| Por Julio B.J. Maier | Frente a la destrucción institucional perpetrada por el actual gobierno –por caso, el uso de los decretos ejecutivos para designar jueces o derogar leyes; el fallo de la Corte que concedía el beneficio del 2×1 a un condenado por delitos de lesa humanidad o la detención ilegal de Milagro Sala–, es necesario insistir en la necesidad de modificar el sistema judicial argentino, a fin de garantizar valores esenciales como el federalismo, la participación ciudadana o una verdadera independencia en las decisiones.