| Por Jonuel Gonçalves |

Luego de algunos años de crecimiento y programas de apoyo social muy elogiados, Sudáfrica y Brasil entraron respectivamente en una etapa de amenaza de recesión inmediata o recesión por segundo año consecutivo. No es novedad, pues ambos países tienen su historia económica marcada por oscilaciones constantes en los desempeños, o sea, el movimiento de los últimos veinte años se sitúa en la continuidad de períodos más o menos cortos de aceleración en el crecimiento, seguidos por una lentitud, estancamiento o incluso un retroceso.

Durante esos períodos de crecimiento nuevos actores entraron en las elites locales, con un discurso nuevo, pero rápidamente adoptaron viejos métodos y objetivos.

Estas observaciones iniciales interrogan la validez de que ambos países incorporen una nueva categoría económica designada como “emergente”, con la hipótesis de tratarse apenas de un brote de crecimiento nuevamente agotado, persistiendo el subdesarrollo y las mismas desigualdades sociales, a pesar del aumento de los PBI y reducción de la pobreza extrema.

La expresión “mercado emergente” surgió en la década de los ’90 para clasificar países del antiguo Tercer Mundo que, con una gran dimensión territorial y demográfica, adecuaron aspectos macroeconómicos importantes, abriendo así perspectivas interesantes a la Inversión Directa Extranjera (IDE). En el 2001, el economista Jim O’Neill, del grupo Goldman Sachs, creó otra expresión –BRIC– para ejemplificar a los países que consideraba más impactantes en aquel sentido, con tasas de crecimiento considerables y capaces de convertirse en grandes potencias en aproximadamente medio siglo: Brasil, Rusia, India y China (BRIC), dos de los cuales (Brasil e India) aplicaron grandes programas de apoyo social. A partir de ahí, la noción de mercado emergente se amplió para categoría de países en la jerarquía económica y financiera mundial, con efectos políticos patentes en la creación de un bloque con pretensiones implícitas de liderazgo en esa nueva franja. La expresión de O’Neill fue adoptada por los países inicialmente por él mencionados (Brasil, Rusia, India y China) que posteriormente sumaron a Sudáfrica, para incorporar a todos los continentes.

El fenómeno ganó terreno en la política internacional, reforzado por las crisis financieras reveladas en los Estados Unidos y en la Unión Europea en el 2008 y 2010, conduciendo a la creación del G-20 –suma del G-7 con trece economías más también consideradas “emergentes” por las tradicionales grandes cancillerías en acuerdo con los BRIC–. El nuevo grupo generó en ese momento perspectivas de ensanchamiento del centro del sistema económico-financiero mundial, de tal forma que el ex presidente Lula sugirió la abolición del G-7.

Esta voluntad política tropezaría poco después con tres poderosos obstáculos:

• Los Estados Unidos se recuperaron de la crisis del 2008, mientras que Japón, Canadá y Alemania mantuvieron su capacidad e influencia económico-financiera dentro de los patrones decisivos para la conducción de los negocios mundiales. Esto fue suficiente para que el G-7 retome su centralidad, sobre todo porque los tres europeos del grupo se pusieron en una posición de enfrentar la crisis y mostrar poder mundial (por ejemplo, las intervenciones militares francesas en el continente africano y el papel de Italia e incluso del Reino Unido en el Mediterráneo).

• Los “emergentes” del G-20 revelaron divergencias importantes entre sí, debilidad en su diversificación económica interna, persistiendo en los sectores tradicionales y en los métodos de gestión oscilante entre la incompetencia y la corrupción.

• Las reivindicaciones de algunos países en ser miembros permanentes del Consejo de Seguridad encontraron oposición en varios de sus vecinos, preocupados con eventuales proyectos hegemónicos a escala subregional (casos sobre todo de Brasil, India y Sudáfrica). Este mismo motivo llevó al surgimiento de un grupo alternativo a los BRICS, el MIKTA (México, Indonesia, Corea del Sur, Turquía y Australia) y a acuerdos continentales o transcontinentales presentados por los respectivos integrantes como los más sólidos factores de equilibrio.

Sudáfrica y Brasil tienen muchas similitudes en su historia como Estados, creados de la misma manera por las antiguas estructuras coloniales, cuyo perfil económico se prolongó, y crearon contextos donde la discriminación racial aparece como elemento central incluso dentro de las desigualdades, impuesto por ley en Sudáfrica durante décadas y en Brasil a través de la hipocresía disimuladora. Actualmente, veintidós años después de la caída del apartheid, los negros se benefician de una representación correcta a nivel político y en puestos de dirección de las empresas estatales, pero aún continúan siendo muy minoritarios en las respectivas tecnoestructuras (consecuencia de siglos de desventajas en la educación) y en las empresas privadas.

El caso de Brasil es peor. Negros, mestizos e indios están casi ausentes en las instituciones de representación y totalmente fuera de los grandes centros de decisión. Aunque se hayan anunciado algunos programas correctivos en los últimos años, los efectos son mínimos y, por ejemplo, la creación de una secretaría especial para la desigualdad racial, siempre dirigida por un negro o una negra, nunca pasó de ser una mera fachada sin ningún poder, comparable a funciones atribuidas en el final del imperio colonial portugués a jefes tradicionales africanos.

Estos elementos son económicamente reveladores de una gran cuota de desigualdad, de extrema lentitud de los programas de apoyo social y de la mentalidad imperante en la clase política, incompatible con la modernización del capitalismo.

Así, la gran mayoría del 26% de desempleados en Sudáfrica –número estable desde los tiempos del apartheid– son negros sin calificación profesional, trazando aquí la referida lentitud de los programas de acción afirmativa: ni disminuyen el desempleo ni terminan con la presencia del color en la mayor parte de la pobreza. El Black Economic Empowerment (BEE) produjo apenas resultados a favor de las pequeñas camadas de altos ejecutivos estatales o de detentores de capital, creando una elite negra cada vez más alejada del resto de la población negra.

En Brasil, por lo menos desde el 2014, el desempleo está en aumento y alcanzó en mayo de 2016, según datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), más del 11% de la fuerza de trabajo, o sea, más de once millones de personas, es decir un aumento del 40% en relación a igual período del año pasado. Hasta el 2013, Brasil creaba un número considerable de empleos formales y situaba el desempleo entre tasas del 5 y 6%. Sin embargo, la situación era frágil dado el gran peso de puestos con salarios bajos que a la menor señal de crisis podrían ser suprimidos (tal y como sucedió).

La situación del mercado de trabajo es indicador de primer plano no solamente de los niveles de distribución de recursos o de crisis económica sino también de la naturaleza de los regímenes. Hoy él aparece como criterio base para la toma de decisiones en instituciones como la Reserva Federal de los Estados Unidos (Banco Central) cuya presidente, Janet Yellen, coloca la creación sustancial de empleos como la condición para elevar la tasa de interés.

En Brasil se observa la misma lentitud de los programas sociales sudafricanos. El programa “Bolsa Familia” permanece con volúmenes inalterados de beneficiarios necesitados, esto quiere decir que no hubo en todo este período expansión del mercado de trabajo capaz de absorber las grandes camadas de pobres con ingresos promotores de autonomía y elevación real del nivel de vida.

Más allá de la injusticia social surgida de tales contextos, tanto Sudáfrica como Brasil sufren, por esa razón, estrechez de sus mercados internos, donde la miseria ha sido reducida, pero no la pobreza, generándose un aumento en el consumo de los bienes de primera necesidad pero muy alejado del poder adquisitivo suficiente para garantizar el crecimiento de la producción industrial o de servicios, generadores decisivos de empleo.

La cuestión del poder adquisitivo en los mercados internos apunta también a la dimensión de las clases medias formadas a lo largo del período post apartheid y post Plan Real. En Sudáfrica, al final del apartheid, la clase media negra era habitualmente cuantificada en 4 millones de personas y el número de hoy puede ser de 6 millones, un incremento ligeramente superior al crecimiento demográfico general. Existe gran dificultad en este tipo de cálculo, en todos los países subdesarrollados, en virtud de la variedad de definiciones usadas. Si los rendimientos exigidos para definir un blanco con clase media fueran exigidos a los negros, aquellos números pecarían por exceso. Sin embargo, la mayoría de las definiciones (algunas veces meramente implícitas) refieren un nivel de vida diferenciado en relación a la mayoría de los negros.

De esta forma, una familia negra con empleo formal o informal, de remuneración razonable, que habita una casa con sanitarios, es considerada como de clase media. Algunas veces hasta con menos condiciones, como revela la investigación “Múltiples significados de la clase media en Soweto”, de Mosa Padi y Claire Ceruti (traducida al idioma portugués en el libro colectivo África en el mundo contemporáneo, editado en Luanda y en Río de Janeiro), donde las entrevistas dejan la impresión de que la mayor parte de los habitantes en Soweto se considera de clase media. Si usamos métodos más rigurosos, solamente los habitantes del barrio Protea de Soweto tendrían tal posición de clase, gracias a su poder adquisitivo y a la propiedad no solamente de la vivienda y de su respectivo equipamiento doméstico, sino también de vehículo y escolarización de los hijos.

Este debate abarca por completo a África y los efectos sociales de la caída en los precios de las materias primas conducen a más moderación al delimitar las “nuevas clases medias africanas”, mientras que en la definición de pobreza la ya muy vieja línea de los dos dólares por día perdió todo valor.

En Brasil, en los últimos años, los medios cercanos al poder han definido clase media a partir de un ingreso mensual de aproximadamente 1.600 reales (un poco por debajo de 400 reales per cápita), o sea, poco más de la mitad de lo juzgado indispensable como base del sustento por el DIEESE (Departamento Intersindical de Estadística y Estudios Socioeconómicos). Desde el 2014 circulan otros datos, tanto por deducciones en los estudios del IBGE como de consultoras privadas, que señalan a aproximadamente 3 millones de personas hasta hace poco anotadas como clase D, en caída de estatus para la clase E. Ya antes de eso, el concepto era relativizado en trabajos como El mito de la gran clase media, de Marcio Pochmann.

En los dos países hay una tendencia por parte de los poderes en clasificar como clase media a trabajadores en situación más estable, de la misma manera que algunos centavos arriba de los referidos dos dólares son suficientes para decretar una disminución del número de pobres. Comparando la realidad, tenemos datos con efectos disimuladores de la estrechez del mercado interno y de los límites de las conquistas sociales.

Los Productos Brutos Internos (PBI) de Sudáfrica y Brasil presentan diferencias a favor de Brasil, en valores absolutos y en la proporción con las respectivas poblaciones. En el 2015, Brasil tenía un PBI de alrededor de los 3,1 trillones de dólares y Sudáfrica de 700 billones, para poblaciones en la franja de los 200 millones y de los 50 millones de personas, respectivamente. Un punto común a ambos es la gradual reducción del peso de la manufactura, considerado por muchos economistas (hasta de las líneas oficiales) como desindustrialización. Los sectores de servicios han crecido bastante en los dos casos (y en muchos otros), lo que refleja en buena medida la hegemonía del capital financiero, tendencia nada alterada a lo largo del período aquí estudiado.

En estas circunstancias, la transferencia de ingresos ha permanecido más elevada para los más ricos que para los más pobres, incluso por la simple comparación de los gastos sociales con las remuneraciones del capital, incluyendo a los préstamos públicos.

Desde el comienzo de los años ’90, los poderes de ese momento llevaron a cabo una ola de privatizaciones, contestada por fuerzas críticas que, al llegar al poder, mantuvieron la situación y hasta la acentuaron con nuevas iniciativas en la materia, garantizando continuidad a la política de propiedad. En esta misma política, ambos, sin embargo, han prestado atención a la redistribución de tierras, medida esencial para corregir la desigualdad y reducir la pobreza, consiguiendo avances, aunque lentamente.

En efecto, la lentitud es la característica del funcionamiento económico de los dos países, fijando sus bajas productividades y ausencia de reformas en las estructuras, una suma debilitadora, agravada por manifestaciones de incompetencia al más alto nivel.

La gran empresa estatal sudafricana de energía eléctrica, ESKOM, ha revelado deficiencias graves en la previsión de las necesidades de consumo hasta en el mantenimiento del capital fijo, causando déficits energéticos altamente perjudiciales para la industria. La aerolínea SAA vive de constantes subsidios gubernamentales y contribuye así a la absorción de montos considerables, inhibiendo iniciativas estimulantes a escala macro. El propio presidente de la república en diciembre de 2015 creó una situación de confusión absoluta, al nombrar y despedir en 48 horas a tres ministros de Finanzas, causando la caída de la cotización del rand.

En Brasil, la empresa Petrobras (poseedora durante años del título de mayor empresa de América latina) ha sido escenario de otorgamiento de contratos contra pagos ilegales para sostener maquinarias partidarias o enriquecimientos individuales y realizó inversiones perjudiciales, como la adquisición de una refinería en Pasadena (Estados Unidos) teniendo que declarar entonces la presidente de la república, en ese momento presidente del consejo de administración de la empresa, que solo posteriormente verificó que los estudios técnicos estaban incompletos o con errores.

El nivel de gestión pública aparece de nuevo en la voz de la presidente, en el 2015, al decir que un grave error del gobierno fue no haber dado la debida importancia a la crisis mundial, negligencia inaceptable dada la visibilidad de esa misma crisis por cualquier persona y por ser determinante para el modelo económico brasileño en su totalidad.

Los casos de corrupción colocan, en el 2015, a Sudáfrica y Brasil en las pociones 61 y 76 del Índice de Transparencia Internacional, contribuyendo a degradar la imagen internacional de ambos y limitando sus proyectos de influencia mundial. A pesar de eso, hay aquí un poderoso elemento positivo: las Justicias brasileña y sudafricana han mostrado independencia y han llevado adelante procesos judiciales capaces de promover contención del fenómeno pues, por primera vez, esos procesos alcanzan a toda la elite política y económica.

Se trata de elites en crisis, con serias dificultades para renovar o sustituir los modelos en extinción, manteniendo encubrimiento o deformación de información sobre la coyuntura socioeconómica y dividiéndose por el reparto de los cargos con acceso a grandes fuentes de poder y, por lo tanto, de recursos. El resultado es una economía brasileña en recesión superior al 3% durante dos años seguidos, y una economía sudafricana con una previsión provisoria de crecimiento en el orden del 0,5%, pudiendo caer en recesión también.

Sudáfrica tiene el puesto 30 en el ranking mundial de los PBI y está 116º en el Índice de Desarrollo Humano (IDH), mientras que Brasil oscila entre la 7ª y la 8ª posición según su PBI y figura en el IDH en el 75º lugar. Estas disparidades muestran cómo los volúmenes económicos no producen condiciones sociales compatibles.

Dos coyunturas y dos historias con fuertes semejanzas, confrontadas con la disparidad entre los potenciales y las realizaciones concretas. En este momento, los indicadores validan la hipótesis de que es urgente incorporar a Sudáfrica y a Brasil (así como a otros países en la misma situación) en una nueva categoría, designada como emergente. Es una situación parecida a las definiciones sumarias de clase media. Economía emergente significa continuidad en el crecimiento económico, diversificación más allá de lo tradicional, ensanchamiento significativo del mercado interno, absorción de innovaciones con incidencia en el rigor y en la seriedad de gestión y capacidad autocorrectiva, garantía de durabilidad. De lo contrario será un período más de crecimiento limitado, cuya recuperación obligará a nuevos sacrificios sociales y a una nueva subordinación mundial.