orden, y en la Argentina la única que cumple con todos los requisitos en el rubro es INVAP. Se debe tener presente que el SARA no sólo fue concebido para dotar a la defensa nacional de un sistema de control y vigilancia a la altura de los países más avanzados del mundo, sino que es en sí mismo una extraordinaria oportunidad para crear un subsector nuevo de la economía nacional con gran proyección internacional, el de la aviación no tripulada. La relevancia que está tomando este rubro en el planeta puede dimensionarse cuando se ven algunas cifras. La consultora norteamericana en temas tecnológicos Frost & Sullivan calculaba en 2014 que el mercado internacional de los VANT para el período 2011-2020 ascendería a los 61.000 millones de dólares.

La parte más sustanciosa del valor agregado de los VANT no está en el componente aeronáutico (el avión en sí) sino en sus subsistemas internos: guiado y control (GPS, inerciales, etc.), sensores (cámaras giroestabilizadas, infrarrojas, radares de apertura sintética, etc.), comunicaciones (VHS o satelitales), computadora de ejecución de misión y propulsión. A esto debe añadirse el segmento “de tierra”, en donde hallamos la estación de control y el enlace de comunicaciones. Para tener una idea de dónde se concentra la relevancia tecnológica y económica de estos aparatos puede pensarse que el kilogramo de los subsistemas antes mencionados tiene un valor, cada uno de ellos, entre 5 y 10 veces superior al propio avión. Son además tecnologías críticas que no es fácil que los países desarrollados cedan, o aun vendan, y cuando lo hacen es bajo la modalidad de “caja negra”, que priva al adquiriente de poder llevar a cabo otras tareas o aprendizajes que las estrictamente permitidas por el proveedor. No hay que olvidar que cuando se compran sistemas tecnológicos sofisticados, especialmente en el rubro de la defensa y la seguridad, no se adquiere únicamente un artefacto específico con determinadas prestaciones, sino que se incorpora implícitamente toda una doctrina de uso (operacional) concebida por el diseñador y que, a su vez, va atada a un extenso vínculo de sostén logístico que durará tanto como la vida útil del sistema.

Los cambios de conducción en el Ministerio de Defensa desde el inicio del programa SARA no favorecieron la rápida firma del contrato definitivo para el desarrollo de los Clase 2 y 3 por parte de INVAP. El tema se dilató más de lo originalmente previsto, pero finalmente en diciembre de 2014 se firmó el anhelado contrato entre el Ministerio de Defensa y la empresa rionegrina.

La formación de recursos humanos

La formación de recursos humanos idóneos es la piedra angular de cualquier sistema de CTP, sea o no para la defensa. Con esta idea en claro, el Ministerio de Defensa reactivó el Régimen del Personal de Investigación y Desarrollo de las Fuerzas Armadas (RPIDFA), un sistema de carrera para científicos y tecnólogos dedicados a cuestiones de defensa creado en 1973, paralelo al que posee el CONICET. El RPIDFA, con cerca de 800 investigadores, desarrolladores y técnicos repartidos en varias instituciones de I+D, tenía cerrado el ingreso a nuevos miembros desde la década de 1990. Este régimen adolecía de cuatro problemas graves e inmediatos: el envejecimiento progresivo de su planta de profesionales a causa del congelamiento de las vacantes que se remontaba a la Ley de Reforma del Estado del menemismo; un sistema de incorporación y promoción del personal manejado por las FF.AA. con criterios sumamente discrecionales; un considerable retraso salarial, y la ausencia de un sistema de proyectos de I+D para la defensa articulado y coherente. Para contrarrestar el primer problema en 2012 se incluyó en la Ley de Presupuesto de la Administración Pública Nacional al RPIDFA como uno de los regímenes exceptuados del congelamiento de vacantes de forma análoga a lo que ocurre con el CONICET. En la segunda cuestión se trajo la conducción del régimen directamente al seno de la SsICyDT y se incorporaron evaluadores externos a los Comités Especializados y a la Comisión de Clasificación que se reúnen anualmente para analizar las incorporaciones o promociones al sistema. También se trabajó en la cuestión salarial, aunque con resultados más magros.

Para abordar el cuarto problema se creó en 2008 el Programa de Investigación y Desarrollo para la Defensa (PIDDEF), un sistema de subsidios para la realización de proyectos de investigación y desarrollo en el ámbito de la defensa. El PIDDEF fue concebido como una instancia paralela y complementaria a los grandes proyectos estratégicos, como los radares y el SARA. Uno de sus propósitos fue abordar desarrollos específicos que después pudieran contribuir a iniciativas de mayor envergadura, formando en el proceso nuevos recursos humanos en I+D para la defensa. Para ello, el PIDDEF fue complementado a partir de 2010 por el PBDEF (Programa de Becas de Investigación y Desarrollo para la Defensa) que obligaba a cada equipo titular de un PIDDEF a incorporar al menos un becario, brindando el financiamiento para su manutención.

Saldo y pendiente

Hemos realizado una brevísima aproximación a las transformaciones emprendidas en los últimos años en lo que respecta a CTP para la defensa. Esta última continúa siendo una responsabilidad primordial de un Estado nacional que quiera bregar por el bien común de su sociedad. En un mundo que ha visto regresar una concepción de la política internacional cada vez más desprovista de un orden jurídico justo que la sustente y que, a su vez, enfrenta feroces competencias por los recursos existentes, renunciar al recurso último de la fuerza para preservar la dignidad y libertad es abdicar del derecho a construir el propio destino como nación. De ningún modo esto debe ser interpretado como una puerta abierta a la conformación de una actitud belicosa o violenta como país. Naciones con sistemas de defensa poderosos en todos sus aspectos han demostrado que pueden ser simultáneamente pacíficas, incluso cuando se han encontrado en medio de escenarios de alta disputa estratégica mundial, como es el caso de Suecia.

Las reformas iniciadas por Nilda Garré, como suele ocurrir con los procesos de transformación, han tenido una continuidad dispar. El Estado argentino, y la propia política, todavía necesita ajustar, cambiar, o incluso crear una cultura, y sus consecuentes mecanismos de realización, que permitan profundizar las metamorfosis necesarias. Sin embargo, la semilla de un cambio de paradigma ya ha sido plantada y se ha demostrado que es posible caminar provechosamente senderos antes no explorados.

En el tema de la CTP para la defensa se juegan tres planos. El de la propia autonomía del país para preservarse en caso de conflicto bélico, cuestión que debe abordarse con paradigmas superadores de las visiones pasadas, pero sin perder las perspectivas esenciales. El del sistema de defensa como potencial generador de progreso tecnológico y de valor agregado industrial cuyos beneficios se irradien a toda la sociedad convirtiéndose en una herramienta más del desarrollo. Y el de la conservación de un virtuoso equilibrio entre las actividades de la defensa y las restantes responsabilidades del Estado que nos alejen simultáneamente de la debilidad y de la hipertrofia de una estructura de generación de recursos bélicos que terminen secuestrando el bien público con el surgimiento de un complejo industrial-militar autonomizado en su dinámica como el que denunciaba el presidente estadounidense Dwight Eisenhower en su propio país en su último mensaje a la nación el 17 de enero de 1961.

La Argentina posee hoy, inconmensurablemente más que en el pasado, la posibilidad de construir un sistema de defensa ejemplar en América latina, que aúne el respeto por los derechos humanos, el cooperativismo internacionalista y la democracia, con la plena capacidad operativa. Para ello, el desarrollo científico, tecnológico y productivo del sector es indispensable. En el ámbito civil, este país tiene una larga trayectoria de singularidad positiva en estos campos dentro de la región. Con coraje, inteligencia, perseverancia, es factible replicar esta experiencia en la defensa.