| Por Adriana Puiggrós | A partir de sus orígenes en la Constitución de 1853, la Ley Avellaneda de 1885 y subsiguientes normas, el marco legislativo argentino manifiesta inconvenientes que pueden ser atribuidos a la persistencia de una determinada concepción político pedagógica. Más allá de los avances realizados, desde los sectores proclives al mercado se reinterpretan los principios universitarios de autonomía y autarquía en clave de mercantilización del proceso educativo.
| Por Carlos Pérez Rasetti | La creación de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), en 1993, y la sanción de la Ley de Educación Superior, en 1995, marcaron las pautas sobre el modo en que se efectiviza la jurisdicción nacional sobre las universidades. Entre las diversas tareas de los organismos definidos por la nueva normativa figuran la orientación de líneas de financiamiento y becas; la supervisión de planes académicos, de investigación científica y de extensión, como también la coordinación de los procesos de evaluación y acreditación.
| Por Carlos J. Giordano | En la comunidad educativa universitaria y terciaria existe el consenso suficiente para la derogación y/o modificación de la Ley de Educación Superior sancionada durante los años ’90. Sin embargo, esto todavía no sucedió. Es urgente avanzar en la integración de todos los actores involucrados para lograr un futuro independiente y soberano para nuestro país.