| Por Alejandro Vanoli y Marcelo Bruchanski | En los últimos doce años nuestro país promovió una serie de leyes, normativas y negociaciones internacionales que buscaban resolver los principales problemas vinculados a las finanzas internacionales: la deuda pública externa, los flujos de capitales especulativos y el rol de las calificadoras de riesgo crediticio. Sin dudas, la principal deuda de este proceso es no haber podido avanzar en una arquitectura financiera regional autónoma que redujera el impacto de la crisis global y sostuviera los procesos de crecimiento endógeno con inclusión social.