| Por Abraham Leonardo Gak |

Las democracias modernas no pueden pensarse sin un efectivo goce del derecho a la comunicación y un respeto irrestricto a la libertad de expresión y al acceso a la información. Sin embargo, la realidad no siempre nos muestra su mejor cara.

Muchas veces, cuando hablamos de libertad de expresión y acceso a la información, se piensa únicamente desde el punto de vista del emisor del mensaje y no del receptor; pero esto no hace otra cosa que cercenar el derecho que tiene toda la población a informarse por los más diversos medios y por las más variadas fuentes. Perder esto de vista es entrar en un juego maniqueo en el cual todo se reduce, en última instancia, a una lógica de lucro en la cual las personas quedan presas de la desinformación y víctimas de la ignorancia.

Entendiendo esto, podemos pensar que hay tres actores clave en el ejercicio del derecho a la comunicación: el Estado, los medios de comunicación y la sociedad, en su doble rol de productora y receptora de la información.

El Estado, como organizador de la sociedad, tiene una serie de obligaciones que cumplir, entre ellas, garantizar a la población el acceso a la información, la diversidad de la misma y, subsidiariamente, el acceso a la verdad histórica (única manera que tiene una sociedad para conocer su historia y no repetir lo peor de su pasado).

La intervención estatal es fundamental para garantizar un reparto equitativo de los medios y preservar la diversidad de las manifestaciones culturales.

En cuanto a los medios de comunicación, mantienen hoy un papel central al momento de influir en la población, creando agenda y sentando posición en los principales temas de la vida cotidiana. Esto se expresa claramente al momento de favorecer o entorpecer el acceso a la información, el derecho a la comunicación y a la variedad de fuentes. Lo mismo puede decirse al momento de avanzar en el acceso a la verdad histórica –el caso del periódico La Nueva Provincia es un claro ejemplo de esto– y al momento de crear estereotipos e instalar miedos, basándose en una supuesta autoridad moral.

Por último, en esta tríada aparece la población o la audiencia que únicamente a través de su rol activo podrá garantizar la existencia de medios de comunicación responsables, diversos y con calidad. Asimismo, deberá organizarse (proceso ya avanzado en varios sectores) para convertirse en productora de información y conocimiento. La LSCA es una buena herramienta para avanzar en esta línea.

Las complejidades son muchas, no solo las derivadas de los intereses contrapuestos de los actores enunciados, sino también las que se desprenden del desarrollo tecnológico y la lógica complejización de la sociedad. Como lo son las nuevas plataformas de comunicación (computadoras, teléfonos, Internet, redes sociales), y la diversidad de contenidos y problemáticas específicas para los distintos sectores de la población (niños, niñas y adolescentes, mujeres, adultos mayores, migrantes).

Esta es la situación actual, compleja, pero con grandes avances respecto de quince años atrás. Hoy la sociedad debate y ejerce un mayor control sobre la información que recibe y sobre quién se la proporciona. Estamos todavía lejos del ideal, pero la rueda está girando, solo es cuestión de mantenerla en movimiento.