| Por Juan Pablo Bohoslavsky | Tanto los Estados como las instituciones financieras internacionales tienen la obligación de evaluar las consecuencias de las reformas económicas sobre los derechos humanos. El análisis de las respuestas a la reciente crisis financiera de 2007-2008 indica que es mucho lo que falta avanzar en esta materia. Este artículo propone algunas recomendaciones para prevenir y evitar en particular los impactos derivados de las políticas de ajuste y consolidación fiscal.